Los jueces federales en El Paso, Texas, están ordenando cada vez más audiencias de fianza y liberaciones para detenidos por ICE a medida que un aumento en las presentaciones de habeas corpus desafía las políticas de detención de inmigrantes de la administración Trump
Por Robert Moore / El Paso Matters
El Paso, Texas– Heidy, de dieciocho años, fue detenida por agentes de inmigración el 14 de enero cuando se dirigía a clases en un colegio comunitario en un suburbio de Minneapolis. Heidy, inmigrante que llegó de Ecuador a los 11 años, intentó explicar que a ella y a su madre se les había concedido el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos gracias a un programa que protege a las víctimas de la violencia.
El oficial de inmigración se negó a revisar sus documentos, le dijo “no importa, no estás legal” y la trasladó ese mismo día a El Paso, según declararon sus abogados en un expediente judicial del 20 de enero, en el que solicitaban su liberación mediante un proceso de habeas corpus. Los abogados afirmaron que fue “secuestrada por agentes del ICE en Minnesota” y trasladada al Campamento East Montana en Fort Bliss, el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) más grande del país.
A pocas horas de presentarse la petición, la jueza federal de distrito Kathleen Cardone, de El Paso, ordenó al gobierno justificar por qué Heidy no debía ser liberada. El Paso Matters identifica a Heidy únicamente por su nombre de pila para proteger su privacidad.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas no hizo ningún esfuerzo por defender la legalidad de la detención de Heidy, y en su lugar le dijo a Cardone que había sido liberada el 22 de enero. Los abogados de Heidy dijeron que su familia tuvo que pagar su regreso a Minnesota.
Desde que la administración Trump comenzó sus esfuerzos de deportación masiva a principios de 2025, más de mil 300 inmigrantes detenidos por ICE han presentado mociones legales conocidas como peticiones de habeas corpus en el Distrito Oeste de Texas del sistema judicial federal, un área que se extiende desde El Paso hasta Austin y que alberga numerosos centros de detención de ICE.
El distrito recibió 759 peticiones federales de habeas corpus en 2025, más que en cualquier año anterior. Ese récord anual se rompió en el primer mes de 2026, según un análisis de los registros judiciales realizado por El Paso Matters.
El habeas corpus (que en latín significa “tienes el cuerpo”) es una doctrina jurídica centenaria consagrada en la Constitución de Estados Unidos que permite a las personas encarceladas impugnar su detención ante un juez.
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Muchos de los detenidos migratorios que han presentado peticiones de habeas corpus en El Paso y otras partes del Distrito Oeste de Texas han logrado obtener audiencias de fianza o su liberación total, aunque es difícil determinar las cifras exactas. Si bien los registros de los tribunales federales generalmente están disponibles al público a través de un sistema en línea, la mayoría de las presentaciones en casos de habeas corpus solo pueden ser consultadas por el público en El Paso en una sola computadora del tribunal federal.
La gran mayoría de las peticiones presentadas en el Distrito Oeste de Texas desde la segunda investidura del presidente Donald Trump alegan que un inmigrante se encuentra detenido ilegalmente. Algunos casos han demostrado que personas fueron detenidas a pesar de su estatus legal en Estados Unidos. Algunos se relacionan con los intentos de Trump de invocar una facultad de 1798, otorgada en tiempos de guerra, para deportar a “extranjeros enemigos”. Al menos uno involucró a una persona deportada ilegalmente , a quien se ordenó su regreso a Estados Unidos.
La mayoría de las peticiones dicen que al detenido se le ha negado ilegalmente su derecho a solicitar una fianza para ser liberado de la detención migratoria.
Las demandas han aumentado a un ritmo sin precedentes en las últimas semanas, incluso en El Paso. Jueces federales, fiscales y abogados de detenidos están desbordados.
“Les puedo asegurar que la Fiscalía de los Estados Unidos está completamente sumergida, hasta el punto de que ahora tengo un caso en el que se pasaron de la fecha límite. Así que tuve que presentar una moción ante el tribunal diciendo: ‘Bueno, les dieron una fecha límite para responder. No respondieron. Por favor, liberen a mi cliente’. Es inaudito que el Departamento de Justicia simplemente incumpla los plazos por estar tan sumergido”, dijo Simon Sandoval-Moshenberg, abogado con sede en Virginia que ha llevado varios casos de alto perfil en todo el país, incluyendo el de Kilmar Ábrego García , el hombre de Maryland deportado ilegalmente a El Salvador en 2025.
La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas no respondió a una solicitud de comentarios de El Paso Matters. Alia Moses, jueza principal del Distrito Oeste de Texas, dijo que no podía hacer comentarios, salvo reconocer que los tribunales de Austin, San Antonio y El Paso estaban recibiendo un gran número de peticiones de habeas corpus.
De 2021 a 2024, los jueces de El Paso tramitaron un promedio de 26 peticiones de habeas corpus federales al año. En 2025, la cifra aumentó a casi 300. En enero de 2026, el ritmo de solicitudes de habeas corpus federales en El Paso fue tal que, de continuar así, se registrarían más de 2800 solicitudes este año.
Casi todas las presentaciones del Distrito Oeste de Texas en 2025 y 2026 provienen de personas detenidas en centros de detención migratoria, mientras que las peticiones de años anteriores provenían principalmente de reclusos de prisiones federales.
¿Por qué se están disparando las solicitudes de habeas corpus?
En su campaña de 2024, Trump prometió desatar una campaña de deportación masiva si era elegido. Ha implementado numerosas políticas para expulsar a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. En ocasiones, estas medidas han involucrado a personas que se encuentran legalmente en el país.
Como resultado, a mediados de enero un récord de 73 mil personas se encontraban detenidas como inmigrantes en todo el país , incluidas miles en El Paso.
Gran parte del aumento en las solicitudes de habeas corpus se debe a que la administración Trump declaró el año pasado que los inmigrantes indocumentados detenidos en el interior del país no podían acceder a la libertad bajo fianza, lo que revirtió décadas de precedentes legales. La decisión se produjo mientras la administración Trump intensificaba sus esfuerzos de deportación masiva.
Más de 300 jueces de tribunales de distrito han dictaminado que la administración Trump viola la ley federal con su política de no fianza, mientras que solo 14 han apoyado la nueva interpretación, según un informe de Politico. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans escuchará los argumentos orales sobre el tema el martes. La Corte Suprema podría determinar quiénes son elegibles para una fianza por detención migratoria, pero probablemente no antes del próximo año.

Un fallo de la Corte Suprema de 2022 también es un factor clave en el aumento de las peticiones de habeas corpus en centros de detención migratoria, afirmó Sandoval-Moshenberg, una de las principales expertas en derecho migratorio del país. Esta decisión prohibió el uso de demandas colectivas en casos de detención migratoria.
“Este tipo de cosas, antes de la decisión (de la Corte Suprema de 2022), se habrían anulado con una sola demanda colectiva a nivel nacional. Es descaradamente ilegal”, dijo sobre la política de la administración Trump de negar la fianza en la mayoría de los casos de detención migratoria. “Existe un amplio consenso entre los jueces federales de que esto es descaradamente ilegal”.
Nuestra parte, en cierto modo, advirtió a la Corte Suprema: si fallan así, condenarán a los tribunales federales a una avalancha de casos individuales de habeas corpus. Y teníamos razón, y este es ahora el resultado. Cada persona tiene que presentar su propia demanda para impugnar la misma política, en lugar de que haya una sola demanda colectiva que la impugne, dijo Sandoval-Moshenberg.
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Casos de Minnesota
Una gran parte de las peticiones de habeas corpus presentadas ante los jueces de El Paso en las últimas semanas han involucrado a detenidos inmigrantes traídos desde Minnesota a Camp East Montana, el centro de detención más grande de ICE, que actualmente alberga a 3.000 personas, según mostró una revisión de los registros judiciales realizada por El Paso Matters.
Muchos de esos detenidos fueron trasladados de Minnesota a El Paso el mismo día en que fueron detenidos en la masiva represión de la administración Trump que ha generado protestas masivas y que llevaron al asesinato de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales en Minneapolis.
El rápido traslado de detenidos de Minnesota a Texas es un esfuerzo deliberado para dificultarles la búsqueda de amparo mediante el habeas corpus, afirmó Brendan McBride, abogado de Anoka, Minnesota, quien representa a seis clientes en peticiones de habeas corpus presentadas en El Paso y San Antonio desde principios de año. Heidy, la estudiante de un colegio comunitario, fue una de esas clientas.
McBride se mudó a Minnesota en 2019 desde San Antonio y ha mantenido su admisión para ejercer la abogacía en el Distrito Oeste de Texas.
“Cuando se presenta una solicitud de habeas corpus, esta debe presentarse en el tribunal federal de distrito que abarca el área geográfica donde el solicitante se encuentra actualmente detenido por el gobierno. Esto significa que, para presentar una solicitud de habeas corpus, el abogado que la presenta debe estar habilitado para ejercer en ese tribunal federal de distrito en particular”, explicó McBride.
Trasladar a los detenidos también los aleja de sus abogados de inmigración, quienes están más familiarizados con los asuntos legales de sus clientes, dijo.
Y para evitar que sus abogados, quienes trabajan para ellos en el sistema de inmigración, los representen, los abogados que mejor conocen la situación y tienen una relación directa con ellos, los trasladan a otro distrito donde no están habilitados para ejercer. Tienen que encontrar a alguien en el distrito donde han sido trasladados los detenidos para que presente el recurso de habeas corpus en su nombre.
Encontrar otro abogado, en una zona donde la familia de un detenido no tiene contactos, puede ser una tarea larga y costosa, afirmó Sandoval-Moshenberg. Y eso puede acarrear graves consecuencias.
“Significa que las personas sin recursos económicos terminan desistiendo de sus casos y aceptando la deportación”, dijo. “En los casos en que el litigio de habeas corpus, por cualquier razón, se demora demasiado, significa que la persona podría no tener acceso a una audiencia de fianza antes de que se resuelva su caso de inmigración. Los casos de inmigración de las personas detenidas se tramitan a un ritmo vertiginoso. Por lo tanto, es una especie de carrera contrarreloj”.
Y con un número récord de personas detenidas en centros de detención migratoria, no hay suficientes abogados para manejar todos los posibles reclamos de encarcelamiento ilegal, dijeron McBride y Sandoval-Moshenberg.
McBride es un abogado de apelaciones que no tenía experiencia en derecho penal o de inmigración antes de comenzar a manejar peticiones de habeas corpus para inmigrantes detenidos en enero.
“Les he dicho a muchos amigos que en las últimas dos semanas me he convertido en un abogado de inmigración accidental”, dijo.
En Minnesota, los voluntarios están ayudando a las familias a presentar sus propias peticiones de habeas corpus para sus seres queridos detenidos por inmigración, dijo McBride.
Ha habido una gran cantidad de apoyo mutuo y esfuerzos coordinados para ayudar a la gente de aquí. Y una de esas cosas ha incluido a muchas personas que se ofrecen como voluntarias para ayudar a las familias a navegar el proceso de presentar su propia solicitud cuando es demasiado costoso o porque hay demasiados abogados para los pocos que pueden hacerlo, dijo.
Los registros judiciales muestran que varias personas que han solicitado el habeas corpus sin abogado, conocido en el lenguaje jurídico como “presentar pro se“, han ganado sus casos ante los jueces de El Paso en las últimas semanas. Sin embargo, las solicitudes pro se agravan los desafíos de los detenidos.
“Si presentan peticiones de habeas corpus pro se sin abogado, no tienen cuentas judiciales en línea, y probablemente las envíen por correo. Eso representa otro nivel de retraso”, dijo McBride.
Cómo están respondiendo los jueces federales de El Paso
Dado que las peticiones de habeas corpus afectan la libertad de una persona y, en ocasiones, su seguridad, la ley federal las prioriza para los jueces. Al presentar una petición, el juez ordena al gobierno que justifique la detención del solicitante. El solicitante tiene la oportunidad de responder a la solicitud del gobierno, y el juez generalmente decide si concede la petición en cuestión pocas semanas después de su presentación.
El Paso tiene cuatro jueces federales con nombramientos vitalicios, todos ellos encargados de peticiones de habeas corpus.
David Briones, quien fue designado para el cargo por el presidente Bill Clinton en 1994, y David Guaderrama, designado por el presidente Barack Obama en 2012, tienen estatus senior, una forma de semi-retiro que les permite reducir su carga de trabajo mientras conservan su salario completo y su personal.
El Paso cuenta con dos jueces de distrito que manejan una carga completa de casos y a quienes se les ha asignado la mayoría de las peticiones de habeas corpus. Kathleen Cardone fue nombrada por el presidente George W. Bush en 2003, y Leon Schydlower fue nombrado por el presidente Joe Biden en 2024.
Una revisión de las peticiones de habeas corpus de El Paso Matters muestra que Cardone, Briones y Guaderrama generalmente otorgan al gobierno un plazo breve, de dos a siete días, para responder a la orden de justificación. Sus órdenes de justificación dirigidas al gobierno suelen mencionar que la petición parece incluir reclamaciones similares a casos anteriores en los que los tribunales del Distrito Oeste de Texas han concedido la protección solicitada por un detenido.
En sus órdenes de presentación de causas al gobierno, Cardone y Briones a menudo mencionan que la petición incluye reclamos similares a casos anteriores en los que los tribunales del Distrito Oeste de Texas han otorgado el alivio solicitado por un detenido.
“Como se alega, (su) caso parece materialmente indistinguible de varios otros en los que este Tribunal ha encontrado una violación del debido proceso procesal”, ha escrito Cardone en numerosas órdenes de presentación de causas para el gobierno.
Briones critica constantemente al gobierno por sus acciones previas en casos de inmigración. Él y Guaderrama emiten regularmente órdenes de restricción temporales que impiden al gobierno trasladar o deportar a detenidos mientras sus recursos de habeas corpus están pendientes.
“Debido a incidentes anteriores en este Tribunal en los que los Demandados o sus cesionarios han retirado a los peticionarios de los Estados Unidos y/o de la jurisdicción del Distrito Oeste de Texas, División de El Paso, incluso después de que el Tribunal les ordenó no hacerlo, este Tribunal, a su discreción, encuentra buena causa para emitir una orden de restricción temporal que impida a los Demandados retirar al Peticionario de su jurisdicción o de los Estados Unidos hasta nueva orden del Tribunal”, escribe Briones en las órdenes de presentación de causas.
Schydlower, el juez federal más reciente de El Paso, adopta un enfoque notablemente diferente al de sus tres colegas en la tramitación de casos de habeas corpus. Otorga al gobierno mucho más tiempo para responder a las órdenes de justificación, a menudo tres semanas.

Un resultado de ello es que las peticiones de habeas corpus ante Schydlower se deciden mucho más lentamente que ante los otros jueces, si es que se deciden.
Por ejemplo, a Cardone se le asignaron 49 peticiones de habeas corpus en diciembre de 2025, y 36 de esos casos se cerraron a finales de enero. Ordenó al gobierno que otorgara audiencias de fianza en 35 de los casos, y los jueces de inmigración aprobaron las fianzas para 33 de esas personas. Una persona fue deportada antes de que Cardone pudiera resolver la petición de habeas corpus.
A Schydlower se le asignaron 43 peticiones de habeas corpus en diciembre de 2025, y solo cinco se habían cerrado a finales de enero. En cuatro de los casos cerrados, el solicitante fue deportado mientras el habeas corpus estaba pendiente ante Schydlower; el quinto caso no era de inmigración e involucraba a un recluso en una prisión federal.
Varios abogados que atienden regularmente casos de habeas corpus en el Distrito Oeste de Texas declararon a El Paso Matters que no comprenden por qué Schydlower actúa con mucha más lentitud en estos casos que sus colegas de El Paso. Los abogados pidieron no ser identificados para no poner en riesgo a sus clientes al ser percibidos como críticos de un juez.
“La justicia diferida es en realidad justicia denegada, porque los clientes se dan por vencidos, pierden la esperanza. Cuando están detenidos ilegalmente durante tres, cuatro o seis meses, sufren”, dijo un abogado. “La gente pierde la esperanza cuando tiene que estar atrapado en esa situación durante un largo periodo y no tiene ni idea de cuándo puede salir ni, francamente, por qué está allí”.
Los jueces federales no pueden comentar públicamente sobre casos pendientes, y Shydlower y otros jueces de El Paso no respondieron a las solicitudes de comentarios de El Paso Matters sobre el impacto del creciente número de peticiones de habeas corpus.
Sin embargo, Schydlower solicitó a su asistente judicial que entregara a El Paso Matters un aviso que emitió el jueves sobre sus casos pendientes. El aviso sugería que no se pronunciaría sobre ellos hasta que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito se pronuncie sobre la emisión de bonos.
Este es uno de los 134 casos de habeas corpus pendientes en este Tribunal, en los que los solicitantes buscan amparo, total o parcial, al amparo de la ley federal de habeas corpus. El Tribunal recibe actualmente entre 20 y 25 nuevos casos de este tipo cada semana, y ayer recibió 6 nuevos casos, escribió Schydlower.
Les dijo a los abogados de fuera de la ciudad que estuvieran preparados para viajar a El Paso con poca antelación para las audiencias después de que el tribunal de apelaciones dicte su fallo.
Los otros tres jueces de El Paso continúan avanzando con peticiones de habeas corpus en sus tribunales, incluyendo la emisión de órdenes el viernes para que el gobierno proporcione audiencias de fianza para los detenidos.
Después de que Heidy fue liberada, McBride y su abogada adjunta, Terja Kristina Bouvin Larsen, hicieron una última declaración en una presentación judicial el 28 de enero a Cardone.
“La otra reparación que el peticionario solicita al Tribunal —y a cualquier otra persona que aún crea en la importancia del estado de derecho— es que el sistema judicial aborde las consecuencias de una campaña de terror y crueldad que ha desperdiciado innecesariamente una enorme cantidad de recursos públicos, incluyendo el tiempo y el esfuerzo del tribunal y su personal, y que el Tribunal simplemente recuerde a Heidy”.
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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de El Paso Matters. Read this story in english.




