Activistas, cuidadoras, académicas y legisladoras luchan por crear una política pública nacional que valore y reconozca los trabajos que sostienen la vida, en su mayoría, realizados por mujeres sin que ellas reciban remuneración.
Por Eugenia Coppel
Margarita Garfias es una mujer que trabaja sin remuneración. Su hijo Carlos, a punto de cumplir 18 años, tiene una discapacidad múltiple que le impide valerse por sí mismo y ella es la principal responsable de atenderlo. Además de otorgarle cuidados especializados –como medicar, nebulizar, aplicar terapias y llevarlo a sus citas médicas– Margarita cocina, hace las compras, lava la ropa y limpia la casa, entre otras tareas cotidianas.
“Los cuidados son las actividades para preservar la vida de cualquier persona”, dice en entrevista la también activista por los derechos de la población con discapacidades y de las cuidadoras en general. Garfias es la fundadora y coordinadora de la asociación Familias y Retos Extraordinarios “Bienvenidos a Holanda”, que a su vez forma parte de la Red de Cuidados en México.
“A través de la vivencia personal y de las historias de otras mujeres y familias de la asociación,nos hemos dado cuenta de la mala distribución del trabajo de cuidados que nos lleva a nosotras a la pobreza económica”, señala Garfias. Lo anterior la moviliza a luchar por la existencia de programas y servicios públicos que permitan una redistribución más igualitaria de las labores que sostienen la vida.
Uno de sus mayores logros como activista ocurrió en 2019. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a su hijo Carlos, por el cual se obligó a la Secretaría de Salud a darle los medicamentos cannabinoides necesarios para tratar su epilepsia refractaria. Ahora, junto con otras activistas, organizaciones civiles y legisladoras, ha enfocado sus esfuerzos en el diseño y la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC).
Garfias explica que el Estado, como garante de derechos, debe garantizar el derecho de todas las personas a recibir cuidados dignos, correspondientes a su edad y condición, desde su nacimiento hasta su muerte. Para ello es necesario que ofrezca una variedad de productos y servicios, como sucede con los sistemas nacionales de salud o educación.
Aunque hoy en día el Estado mexicano ya ofrece algunos de estos servicios, como las guarderías o las casas de día para adultos mayores, ella y otras activistas señalan la falta de una política transversal de cuidados, que cuente con un presupuesto anual para organizar y ampliar los servicios que ya existen.
Las organizaciones sociales que impulsan el SNC, integradas en la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio de las Mujeres, han hecho hincapié en la necesidad de reconocer, además, los derechos de quienes cuidan.
“Son las mujeres las que tienen pobreza de tiempo y esto debido al mandato patriarcal que las obliga a dedicar toda su vida y todo su tiempo al trabajo doméstico y a los cuidados de las demás personas”, señaló en la conferencia Derecho al cuidado digno y al tiempo propio de las mujeres Pilar Alberti, académica e integrante de la organización Las Constituyentes CDMX Feministas, que forma parte de la coalición.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019, las mujeres dedican 40 horas a las semana a actividades no remuneradas, a las cuales se suman 38 horas semanales que dedican al empleo pagado. Los hombres, en cambio, sólo dedican 15 horas de la semana a las tareas del hogar y 48 horas al mercado laboral.
“Para cambiar esta situación que es injusta, es necesario despatriarcalizar la sociedad y acabar con los micromachismos, la misoginia y las violencias, y exigir que los hombres dediquen el mismo tiempo que las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados”, añadió Alberti.
Todos necesitamos y ejercemos cuidados. Por ello, Luz Galindo, especialista en género, políticas públicas, cuidados, diversidad familiar, bienestar y corresponsabilidad social, propone considerar a todos los sectores de la población para el diseño de un SNC integral, incluyendo a la comunidad de la diversidad sexual y a las familias no tradicionales.
“Desde hace siglos el género lo hemos pensado en binario cuando nunca ha sido así, hay géneros no binarios y, bueno, qué está pasando en la redistribución de trabajos en esas familias porque no se ha hablado, y cómo lo vamos a considerar. Desde mi visión, esta perspectiva se está ampliando, hay que seguir trabajando mucho desde los diferentes ámbitos en el desdibujamiento de los roles de género porque todas las personas tendríamos que colaborar para el bienestar de todas”, menciona Galindo.
Un camino legislativo detenido
El confinamiento derivado de la pandemia permitió visibilizar la importancia de las tareas de cuidados. Cuando las ciudades se quedaron vacías, continuaron trabajando quienes realizaban actividades para sostener la vida: el personal del sector salud, del sector alimenticio y, por supuesto, millones de personas que vieron crecer sus responsabilidades en casa.
“Esta necesidad resultó muy evidente y muy vivida por parte de toda la sociedad durante la pandemia, que es esta necesidad de reconocer que los cuidados sostienen la vida y que hay que tener esta corresponsabilidad, que hay que hacer inversiones, que hay que crear sistemas y que hay que ponerlo en el centro de la agenda pública a nivel nacional e internacional”, expresa en entrevista Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
En el contexto de la contingencia sanitaria, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para la creación del SNC. Al modificar los artículos 4 y 73 constitucionales, en noviembre de 2020 se incorporó el derecho al cuidado con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad y el Estado. Además se garantizó el derecho de todas las personas para decidir si adquieren o no la obligación de cuidar a alguien que lo requiera.
Actualmente la iniciativa se encuentra detenida en el Senado. Una vez que la reforma sea aprobada deberá diseñarse propiamente el SNC. “Necesitamos de la voluntad política para que siga avanzando y se requiere también de presupuesto. Ahí tenemos detenida la ley y todo el sistema, no es un tema que se esté considerando ahora como prioritario y la pregunta es por qué”, destaca Luz Galindo, docente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Lorena Villavicencio, una de las diputadas de Morena responsables de impulsar el proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, lamenta que los senadores no la hayan aprobado ni contemplado para el presupuesto de 2022.
“El Sistema Nacional de Cuidados es un enclave fundamental para garantizar la autonomía de las mujeres y el libre desarrollo de su personalidad, dos elementos necesarios para que puedan impulsar su proyecto de vida y que los cuidados dejen de ser vistos como monopolio de las mujeres”, sostiene en entrevista.
Una de las cuestiones más urgentes, en su opinión, es garantizar la seguridad social para las mujeres que trabajan sin remuneración, ya que no se encuentran adscritas a ninguna institución de salud. “Hay que darles acceso a los derechos económicos y laborales que sí tienen quienes trabajan en la economía formal”, afirma Villavicencio.
Lo anterior implicaría aumentar la infraestructura de guarderías y escuelas de tiempo completo, continúa la exdiputada, “para que las mujeres que trabajan en la economía informal puedan acceder a ellas y garantizar un cuidado digno para la niñez”. También considera que se deben ampliar los servicios de cuidados para las personas con discapacidad y los adultos mayores, por ser de los grupos sociales más vulnerables.
El valor económico de los cuidados
Si tuvieran que pagarse las tareas de cuidados que realizan de forma gratuita las personas en México, y mayoritariamente las mujeres, dicho monto representaría 5.5 billones de pesos, es decir, 23.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2018.
Y si al menos uno o dos por ciento de ese total se convirtiera en una economía de mercado, “habría un crecimiento espectacular”, dice en entrevista la académica Mónica Orozco, investigadora especializada en género y políticas públicas, directora de Genders A.C., consultora de gobiernos y organismos internacionales y catedrática en instituciones de México y la Universidad de Berkeley.
Orozco señala que hablar de un sistema de cuidados suele asociarse con la existencia de guarderías, un servicio público que en México existe desde la mitad del siglo pasado. Sin embargo, la académica afirma que debe ser mucho más amplio: “Implica la regulación de las trabajadoras del hogar, la cobertura de protección social, un salario digno y el reconocimiento del aporte que hacen, no sólo en términos económicos, sino de verdadero bienestar y de reproducción social”.
Además considera que el SNC debe ser universal, es decir, accesible a todas y todos. Lo que sucede, en cambio, es que muchos de los servicios de cuidados quedan a cargo de la sociedad civil o de organismos privados y, por lo tanto, sólo son accesibles para un segmento de la población que puede pagar por ellos.
“Uno de los grandes obstáculos para avanzar en el Sistema Nacional de Cuidados es el presupuesto, porque las mujeres asumimos esos cuidados casi en su totalidad y de manera gratuita para la sociedad”, afirma Mónica Orozco. Para la especialista es necesario entender que si bien habría un incremento en los costos, la inversión se traduciría en una mayor inserción laboral de las mujeres y, por lo tanto, en mayores ingresos para ellas.
En su opinión, el financiamiento del sistema es el meollo de la discusión actual. “Desde luego lo óptimo es contar con un financiamiento netamente público que permita la provisión de servicios gratuitos, pero creo que en México estamos muy lejos de eso. Hay que seguir insistiendo por ese camino, pero también hay que reconocer otras posibilidades”, dice Orozco.
Algunas de ellas son las asociaciones de recursos públicos y privados para incrementar la oferta de cuidados; la creación de leyes para obligar a las empresas a hacer esquemas de conciliación con sus empleados y empleadas; o la creación de incentivos fiscales para hacer deducibles los servicios de las personas cuidadoras en general y no únicamente las especializadas en salud.
“El problema en México y América Latina es que los niveles de informalidad son elevadísimos, y con un sistema tributario tan complejo como el que tenemos, acabas beneficiando a un segmento nada más. Por eso tiene que haber una mezcla de cosas para poder echar a andar un sistema de esa envergadura”, apunta la académica.
El 2 de julio de 2021, el Gobierno de México, a través de Inmujeres, y ONU Mujeres hicieron un llamado a sumarse a la Alianza Global por los Cuidados y a transformar la economía de estos trabajos que sostienen la vida con perspectiva de género. Se trata de promover compromisos, acciones concretas, financiación y colaboración entre los actores corresponsables y las personas proveedoras de cuidados.
“Nosotras como convocantes, como líderes de esta alianza junto con ONU Mujeres, la hemos estado promoviendo para reconocer que los cuidados son un bien público, que deben ser un derecho, que tenemos que preocuparnos por quienes cuidan y las personas que requieren cuidado y que tenemos mucho que intercambiar en términos de buenas prácticas pero también de los desafíos que tenemos, porque realmente hay pocos países que tengan resuelto el tema de los cuidados”, expresa Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres.
Gasman señala la necesidad de que se redistribuya la carga de trabajo entre las familias, la comunidad, y que se involucre al sector privado, mientras que el Estado, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, tenga un papel coordinador. Adelanta que desde el Inmujeres ya están realizando estudios de costeo y retorno para demostrar que un SNC universal es una inversión inteligente y rentable.
Para la exdiputada Lorena Villavicencio, es imperativo que las activistas de la sociedad civil organizada, como Margarita Garfias, tengan un rol de liderazgo en el diseño y puesta en marcha del SNC. “Las activistas están haciendo grandes aportaciones al tema; es su causa de vida y hay que abrirles a ellas las puertas del Senado para que se escuche su voz”.
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* Eugenia Coppel es periodista independiente
