El llamado éxodo migrante, en el que han viajado unas 9 mil personas en caravanas para solicitar asilo a Estados Unidos, ha visibilizado otro fenómeno: desde antes, ya pedían asilo a México miles de migrantes (la mayoría hondureños); y otros miles más fueron deportados
Texto y Foto: Rodrigo Soberanes
TAPACHULA, CHIAPAS – En 2018, México ya deportó al equivalente de 10 caravanas migrantes, como la que entró a mediados de octubre al país, en la que unas 5 mil 600 personas cruzaron la frontera sur de México y actualmente se encuentran en Tijuana intentando entrar a Estados Unidos.
La Secretaría de Gobernación reportó que entre enero y julio de 2018 detuvo a 73 mil 222 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia legal en México, y que deportó a 58 mil 793. Entre esa multitud de personas deportadas habían 26 mil 473 de nacionalidad hondureña, país origen del llamado Éxodo Migrante.
La frontera sur de México estuvo en los ojos del mundo el pasado 19 de octubre cuando la Caravana Migrante intentó, sin éxito, entrar al país por la garita migratoria de Ciudad Hidalgo, un pueblo que colinda con el Río Suchiate, frontera natural con Guatemala.
México cerró sus puertas, y el puente que une ambos países fue el escenario de un gueto de personas sin alimentos, medicinas ni medios para asearse. Sin país.
Esto causó el cruce masivo de migrantes por el río. Un par de días después, el grueso de la Caravana Migrante ya se encontraba reunido en el parque central de Ciudad Hidalgo y salía a Tapachula, en la primera larga y sufrida caminata en territorio mexicano.
Sin embargo, con anterioridad a octubre, Tapachula –la segunda ciudad en importancia del estado de Chiapas–ya era testigo de un éxodo migrante que no había atraído los reflectores internacionales pero sí el aumento de la inmigración y de las solicitudes de refugio.
En 2017 el Instituto Nacional de Migración aseguró a 53 mil 301 personas, de las cuales 44 mil 463 (16 mil 508 de origen hondureño) solicitaron refugio, unas cifras que alarmaron a organizaciones defensoras de derechos humanos, que eligieron como destino estratégico para hacer frente a la crisis, a Tapachula.
Organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) se establecieron en esa ciudad para atender la emergencia. También se instaló la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) en el centro de la ciudad.
Según las cifras de la Comar, México recibió 1 mil 296 peticiones de refugio en 2013. En 2017 esa cifra subió a 14 mil 546 y a pesar de que aún no se tienen las cifras oficiales, el SJR –según el coordinador de la ofician de Tapachula, Carlos Cotera– la cifra rondaría las 20 mil solicitudes, por lo menos.
Por su lado, el gobierno de Chiapas y la Secretaría de Gobernación anunciaron en enero del año actual, el envío de la Gendarmería Nacional a la frontera sur, un hecho que preocupó a las organizaciones, que atestiguaron redadas masivas cada día en Tapachula que derivaban en deportaciones.
En opinión de Carlos Cotera, ha habido “un cambio tremendo” en Tapachula, porque en los últimos años la población migrante se ha dado cuenta de que es víctima de un entorno violento en sus países y que, por lo tanto, tienen derecho a solicitar refugio.
“No se asumían con necesidad de protección. Ahora emerge más el tema de la violencia”, dijo Cotera.
Este era el escenario antes de la Caravana Migrante que comenzó el 13 de octubre con cientos de personas que se reunieron en San Pedro Sula, Honduras, y comenzaron a avanzar juntas hacia el norte, hasta que los cientos pasaron a ser miles dispuestos a pedir refugio en Estados Unidos, de los cuales el 60 por ciento viajaban en un entorno familiar, según cifras recabadas por la ACNUR.
Una fuente de la ACNUR, que habló de manera extraoficial con Pie de Página debido a normativas de esa institución, comentó que Tapachula estaba viviendo al límite de sus capacidades de infraestructura antes de la primera caravana y que la Comar no tiene la capacidad para cumplir con la demanda de solicitudes de refugio.
A las afueras de las oficinas de la Comar ubicadas en el centro de Tapachula, las filas de migrantes son extensas desde antes del amanecer, todos los días de lunes a viernes. “Una institución como la Comar necesita más recursos”, dijo la fuente en entrevista telefónica.
Además, la ACNUR ha notado la fragilidad social que hay en Chiapas, uno de los estados con mayores índices de pobreza de México. “Muchas personas se quedan en el estado más pobre. Hay mucha presión sobre muchos servicios. La realidad social es dura”.
Después de la caravana, a partir del 19 de octubre, 3 mil 800 personas solicitaron refugio pero “algunos desistieron del procedimiento y retornaron a sus países”, según la Secretaría de Gobernación. En la actualidad se siguen procesando 2 mil 600 solicitudes de las cuatro caravanas de migrantes que han entrado al país de octubre a la fecha.
