Con la anulación de Roe v. Wade en EE.UU., en 13 estados han entrado en vigor leyes que restringen el aborto . En el estado de Texas el aborto será ilegal como lo señala el Human Life Protection Act del 2021, que prohibe el aborto en la mayoría de las circunstancias y que entrará en efecto a finales de julio
Por Verónica Martínez / La Verdad
El pasado viernes el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo preservar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto, en Estados Unidos.
Este decreto ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos garantizar la atención de emergencia a todos los pacientes que lo requieran dentro de los marcos legales y darle a los médicos y proveedores de salud una guía clara en sus responsabilidades y protecciones disponibles para brindar estos servicios, “sin importar el estado en el que estén”, dijo Biden en una conferencia de prensa.
“Le estoy pidiendo al Departamento de Justicia, como lo hicieron en el tiempo de los derechos civiles, a hacer todo en su poder para proteger a estas mujeres que buscan dar a valer sus derechos”, dijo Biden.
“En los estados en que las clínicas continúen abiertas, protegerlas de la intimidación y proteger el derecho de las mujeres a viajar fuera de estos estados que prohiben la atención médica que buscan a estados que sí la proveen”.
Esta orden fue anunciada dos semanas después de que la Suprema Corte de los Estados Unidos anulara las decisiones de Roe v. Wade y Casey v. Planned Parenthood que por casi 50 años garantizaron la libertad de tener un aborto en el país.
Ya en 13 estados han entrado en vigor leyes que restringen el aborto con la anulación de Roe v. Wade. En el estado de Texas el aborto podrá ser ilegal como lo señala el Human Life Protection Act del 2021, que prohibe el aborto en la mayoría de las circunstancias y que entrará en efecto a finales de julio.
Clínicas de salud reproductiva y organizaciones que proveen apoyo económico para financiar abortos en Texas ya han suspendido sus actividades desde la declaración de la Suprema Corte.
¿Qué dice la nueva orden?
En materia de salud, la administración de Biden establece que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos entregue un reporte dentro de los próximos 30 días en el que se identifiquen acciones para expandir el acceso a servicios de aborto, incluyendo medicamento, así como proteger y expandir el acceso a servicios de salud reproductiva como es la planificación familiar y acceso a anticonceptivos.
Entre estas acciones deberán incluir:
- Formas en que se pueda incrementar los esfuerzos educativos sobre servicios de salud reproductiva y compartir información de donde se puede tener acceso libre o e bajo costo a través de proveedores financiados por la autoridad federal o reciben fondos del Título X.
- Promover la concientización y acceso a métodos anticonceptivos.
- Identificar formas en que todos los pacientes, incluyendo aquellos que experimentan abortos espontáneos y embarazos ectópicos, puedan recibir la protección de servicios de salud de emergencia dentro de los marcos legales.
- La orden también refiera a los servicios de salud a seguir brindando servicios bajo el Emergency Medical Treatment and Labor Act, 42 U.S.C. 1395dd, que es una normativa de salud que detalla los procedimientos para dar atención de salud reproductiva.
En el tema de protección, para facilitar el acceso a estos servicios de salud, el fiscal general y el consejo del presidente deberán reunirse con abogados pro bono, asociaciones de abogados y organizaciones de interés público para que pacientes, proveedores y terceras personas cuenten con la representación legal necesaria.
El fiscal general, junto con el departamento de salud, deberá considerar acciones dentro del marco legal para:
- Garantizar la seguridad de pacientes, proveedores y terceras personas y para proteger la seguridad de las clínicas farmacias y otras entidades proveedoras.
- Tomar medidas para proteger información sensible que podría poner en riesgo las identidades de pacientes o proveedores de salud.
- Proveer apoyo, dentro de los marcos legales, para ofrecer protección legal para pacientes que busquen servicios fuera del estado.
Implementación en Texas
Tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, el aborto queda restringido en los estados que ya hayan puesto en efecto leyes que penalizan a aquellos que buscan facilitar o financiar los servicios de salud.
Activistas y expertos dicen que aunque el decreto de Biden es un paso significativo que reconoce la importancia de proteger el acceso al aborto y a medicamentos y anticonceptivos. Aun así hay limitaciones, como las posibilidades de proveer medicamento para aborto en estados que lo criminalizan y financiamiento para pacientes que busquen servicios de salud fuera del estado.
En una carta dirigida a la administración de Biden, el Centro de Derechos Reproductivos junto con otras 18 organizaciones expresaron su preocupación en como esta decisión judicial impactará de forma desigual a personas de color, jóvenes, migrantes, aquellos que se identifican como LGBTQ+ y a las comunidades rurales y empobrecidas.
La organización Latina Institute celebró la orden administrativa de Biden, pero también mencionó que es importante asegurar el acceso a servicios de aborto con acciones dirigidas a las comunidades de migrantes e inmigrantes.
El fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, declaró en un tweet que si Biden busca “dictar las políticas pro-vida de Texas” va a presentar una demanda en contra de la administración.
Ya algunas compañías se han posicionado en contra de la restricción del aborto ofreciendo apoyos financieros para empleados que necesiten viajar fuera del estado buscando estos servicios de salud. En respuesta, grupos conservadores republicanos ya han advertido a otros grupos y comités sobre las posibilidades de ser penalizados por brindar estos apoyos.
En una carta dirigida a la firma de abogados Sidley Austin, el Texas Freedom Caucus señaló que la ley estatal de Texas considera el aborto un delito a menos de que la vida de la madre corra peligro, y esto incluye a cualquier persona que “ofrezca los medios para procurar un aborto y conociendo esta intención” y también se extiende a la administración de medicamento ingerido en el estado.
En esta carta el grupo conservador también declaró su intención de introducir reformas en la próxima sesión legislativa para imponer sanciones civiles y criminales a empleadores, firmas de abogados y civiles que financien o faciliten servicios de aborto.
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