Leobardo Alvarado
Activista y gestor cultural
Exigir el cese inmediato a la “revisión de rutina” y evitar la tentación de establecer “retenes para prevenir” la inseguridad debería ser la primera preocupación para la sociedad, para organizaciones sociales y gobiernos locales ante la manera en que el gobierno federal inició acciones para detener la violencia e inseguridad, porque De facto se ha instalado lo que será la Guardia Nacional.
Sobre todo, esto debiera ser prioritario para la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, atendiendo a la dolorosa experiencia de Ciudad Juárez con la militarización.
Lo ideal es que hubiera una oposición general a la militarización de las policías locales, pero ya sabemos que no sucederá. No al menos si la población agraviada no es la que lo demanda.
La inevitable instauración de una estrategia policial con tintes como la propuesta Guardia Nacional, aunque de ésta se haya dicho que sólo sucederá si el Congreso decide y el pueblo demanda mediante encuesta que se supone habría de realizarse el 19 de marzo próximo, ya ha tenido sus primeros efectos en la ciudad.
Los hechos videograbados por el reportero Miguel Vargas de una detención injustificada en las calles 16 de septiembre y Américas de esta Ciudad Juárez (http://cort.as/-CkGY), demuestran la violación a la Constitución Mexicana en su Artículo 16 que a la letra dice:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
En el video, el policía que viaja junto a un agente que conduce y una mujer policía, en la parte trasera de la Patrulla 16224 de la División de Gendarmería de la policía federal, cuestionados, admiten que hicieron una “revisión de rutina” a raíz de una denuncia a una persona que caminaba por la calle.
En este tema es necesario puntualizar porque la experiencia en esta ciudad nos dice que hay una memoria de cómo suceden las violaciones a los derechos humanos.
Aunque es un agente el que responde a la pregunta del reportero, la experiencia dice que son los tres que viajan en el vehículo quienes están involucrados en la detención injustificada que hicieron, ya que ninguno dijo lo contrario. Así que la violación al Artículo 16 de la Constitución es una carga que recae en los tres agentes.
La relevancia de puntualizar es porque en los casos donde se da la violación a los derechos humanos, la constante es la complicidad entre los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado que funcionan en una lógica vertical.
Pero también, es una realidad que la denuncia a la que se alude es un dicho del policía, y en ese sentido, debe quedar en “supuesto” hasta saber la versión de quien fuera detenido injustificadamente y violentado en sus derechos.
Desgraciadamente, y aquí los fallos, en este caso de quien reportea. No sabemos porque no ha quedado registro en la grabación de las otras partes. Aun así, queda en la versión periodística como argumento previo antes de la entrevista, una imagen breve de inicio del video, en la que se ve a los policías en la banqueta deteniendo a una persona.
Es importante aclarar que no se ve contacto físico entre los policías y el transeúnte; sin embargo, después el policía admitirá en la entrevista que fue una revisión de rutina para ver si la persona que detuvieron no traía drogas o armas.
Por supuesto, queda pendiente de saber lo que relaten los oficiales en el parte informativo obligatorio que debieron haber rendido. No sabemos hasta hora si hay ese parte informativo, aunque es probable no lo haya por considerarse un hecho intrascendente para la policía ejecutora. No así para el tema del respeto irrestricto de los derechos humanos y de la Constitución.
Según reportes de la prensa (http://cort.as/-CkGi), en tres días se suman 350 elementos militares del Noveno Regimiento de Caballería con sede en la Guarnición de la Plaza en esta ciudad. Se confirma en ellos y de acuerdo a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que los militares se abocarán por ahora a la vigilancia en el Centro de la ciudad. En conjunto, militares y policía federal, tienen la responsabilidad de que si hacen detenciones son ellos quienes habrán de seguir el proceso burocrático; es decir, cumplir con la cadena de custodia.
De acuerdo pues a la información publicada en medios, los policías federales que detuvieron injustificadamente a un transeúnte debieron entregar un reporte. De ello se desprendería que los hechos y la manera en la que actuaron, anuló la Constitución en su artículo 16, no daría cuenta de un protocolo con el que se condujeron, y que más bien fue libre albedrío que se reviste de moral a partir de una orden recibida lo que finalmente hicieron, sabiéndolo o ignorándolo.
Es decir, actuaron bajo una orden de carácter militar para establecer el orden moral en la sociedad. Eso es lo que se deduce de las declaraciones del policía entrevistado en el video.
La información publicada hasta ahora dice que los militares no pueden llevar a las personas que detengan a las instalaciones militares porque eso sería violatorio de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades.
La experiencia en esta ciudad señala que es muy poco probable que con el método de las revisiones de rutina o los posibles retenes que instalen, detengan a los criminales que generan la violencia homicida y que es la que más preocupa a la ciudadanía.
Por el contrario, más bien esto avizora un actuar para crear miedo y zozobra en la sociedad, característica de lo militar. Y es el espacio público donde primero se manifiesta la práctica del miedo como herramienta para contener y segmentar a una población.
Esta violación flagrante que tomamos para ejemplificar lo que estará sucediendo en la ciudad de no poner atención al tema, llevará a una ola de terror. Lo vivimos desde el 2008, esa es nuestra memoria.
Lo militar contraviene en lo que reiteradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en cuanto a que su gobierno se conduzca en el marco de la expresión juarista: “al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie”.
Sin duda su disposición a que sea la Constitución Mexicana el eje rector en el periodo de gobierno 2018-2024, es encomiable. Así mismo, el que haya insistido en que quien gobierna es el pueblo porque él ha emanado de allí y por tanto es “al único” que se debe.
Lo anterior, lo articuló en la idea de que él ya no se pertenece, sino que pertenece al pueblo. Reforzó esta posición al final de su discurso en la toma de posesión del sábado primero de diciembre ante el Congreso federal al recordar lo que un joven le dijo en el trayecto hacia recibir la investidura presidencial. No tengo derecho a fallar, lo resumió. (http://cort.as/-CkGq)
Sin embargo, si no ponemos atención a estos temas que ya se ejemplifican en un solo caso en las calles de la ciudad, muy pronto estaremos viendo la realidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desvirtuada de sus buenas intenciones.
Sabemos que en lo local-regional es donde se encuentra el reto, para todas y todos. Pero son los gobiernos quienes primero deben actuar. De no hacerlo, entonces es la sociedad la que debe dar un paso adelante.
En ese sentido, ya la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz debería estar llamando a cuentas a los policías de la patrulla 16224 de la División de Gendarmería de la policía federal que violaron la Constitución en su artículo 16 porque detuvieron injustificadamente a una persona bajo la lógica de “una revisión de rutina”.
Quizá como ejemplo debieran en congruencia de los símbolos que por doquier ha sembrado el presidente Andrés Manuel, obligar a esos policías a disculparse públicamente. Al menos claro que se quiera ser más contundente, y entonces se les destituya toda vez que se considera grave lo que hicieron.
JUAREZ, UNA CIUDAD DE DERECHOS.
luitbard01@gmail.com
