Las mujeres no podemos quedarnos en silencio, ni de brazos cruzados. No lo hemos hechos en décadas ni lo vamos a hacer ahora
Imelda Marrufo
Hace 20 años la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). La acción tuvo como objetivo que los gobiernos impulsaran programas y políticas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Los gobiernos tradujeron el 25N como el momento de proclamar discursos y darle casi un carácter de efemérides. En algunos casos, si bien presentan un reporte de acciones, que la mayoría de las veces no pueden medirse ni evaluarse.
Los organismos internacionales, han instado para que los gobiernos cumplan con las obligaciones y garantías de protección como lo mandata la Constitución y los tratados.
También tenemos un marco jurídico amplio, que se ha robustecido por la exigencia del feminismo y las defensoras que durante décadas hemos pugnado para ello.
Desde el 2018, el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ya planeaba eliminar recursos para la igualdad de género y los referidos en temas vinculados a la violencia. En abril de este año, la instrucción fue hacer recortes al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del 75 por ciento del presupuesto.
Estamos ante un escenario de narrativas casi poéticas, de discursos e informes institucionales que poco tiene que ver con lo que ocurre en las casas. Hace apenas un mes, colectivos de víctimas acamparon afuera del Congreso y del Senado, manifestando su inconformidad ante eliminación del fondo para la reparación; sin embargo, no fueron escuchadas.
Actualmente vivimos una situación extraordinaria, prevalece una realidad que a las mujeres y las niñas las deja en un enorme desamparo. Despedidas de su trabajo, enfermas, con triple y cuarta jornada laboral en tareas de cuidadoras de las y los enfermos las 24 horas del día.
Esta pandemia ha generado un daño catastrófico en toda la población; sin embargo, ha sido aprovechada para desmantelar poco a poco instituciones de Derechos Humanos a nivel nacional que con mucho esfuerzo las feministas, defensoras y organizaciones habíamos logrado.
En Chihuahua el Movimiento Estatal de Mujeres (MEM) este 2020 ha destacado un conjunto de propuestas que son compromisos contraídos por el ejecutivo estatal referentes a la creación de la Ley Estatal para los Centros de Justicia para las Mujeres. En el ámbito legislativo el MEM contribuye en la iniciativa para crear unidades de atención a la violencia en los municipios.
Entre los avances se destacan la publicación de un protocolo para investigaciones de muertes violentas por razones de género –que se hizo 2019– y el tipo penal de feminicidio adecuado y armonizado con el tipo penal federal.
En Juárez, desde la Red Mesa de Mujeres instamos al ejecutivo estatal para que impulsara la creación de un nuevo Centro de Justicia y para que este año se incrementaran recursos para la Fiscalía Especializa en Mujeres Víctimas por razones de Género (FEM).
Aunque ambas propuestas fueron incluidas en el presupuesto actual, sin embargo, a la fecha no hay certeza de que la totalidad de los recursos se implementen como se plantearon en el presupuesto original –según nos han comentado– debido a la insuficiencia presupuestal del Gobierno del Estado por la emergencia sanitaria del COVID-19.
Los casos de feminicidio del 2019 y del 2020 se van “haciendo viejos” muy pronto. La complejidad para su investigación y resolución requiere que las instituciones como la FEM tenga el estándar para que dé respuesta a las familias de las víctimas como se les ha exigido.
Tenemos un nuevo tipo penal de feminicidio, sin embargo, para el 2021 no se avizora que se tengan personal que pueda investigarlo.
Ante el escenario que describo no me queda duda que se avecina una siguiente ola de impunidad. No se trata de un “rebrote,” porque no hemos logrado que disminuya, sino de un repunte, como se ha venido presentando en este año.
De enero al 20 de noviembre el Observatorio de Red Mesa registró 176 homicidios dolosos contra mujeres. Entre marzo y octubre, en el contexto de pandemia, se cometieron 152 lo que presentan al menos un 29 por ciento más que durante 2019 durante el mismo periodo que tuvo 118 asesinadas. La zona de Riberas del Bravo es una de las de mayor violencia contra las mujeres y las niñas.
La tragedia es grande, porque a los saldos de la pandemia y muertes, se suma un incremento de violencia que no ha logrado contenerse.
Ante el escenario arriba señalado, no podemos quedarnos en silencio, ni de brazos cruzados. No lo hemos hechos en décadas ni lo vamos a hacer ahora.
Hace algunas semanas, en Red Mesa de Mujeres lanzamos la campaña Por Ti, Por Mí, libres de Violencias en Riberas del Bravo. Se trata de generar un llamado para atender el auxilio de las mujeres y las niñas que son violentadas. Compañeras de organizaciones han puesto sus teléfonos en activo para dar servicios de emergencia.
Décadas atrás, las sufragistas fueron asesinadas por defender los derechos políticos. Las hermanas Mirabal fueron asesinadas en 1960 por Rafael Trujillo en República Dominicana. Marisela Escobedo fue asesinada a las puertas del palacio de gobierno en Chihuahua el 16 de diciembre de 2009 pidiendo justicia.
Este 25N decimos que transitamos en una cultura patriarcal que se resiste a dejar privilegios, que quiere mantener los principios de justicia y libertad en el plano de los discursos, sin esfuerzos serios para que se concreten en realidades.
Nosotras, cada día más claras, con análisis, argumentos, persistentes y permanentes vamos a seguir. No sabemos cuánto tiempo más nos lleve, ni cuantas piedras habrá que picar y volver a colocar de nuevo. Que no haya duda de que seguiremos existiendo para democratizar los espacios, a favor de la vida, la justicia y la libertad…. Amén de las mariposas.
