Fallece niño ódami tras grave infección cerebral; CEDH abre queja de oficio
viernes, febrero 6, 2026

Su familia, que no habla español, enfrentó días de angustia y desinformación por la falta de traductores. La CEDH abrió queja de oficio por tratarse de una presunta violación a los derechos de un niño
Por Redacción Raíchali
El niño ódami Ángel Ramón Julián Baiza murió a sus cinco años este miércoles a las 16:00 horas en el hospital infantil de Chihuahua por una infección cerebral, luego de que sus padres lucharon contra el sistema de salud, las barreras del idioma y la falta de una atención adecuada como integrantes de los pueblos indígenas.
De manera extraoficial, se conoció que la probable causa es tuberculosis, una enfermedad que se presenta con frecuencia en poblaciones indígenas.
La familia de Ángel no habla español y enfrentó días de angustia y desinformación por la falta de traductores o intérpretes en su idioma.
Micaela Baiza guarda en su memoria a un niño alegre, al que le gustaba correr y jugar con sus hermanos y primos en Rancho Los Julianes, una comunidad ódami (tepehuán del norte) en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Esos recuerdos son ahora el consuelo tras la agonía vivida en el hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua, donde su hijo murió tras el desarrollo rápido y devastador de una enfermedad.
La tragedia de Ángel Ramón pone en evidencia una cruda realidad: las barreras lingüísticas e institucionales que enfrentan los pueblos originarios al acceder al sistema de salud.
Desde que el niño fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) el 1 de febrero, Micaela y su familia vivieron “días de angustia” sumidos en la incertidumbre y la impotencia porque no entendían qué le pasaba a su hijo y por qué lo intubaban.
“Cada día se ponía más grave”, relata Micaela en entrevista en idioma ódami otorgada a Raíchali.
“Yo lloraba en silencio, a veces frente a mi hijo, al ver que no tenía mejoría. Y cada informe que me daban los doctores yo no entendía qué tan grave era, porque no había nadie que me explicara en mi idioma”, asegura.
Micaela buscó a este medio para solicitar apoyo. Se le respaldó en la entrevista con la traducción y también a su familia para conocer qué sucedía con su hijo.
Fue entonces cuando Micaela comprendió la magnitud de la tragedia. El 3 de febrero por la tarde, los médicos le dieron el diagnóstico terminal a través de un reportero ódami de Raíchali: el niño padecía una infección muy fuerte en el cerebro, posiblemente tuberculosis, y ya no había nada más qué hacer.
Su cuerpo no reaccionaba a los medicamentos y sólo se mantenía con soporte artificial. “Escuchando esos informes me di cuenta que mi hijo en cualquier momento moriría, lejos de la casa”, recuerda Micaela.
“¿Y qué vamos a hacer aquí? No hay nadie ¿Cómo le aviso a su papá y a mi familia?”, se preguntaba.
El 4 de febrero fue entrevistada por un equipo multidisciplinario. En medio del dolor, compartió recuerdos de su hijo y confesó su incredulidad inicial ante el pronóstico fatal.
Ella pensó que era mentira de los médicos. Finalmente en una última y desgarradora conversación con los médicos y el traductor voluntario, Micaela tomó la decisión de mantener a su hijo conectado unos momentos más.
“Quiero quedarme un tiempo más con mi hijo”, dijo. Ángel Ramón falleció el 4 de febrero a las 3 de la tarde.

Los trámites después de la muerte
La odisea para Micaela no terminó con el último latido. Al dolor se sumaron los fríos trámites sin pertinencia cultural. Ángel Ramón no estaba registrado oficialmente, sólo contaba con un papel de bautizo.
Aunque al ingreso intentaron registrarlo en su travesía en hospital de Guadalupe y Calvo, sus datos los subieron al sistema para generar su Clave Única de Registro de Población (CURP), documento indispensable para tramitar el acta de defunción.
“¿Por qué tengo que esperar? Mi hijo ya está muerto. ¿Por qué tenemos que estar tantos días aquí?”, cuestiona Micaela, exhausta.
Las autoridades del hospital informaron que, una vez completada la documentación, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas se haría cargo del traslado del cuerpo hasta Rancho los Juliánes, en la sierra de Guadalupe y Calvo, para su sepultura final.
Este caso expone un vacío crítico en los protocolos de atención a pacientes indígenas en instituciones de salud pública: la falta sistemática de intérpretes y traductores certificados, y las dificultades para integrar a personas no registradas en los trámites administrativos urgentes, incluso en la muerte. La familia Julián Baiza, y el pequeño Ángel Ramón, se convierten en un doloroso recordatorio de que el derecho a la salud y a una muerte digna también pasa por el derecho a entender y ser entendido.

CEDH inicia queja de oficio por muerte de Ángel
El presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Alejandro Carrasco Talavera, informó que una vez que conocieron la situación del niño ódami que falleció en el hospital Infantil el pasado miércoles, iniciaron una queja de oficio para investigar si hubo violaciones a derechos humanos en este caso.
Carrasco Talavera dijo en entrevista con Raíchali, que si es posible apoyarles para que la mamá del niño acuda a las instalaciones del órgano autónomo para escuchar su testimonio. Aunque la queja es de oficio y continuará la investigación, ayudaría mucho si los familiares acuden para proporcionar detallar los hechos.
“(…) para una persona intérprete a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas o al INPI (Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas), para tomar su testimonio en su propia lengua y se hará la investigación como toda violación a derechos humanos, con todo respeto y dignidad para ver si hubo o no violación a los derechos humanos. Ahorita no podemos declarar si huyo o no violación, se abrió la queja, investigamos y si determinamos que si hubo violación, emitiremos una resolución”, agregó.
Cuando se trata de presuntas violaciones a derechos humanos de niñas, niños o adolescentes, las quejas se abren de oficio, explicó Carrasco, es decir, no se requiere una denuncia o queja directa de las personas afectadas para iniciar la investigación.
En el caso de las personas de pueblos indígenas, “es importante que cuenten con intérprete, que conozcan su cultura, la idiosincrasia y la condición de ellos (…) en la investigación se va a ver si fue por dolo o por omisión (…) se va a buscar que se tomen medidas, que se hagan políticas y se cumpla con la ley porque a veces las normas de cada institución no se adecuan a la ley, y que haya inversión porque no son gratis los derechos humanos”, concluyó Alejandro Carrasco.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.



