Las mujeres campesinas han visto limitados sus derechos sobre la tenencia de la tierra, tanto la ley como los usos y costumbres obstaculizan que puedan ser posesionarias. Esta es la historia de la lucha de mujeres indígenas por su derecho a un territorio
A las mujeres de San Isidro, Jalisco, a 10 años de denunciar al Estado mexicano
en el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la violencia a la tierra,
despojo del ejido y envenenamiento a sus familias…pero que siguen sin justicia
Por Jade Ramírez Cuevas V. / Perimetral
Jalisco- A las mujeres indígenas, mestizas, comuneras, ejidatarias y de cualquier edad en México, se les han ido reduciendo sus derechos sobre la tenencia de la tierra. Sus opiniones no son tomadas en cuenta en el mismo nivel de importancia que los ejidatarios a la hora de tomar decisiones sobre el territorio en el que nacieron y del que se alimentan.
Hay dos razones para esto: la Ley Federal de la Reforma Agraria que le ha dado a los hombres el control del 72% de los ejidos como posesionarios o titulares; y los usos y costumbres en cada comunidad indígena y rural; donde se establecen condicionantes legales que obstaculizan a las mujeres ejercer, en la misma libertad que un hombre, el derecho a la tierra.
Maricela Serio Carrillo es comunera de San Sebastián Teponahuaxtlán, en la sierra wixarika de Jalisco. Esta joven de 24 años se considera una mujer “de mil trabajos” y ya acumula en su experiencia haber sido Secretaria de la Asamblea Comunitaria.
Ella comenta cómo es la participación de la mujer en su comunidad, la cual está disminuida:
“Aquí aunque la mujer sea comunera, si tienes esposo, no sales mucho a las asambleas, a las reuniones, donde se platica sobre la tierra. Te tienes que quedar en la casa cuidando a los hijos y tu esposo tiene que ir a la reunión, y así no nos damos cuenta de qué se trató o cómo va la problemática de la tierra.”
Por ejemplo, en San Andrés Cohamiata, también comunidad wixaritari de Jalisco, la problemática es la misma según la vivencia de Benita Mijarez :
“Yo siempre he creído que el hombre se quiere poner encima de las mujeres pero pues no, que quiere agarrar todo la tierra de la gente, porque mi hermano piensa que el corral que estaba ahí era de mí papá nada más, pero no nada más era de él sino de toda la gente que trabajaba.”
A Benita se le dificulta tener acceso a la tierra y sembrar el alimento para su subsistencia.
Incluso por problemas de acceso y posesión de la tierra, arrebataron la vida de su primera hija.
En una ocasión, que ella no estaba en la sierra, su hermano menor aprovechó para reclamarle el problema de la tierra a la niña cuando andaba sola con una bestia en el campo. El reclamó porque “se sentía único heredero”, dice Benita.
La forma en que su hija murió en ese evento, sigue sin ser esclarecida en la comunidad. No se habla al respecto, pero resulta más cotidiano de lo que se cree.
A pesar de esto, en la sierra wixárika, las oficinas gubernamentales encargadas de prevenir y erradicar la violencia de género (como Igualdad Sustantiva del Estado de Jalisco, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos) no hacen nada al respecto.
Saben de estos roles impuestos por los usos y costumbres, así como de otras problemáticas, pero los colocan como un asunto doméstico o comunitario, en los que no se quieren meter.
Posesión de la tierra: desventaja legal y violencia estructural
La mercantilización de la tierra ha provocado daños a la salud en ejidos y comunidades. De igual forma, ha originado problemas económicos para las familias, las cuales no deciden cómo y para qué se rentan parcelas.
Claudia Gómez Godoy es abogada ambientalista, y ahora coordina el Plan de Justicia Integral en el conflicto socio-ambiental por la Presa El Zapotillo, de la Comisión Nacional del Agua.
Su largo camino como defensora de derechos humanos la ha llevado a conocer muchas vivencias como la de Benita o Marisela en la sierra wixárika. También ha acompañado la articulación de otras campesinas y ejidatarias en el sureste mexicano.
Ella explica que, más allá de los roles de género, el problema se trata de una tenencia patriarcal de la tierra, pues quienes se “están enfrentando en muchas regiones a los proyectos de presas, minas, agroindustria, monocultivo, eólicas, parques solares, son en su gran mayoría las mujeres, jóvenes y muchas veces no son propietarias de la tierra”, afirma.
Esta situación contrasta con la defensa concreta de los territorios.
El problema radica en que, al ser los hombres quienes poseen la titularidad de las tierras, cuando se opta por una defensa jurídica, éstos se muestran a favor de los megaproyectos. Esto se convierte en un obstáculo para demostrar la legitimidad de su lucha en los tribunales agrarios.
Gómez Godoy confirma que el riesgo radica en que quienes hacen las negociaciones son los hombres con otra visión sobre la tierra.
“Las empresas y el Estado lo que están haciendo es negociar con los titulares de la tierra excluyendo a otros usuarios que no son titulares. Por ejemplo, en el Tren Maya, en el Transístmico en las tierras de Yucatán, sucede que las empresas que quieren comprar, rentar, van con los ejidos donde no están representadas las mujeres, los jóvenes y un gran sector”, así se refiere a los otros afectados ambientales que, por carecer de títulos de propiedad, es difícil considerarlos sujetos de derechos.
Para las mujeres, la lucha en defensa del territorio se ha vuelto difícil, pues, sin trámites legales de por medio, y cuando sus padres o hermanos tienen los títulos agrarios que los avalan como propietarios, en las asambleas, ellas solo pueden opinar sobre los usos de la tierra. El mismo caso ocurre si están casadas con algún propietario, o si enviudaron.
En realidad, en pocas ocasiones las mujeres asisten a las Asambleas Comunitarias en calidad de mandatarias; y esto ocurre cuando cuentan con un poder que les da el padre, marido o hermano; y solo si es en una asamblea “blanda”, donde los temas no son cruciales; sólo entonces pueden tener voz y voto.
En las Asambleas donde se cambiará el uso de la tierra, o se plantea la desaparición del ejido, “ni las mandatarias tienen acceso; sólo los titulares pueden ingresar, y siempre, la mayoría son hombres”, recalca Gómez Godoy.
El dato más reciente reconocido por el Registro Agrario Nacional demuestra que la paridad en la titularidad de las tierras ejidales está lejos de llegar. A nivel nacional, solo el 28% de los títulos de propiedad ejidal recaen en mujeres.
El motivo de esta disparidad, explica Gómez Godoy, “tuvo que ver con modificaciones a la ley”.
La abogada detalla que, desde la federación se le daban las resoluciones a los hombres, como “cabezas de familia”. Ya que había la idea de que la familia era la propietaria; es en la Ley Federal de la Reforma Agraria donde se afianza más la idea del hombre e incluso hay legislación que en su momento prohíbe que las mujeres sean propietarias de la tierra”.
La falta de reconocimiento de ellas como titulares de las tierras, o la poca injerencia que la ley les concede sobre la decisión de cómo se renta, ha afectado la vida en el campo.
Que la tierra sea de quien la cuide
A través de la agroecología, las mujeres han encabezado las luchas para frenar los impactos de la agroindustria en sus territorios, apropiándose de otras prácticas para esta tarea. Sin embargo, esto no ha sido suficiente.
El sur de Jalisco es un ejemplo de esto. Ahí, las mujeres campesinas han gestado un movimiento empeñado en revertir los daños ambientales y a la salud que la agroindustria ha provocado.
Reconocen que, a la violencia sistemática contra la mujeres, impulsada por las prácticas de sus comunidades y las determinaciones agrarias, se han sumado los efectos dañinos en el campo.
Los roles de género en el campo, se recrudecen. Además de cuidar y sacar adelante una casa, las campesinas trabajan la tierra con poco o nulo margen de decisión ni remuneración económica.
María Cristina González Díaz es una de las 13 ejidatarias de Jacinto Galindo La Ciénega, en El Limón, municipio al sur de Jalisco.
Ahí menos de un cuarto del ejido son mujeres con “la titularidad legal” para la posesión de la tierra. En contraparte existen 100 hombres ejidatarios.
Es una región en donde la agroindustria y el monocultivo dejan valles y cerros con mordiscos por la minería transnacional, o por el agave y los plaguicidas que se usan para su cultivo.
Este panorama, ha vuelto que la toma de decisiones para las mujeres, quienes representan menos de un cuarto del ejido, sea una tarea compleja.
Por regla de paridad de género, Cristina es ahora la tesorera en la Mesa de Bienes Comunales. Ella también trabaja en el Gobierno Municipal de El Limón.
Al hacer memoria para explicar por qué son solo 12 mujeres quienes, como ella, tienen títulos de propietarias, invoca a su madre. Ella participó enla primera lucha que se ganó sobre equidad de género dentro de su familia, ya que las tierras siempre se heredan a los varones, señala.
“Me acuerdo que mi papá le había comentado a mi mamá que la tierra iba a ser de ellos y mi mamá dijo no, va a ser de todos, y a lo mejor se consideraba que nosotras no la íbamos a trabajar”, me cuenta en la oficina municipal.
La migración de hombres a otro giro laboral, o hacia los Estados Unidos en busca de un “progreso económico”, provocó que las mujeres se quedaran ocupándose de la tierra, aunque impedidas de obtener la titularidad para poder decidir sobre ella.
Cristina recuerda lo que le dijo un ingeniero la primera vez que fue al ingenio cañero “no tenga miedo, hay mujeres productoras y le puedo garantizar que producen más que los hombres…y pues tú vas aprendiendo lo que necesita la tierra y te vas encariñando”, es la reflexión con la que se quedó la ejidataria, quien como titular también entró en una planilla y ahora tiene un cargo administrativo.
Si es Tesorera, es porque se hizo una adhesión al segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Agraria, que quedó legislado en diciembre de 2016.
En ese artículo se establece que, tanto hombres como mujeres, pueden postularse a las candidaturas. Asimismo determina que un solo género no puede rebasar el 60 por ciento de las postulaciones.
“Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de las mujeres”, detalla el artículo de la ley agraria
A Cristina González Díaz y a otras ejidatarias “les confían” cargos porque hay una reforma. También influye la cultura, ya que al tener roles de cuidado en sus comunidades, saben manejar los bienes, el dinero, escribir a máquina y son puntuales. Es decir, hay más pulcritud en laadministración de los bienes comunales.
“Los hombres sí confían en las mujeres para el manejo del dinero”, recalca Cristina en la entrevista que sostuvimos en su oficina municipal.
La Tesorera del ejido La Ciénega revela que a nivel ejido, y como Asamblea, no se han tomado decisiones colectivas por la agroecología. Tampoco para dejar de usar tantos fertilizantes.
Aunque El Limón se declaró gubernamentalmente como municipio agroecológico, Cristina, que también es productora de ciruela, reconoce que los esfuerzos son individuales. Pone de ejemplo a Rodo, un ambientalista de la localidad que da capacitación sobre fertilizantes naturales.
Otra forma de hacer política, o el feminismo rural
Estar en el sur de Jalisco es mirar cómo el Llano en Llamas de Juan Rulfo fue desgajado por la minería. También es mirar los valles ocupados por la industria tequilera que requiere grandes cantidades de plaguicidas para que nada enferme a las piñas del agave.
Por eso conocer procesos de agroecología entre mujeres, de cara al “Gigante agroalimentario”, como se le conoce a la entidad en el occidente de México, no resulta esperanzador, sino un botón del “feminismo más radical”, como lo llama Claudia Gómez.
Saberes Colectivos y Autonomía A.C., es una agrupación en El Grullo, Jalisco, que impulsa la recuperación del territorio no solo en el ámbito legal, sino tácito desde las buenas prácticas ecológicas.
Esa es la posibilidad de sanar y controlar la explotación de bienes naturales.
Eva Robles, abogada e integrante de la agrupación, se ha volcado al activismo. Es desde ahí, donde ha documentado, de manera vívida, los daños de la agroindustria de Monsanto, el tequila y Bayer, en el sur del estado.
Me lleva a conocer las buenas prácticas agroecológicas que rápidamente están provocando efectos de reparación ambiental y sanación a la tierra.
Alma Rosa Estrella nos recibe en su parcela de 7 hectáreas dentro del ejido Autlán, donde hay 300 ejidatarios.
Tras iniciar un juicio de sucesión al quedar viuda, se hizo cargo del cañaveral. Le dijeron que ella no podría hacerlo y lo hizo.
Actualmente ella tiene la caña más frondosa del ejido. Me cuenta sus planes:
“En este año pienso cosechar en verde, la materia prima que antes desechaban porque decíamos es estorbo. Estoy viendo qué le hace falta a la tierra y son muchos los beneficios que aporta, quiero no sacarla y tener una tierra próspera. He aprendido que no debemos quemar la punta y no poner tantos químicos en el zacate, es mejor que se pudra y hay plantas que podemos re-usarlas como la higuerilla para la mosquita que elimina plagas.”
Para Claudia Gómez Godoy se trata de una mirada distinta, pues “hay una relación distinta a la alimentación, cuando los hombres producen están pensando en la venta y es alimento que no se van a comer, cuando las mujeres producen están pensando en su consumo en su familia, si sobran van a vender o intercambiar; esa diferencia entre la producción hace que obviamente a los hombres no les importa mucho si la van a llenar de químicos, en cambio a las mujeres sí, entonces son más cuidadosas de lo que le van aventar”.
En ejidos la paridad de género es a modo
Para la magistrada Maribel Méndez de Lara, del Tribunal Superior Agrario, las mujeres están haciendo algo distinto en la defensa del territorio.
Ella plantea dos acciones concretas para reparar el trato desigual que han enfrentado las mujeres en el campo, específicamente las ejidatarias “(para) disminuir la desigualdad debe haber programas sociales que les permitan a las esposas comprar la tierra que su pareja pretende vender”, señala la magistrada.
Lo que ella menciona se trata de la prescripción positiva, una figura legal que permite a las mujeres obtener la titularidad de la tierra debido a su trabajo.
En las comunidades campesinas esto llega a suceder cuando los hombres (propietarios) migran o desaparecen. En ese momento las mujeres llevan las riendas de la parcela, y bajo la prescripción, después de 5 años, podrían obtener la titularidad. Esto, sin embargo, no sucede.
Sobre la visión diferenciada, Méndez de Lara llama a las campesinas “guardianas”.
Se refiere a las prácticas de cuidado del medio ambiente “lo hemos observado en muchos núcleos agrarios es porque no haya deterioro de los recursos naturales; ellas se transmiten entre generaciones, tradiciones, valores culturales, hábitos alimenticios.”
Algo que le llama la atención, es que ha visto a presidentas de Comisariado ejercer nulidades de actos de autoridad contra despojos o contratos inequitativos con los núcleos agrarios.
Un ejemplo que mencionó durante la entrevista con Perimetral, fue el de la Reserva Natural Celestún en Yucatán, donde Luz de Alva Solís, en su condición de Presidenta de Bienes Comunales, promovió que los jóvenes se arraigaran a su territorio. De igual forma incentivó la diversificación de la economía local, aprovechando de manera sostenible los recursos naturales del ejido.
La otra problemática que confirma la Magistrada es que la cuota de género en cargos de elección en ejidos, la ajustan los líderes para que las mujeres sólo lleguen a suplencias.
En estos momentos del 28% que representan las mujeres con titularidad como ejidatarias, hasta 2018, sólo el 18% han resultado electas como presidentas ejidales.
La Ley Agraria está por cumplir 30 años.e cara al aniversario, la Magistrada Maribel Méndez de Lara, reconoce que hay aún cambios legislativos que se deben aplicar sobre parcelas y herencias, pero principalmente la transformación que deviene de cambios culturales o de usos y costumbres.
Cambiar las reglas: un cambio cultural en el campo y el gobierno
Más que feminizar, las expertas consultadas, así como las propias campesinas, hablan de desvaronizar la práctica gubernamental.
“El Estado debe pedir que haya paridad en la representación de las discusiones y las empresas hacer lo mismo, pues a muchas negociaciones llegan las compañeras y tratan de tener paridad pero hay puros hombres y eso puede ser intimidante”, agrega la defensora de derechos humanos Claudia Gómez Godoy.
También urge a hacer censos con enfoques de género y ambiental.
“Con esto se lograría saber quienes trabajan la tierra en un sentido ecológico-ambiental sin un enfoque productivista”, agrega.
Pone de ejemplo cómo las mujeres que defienden su territorio además de estar en las acciones directas, mantienen los campamentos que resisten contra empresas y gobiernos. Sin embargo, a la hora de las negociaciones, las mujeres no van porque esos espacios los ocupan los hombres.
Que las políticas públicas apliquen el enfoque de género, también pasa por entender lo que les significa trabajar la tierra y, en realidad es «cuidarla».
Si se reconoce el rol que están jugando las mujeres a favor de los bosques, acuíferos, manantiales y los ecosistemas en general, eso representa el inicio de un cambio donde ellas tengan la batuta sin presiones y bajo condiciones de libertad.
Como queda narrado en este artículo, día a día las mujeres entre las resistencias al interior de sus comunidades, de cara a las autoridades y un gigante de la industria alimentaria que busca multiplicar productos con mano de obra barata y violentada; están consiguiendo importantes cambios a favor del campo.
Marisela, Benita, Cristina, Alma y todas las cuadrillas de huertos agroecológicos y proyectos cuidadosos con el medio ambiente, están caminando desde su dimensión para protegernos desde ahora y el futuro.
Las respuestas gubernamentales han sido insuficientes y solo escuchar lo que las campesinas tienen que decir, podría ser el inicio de otro destino para el campo, lejos de la sobreexplotación de los recursos naturales.
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*Este texto forma parte de Cambia La Historia, un proyecto desarrollado por la DW Akademie promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, con el objetivo de visibilizar las capas de la violencia contra las mujeres más profundas y admitidas socialmente.
