Hugo Aguilar, abogado mixteco y operador del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, habla de los amparos en contra de la creación del Distrito de Riego 018, y los obstáculos que ha enfrentado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para sortear una estructura normativa que posibilita el despojo
Texto: Daniela Pastrana y José Ignacio De Alba
Fotos y videos: María Ruiz
Ciudad de México- Son doce demandas de amparo en contra de la creación del Distrito de Riego 18, dice de entrada Hugo Aguilar, Coordinador General de Pueblos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y principal operador del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.
Diez demandas fueron interpuestas por representantes del Distrito de Riego 41 (que surte de agua a los potentados ganaderos del Valle del Yaqui) y las otras dos por ciudadanos yaquis. Una de ellas, la del expediente 1180/2021 radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito, ha cobrado relevancia en las últimas semanas porque el juez concedió al Témasti Mol (jefe eclesial) del pueblo de Pótam la suspensión definitiva del Decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación del Distrito de Riego.
Aguilar, un abogado mixteco que ha tenido el encargo de operar el ambicioso Plan de Justicia, cuenta que la suspensión llegó el 6 de diciembre, en la víspera de una reunión con los gobernadores de los pueblos yaquis en la que programarían las acciones de 2022.
“En la reunión nos preguntaron “¿quién nos está demandando?” Informamos que demandaba el gobernador de Rahum y su cuerpo de gobierno que ahí estaba y el gobernador de Pótam y su cuerpo de gobierno, no habían llegado a esa reunión. Entonces el gobernado de Rahum dijo:’yo no he firmado nada’. Me pidió copia de la demanda y dijo:‘esta no es mi firma y este no es mi sello’. Incluso fue por su sello y nos lo mostró. A simple vista era evidente que eran distintos. Ahí se generó un malestar por parte del gobernador de Rahum, pidió que fuera el de Pótam. Y el de Pótam dijo ‘pues yo firmé pero a mí me dijeron que era para mejorar las condiciones del agua, no que estábamos en contra del Distrito de Riego’”.
En la otra demanda, del expediente 1124/2021 radicado en el Juzgado Octavo de Distrito, el juez no concedió la suspensión porque valoró que afecta el interés social. En cambio, el Juez Séptimo concedió la suspensión considerando un posible impacto ambiental.
“Lo que veo es que el juez no analiza la afectación del interés social”, dice el funcionario. “Concede la suspensión para el caso de Pótam, atendiendo el planteamiento de la demanda del Témasti Mol de la iglesia Esteban. y niega la suspensión para las siete comunidades tradicionales restantes. La resolución del juez nos está diciendo que nosotros, el gobierno federal, Conagua, Semarnat, todos los que estamos implicados, no podemos materializar el distrito de riego en lo hace a Pótam, pero sí en las otras siete comunidades”.
Afectaciones selectivas
El Decreto para la creación del Distrito de Riego 18, que sería el primer distrito administrado por un pueblo indígena, fue firmado el 28 de septiembre de 2021 por el presidente López Obrador. Plantea aumentar el volumen de agua que recibe el Pueblo Yaqui, de 250 a 673 millones de metros cúbicos, con el objetivo de pasar de 22 mil a 62 mil hectáreas de cultivo.
En la resolución del amparo, el Juez aplicó el principio precautorio para prevenir posibles daños ambientales reclamados por el jefe de la iglesia de Pótam. Hugo Aguilar considera que esto es un razonamiento equivocado:
“Si el asunto es la protección del medioambiente, ¿cómo es que lo autoriza para siete pueblos? Ni modo que la implementación en esos siete pueblos no afecte el medioambiente y la implementación en uno (Pótam) sí. Me parece que ahí por elemental lógica debía ser otro el razonamiento”
Desde su perspectiva, el juez está obviando el tema central del Decreto, que es la redistribución justa del agua, y una un protocolo para proyectos de desarrollo que no es aplicable en este caso, pues no se está planteando, por ejemplo, la construcción de una nueva presa, sino de un Distrito de Riego que utilizará las condiciones que ya tiene la cuenca.
“Si nosotros quisiéramos devolverle la situación que teníamos a la tribu y su medioambiente, habría que tirar las presas. Esa es una idea descabellada, por la importancia que tiene el sistema de presas para la generación de energía eléctrica, para el cultivo de alimentos, para toda la dinámica productiva, económica en el Valle del Yaqui. Sería un despropósito pensarlo así, pero si uno quisiera imprimirle un sello ecológico radical pues tendría que tirar las presas para que vuelva a correr el agua por el Río Yaqui y se restaure todo ese ecosistema”
Por eso, dice, los gobernadores fueron a ver al juez y le están pidiendo a la Corte que no los divida, pues les ha costado mucho trabajo mantener la unidad de los ocho pueblos.
Un nuevo escenario de distribución
— Entre los opositores al Decreto hay dos reclamos constantes: que el presidente engañó a los yaquis porque les dice que van a llegar a 673 millones de litros de agua, pero dependiendo de que haya disponibilidad y pues no hay; y que el gobierno federal está dividiendo a las comunidades …
— Sobre lo último de la división, porque acusan hasta de hostigamiento, incluso de secuestro, no hay tal cuestión. Yo soy abogado y sé que no hay tal posibilidad de lograr un desistimiento de ese modo. Es un absurdo. Toda persona tiene derecho a impugnar y creo que toda obra humana es perfectible, (el Decreto) puede tener puntos cuestionables. No creemos que hayamos hecho una obra perfecta. Entonces, tienen todo el derecho de impugnar, pero yo por eso creo que es relevante decir que la falsificación de sellos y firmas detonó el descontento de las autoridades tradicionales. Porque quienes sí los investigaron, quienes los detuvieron, son sus propias autoridades. Nosotros no tuvimos nada que ver. Y lo otro tampoco es cierto. Una relatoría de decisiones gubernamentales puede ilustrar esto: en 1940, Láraro Cárdenas les regresa el agua y la tierra a los yaquis, pero en 1955, Adolfo Ruiz Cortines emite otro decreto y les quita toda el agua. Dice el decreto, en su párrafo preambular, que toda el agua de la cuenca debe ser utilizada para el Distrito 41. Incluso literalmente dice: ’y que no se distraiga para otros lugares’. Con base en ese decreto se otorgan todas las concesiones del Distrito 41, ¿Quién lo ha impugnado? Nadie, ni siquiera los que ahora están presentando la demanda. Entonces, tenemos que hacer un conjunto de decisiones para lograr una redistribución del agua, pero no hay una parte del decreto del presidente López Obrador que diga: ‘se anula el decreto de Cárdenas’ o ‘se anula el decreto de Cortines’. Se generó un nuevo escenario de redistribución del agua sin anular los anteriores.
— ¿Hay disponibilidad?
—Cuando planteamos con Conagua como dar más agua a los yaquis, ellos analizaron la situación de la cuenca y con base del REPDA que registra todos los títulos de concesión, el balance era de 9 millones, que son los que se les dieron a los yaquis para agua de consumo humano. Entonces quedaba en cero. Pero cuando hicieron análisis ya proyectando el Distrito de Riego, nos comentaron -es un tema muy técnico- que hay disposición de alrededor de 430 millones de metros cúbicos. Nosotros como INPI hemos pedido ya que Conagua formalice ese estudio de disponibilidad y creo que ya lo entregaron también al juez.
—El otro tema es el Acueducto Independencia…
—El tema del Acueducto Independencia lo veníamos tratando en conjunto con el Plan, pero los que ahora están promoviendo el amparo, como Juan Pedro (secretario de Huirivis), que le plantearon al juez que no querían que eso fuera parte del Plan de Justicia. El juez nos dice: ‘pónganse de acuerdo’. Entonces yo hice una sesión específica de eso y le dije a los gobernadores: ‘a lo mejor es un error mío, definan ustedes si va a ser parte del Plan de Justicia o se va por separado’ Ahí la mayoría dijo que se fuera por separado. Pero alguien dijo: ‘denos más tiempo’. Y desde entonces no se ha decidido si va junto o separado…
¿Quién mide la cuenca?
—¿Cómo afecta el Distrito 18 a los yoris (personas no yaquis)?
— El agua se convirtió en un recurso fundamental en ese Valle porque tú puedes tener una hectárea, y si no tienes agua no te sirve para nada. Es desierto. Pero a una hectárea le pones agua y te da dos cosechas al año, porque todo ese Valle, todo eso donde hemos estado, era rivera del río …
Es un asunto del volúmemes. El total de la cuenca, según datos de Conagua, son 3 mil 153 millones de metros cúbicos. Se evaporan cerca de 150 millones. Quedan como 2 mil 750 millones de metros cúbicos a repartir. El Distrito de riego 41 ocupa mil 950 millones de metros cúbicos y el Distrito de riego 18 (de los yaquis), 250 millones de metros cúbicos. Así está ahorita. ¿A quién le quitas? No le puedes quitar a los que tienen para consumo humano porque es de primerísima necesidad. A lo mejor le puedes quitar a los industriales, por ejemplo, pero con el que se va a hacer el balance es con el Distrito 41. Y hay muchos datos de que ellos tienen concesionados mil 950 millones, pero en realidad se chutan 2 mil 300, ¿por qué? Porque no hay medición. ¿Quién mide la cuenca? Ellos mismos. No hay medición y ya empiezan a salir datos de que, efectivamente, tienen más agua de lo que dicen. Entonces, esto va a crecer a 673 millones, que les va a dar 62 mil hectáreas de cultivo. Ahora, los yaquis dicen que esto requiere segundo cultivo. Lo están analizando, pero pasaría de 673 a unos mil 200. Ahora pensamos en 673 con niveles de presa, pero para llegar a mil 200 necesitas bajarlo en el Distrito 41.
— O sea, que, al final, ¿los amparos terminan haciéndole el juego al distrito 41?
— Así lo veo yo. Al final se juntan todos contra nosotros… Lo bueno es que, mira, en la tribu yaqui hay muchos que ya se dieron cuenta.
—¿Y Conagua? ¿Qué papel ha tenido en esto?
— Conagua tiene un modelo empresarial, se llaman gerentes sus funcionarios. Lo que hay que hacer es recobrar la rectoría del Estado, que la Conagua realmente sepa cuánta agua hay y a quién se lo da y cómo se lo da y cómo lo gasta.
Respetar la autonomía
— Cuando se aprobó el Plan de Justicia parecía que el único pueblo que estaba en conflicto era Bácum. ¿Qué pasó con Pótam?
—Pienso que no hubo un canal de comunicación adecuado, interno, entre ellos. Porque cuando nosotros fuimos a explicar, yo fui a explicar a mediados de noviembre, todo el contexto del tema del agua estuvo don Esteban y él decía: ‘está bien’. Lo que me comentan es que desde entonces don Esteban ya se había quejado de que no lo habían invitado a todas las reuniones y lo que argumentó el gobernador Pótam fue: “pues yo los invito, pero no los puedo obligar a que lleguen”. Entonces, es un tema de la tribu. Hay que considerar que históricamente no se dialogaba con las autoridades tradicionales. Es más, si nos vamos a una interpretación estricta de la ley, no deberíamos de estar dialogando con las autoridades tradicionales, sino con el regidor étnico o con el delegado municipal, que son la estructura tradicional del Estado. Se está dialogando con ellos porque el Artículo 2 constitucional les reconoce personalidad jurídica y porque para el Instituto y para el presidente no hay duda de que son autoridades. Ahora como es un pueblo al que no se le había permitido desarrollar su institucionalidad yo advierto que sí hay un pequeño desface entre la autoridad tradicional y su pueblo. No tenemos una máquina aceitada, digámoslo así. Pero nosotros hemos sido respetuosos de sus dinámicas y creo que es una frontera que no debemos de pasar. Yo soy de tradición sureña. En las asambleas de Oaxaca dicen que quienes les imprimieron su lógica fueron los maestros y ahora usamos orden del día y hay que levantar la mano para pedir la palabra. Con los yaquis es otra lógica. Si el Estado entrara a construir sus acuerdos con la lógica del Estado a lo mejor dejamos un lastre. Entonces, creo que son de las cuestiones que vamos a seguir padeciendo, pero es mejor respetar el margen de autonomía y de libertad que ellos tienen.
Un muro infranqueable para los pueblos
—¿Cuál ha sido, en estos dos años, el principal reto para concretar el Plan de Justicia?
— El marco jurídico. Parece que en el país corremos en canales separados, el Estado y todo el funcionariado, con un marco normativo y una interpretación que yo podría decir estatalista, de cuidar el patrimonio del Estado, porque así lo declara la Constitución, y los pueblos pensando cómo ser parte del Estado. Y ser parte teniendo derechos, sin ser despojados Para mí ése es el principal problema de los pueblos. Y el propio funcionariado, que sigue viendo en la norma un muro infranqueable. ‘La norma dice esto y ya no me muevo’. Entonces, a cada paso que damos, hay un obstáculo: Que las reglas de operación. Que la ley no permite hacer esto. Porque ese mismo marco normativo es el que ha propiciado que algunos se queden con los bienes. Si miramos quién tiene el agua y quién tiene la tierra, pues lo hizo usando este marco normativo que desconoce la propiedad ancestral, la propiedad originaria de los pueblos. Por eso yo creo que si pudiéramos mejorar ese marco, cambiamos la forma de concebir el problema y las soluciones de los funcionarios.
—La ley que los pueblos le presentaron al presidente parece que no se mueve…
—Sí, va lenta —admite con pesar— Yo creo que es por prioridad, porque está lo de la reforma energética y la de simplificación administrativa antes de nosotros. En la consejería nos dicen: ‘aguántenos tantito, ya que salgamos de ésta’. Y pues nosotros estamos apostando que esa camine…
—¿Qué se necesita para que, más allá del presidente López Obrador, prevalezca el interés del pueblo yaqui sobre su tierra?
— El marco normativo es directamente proporcional. Si no tienes marco normativo debes tener decisión política. Si no tienes decisión política y tienes marco normativo, pues con los tribunales. Pero este país está caminando con normas atrasadas, con normas que no son adecuadas para la pluralidad. Y por ahí vamos a estar juntando piedritas pequeñas pero no vamos a tener un cambio real. Aquí, si no fuera decisión del presidente implementar este plan estoy seguro que nos hubiéramos quedado en el intento. No hubiéramos regresado un metro de tierra ni un litro de agua a los yaquis.
Siguiente parada: la sostenibilidad
— ¿Qué sigue para los yaquis?
— En el tema de tierra la Sedatu está avanzando con una mesa de negociación para un aproximado de 25 mil hectáreas que están para compra. La ruta que encontramos es ésa: comprar tierras y luego quizá una donación a los yaquis. Es la figura que se está estudiando ahorita. Se tiene también en análisis qué se va a hacer con aquellos que no son propietarios pero están en posesión del territorio que reclaman los yaquis. Ahí seguramente se va a requerir de otro tipo de decisiones, seguramente diálogo también porque lo que ha instruido el presidente es que no le dejemos problemas a la tribu. No se trata de dejarles abierto un juicio. En el tema de aguas ya está todo listo para la construcción para el Acueducto Yaqui, son 170 kilómetros, y un poco sensibles a lo que está pasando vamos a implementar un proceso de consulta para ver si todos quieren el acueducto yaqui o a lo mejor también hay alguien que no quiera resolver el tema de agua potable o lo quiera resolver de otro modo. Y bueno, pues lo del Distrito de riego que sigue siendo un reto fuerte. El presidente nos dijo que tiene que estar el 31 de diciembre de 2023. Hay muchas cosas más que se están trabajando, se empiezan a entregar obras en marzo. Pero viene la sostenibilidad de las obras. Los yaquis han planteado análisis del ramo 28 y 33 y la posibilidad de recibir esos recursos de manera directa para la sostenibilidad de sus obras, al mantenimiento del acueducto, las unidades deportivas, las casas de cultura, todo lo que se está construyendo y que va a requerir mantenimiento
— Eso sería un paso importante …
— Sería un precedente y vemos voluntad política, ahora del gobierno estatal y del gobierno municipal. Ya los tribunales han fallado que las comunidades, en razón de su derecho de libre determinación y autonomía, tienen derecho a administrar recursos. Eso lo han ganado los compañeros de Michoacán y recientemente también en Oaxaca y Guerrero. Quien está muy de avanzada en este tema es la Sala Superior, porque estableció que autonomía sin recurso no sería autonomía.
—¿Y Bácum? ¿
— Eso tenemos que ver. No se ha arreglado. Están complicadísimos. Ya fui a visitarlos dos veces, pero no, los dolores están muy fuertes. Y yo he aprendido que los conflictos hay que dejarlos reposar…
¿Planes replicables?
A pesar de los problemas, Hugo Aguilar está satisfecho con lo que se ha logrado hasta ahora hacer el INPI.
“Creo que hemos ido haciendo camino —dice, ya casi al final de la entrevista—, porque nadie nos dijo cuál era el método de hacer un plan de justicia. Traíamos el método de esto que llamamos diagnóstico participativo, traíamos nuestro propio método de cuando estábamos en sociedad civil. Y ahora lo aplicamos y ha resultado bien, hemos ido ahí, acuerpando conceptos, y creo que ya tenemos una idea más o menos clara de por dónde van las cosas… pero está complicado“.
— En Guerrero nos han dicho que el INPI nomás se ocupa de los yaquis…
— Este año estamos abriendo varios frentes, con la misma lógica de planes de justicia. Ya los estamos concibiendo como método de trabajo, como política pública y como programa de gobierno. O sea de lo que resulta de un plan ya no tienen para donde moverse de las instancias que lo suscriban. Entonces, para mí son esos tres componentes: es un plan de trabajo, se vuelve programático para la dependencia, es política pública, porque ya, porque lo está implementando el presidente en muchos lados, y es un método también. El plan implica que tú sepas tus necesidades y dialogues y negocies conmigo y llegamos acuerdos de cómo resolverlo. Vamos a hacer ahora, lo estamos ya trabajando, un plan de justicia rarámuri y un wixárica. Ya tienen presupuesto, ya tiene responsables asignados. La rarámuri está peor, porque los yaquis al menos tuvieron un decreto presidencial, pero los rarámuris no tienen nada
—¿Cómo te explicas esa oposición tan contante que hay en contra de lo que está haciendo en el INPI?
— No sé, yo creo que es racismo. El titular (del INPI, Adelfo Regino) es un indio, ese que va ahí es otro indio. Yo creo que si estuviera un güero aquí no lo cuestionarían tanto, ¿no? Yo digo que es racismo… de nuestros propios cuates, porque eran nuestros cuates. Y también hay como una lógica también de pensar que toda la autoridad es mala. Entonces, ya el hecho de que eres autoridad ya parece que eres otro. Porque el funcionariado y el Estado se construyeron así: que tienen que amolar al pueblo. Entonces, ese ya es un estigma que traemos.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
