En siete meses, el gobierno de Ciudad Juárez erogó más de 37 millones de pesos en compras para enfrentar el COVID-19, que en su mayoría se realizaron bajo adjudicaciones directas con sobreprecios y a través de intermediarios.
Itzel Ramírez/La Verdad
Entre pagos por abrir fosas, cubrebocas con precios superiores a los de mercado y ‘sanitizaciones’ cuestionadas por especialistas y otras erogaciones, el gobierno del Municipio de Juárez gastó más de 37.3 millones de pesos durante los meses de marzo a septiembre de 2020 como parte de la estrategia para hacer frente a la contingencia de coronavirus.
De acuerdo con la información disponible a través de diversas fuentes –respuesta a solicitudes de transparencia, obligaciones de información pública y análisis de la Sindicatura municipal–, la mayoría de los contratos firmados por el Ayuntamiento juarense fue resultado de adjudicaciones directas a pesar de ser un procedimiento reservado para casos excepcionales según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios del Estado de Chihuahua.
En documentos elaborados por la Sindicatura a propósito de revisiones al gasto municipal se advierten posibles irregularidades en las compras realizadas por el Ayuntamiento, entre ellas las de adquisición servicios innecesarios o dañinos para la población y contratación de empresas intermediarias o con objetos sociales distintos a los servicios prestados.
La Verdad solicitó a la Coordinación General de Comunicación Social municipal una entrevista para conocer las razones del gasto durante la pandemia, sin embargo no hubo respuesta a la petición.
De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información y con los contratos que aparecen en el apartado de obligaciones de Transparencia de Juárez, de finales de marzo al 30 de septiembre de 2020, el Gobierno Municipal comprometió el pago de 37 millones 359 mil 42 pesos por 86 adquisiciones diferentes.
La mayor parte de los recursos (26.7 por ciento) fue destinado a la compra de despensas conformadas por un kilo de avena, 0.240 kg de leche en polvo, 1 kg de harina de maíz, 1 kg de frijol, 1 kg de arroz, una lata de 0.220 kg de vegetales, una lata de 0.220 kg de elote, 50 g de café soluble, 0.900 lt de aceite vegetal y tres latas de atún en agua de 0.140 kg, de acuerdo con los anexos técnicos de los contratos firmados por el gobierno municipal.
La sindicatura encontró que para la licitación CA-OM-027-2020, relativa a la compra de despensas, el proveedor ganador (Aval Comercializadora Productora y Operadora de Insumos y Servicios S de RL de CV) había cambiado su razón social.
“La empresa ganadora modificó la denominación/razón social y el objeto de la sociedad. Cabe señalar que, dentro de la publicación de la licitación en el Periódico Oficial del Estado, el punto 9 se refiere a que las empresas a contratar deben acreditar capacidad técnica mediante currículum vitae que refleje dedicarse al giro correspondiente. Mismo que está sujeto a evaluación dado la premura del cambio de giro y denominación de la persona moral”, detalló la sindicatura en su boletín 38.
La administración de Armando Cabada pagó 250 pesos por cada una de las despensas que serían entregadas a “personas en condición más vulnerables y afectadas por dicha contingencia (COVID-19)”, de acuerdo con los contratos.
Hacia mayo de 2020, la Sindicatura reportó que en cada evento de entrega se repartían de 750 a mil 500 despensas en más de 71 colonias de la ciudad.
La población beneficiada estaba compuesta por personas con alguna enfermedad crónica, niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos de más de 60 años.
En los registros disponibles a la fecha se aprecia que el gobierno juarense pagó 10 millones 316 mil 805 pesos en seis ministraciones diferentes para la compra de las despensas COVID-19.
Para la adquisición de cubrebocas, caretas protectoras, guantes de seguridad, batas, botas y otros materiales de protección, el municipio desembolsó 6 millones 413 mil 448 pesos durante los meses referidos.
Según los datos disponibles, el 26 de mayo el municipio emitió un pago de 359 mil 600 pesos por dos mil piezas de cubrebocas KN-95, es decir, a un precio unitario de 179.8 pesos; menos de 15 días después, otra compra del mismo producto resultó 49 por ciento más barata, de acuerdo con los registros que muestran el 16 de junio un pago de 137 mil 460 pesos por mil 500 unidades, o sea, 91.64 pesos por mascarilla.
Respecto a las adquisiciones de cubrebocas, un informe de la Sindicatura encontró que uno de los proveedores tenía un giro diferente al requerido en el contrato.
“De acuerdo con el registro de la moral Comercializadora Drop SA de CV en el padrón de proveedores de 2020 de la presente administración municipal, el giro de dicho proveedor aparece descrito de la siguiente manera: ‘Todo tipo de artículos para policía, Tránsito, Ejército, Bombero y Rescate, Uniformes y Artículos Deportivos’… por lo tanto se observa que el giro no coincide con la actividad de venta de cubre bocas médicos, para esta moral”, reporta el informe.
“La compra podría haberse efectuado directamente al proveedor de la marca de los cubrebocas en cuestión, evitando la participación de intermediarios lo que reduciría los costos. Se realizó la visita al domicilio fiscal del proveedor en el cual se cercioró su existencia sin embargo no se manifestó la venta de cubrebocas, sino se especificó que su giro es la venta de uniformes y artículos de limpieza”, concluye.
En esta compra, además, el tipo de cubrebocas adquirido estaba serigrafiado con el logo de la administración municipal, una especificación cuestionada por la sindicatura.
“Por qué se adquirieron cubrebocas con la serigrafía de la administración municipal actual, si ese aspecto no resulta relevante en temas de protección”, cuestiona el informe.
A septiembre de 2020, el gobierno municipal le había pagado más de 3.2 millones de pesos a Comercializadora Drop SA de CV por diferentes conceptos, agrega la revisión de la sindicatura, encabezada por Leticia Ortega Máynez.
El hospital móvil instalado afuera de las oficinas del municipio representó otra de las erogaciones más altas dentro de los gastos destinados a la atención de la contingencia por COVID-19, con un total de 5.9 millones de pesos entre renta del equipo y compra de medicamentos.
En la revisión al gasto, la sindicatura informó que este hospital no contaba con un ventilador mecánico, por lo que fue necesaria la disposición de una ambulancia adicional para suplir la carencia del equipo.
Otro de los gastos más altos corresponde a la renta de un helicóptero y la compra de hipoclorito de sodio para la sanitización de la ciudad.
Los contratos disponibles en la página del municipio indican que el 21 de abril del año pasado se pactó la adquisición de servicios de aspersión aérea a la empresa Imperial Aereotransporte por un total de tres millones de pesos. El contrato especificaba un pago por hora de servicio, lo que incluía la renta de un helicóptero Air Bus modelo AS350 B3 con piloto, combustible, equipo de aspersión aérea ISOLAIR 3900-350 y personal de tierra para las operaciones de la aeronave.
La compra, por adjudicación directa, se hizo a una compañía que de acuerdo con los registros públicos pertenece al empresario Valentín Fuentes Varela y a sus hijos Octavio y Valentín Fuentes Téllez, quienes conforman una de las familias con más intereses económicos en la ciudad.
Al pago del helicóptero se suman dos compras de hipoclorito de sodio, cada una por 704 mil pesos, según el municipio en una respuesta a solicitud de información. En total, la sanitización costó 3 millones 438 mil pesos, como indican los contratos firmados.
Nuevamente, la sindicatura halló irregularidades en la adquisición de este insumo.
“La empresa contratada (Sawp Solucions SA de CV) para adquirir la sustancia que se usó para sanitizar las calles de la ciudad es una constructora y no una proveedora de insumos de higiene, por lo que no tiene el objeto social para el fin contratado, incumpliendo disposiciones reglamentarias.
“Se detectó que el objeto social de la empresa SAWP SOLUCIONS SA DE CV asentado en el acta constitutiva del Registro Público de Comercio de fecha 19 de agosto de 2016, consiste en la construcción en general, fraccionadora e inmobiliaria, compra y venta de terrenos, compra y venta de inmuebles, arrendamiento de inmuebles, venta y arrendamiento de equipos, y en general llevar a cabo todos los actos y contratos relacionados con su objeto social, elaboración, proyectos y estudio”, detalla la sindicatura en su informe de septiembre.
La oficina de Máynez informó que de acuerdo con la hoja de seguridad elaborada por la UNAM para el hipoclorito de sodio, la sustancia representa riesgos para la salud, como tos e inflamación en los bronquios en caso de inhalación, irritación en la piel en caso de contacto constante e irritación en las membranas mucosas.
Las erogaciones pudieron realizarse debido a que el 27 de marzo pasado, días después de la detección del primer caso de COVID-19 en Juárez, el Cabildo aprobó la modificación del Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2020. La partida autorizada entonces fue de 23.4 millones de pesos.
A finales de julio, la Tesorería solicitó una ampliación de cinco millones 139 mil 700 pesos al gasto COVID para asumir los gastos comprometidos por el municipio.
El resto de las erogaciones hechas por el gobierno de Cabada corresponden a la renta de túneles sanitizantes y de servicios de nebulizaciín y desinfección de oficinas, compra de medicamentos, compra de pruebas rápidas, termómetros, oxímetros, gel antibacterial, material de limpieza y desinfección y 44 mil kilos de frijol.
Además, el municipio realizó un convenio de ampliación de subrogación de servicios médicos privados para sus empleados, un servicio de apertura de fosas en panteones municipales, recolección de residuos peligros y dos contratos para la alimentación de pacientes y personal del hospital móvil.
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