Hernán Ortiz
Académico
No me gusta escribir y sentirme un imbécil. Pero la vida es complicada.
Por ejemplo, quiero que la gente deje de estacionarse en las banquetas y que dejen de considerar el auto una prioridad sobre cualquier persona.
Preguntas comunes, ¿qué hago si tengo dos autos y en mi cochera sólo cabe uno? ¿Dónde me estaciono, si vivo en la Plutarco y mi casa no tiene cochera? La respuesta correcta es un, no sé, es su problema por vivir ahí y comprar autos de más. Cambiar la forma de vida, la forma de moverse por la ciudad no es fácil y a veces se antoja imposible.
Lo mismo puede pasar con el subsidio a las organizaciones civiles. Llamadas ONGs porque hacían trabajo gubernamental sin ser gobierno. A finales del siglo pasado se debatía que el gobierno las subsidiara precisamente por eso, hacían lo que el gobierno dejaba de hacer.
El debate terminó originando la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil en el 2004. Ya no eran propiamente ONGs, se les empezó a conocer como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs). Ahora con lineamientos claros para recibir recursos del gobierno, bueno tan claros como cualquier ordenamiento gubernamental, es decir muy burocrático y confuso.
Cuando empezó el gobierno de Vicente Fox, las OSC empezaron a recibir subsidios de manera institucionalizada por medio de los proyectos de coinversión primero a través de la Secretaría de Desarrollo Social y después por el Instituto de Desarrollo Social.
Las organizaciones se profesionalizaron, su aparato burocrático creció. Un voluntariado que hiciera el trabajo dejó de ser suficiente se empezó a requerir personal técnico para hacer los proyectos, contadores y abogados para llevar todo en regla.
Las críticas pueden empezar aquí (o en cualquier otro lado). Muchas organizaciones se burocratizaron y empezaron a elaborar proyectos para sostener su cara estructura. Claro, hubo de todo: unas trabajaron muy bien, otras empezaron a simular, otras a estafar. Hubo de todo al igual que en las instituciones de gobierno, en la iniciativa privada, en las religiones, en la academia y como en todos lados, desde quienes hacen un magnífico trabajo hasta los que cometen fraudes.
Desde mi perspectiva, inyectarle dinero a las OSCs tuvo los siguientes impactos: la organización ciudadana para exigir al gobierno decayó; en muchos casos mejoró la atención a los usuarios y estar oficialmente constituido requería una verdadera inversión.
Con el pretexto de que hay organizaciones corruptas (como hay empresas corruptas, escuelas corruptas, profesionistas corruptos y como casi la mayoría sino es que todas las instituciones de gobierno), Andrés Manuel, ha decidido generalizar el desprestigio y cortarles los fondos en lugar de perseguir los delitos que puedan existir.
¿Se debe frenar la inversión a las OSC para combatir la corrupción? No. Esto se hace persiguiendo a los que cometieron delitos y sancionando conforme a la ley, de lo contrario se promueve la impunidad. Si esa es la intención, ¿por qué no le cortan los recursos a todas las dependencias que han cometido fraudes o se eliminan todos los puestos donde han cobrado personas que no hacen su trabajo? Pues porque nos quedamos sin gobierno.
¿Deberían las OSCs vivir del gobierno? Nuevamente, hay de todo, desde las que sí lo hacen y surgieron para ello, hasta las que el dinero gubernamental sólo representa un porcentaje mínimo de su gasto, pero siempre necesario.
También están las que surgieron para desviar fondos como con la Estafa Maestra o aquella vez que Alva Almazán quería administrar discrecionalmente los recursos del PRONAPRED (Programa Nacional de Prevención del Delito) en el 2014. Lo cierto es que era un recurso que fluía desde hace 18 años y se contaba con él para pagar parte de los costos de la sociedad civil que se incrementaron a causa de esta profesionalización y burocratización.
¿Qué pasará con toda la infraestructura y recursos humanos formados con los recursos gubernamentales y la exigencia normativa para que las OSCs puedan funcionar? El gobierno podría decir, no es mi problema, como yo pienso de los que tienen autos y no saben dónde estacionarlos. Podría, pero no puede; en la legislación están claramente establecidos los derechos de las OSC. Tan claro como en cualquier documento oficial, en cambio, nada obliga al gobierno a atender el que una persona tenga más autos de los que puede guardar.
Además, vale la pena reflexionar los siguiente: ¿Se preparó el gobierno para poder hacer frente a todo lo que no estaba atendiendo y que sí atendían las OSCs? Yo creo que no. ¿Qué institución de gobierno es eficiente? ¿El Seguro Social, INFONAVIT, Hacienda (tal vez), la PGR, las fiscalías, los ayuntamientos? No, no lo son.
Entonces, ¿qué pasará? ¿Contratará el gobierno a las personas especializadas para atender a población vulnerable? ¿Centralizará toda la política de desarrollo social? ¿Será igual para el arte y la cultura? Ya lo esté haciendo con la policía y la Guardia Nacional.
Todavía falta mucho por ver, pero por principio debemos estar vigilantes y hoy también como siempre, cuestionar, exigir y no generar silencios cómplices.
