Puerta de entrada de drogas y contrabando, centro de embarque para mercancía ilegal, los puertos marítimos son un foco rojo. Más allá del debate ideológico o administrativo, en la decisión de encargar su administración a la Secretaría de Marina existe la intención de apagar un foco rojo de seguridad nacional
Alberto Najar
@anajarnajar
Es una historia que pocos recuerdan. En 2004 el cartel del Golfo emprendió una feroz batalla para controlar el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Por esos años el territorio pertenecía a una banda que se había separado de la organización, y que años después fue el origen de La Familia Michoacana y su derivación, Los Caballeros Templarios.
La batalla causó decenas de muertos, algo inédito para Michoacán. Entonces el impresentable Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón no había comenzado su guerra.
Muchos se preguntaron por qué tanta violencia. Y la respuesta estaba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Para agilizar el envío de las mercancías que se desembarcaban en el puerto, se acordó que sólo existieran dos revisiones aduaneras a los ferrocarriles que las llevaban a Estados Unidos.
Los vagones se revisaban en Lázaro Cárdenas, donde se sellaban las puertas y no volvían a abrirse hasta su destino final.
Por eso la disputa. Controlar el puerto y sus áreas aduanales permitiría enviar cargamentos de droga con bajo riesgo y a un costo menor al de las rutas tradicionales.
La anécdota ilustra una de las razones del presidente Andrés Manuel López Obrador para separar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la administración portuaria, y encargarlo a la Marina.
Una decisión que provocó la renuncia del secretario Javier Jiménez Espriú, quien oficialmente no estaba de acuerdo en militarizar los centros marítimos.
También desató el acostumbrado debate y campañas sucias en redes de internet para criticar la militarización de los puertos.
Pero el objetivo central bien vale el sacrificio de uno de los personajes más fieles a AMLO, como se conoce al presidente. López Obrador lo explicó en el video donde presenta al nuevo secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz.
“Por la corrupción que prevalece en los puertos, las aduanas y últimamente por la entrada de contrabando y droga por los puertos, requerimos seguridad y por esa razón se necesita a la Secretaría de Marina”.
No es un comentario al vuelo. Desde hace varios años los centros de embarque marítimos son problema serio de seguridad nacional, y también representan enormes focos de evasión fiscal.
Es frecuente por ejemplo, que se presenten certificados de importación para mercancía distinta a la que en realidad llega en los barcos. A veces son productos sujetos a aranceles o por los que debería pagarse más impuestos.
Por los puertos también llegan armas y sobre todo sustancias para elaborar drogas sintéticas. El fentanilo es una más de estas mercancías porque los carteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya lo producen en México.
De hecho es una de las preocupaciones centrales de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA: el fentanilo dejó de ser exclusivamente un producto chino.
Ésta es la cara de lo que llega, pero en lo que sale también hay ganancias. Por ejemplo Lázaro Cárdenas fue, durante años, el sitio por donde Los Caballeros Templarios enviaron cientos de miles de toneladas de mineral de hierro hacia China.
Por esas exportaciones no se pagaron impuestos. El daño económico, pero sobre todo ambiental por la desmedida explotación minera, no se ha cuantificado.
Así, para las organizaciones de delincuencia organizada los puertos marítimos son un tesoro, y por esa razón la disputa por su control es sangrienta.
Es el caso de Manzanillo, la principal puerta de precursores químicos para el CJNG. La pelea por el lugar provocó que Colima tenga la tasa de homicidios per cápita más alta del país.
Lo mismo sucede en Mazatlán para el Cartel de Sinaloa o Veracruz y Tampico para el Cartel del Noroeste.
En tal escenario la decisión de encargar a la Secretaría de Marina la administración portuaria parece acertada. Pero no hay que olvidar los detalles:
Los carteles no van a soltar fácilmente el control de los puertos. Y para mantenerlos no van a promover un amparo. Es posible que se controle la corrupción que ahora existe en el manejo de los puertos, pero el foco rojo no se apaga.
En los meses que vienen es previsible una escalada de violencia en los estados costeros del país.
