En Tijuana, los policías municipales en la pandemia sobrevivieron con insumos que les donaron, compraron o fabricaron ellos mismos, porque el municipio no compró nada para protegerlos. En cambio, la Secretaría de Seguridad entregó discrecionalmente millones de pesos sin licitación a empresas con antecedentes de ventas a sobreprecio, espionaje y acusaciones de favoritismo desde oficinas gubernamentales
Por Daniel Ángel Rubio / El Sol de Tijuana / Ilustración: Carlos Mendoza
Tijuana, Baja California- Entre marzo y diciembre de 2020, los policías de Tijuana se enfrentaron solos a la pandemia de covid-19. Sin tapabocas, gel antibacterial, caretas o cualquier elemento que les brindara algún nivel de protección ante la emergencia sanitaria, la única opción que tuvieron los más de dos mil 500 uniformados fue seguir con su trabajo en las calles.
Al final, las indicaciones de los altos mandos fueron claras. “Nos dijeron que negativo, que, si no había para los de salud, menos para nosotros”, recuerda un oficial que pidió no revelar su nombre.
Durante esos meses, considerados como los más duros de la pandemia por el número de muertes que se registraban a diario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm) no destinó un solo peso para comprar insumos de protección para sus policías, de acuerdo con una revisión hecha a los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En mayo de 2020, los agentes recibieron más de mil caretas. Pero todo era resultado de donativos. “El policía estuvo a merced de las donaciones de algunos organismos de la sociedad civil, que eran los que estaban proporcionando los equipos. Por parte del Ayuntamiento hubo cero protección”, afirma el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Juan Manuel Hernández Niebla.
Pero lo que la Secretaría sí compró en ese periodo crítico de la emergencia fueron botas a sobreprecio, uniformes de calidad cuestionable, tabletas electrónicas tres veces más caras que su precio en el mercado, equipos tecnológicos para realizar multas de tránsito y hasta un Jeep Cherokee blindado para el secretario de Seguridad Pública.
Con el pretexto de la Declaratoria de emergencia sanitaria firmada el 26 de marzo de 2020 por el entonces presidente municipal, Arturo González Cruz, con la cual autorizó a Oficialía Mayor a realizar todas las compras mediante adjudicación directa, se encontró que la Sspcm fue uno de los organismos que más aprovechó esta permisividad y laxitud en las contrataciones hechas en el primer año de pandemia.
De los 123 contratos firmados durante 2020 por el gobierno de la ciudad, la Secretaría entregó, en 21, casi 50 millones de pesos a compañías con antecedentes de irregularidades, no solo en Baja California, sino también en otros estados.
Proveedora Baja de Equipos y Textiles (Probetex), Mizco Consultores y Elite by Carga, son las compañías sobre las que pesan referencias de favoritismo y ventas a sobre precio, según contratos y documentos públicos de licitaciones pasadas.
Pero eso no importó para entregarles 28.9 millones de pesos durante el primer año de la pandemia de covid.
Grupo Gencotech, nacida en Puebla igual que Mizco Consultores, también está en esta lista y fue la compañía más afortunada: recibió 22 millones de pesos por 100 equipos para emitir multas electrónicas y crear una plataforma digital para un programa de recaudación. Sistema que solo operó durante cinco meses, de acuerdo con información pública y solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Este tipo de adjudicaciones directas, la suspensión de la fiscalización en tiempo real y de los plazos para entregar información pública a los ciudadanos con motivo de la alerta sanitaria, fueron elementos suficientes para prender las alarmas de los organismos de transparencia desde el inicio de la pandemia. “¿Qué es lo que ha ocurrido? Absolutamente todo lo que alertamos […] estás mandando una invitación a que haya compras, contrataciones públicas u obras con muy pocos niveles de transparencia”, dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana y que es a su vez parte de Transparencia Internacional.
Probetex, el nuevo proveedor con mala fama
Los policías de Tijuana reciben apenas un uniforme para laborar todo el año: un par de botas, un pantalón y una camisola. En el primer año de la pandemia esto no cambió y la Sspcm les entregó los mismos insumos.
Proveedora Baja de Equipos y Textiles (Probetex) fue la seleccionada para proporcionar este material en el 2020, el año del coronavirus; 4,852 camisolas, 2,426 pares de botas y 2,426 pantalones, por un total de 19 millones 333 mil 570 pesos, de acuerdo con los contratos ADQ-2020-AD-001Fortaseg, ADQ-2020-AD-002Fortaseg y ADQ-2020-AD-003Fortaseg.
Esta compañía hizo su debut como parte de los proveedores del gobierno de Tijuana apenas en 2020, de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Y a pesar de tener poco historial en el municipio, la firma, con sede en Mexicali, fue una de las más favorecidas por el gobierno municipal en 2020.
Con los tres contratos que ganó, Probetex se llevó cuatro de cada diez pesos del programa Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), según datos obtenidos vía transparencia. Estos convenios fueron firmados en junio de 2020, al mismo tiempo que la empresa enfrentaba acusaciones de favoritismo en Mexicali por la licitación 01-LA-802002998-E1-2020, destinada a la compra de uniformes para la policía de la capital del estado.
CSI Tactical and Balistic fue la que lanzó la acusación después de que presentara una propuesta casi 1.5 millones menor a la de Probetex y aún así no ganara el contrato. La empresa aseguró que la entonces alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el departamento de adquisiciones, ocultaron información para favorecer a Probetex, quien terminó recibiendo el convenio por 7.9 millones de pesos.
“El manipular licitaciones para favorecer a ‘amigos ‘ de la alcaldesa demuestra su desesperación para conseguir fondos para su próxima campaña”, se leía en un boletín que CSI Tactical and Balistic mandó publicar en diferentes medios de Mexicali antes de que la entonces presidenta municipal se convirtiera en la gobernadora electa de Baja California por Morena.
La alcaldesa, durante la entrega oficial de uniformes a la policía de Mexicali, dijo que “desde el inicio de su administración su instrucción fue de dotar a los elementos del mejor equipamiento, y de la mejor calidad”.
La compañía, con sede en Tijuana, fue contactada para conocer el resultado de su queja, pero respondieron que por el momento ya no harán más comentarios.
Sumado a estas acusaciones están las quejas de los elementos de la corporación sobre la calidad de los uniformes y, en especial, de las botas que les ofreció Probetex.
José Armando (nombre ficticio) lleva 12 años trabajando en la Secretaría y asegura que cuando se enteraron del cambio de proveedor de uniformes en 2020 y supieron sus características, no fueron por los uniformes ni por las botas.
En el contrato ADQ-2020-AD-002Fortaseg está asentado que Probetex cobró 5 millones 578 mil 150 pesos por 2 mil 246 pares de botas marca Comando, modelo Táctico 1515. Esto quiere decir que tuvieron un costo unitario de 2 mil 299 pesos, a pesar de que el fabricante, con sede en Guanajuato, las pone en su portal con un precio de 1,440 pesos, lo que significa que se pagaron alrededor de 850 pesos más por cada par.
Esta diferencia en los precios es una de las inconsistencias más comunes dentro de las compras del gobierno. Si en el mercado, el precio de un producto es menor al que paga cualquier oficina gubernamental, evidentemente algo no está bien, porque en el menor de los casos quien adquirió es un mal comprador, pero en realidad el problema es que las autoridades no realizan un verdadero estudio de mercado para comparar precios y tampoco toman en cuenta los antecedentes públicos por sospechas de irregularidades, explica Eduardo Bohórquez,
“Si vas a comprar consumibles para el aparato de seguridad del estado, lo menos que puedes hacer es buscar si estas empresas gozan de buena o mala fama”, asegura el director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
A esta serie de “irregularidades” se suma otra bandera roja: el precio por cada par de botas que se compraron en 2020 es el más alto que ha pagado la Sspcm de Tijuana en los últimos cinco años.
Lo más cercano fue en el 2019. El contrato ADQ-2019-AD-XXIII-002 Fortaseg estipula la compra de 2 mil 374 pares de botas a cambio de 5 millones 55 mil 717 pesos. La empresa que consiguió la adjudicación fue CSI Tactical and Balistic. Aunque la diferencia monetaria es mínima, la calidad de los productos entre ambas empresas es lo que sobresale.
CSI Tactical incluyó, en 2019, dos modelos distintos de la marca especializada 5.11, una de las más conocidas por los agentes, quienes aseguran que hay una buena relación costo-calidad.
“El que es `cuachalotón´, agarra lo que le den, pero la mayoría quiere andar 5.11”, cuenta José Armando. Además, después de conocer los montos que pagó la ciudad por las botas de cada agente, el policía afirma que ellos pueden conseguir mejor calzado con un presupuesto de entre 80 y 120 dólares, lo que significa alrededor de 1,600 y 2,400 pesos.
La marca Táctico, que fue la entregada por Probetex para los pantalones y camisolas de la Secretaría de Seguridad, tampoco es reconocida entre los oficiales. Pero estas quejas no son las únicas que ha recibido este proveedor de uniformes.
En junio de 2019, el gobierno de Baja California lanzó la licitación regional No. 32065001-033-2109. Una de las empresas participantes cuestionó que en las bases solicitaran pantalones y camisolas marca Táctico, además del uso de tela con “marca de agua infalsificable”.
En el acta de la junta de aclaraciones del 6 de junio de 2019 consta que el representante de Tactical Solution Body Armor argumentó que esa tela “no se encuentra en uniformes de línea, sino que es exclusiva de un solo proveedor local que es quien fabrica los uniformes, lo que hace imposible a los demás participantes poder ofertar bienes con esta característica”.
Tanto la marca de la ropa que solicitó el gobierno como la “marca de agua infalsificable”, son características únicas de Probetex. Al final, el estado dividió el contrato en tres partes, pero el de mayor monto, que era el de los uniformes y botas Comando 1515, por 588 mil 567 pesos, fue para la empresa mexicalense.
Probetex, según el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, fue fundada en 2009 en la ciudad de Mexicali, y el único socio fundador que se mantiene hasta la fecha, luego de algunos ingresos y salidas de otros participantes, es Óscar Rodríguez Hermosillo, quien está acostumbrado a realizar negocios con políticos y ex servidores públicos.
Uno de sus socios más relevantes en Probetex fue Javier Algorri Franco, actual secretario del trabajo en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. Algorri Franco ingresó a la sociedad mercantil el 28 de mayo del 2014 con un capital de 117 mil 500 pesos, según consta en el acta de la asamblea con folio 36603 y se retiró de la compañía el 17 de agosto del 2015.
El año en el que el Algorri se unió a esta sociedad fue uno de los de mejores para la empresa desde su fundación, tuvieron ingresos por 17 millones 777 mil 872 pesos, de acuerdo con una búsqueda en la plataforma QuiénEsquien.wiki, sitio que se alimenta con los contratos publicados en Compranet.
Probetex fue contactada vía correo electrónico a la dirección que aparece en el padrón de proveedores de Mexicali y al institucional, pero en el primero no hubo respuesta y en el segundo fue rechazado. En su almacén de Mexicali, el cual es una dirección diferente a la registrada en el contrato con la Sspcm en Tijuana, solo se encontraba una empleada que dijo no estar autorizada para dar ningún tipo de declaración y que el responsable estaba ausente por motivos de salud.
¿Proveedores confiables en la pandemia?
La entrega discrecional de recursos públicos llegó hasta la ciudad de Puebla cuando la Sspcm de Tijuana, encabezada en ese momento por Jorge Alberto Ayón Monsalve, contrató a un par de empresas de ese estado para comprar herramientas tecnológicas.
Mizco Consultores fue una de ellas. Compañía que, a pesar de haber sido acusada de vender cámaras de seguridad a sobrecosto entre 2018 y 2021 al gobierno de Puebla, en Tijuana logró venderle al ayuntamiento 325 tabletas electrónicas Huawei modelo MediaPad T3-10 a un precio promedio de 16 mil 600 pesos cada una, por lo que en total cobró 5.2 millones de pesos, de acuerdo con el contrato ADQ-2020-AD-004FORTASEG.
Al hacer una búsqueda en diferentes tiendas al público en general, se encontró que estos aparatos tienen un precio aproximado de cuatro mil pesos en el mercado. Los equipos que compró el municipio tienen las características mínimas que solicitó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y aun así se pagó, por lo menos, 1,400 pesos más de lo que cuestan tabletas de marcas reconocidas y con altos niveles de almacenamiento.
Esta compra se justificó por la puesta en marcha de un plan piloto para el llenado en línea del Informe Policial Homologado que llevó a cabo el Sesnsp, según diferentes oficios revisados.
El mismo día, 11 de junio del 2020, que Mizco Consultores logró ser el beneficiario de esta adquisición del gobierno, obtuvo un segundo contrato: 1.3 millones de pesos por dotar de servicio de Internet a estos dispositivos durante seis meses, de acuerdo con el documento ADQ-2020.AD.072.
Más de un año después de estas compras millonarias en pandemia, las tabletas siguen funcionando, pero no cumplen con su objetivo principal, ya que el software desarrollado por el gobierno federal era una versión de prueba que fallaba constantemente y la Sspcm tuvo que desarrollar su propia aplicación, la cual no está vinculada a la Plataforma México, explica Pedro Cruz Camarena, actual secretario de Seguridad de Tijuana desde el 13 de febrero de 2021.
Los más de cinco millones de pesos gastados en tabletas se quedan sin un uso real, porque la Sspcm termina destinando personal para “vaciar” en la plataforma federal los reportes que los policías generan diariamente.
Mizco Consultores nació en la ciudad de Puebla en noviembre de 2007 con un capital de apenas 50 mil pesos y un poco después de tres años, en febrero de 2011, esta cantidad ya superaba los 10 millones de pesos, según el Registro Público de Comercio.
Sus fundadores son Eduardo Izcoa Reyes y Moisés Arturo Villaverde Mier, quién a pesar de que en 2013 le donó sus acciones a su esposa María de la Luz Dávila Enríquez, firmó estos últimos contratos con el Ayuntamiento de Tijuana en calidad de administrador único.
A Villaverde Mier lo respalda un árbol genealógico importante, es sobrino de Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de los diputados federales de Morena y primo del alcalde electo de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, así como de la diputada local plurinominal, Daniela Mier, ambos por la fuerza política de Morena e hijos del líder parlamentario.
La segunda empresa poblana beneficiada por la Sspcm de Tijuana fue Grupo Gencotech, registrada en 2014 por Pedro Rubén Mier Vargas y Hugo Juárez Salgado. Esta compañía fue creada en Cholula, Puebla, y tiene una estrecha relación con Mizco Consultores.
Este vínculo va más allá del apellido Mier que comparten sus fundadores. En la licitación pública nacional CLN-LCP/01/2020, lanzada por el gobierno de Sinaloa para comprar cámaras de videovigilancia y una plataforma digital, Eduardo Izcoa Reyes, socio fundador de Mizco, fungió como representante de Gencotech en la junta de aclaraciones.
El contrato que Grupo Gencotech recibió en Tijuana el 26 de junio del 2020, sin licitación y sin tener antecedentes de ventas en Baja California, fue el ADQ-2020-AD-074. En pleno pico de la pandemia y cuando se le pidió a la gente no salir de sus casas más que a lo esencial, la policía municipal compró 100 equipos portátiles para infraccionara los automovilistas y desarrollar una plataforma digital con tres aplicaciones: una para los policías, otra para los ciudadanos y una más para el control de los ingresos para el personal administrativo.
Este centenar de aparatos costaron 22 millones 11 mil 609 pesos y fue la compra más alta que hizo el gobierno de Tijuana durante la pandemia, de acuerdo con la revisión de los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los equipos fueron entregados a la ciudad el 15 de agosto del 2020, y dos meses después, el Cabildo del entonces alcalde Arturo González Cruz, votó a favor de concesionar el servicio de multas electrónicas hasta por 10 años.
El Ayuntamiento argumentó que había una caída de ingresos a causa de la pandemia y el cobro digital de infracciones a los automovilistas ayudaría a la recaudación, además de evitar aglomeraciones en las oficinas de gobierno.
Finalmente, la concesión no se logró y los equipos para las multas operaron únicamente cinco meses, entre septiembre del 2020 y enero 2021, de acuerdo con información obtenida vía solicitudes de información.
Esos meses fueron suficientes para aumentar la elaboración de multas alrededor de 1,500 pesos por mes, en comparación con el mismo periodo de 2019. Desde 2016, la Sspcm no había recaudado tanto por infracciones, según las estadísticas de la Secretaría.
Este tipo de compras fueron hechas al mismo tiempo que la ciudadanía se veía envuelta en una ola de contagios por el covid19 y los elementos policíacos no contaba con un solo elemento de protección para continuar con sus labores.
Y en algunos casos, como este, varios actores políticos ni siquiera se enteraron de la compra de estos aparatos electrónicos. “Es esa sesión (de Cabildo) yo fui electo como regidor representante y, hasta la fecha, nunca recibí la invitación para la licitación de a qué empresa se le iban a adquirir esos aparatos […] No sé si fue por la pandemia que se podían adjudicar directamente a una empresa y ya no tuve conocimiento”, explica José Cañada García, regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Para el secretario de Seguridad fue una sorpresa saber esta compra, porque cuando él llegó al cargo ya no estaban en operación. En el reporte que le entregaron, asegura que se especifica que hubo problemas con el software y de cobertura con la señal, ambas eran obligaciones de Gencontech, por lo que sus representantes se reunieron con las autoridades municipales. “Pueden haber dicho y venido las veces que quieran, pero la realidad es que no se solucionó nada. Esa es la gran verdad”, asegura Cruz Camarena.
Ambas empresas, Miz Consultores y Grupo Gencotech, fueron contactadas vía correo electrónico a las direcciones que aparecen en el padrón de proveedores, pero ninguna contestó. Además, no cuentan con un portal de Internet, por lo que son pocos los datos con los que se cuentan.
Estas compras y estas empresas llegaron hasta la lista de proveedores de Tijuana en el periodo de Jorge Alberto Ayón Monsalve, por lo que el secretario Pedro Cruz las desconoce por completo. “No sé quiénes eran, no me metí a investigarlos porque ya no era una afectación directa para mí […] Claro que informé, la alcaldesa sabe por ejemplo que esos aparatos no funcionan, pero ese informe se dio antes de que llegáramos nosotros”, dice Cruz Camarena.
A pesar de estas fallas conocidas en las oficinas del gobierno, en respuesta a una solicitud de información, tanto la Sspcm como la Oficialía Mayor, aseguraron que no existe ningún reporte de incumplimiento del contrato ADQ-2020-AD-074, adjudicación con la que Gencontech ganó más de 20 millones de pesos por equipos que actualmente no funcionan.
Al igual que Probetex y Mizco Consultores, Gencotech tiene amplios vínculos con actores de gobierno. Hugo Juárez Salgado, socio fundador de Gencotech, fue director del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) poblano, mientras que Pedro Rubén Mier Vargas fue analista en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desde marzo de 2019 hasta febrero de 2021, y hoy es jefe del departamento de Informática en la Agencia de Energía del estado.
Incluso el 6 de junio del 2019, cuando no había pasado ni un mes de que le vendiera sus acciones a su esposa Mariana Vázquez González, y ya laborando en el gobierno poblano, Pedro Rubén Mier Vargas firmó un contrato de 22.8 millones de pesos con el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a cambio de un sistema de grabación de voz y llamadas.
Estos contactos dentro del aparato de gobierno, ya sea con socios o trabajando directamente en la función pública, necesariamente tienen que ser revisados en cualquier compra gubernamental, asegura Transparencia Mexicana.
“Principalmente tienen acceso a información privilegiada sobre los bienes que va a comprar el estado. Lo segundo es que pueden tener subalternos, conocidos o redes que están dentro del municipio, aunque ellos ya no sean funcionarios en activo. Y tercero, como tuvieron información de otras empresas y otros actores políticos, pueden utilizar esa información para generar presión de alguna manera”, dice Eduardo Bohórquez.
A pesar de que en la compra de los uniformes y de los equipos tecnológicos, la Secretaría de Seguridad de Tijuana comparó tres cotizaciones para cada contrato y seleccionó a las que dieron el costo más bajo, Transparencia Mexicana explica que esto ya no es novedad dentro de las adquisiciones gubernamentales, sino que más bien se ha convertido en una modalidad de la que abusan los sistemas de contratación pública.
Lo que han encontrado, explica el director ejecutivo de la organización sin fines de lucro, es que los proveedores se “cartelizan”, y uno de ellos pide a sus competidores entregar propuestas más altas que la suya.
“No es una diferencia de mercado, es una diferencia artificial. Tendría que activarse la Comisión Federal de Competencia Económica porque son temas de mercado, no solo de opacidad”, reitera Eduardo Bohórquez al explicar la serie de mecanismos de revisión que hicieron falta durante la pandemia.
Y siguieron las compras
En 2013, la empresa Elite by Carga estuvo envuelta en el escándalo de espionaje que protagonizó a nivel nacional la compañía italiana Hacking Team. En ese momento, la administración del entonces gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid fue acusada de adquirir programas con ese fin.
Elite by carga, creada en Tijuana en abril del 2010, negó haber sido la intermediaria en esas compras, y siguió siendo proveedora en el estado, sobre todo en las ciudades de Tijuana y Ensenada. Esta compañía es propiedad de Carlos Alberto Guerrero Villanueva, según datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, igual que Blindado Seguro, y ambas fueron contratadas por el Ayuntamiento de Tijuana durante el 2020.
En total, las dos compañías obtuvieron 4 millones 108 mil 61 pesos por bastones de seguridad, lámparas de mano y refacciones para patrulla. En el primero de los contratos, el ADQ-2020-AD-007FORTASEG, el municipio pagó 1 millón 576 mil 161 pesos por 871 bastones marca Triple K #1414, porta bastón incluido.
Esto quiere decir que tuvieron un costo aproximado de 1,809 pesos por cada juego, mientras que la empresa fabricante los ofrece en línea en 38 dólares. En diciembre, cuando fue firmado el contrato, el tipo de cambio estaba a 20 pesos por dólar, lo cual quiere decir que estos equipos deberían de haber costado alrededor de 800 pesos cada uno.
No solo eso, ni los bastones, ni las 911 lámparas Powertec M5, adquiridas por 1 millón 481 mil 577 pesos en el contrato ADQ-2020-AD-007FORTASEG, eran compras programadas.
Este dinero estaba destinado originalmente para el programa de prevención de violencia escolar, pero en octubre de 2020 la policía le pidió al Sesnsp redirigirlo al renglón de “Equipamiento”, según lo estipulado en el oficio 625/SSPCM/2020.
Esta no fue la primera vez que Elite by Carga vendió a la ciudad algún producto por encima del precio en el mercado.
En 2016 firmó el contrato ADQ-2016-AD-001FORTASEG para entregar 1,400 cámaras fotográficas por 5 mil 500 pesos cada una. En total ganaron 7 millones 700 mil pesos. Estos aparatos eran marca Samsung modelo Smart WB30F, un equipo que, según portales especializados en fotografía, fue presentado en 2013 y salió al mercado a un precio de aproximadamente 2 mil pesos.
Otra de las 21 compras que realizó la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana invocando la declaratoria de emergencia por coronavirus, fue un Jeep Cherokee blindado para uso del secretario de Seguridad. Cruz Camarena confirmó que el vehículo sí está en poder de la Sspcm, y aunque no descarta su utilidad por la presencia del crimen organizado en la ciudad, tampoco cree que haya sido el auto más indicado.
“No puedo meter un Jeep Cherokee a corretear o bloquear una calle, le quito la parte táctica”, comenta.
El contrato ADQ-AD-2020-067, firmado el 27 de mayo, a casi tres meses de que empezara la crisis sanitaria por el covid19, dice que el vehículo fue adquirido por 1 millón 967 mil 62 pesos a la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología, creada y establecida en Aguascalientes.
El contrato fue firmado por Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, el empresario que la fundó en 2013, y quien en el pasado proceso electoral compitió por la alcaldía de Aguascalientes abanderando al partido Morena.
Además, IBN fue inhabilitada desde el 31 de marzo de 2021 para firmar contratos con entes gubernamentales por un periodo de dos años, informó la Secretaría de la Función Pública.
Los últimos contratos que firmó la Secretaría de Seguridad de Tijuana fueron los de Elite by Carga, y eso fue en diciembre del 2020, durante la etapa de la pandemia que la Secretaría de Salud de Baja California llamó “el invierno negro” por la cantidad de muertes y contagios.
Y fue ese diciembre cuando enfermó de covid-19 el oficial Blanco Anzures, luego de que sus superiores le ordenaron acudir a Issstecali por una lesión en la cabeza producto de la atención a un reporte de riña, recuerda su viuda Guadalupe García.
Por eso ella sostiene que murió en el cumplimiento de su deber, aunque el secretario de seguridad, Pedro Cruz, asegura que es difícil saber cuántos de los oficiales que murieron por covid-19 se contagiaron mientras vigilaban las calles.
Guadalupe sólo recibió el seguro del ayuntamiento que sirvió para los gastos provocados por la enfermedad, y del finiquito le notificaron que salió debiendo 2 mil pesos al municipio porque su esposo adeudaba equipo.
Por el contacto que tiene con otras viudas, ella estima que son alrededor de 30 los policías de Tijuana que murieron durante la pandemia mientras la Sspcm entregaba millones de pesos en contratos.
“Les están dando… una burla, una burla en la cara”, dice Guadalupe sobre los pagos a las familias.
NOTA: Agradecemos a Ernesto Aroche y al equipo de Lado B, en Puebla, su colaboración e importante apoyo en la realización de esta investigación.
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*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
