Los procesos de creación y resistencia detrás de los memoriales de feminicidios, desapariciones y masacres en Ciudad Juárez son documentados por investigadoras del Colef y un académico e investigador de la UACJ, quienes juntos recorren los espacios que las familias han levantado o resignificado como herramientas de justicia, resistencia y no repetición frente a la violencia, como parte de su estudio académico
Por Miguel Silerio / Fotografías: Favia Lucero / La Verdad Académica*
Ciudad Juárez— En el número 1310 de la calle Villas del Portal, el Memorial 30 de Enero permanece abierto para quien desee entrar. En los arcos donde cuelgan las fotografías de las víctimas aún reposan flores, papel picado, comidas, bebidas y otras ofrendas colocadas tras el más reciente Día de Muertos.
El lugar de la tragedia del 30 de enero de 2010 —en la que fueron asesinadas 15 personas— se ha convertido en un espacio que resiste al olvido. Al fondo, una cruz recortada sobre la pared y una imagen de la Virgen de Guadalupe refuerzan la vocación del recinto como sitio de comunión y espiritualidad.
En la entrada, una placa registra la inauguración del memorial en enero de 2018 e incluye el nombre del entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Frente a ella, del otro lado de la sala, una figura de la Virgen rodeada por quince rosas está coronada por la inscripción: “Jóvenes Mártires de Villas de Salvárcar”.
Al otro extremo de la ciudad, en el Parque Borunda —uno de los espacios públicos más concurridos por familias en Ciudad Juárez— se levanta el memorial permanente Memoria Viva, resignificado por familias de personas desaparecidas como un punto de encuentro para la búsqueda y la exigencia de justicia. Se ubica a un costado del Monumento a la Madre, en referencia al papel central de las mujeres en las labores de búsqueda.
El memorial está conformado por una serie de murales que cubren la barda de la Secundaria Federal Número 1. Junto a la frase “Memoria Viva, Hasta Encontrarles”, se retratan los rostros de Ángel Eduardo de la Rosa, Daniel Armando Guzmán Ramos, César Gonzalo Durán, Diana Rocío Ramírez Hernández, Jéssica Ivonne Padilla Cuéllar, Jacobo Orozco García, Luz del Carmen Flores Ramos y su hija, Luz Angélica Mena Flores, así como la imagen de Manuel Favela y María Márquez, padres buscadores de Adrián Favela Márquez.
Aunque el primero es el sitio de una masacre resignificado por las familias con acompañamiento estatal y el segundo un espacio público reapropiado por familias, artistas y organizaciones civiles, ambos comparten un mismo objetivo: resistir al olvido y transformar el espacio como forma de exigencia de justicia y de no repetición.
Ambos lugares forman parte de una investigación académica en curso que documenta los procesos de gestión, memorialización, resistencia y organización colectiva en torno a los sitios de memoria en Ciudad Juárez.
El proyecto “Lugares de memoria: ¿quién cuenta las historias?”, del que se prevé la publicación de un libro el próximo año, es encabezado por la doctora Julia Monárrez Fragoso, una de las investigadoras más reconocidas del país, junto con la doctora Ana Laura Ramírez Vázquez—quien realiza una estancia posdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte (Colef)— y el doctor Salvador Salazar Gutiérrez, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
En particular, el equipo se ha enfocado en lugares de memoria relacionados con la violencia feminicida en Ciudad Juarez a partir de 2001, así como en hechos vinculados al periodo de violencia extrema que acompañó a la llamada “Guerra contra el narcotráfico” y el Operativo Conjunto Chihuahua a lo largo de los últimos 15 años.
Además de los espacios en Villas de Salvárcar y el Parque Borunda, la investigación incluye el memorial Latidos de un Corazón Resiliente, inaugurado en 2022 para conmemorar el caso del Arroyo del Navajo —sitio donde fueron localizados los cuerpos de al menos 25 mujeres víctimas de feminicidio—; el memorial del Campo Algodonero, instalado tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso González y otras vs. México; y el memorial Muro de la Piedad, ubicado en el Parque Oasis Santa Teresa.
Fruto de la resistencia y la organización
Los primeros pasos de la investigación, explica Ana Laura Ramírez, incluyeron la elaboración de una cartografía de los memoriales y sus características: murales, esculturas, fuentes. Asimismo, el equipo entrevistó a familiares de víctimas, artistas involucrados en la creación de los memoriales —como la artista juarense Ana Infante, autora de la mayoría de los murales de Memoria Viva—, integrantes de organizaciones civiles y comunidades de fe.
Las y los investigadores señalan que el enfoque ético es central en el proyecto, pues las entrevistas implican que las familias recuerden acontecimientos profundamente dolorosos. Por esta razón, el instrumento metodológico fue revisado por los comités de bioética del Colef y de la UACJ.
Ramírez indica que el trabajo continúa, pues aún faltan entrevistas, especialmente con integrantes del funcionariado, quienes han mostrado mayor reticencia. El siguiente paso, añade, es elaborar el primer borrador del libro.
Aunque no han llegado a conclusiones definitivas, la investigadora —cuyo trabajo académico y político se ha centrado en la violencia de género, el feminismo y la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes— adelanta que han identificado nociones clave. Entre ellas, que los lugares de memoria no surgieron de manera espontánea, sino a partir de procesos concretos y necesidades específicas.
Ramírez menciona que los espacios estudiados son resultado de procesos organizativos deliberados y destaca la existencia de lugares de memoria en zonas donde operan micro y macrocriminalidades.
El doctor Salvador Salazar explica que la creación de lugares de memoria por parte de familias, víctimas indirectas y sociedad civil no es un fenómeno reciente. Estos procesos se han observado en diversos países de América Latina, especialmente después de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo pasado y, en el caso de México, durante periodos extremadamente violentos, como el de la Guerra Sucia.
Sin embargo, advierte que la violencia de las décadas recientes en México es particularmente compleja: no es exclusivamente perpetrada por el Estado —aunque han participado agentes estatales—, sino que articula macrocriminalidad y complicidad institucional. Esto ha provocado que las familias enfrenten amenazas por impulsar políticas o acciones de memoria. “No es sencillo pintar el rostro de un familiar, pues rápidamente te amenazan”.
El investigador establece una diferencia entre los lugares —o “necrolugares”— donde ocurrieron los hechos violentos, como Villas de Salvárcar, Campo Algodonero y Arroyo del Navajo, y los espacios apropiados por la comunidad para la reunión y la visibilidad, como Memoria Viva o el Muro de la Piedad.
“Principalmente, la diferencia podríamos pensarla, por un lado, en lugares de memoria que están ligados a necrolugares, y por otro lado, lugares de memoria que han sido más resultados de diversos tipos de consideraciones, como lugares estratégicos desde donde las familias han buscado insistir en la necesidad de recuperar la memoria”.
Salazar señala que actualmente no existe una política clara para la creación de lugares de memoria. Algunos han surgido por resoluciones que obligan al Estado, mientras que otros han enfrentado intentos institucionales de acallarlos.
Si no existe una política clara, añade, el Estado se vuelve cómplice del silencio y de la falta de respaldo.
“La carencia de política de memoria por parte del Estado mexicano no solamente da como resultado el no respaldo o el no apoyo, sino también resulta en una estrategia institucional de olvido o de violencia simbólica frente a este tipo de proyectos que surgen por iniciativa de las familias y de los colectivos”.
Rumbo a una pedagogía de la memoria
Para Salazar, la memoria es un elemento clave en la búsqueda de justicia por parte de víctimas, colectivos y organizaciones, pues “si se olvida el caso, si se olvida el familiar, se pierde la posibilidad del reclamo”.
Por ello, señala, la memoria debe territorializarse y materializarse. “Porque yo puedo hablar del recuerdo de alguien, pero si no lo marco en el territorio, si no lo hago visible, se pierde”.
De acuerdo con Salazar, la investigación busca además funcionar como un respaldo para las familias y, al mismo tiempo, como un llamado a discutir una política de memoria a nivel estatal.
Añade que el proyecto tiene una tercera intención: construir una pedagogía de la memoria que permita a la sociedad comprender que la violencia no es solo una estadística. La violencia ha marcado vidas y ha fracturado comunidades y, sin embargo, la dinámica del país tiende al olvido, señala.
Una pedagogía de la memoria, dice, mantiene presente lo ocurrido y alerta a la sociedad sobre su repetición.
La doctora Ramírez subraya que la intención de la investigación es documentar no solo las situaciones límite que motivaron la creación de los memoriales, sino también los procesos que las acompañaron: acuerdos y desacuerdos, proyectos de intervención, participación y omisiones del gobierno, y la resignificación del espacio público.
Ramírez considera que este y otros estudios pueden servir como insumo para el desarrollo de política pública en torno a los lugares de memoria, garantizando accesibilidad, servicios y mantenimiento.
La investigadora expresa que su deseo es que los lugares de memoria creados por víctimas y sociedad civil tengan más peso que el discurso neoliberal de la resiliencia. Mientras la resiliencia implica que una sociedad puede soportar cualquier cosa, señala, los lugares de memoria no no banalizan las situaciones límite y tienden a la reivindicación.
“Para mí, los lugares de memoria son espacios que en algún momento deben estar ahí para recordar, sí, pero también para la no repetición”, afirma.
Para las familias, los lugares de memoria no son solo muros o placas, sino una forma de sostener la memoria frente a una sociedad que tiende a olvidar. En ellos, la exigencia se vuelve visible y permanece.
Los lugares que forman parte de la investigación evidencian que, aun en medio de la desprotección y el silencio institucional, las familias han encontrado maneras de organizarse, resignificar el espacio público y reclamar su derecho a la verdad y la justicia. Su existencia muestra que la memoria no se construye por sí misma: es fruto del trabajo de quienes se niegan a ceder ante el olvido.
Fotografía de portada. El Memorial 30 de Enero, lugar de la tragedia del 30 de enero de 2010, en la que fueron asesinadas 15 personas en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez
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*La Verdad Académica, una sección con contenido patrocinado de La Verdad Juárez que busca acercar el conocimiento académico a nuestra comunidad
