De un tiempo a esta fecha el gobierno de María Eugenia Campos Galván se ha esmerado en mantener una relación más allá de lo amistoso con el gobernador texano Greg Abbott… Y sobre su proyecto insignia, la cacareada Torre Centinela, se anuncia, será un centro de coordinación con la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA
Por Jaime García Chávez
En estos días se conmemora la publicación de la Constitución de 1917, lo que queda de ella, porque a decir verdad ya poco se sabe de su contenido y menos de su espíritu para orientar una división de poderes real y un Estado de derecho.
Poco sentido tiene reseñar la historia de Querétaro y el código fundamental que de ahí salió y que se presumió internacionalmente por sus capítulos sociales. Una historia que hoy está sometida a profundo debate entre historiadores, sociólogos, politólogos y economistas.
Me interesa comentar algunos sucesos que hablan claramente de que esa Constitución no se respeta y se violenta, y en algunos casos, en perspectiva, se le pone en riesgo en un asunto fundamental que restringe drásticamente la posibilidad de que los estados de la unión puedan concertar alianzas que afecten al pacto federal, lo que en buena lógica privilegiaría un federalismo hoy afectado por el centralismo creciente.
Pero este comentario va en dirección de que los gobernantes de los estados no deben realizar actividades que los comprometan internacionalmente, porque eso vulnera la representación nacional ante el mundo y porque abre las puertas a la gran intriga que, sin duda, está en el menú de Donald Trump.
Los hechos ocurren aquí en Chihuahua y se debe tener conciencia y conocimiento de ello. De un tiempo a esta fecha el gobierno de María Eugenia Campos Galván se ha esmerado en mantener una relación más allá de lo amistoso con el gobernador texano Greg Abbott.
Se trata de un republicano que lo que menos tiene es aprecio por México y por Chihuahua; su política está orientada por el racismo y el conservadurismo que se ha redoblado ahora con la administración de Trump. Para Abott el tema del reparto de aguas del Río Bravo, con su impacto muy localizado en el Río Conchos, nuestro principal escurrimiento, es primordial, y no se anda con rodeos: primero están sus intereses y después sus amistades obsequiosas.
Por otra parte, y en relación al proyecto insignia de la actual administración, la cacareada Torre Centinela, llamada a ser el elefante blanco del maruquismo, ahora se anuncia que será un centro de coordinación con la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. No paso por alto que aquí los pobres le están ayudando a los que todo lo tienen, lo cual es una desvergüenza.
Pero lo principal es que el gobierno local se toma atribuciones que no le corresponden porque la materia es estrictamente federal y, sobre todo, para impedir que el gobierno de Washington empiece a tratar directamente con gobiernos estatales, ninguneando al Estado mexicano, que tiene una representación muy particular en la Presidencia de la república, la cancillería y lo que se desprenda de los convenios internacionales, que marcan el modus operandi de nuestro Estado y en el que las entidades tienen un papel que se rige por esas instituciones e instrumentos. Por nadie más.
Fueron el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y el fiscal estatal, César Jáuregui, quienes festinaron que esa torre inconclusa será sede también de la DEA, del gobierno norteamericano, lo que no debe ser, conforme a la Constitución que ahora se celebra.
La gota que derramó el vaso de estas amistades que se propasan del texto constitucional, fue la presencia del alcalde panista de Delicias, Jesús Valenciano, en Washington, para participar en la “Cumbre del Combate al Narcoterrorismo”, organizada por la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y la organización México Republicano en el Caucus Room del Capitolio de Estados Unidos.
Para ponerlo en blanco y negro: qué diablos tiene que hacer un alcalde de un municipio mexicano cualquiera en un evento de esta naturaleza, y que además trae el sello de la lucha antiterrorista, tras de la que se esconde la amenaza a la soberanía de todos los países, en especial la de México.
Si a esto agregamos que estos funcionarios –Loya, Jáuregui y Valenciano– están empeñados en su promoción política hacia candidaturas importantes, todo queda en un protagonismo ramplón. Más, tratándose de Gilberto Loya y Valenciano, quienes ahora quieren ser candidatos a gobernador cuando no tienen la más mínima posibilidad, si lo medimos, en el caso del primero, con los escasos o nulos resultados en materia de seguridad que arroja su desempeño.
En fin, son las esmeradas muestras que Maru Campos ofrece de su servilismo hacia los Estados Unidos, porque en esencia, y aunque no lo haya dicho nunca, es de las que debe estar feliz porque Trump se empeña en “arreglar” la complicada circunstancia mexicana a su partido conservador en su oposición a la Cuatroté.
Esto es, además, riesgoso para el país por el carácter fronterizo de Chihuahua.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
