A partir de mayo de 2022, los conflictos de los trabajadores serán atendidos por el Poder Judicial; sin embargo, a 10 meses de la implementación de este cambio, en el estado se carece de los recursos económicos para poner en marcha el nuevo modelo laboral
Blanca Carmona / La Verdad
Ciudad Juárez- Con escasos recursos económicos y en medio de un endeudamiento, Chihuahua enfrenta el desafío de poner en funcionamiento la reforma laboral en un plazo máximo de 10 meses.
Las primeras proyecciones indican que en la entidad se requieren por lo menos unos 600 millones de pesos para la implementación completa de la reforma para proteger los derechos de los trabajadores, señala Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, instancia que comenzará a atender los conflictos laborales.
Fotografía: Tomada de Facebook
Adoptada para responder a los compromisos de México con Estados Unidos y Canadá, en el pacto comercial trilateral conocido como T-MEC, el nuevo sistema debe iniciar el primero de mayo del 2022.
Actualmente, en la entidad solo se cuentan con 75 millones de pesos para echar a andar los cambios que, se aseguran, serán de la misma magnitud que la reforma procesal penal instrumentada en la entidad en 2007.
“Obviamente esto puede empezar de forma escalonada, que es lo que yo creo va a ocurrir, tenemos por ejemplo el presupuesto inicial de apoyo federal que son 75 millones. A ver el Congreso del Estado de dónde puede echar mano para complementar esa parte, andamos también (en la búsqueda de) fuentes de financiación a través de instancias internacionales, pero lo que le puedo trasmitir es que un tema de una inversión muy importante”, explicó González.
El presupuesto del Poder Judicial es poco más de dos mil millones de pesos y el monto que requiere el cambio en materia laboral, 600 millones de pesos, representa casi la cuarta parte del presupuesto total, estimó el magistrado.
El primero de mayo del 2019 se publicó el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en el país. En esas se establece que se deberán poner en funcionamiento los Centros de Conciliación Laboral, y será obligatorio que los involucrados traten de alcanzar un acuerdo a través de esta instancia antes de interponer una demanda.
El Poder Judicial aún no ha determinado con cuántos juzgados va a iniciar la implementación de la reforma laboral en Chihuahua, eso dependerá de los recursos económicos. Sin embargo, se considera que debe haber jueces laborales, en por lo menos cuatro a cinco municipios; Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y tal vez Delicias.
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Los Centros de Conciliación se conservarán en la esfera del Poder Ejecutivo y se estima, como en su momento ocurrió con la reforma penal, que la gran mayoría de los asuntos que lleguen a estos centros de conciliación terminen en medidas conciliatorias y solamente un porcentaje pequeño, aproximadamente un 20 por ciento, se turne a los jueces laborales, dijo González Villalobos.
El Poder Judicial de cada entidad federativa será el responsable de los tribunales laborales. En Ciudad Juárez no se cuenta con un edificio que pueda albergarlos, el inmueble donde funcionan los juzgados civiles y familiares esta saturado explicó el magistrado presidente del Tribunal al señalar que tanto la Federación como el Municipio los están ayudando en la búsqueda de alguna propiedad que les puedan entregar en comodato para instalar las salas, así como el Centro de Conciliación Laboral.
“Los jueces laborales van a llevar a cabo audiencias en sentido estricto, habrá toda una metodología propia de los sistemas orales”.
Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del TSJ de Chihuahua
En materia laboral se había acusado desde hace mucho, que los principios seguían, pero en los hechos ocurría que cada mesa llevaba una audiencia y era posible que un solo abogado pudiera atender simultáneamente varias audiencias y ahora no, eso no va a ser posible, abundó.
“Las audiencias van a ser como las penales, va haber una sala de audiencias, va a estar el juez, van a estar las partes, hasta que no termine ese asunto no se puede empezar con otro, entonces es un cambio importante”, explicó.
El nuevo modelo laboral establece que van a funcionar de forma paralela dos sistemas, continuarán vigentes las juntas locales de Conciliación y Arbitraje para atender todos los casos que se generen hasta el 30 de abril del 2022, y también operaran los Centros de Conciliación y juzgados laborales, que iniciarán con carga cero para atender los asuntos que se reciban a partir del primero de mayo de ese año. El primer sistema estará vigente hasta que concluya con toda la carga de trabajo.
Las plazas para jueces y secretarios del nuevo sistema serán concursadas, quienes laboran en las juntas pueden participar, pero el grueso del personal se quedará en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, indicó el magistrado presidente del TSJ.
La reforma laboral también incluye la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá oficinas en las 32 entidades federativas. Además, se planea aplicar el principio del voto libre y secreto para la constitución de sindicatos y para la elección de los líderes.
“Habrá jueces federales y locales, los federales se harán cargo de lo sindical y de otros supuestos, jueces locales van a atender los asuntos que tradicionalmente son atendidos por las juntas locales”, indicó.
También, anadió, habrá un juez perteneciente al Poder Judicial para dar certidumbre a las medidas económicas, a los inversionistas, para los que vienen a abrir empresas en México.
Sobre el tema sindical, González Villalobos dijo que es un tema importante. “Esa parte no va a estar en nuestra cancha, va a estar en la cancha de los juzgados federales, de esta materia, pero también es una reforma que implica una democratización de los sindicatos, por lo tanto, una expectativa de un cambio profundo”, consideró el magistrado.
Todos esos cambios y la premura con la que se requieren ponen en un aprieto a las autoridades judiciales. Principalmente porque al cierre de la presente administración, el endeudamiento en el Estado de Chihuahua será de alrededor de 47 mil 987 millones de pesos, de acuerdo con datos periodísticos basados en reportes de la Secretaría de Hacienda.
No hay presupuesto disponible para implementar la reforma encaminada a proteger los derechos de los trabajadores
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