Si la comunidad internacional acepta que un Estado puede bombardear, invadir o capturar líderes extranjeros al margen de los mecanismos multilaterales y del derecho internacional, entonces se produce una jerarquización fáctica entre Estados: unos quedan sometidos estrictamente a la norma, mientras otros se autoconceden el privilegio de violarla. La democracia —que supone igualdad jurídica entre Estados— se ve así gravemente erosionada
Por Salvador Salazar Gutiérrez
Si bien el régimen de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha sido ampliamente cuestionado —en especial por las denuncias documentadas sobre violaciones a derechos humanos, limitaciones a la libertad de expresión, persecución de opositores y debilitamiento de contrapesos institucionales—, nada de ello justifica la acción emprendida por la administración de Donald Trump al realizar una intervención militar dirigida a la detención y extracción del presidente venezolano. Dos afirmaciones pueden sostenerse al mismo tiempo sin contradicción: que un gobierno puede ser profundamente problemático en términos democráticos y de derechos humanos, y que su derrocamiento mediante una intervención militar extranjera constituye una grave violación del derecho internacional, de la soberanía estatal y de los principios que fundan la convivencia internacional contemporánea. Precisamente ahí se abre el terreno para una reflexión filosófico-política crítica: ¿qué ocurre cuando la racionalidad práctica del poder —orientada al dominio y al control— se impone por encima del derecho y del consenso basado en instituciones democráticas?
En este contexto se ha vuelto casi una muletilla cotidiana la frase “el fin justifica los medios”. Se la cita en debates públicos, discursos políticos, series, redes sociales y conversaciones comunes para legitimar acciones cuestionables en nombre de un supuesto “bien mayor”. Suele atribuirse automáticamente a Maquiavelo, como si fuera la síntesis de El príncipe. Sin embargo, esta atribución es históricamente imprecisa: la fórmula no aparece literalmente en su obra y, de hecho, expresiones semejantes circulaban ya en la cultura popular y en la tradición moral de su época. La frase se convirtió en un modo simplificado —y a menudo distorsionado— de leer a Maquiavelo, reduciendo su compleja reflexión sobre la política a una justificación vulgar de cualquier medio con tal de alcanzar el poder. Lo preocupante no es solo el error histórico, sino el uso banalizado de la expresión para normalizar prácticas que desbordan la legalidad y debilitan los marcos democráticos.
En este punto resulta especialmente iluminadora la reflexión de Gayo Salustio Crispo, considerado uno de los primeros historiadores romanos en tiempos del fin de la República. En su obra Bellum Catilinae (60 a.C.), dedicada a narrar la conspiración encabezada por Catilina y la crisis de la República romana, Salustio formula la conocida sentencia: “Nam, si violandum est ius, regnandi gratia violandum est: aliis rebus pietatem colas, – Porque si hay que violar la ley, hay que violarla para reinar: la piedad se cultiva en otras cosas”. Partamos de que no se trata de un consejo ético, sino de una radiografía del cinismo político de su época: el poder como fin que autoriza la suspensión del derecho. Salustio escribe en un momento de profundo desgaste de la República romana: concentración de la riqueza, corrupción de las élites y ambición desbordada de ciertos actores políticos. Dentro de ese clima, la ley —que debía servir como límite al abuso— comienza a verse como un obstáculo a superar. La frase revela la autonomización del poder respecto de la legalidad y, al mismo tiempo, la progresiva erosión de los principios republicanos: cuando el poder se vuelve el criterio supremo, el derecho empieza a pulverizarse.
Este problema reaparece en la filosofía política moderna a través de Nicolás Maquiavelo. En El príncipe, Maquiavelo (1513) no se limita a denunciar la ruptura entre moral y política, sino que la teoriza. El buen gobernante, sostiene, no puede guiarse exclusivamente por la moral cristiana o la virtud tradicional; debe preservar el Estado, y para ello puede serle necesario actuar “mal” en términos de la moral común. Su noción de virtù no refiere a la bondad ética, sino a la capacidad de actuar eficazmente en un mundo atravesado por la conflictividad y la fortuna. Así, la transgresión, la simulación o incluso la violencia pueden tornarse medios legítimos dentro de la racionalidad política. Hasta aquí, tanto Salustio como Maquiavelo comprenden que la política opera bajo una lógica específica, que no coincide con la moral privada. Sin embargo, la diferencia es clave: mientras Salustio lo presenta como síntoma de decadencia republicana, Maquiavelo lo asume como condición de posibilidad de toda política realista. El problema es trasladar desde una perspectiva crítica contemporánea, ya que se vuelve urgente analizar qué ocurre cuando esta racionalidad del poder traspasa el ámbito interno de un Estado y se proyecta sobre el plano internacional.
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar y extraer a Nicolás Maduro, constituye un ejemplo paradigmático de esta deriva. Incluso reconociendo la gravedad de las denuncias por violaciones a derechos humanos en el país sudamericano, resulta inaceptable que un Estado se arrogue la facultad unilateral de intervenir militarmente en otro, derribar de facto a su gobierno legítimamente o no legítimamente constituido, y trasladar a su presidente a su propio territorio. Tales acciones violan principios elementales del derecho internacional: la soberanía estatal, la no intervención, la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a los procesos internos de autodeterminación. La lógica subyacente es casi una puesta en escena actualizada de la máxima salustiana: si hay que violar la ley, que sea por el poder. El discurso justificatorio apela a la supuesta “defensa de la democracia”, los derechos humanos o la seguridad hemisférica, en la práctica normaliza la idea de que el Estado más poderoso puede decidir cuándo la legalidad internacional se suspende. El derecho deja de ser un marco vinculante y se convierte en un recurso retórico o un obstáculo a sortear en función de intereses geopolíticos y económicos.
Lo verdaderamente peligroso es el precedente. Si la comunidad internacional acepta que un Estado puede bombardear, invadir o capturar líderes extranjeros al margen de los mecanismos multilaterales y del derecho internacional, entonces se produce una jerarquización fáctica entre Estados: unos quedan sometidos estrictamente a la norma, mientras otros se autoconceden el privilegio de violarla. La democracia —que supone igualdad jurídica entre Estados— se ve así gravemente erosionada. La política entendida únicamente como cálculo de poder tiende, tarde o temprano, a vaciar de contenido las instituciones jurídicas. Bajo la falacia de un “bien mayor”, se normaliza la suspensión del derecho, es decir, el estado de excepción. Una vez aceptada su legitimidad, los límites normativos se diluyen y la fuerza se erige como árbitro último. La famosa —y mal atribuida— sentencia “el fin justifica los medios” deja entonces de ser una frase hecha para convertirse en tecnología de gobierno global.
Defender el derecho internacional no implica suspender la crítica a gobiernos que en sus acciones violan sistemáticamente derechos fundamentales. Implica defender el principio elemental de que el poder debe estar limitado. La crítica filosófico-política exige sostener dos cosas a la vez: condenar las violaciones de derechos humanos del régimen venezolano y rechazar de manera tajante la intervención militar extranjera que desconoce la soberanía y los marcos jurídicos internacionales. Confundir ambos planos sólo contribuye a normalizar la lógica del dominio. Salustio en su época, mostró cómo la ambición desmedida pudo destruir una república. Nuestro desafío contemporáneo consiste en evitar que dicha ambición, claramente ligada a apoderarse de recursos como el petróleo, se convierta en fundamento de la política internacional. Cuando la comunidad global acepta que la ley puede violarse “por un bien mayor”, el terreno democrático —interno y externo— se vuelve frágil y quebradizo. Las palabras de Salustio valen como advertencia: si se admite que el poder justifica la violación del derecho, la piedad queda confinada al discurso y la democracia se convierte en retórica vacía.
Por cierto, no quisiera dejar pasar un antecedente. Durante el verano de 2023, en trabajo de campo realizado en Ciudad Juárez con jóvenes migrantes venezolanos que habitaban edificios abandonados, en su mayoría defendían el “chavismo” y su “república bolivariana” como proyecto político popular, pero no a Nicolás Maduro, a quien consideraban traidor de ese legado. Estos testimonios muestran que la realidad venezolana es compleja y no se deja reducir a dicotomías simplistas entre “dictadura” y “liberación exterior”. Precisamente por esa complejidad, la vía de la intervención militar resulta doblemente inaceptable: silencia las voces del propio pueblo venezolano y subordina su destino a los intereses estratégicos de una potencia extranjera.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
