Cuatro mineros están hospitalizados y al menos nueve más continúan atrapados dentro de un pozo de extracción de carbón tras un derrumbe provocado por una inundación en Sabinas, Coahuila. La empresa incumplía normas internacionales que obligan a brindar protección en los centros de trabajo
Por Alejandro Ruiz / Pie de Página
Ciudad de México- Un grupo de mineros quedaron atrapados en un “pocito” de extracción de carbón. Los hechos ocurrieron este miércoles en un poblado del municipio de Sabinas, el cual pertenece a la región carbonífera del estado de Coahuila.
El siniestro ocurrió alrededor de las 13:35 horas y fue provocado por una inundación que obstruyó la entrada al pozo carbonero que se conecta con otros tres; los cuales, al menos, tienen 65 metros de profundidad.
Hasta el momento se tiene al menos un detenido por estos hechos. Un joven que se identificó como encargado del pozo de carbón. Sin embargo, existen denuncias de que el responsable del lugar huyó tras observar el siniestro.
Posterior a la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio a través de su cuenta de Twitter: “ya están actuando las secretarías del Trabajo y de Seguridad, Protección Civil, el Ejército, rescatistas y autoridades de la región”.
Hasta el momento, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se han identificado a nueve mineros atrapados tras el derrumbe. Aunque organizaciones locales hablan de que pudieran existir, al menos, 12 trabajadores dentro de los pozos.
También, de acuerdo con la STPS, la empresa minera a cargo está trabajando en la zona desde el mes de enero, y hasta el momento no habían recibido denuncias de irregularidades.
Sin embargo, para Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, esto no era pretexto para que la empresa operara de la manera en que lo hacía.
“No necesitas que se denuncie, ese lugar es ampliamente conocido por los inspectores, y por las oficinas del municipio Sabinas, por la alta peligrosidad de los pozos que hay ahí”.
‘Es carbón para la CFE’
De acuerdo con Auerbach, desde hace algunos años su organización, junto a inspectores de la STPS, tenían identificada la peligrosidad de la zona en la que ocurrió el derrumbe. Inclusive, dice, las autoridades y organizaciones la conocían como “la milpa”.
“Este lugar la conocíamos hace años, la nombramos con inspectores de la Secretaría del Trabajo como ‘la milpa’, porque empezaron a salir pozos como hongos. Cuando coadyuvaba la organización familia Pasta de Conchos, y la Secretaría del Trabajo me reconocía a mí como experta en la materia, íbamos una o dos veces por semana a revisar los pozos y a parar todos los que estaban en malas condiciones”, narra.
Pese a esto, durante el segundo año de la actual administración federal, a la organización Familia Pasta de Conchos se le impidió continuar con la labor de documentación e identificación de minas ilegales o irregulares.partir del segundo año me negaron el documento que me acreditaba como experta en la materia y eso significaba que no podía ir a las inspecciones, no podíamos ir a buscar minas clandestinas o ilegales y ahí está el resultado”, dice Auerbach.
De igual forma la activista detalla que esto no es un hecho aislado, pues mientras la Comisión Federal de Electricidad siga comprando carbón a las mineras sin verificar la cadena de suministro, estos hechos seguirán ocurriendo.
“Seguramente la CFE va salir a decir que no le compraba carbón al muchachito. Obviamente este carbón lo está surtiendo una empresa que le está vendiendo a CFE”. La Comisión, agrega Auerbach, “no verifica su cadena de suministro, y obviamente tampoco está participando la Sectretaría del Trabajo para verificar la adjudicación de contratos. De tal manera que tienes ahora un montón de pozos siniestrados que la Secretaría del Trabajo dice que nadie los denunció”.
Y añade que “este carbón no sirve para carnes asadas, no sirve para el anafre, este carbón iba para CFE”.
Irregularidades y negligencias en minas de carbón de Coahuila
Este siniestro no es el primero que se registra en la zona, pues desde hace un año se han registrado accidentes de este tipo en la región carbonífera.
Inclusive, en septiembre de 2021 se exigió revisar las condiciones de seguridad de las minas de arrastre y pocitos de la región. Esto fue después de un accidente donde un trabajdor resultó gravemente lesionado.
De igual forma, en junio de ese mismo año, nueve trabajadores del municipio de Múzquiz murieron tras un derrumbe en un complejo minero donde predominan las minas de arrastre.
Así, para Cristina Auerbach, este siniestro era previsible y “no fue un accidente como dijo el presidente. Es producto de negligencias”.
Entre las irregularidades que se desnudan con este lamentable hecho se encuentra el incumplimiento de la NOM-032, la cual obliga a las empresas mineras a barrenar los pozos para verificar si hay riesgo de inundaciones. También establece que debe de haber una pared de protección de al menos 10 metros para proteger a los mineros.
“En estos tres pozos es visible que no se barrenó y que no existía la pared de protección. Era irregular y nadie la verificó”, denuncia Auerbach.
Y añade que “Si el encargado se fue y los abandonó [a los trabajadores] es porque no están barrenando. Y si se rompió la pared y se metió el agua es porque no respetaron la pared que podía salvar a los mineros de una inundación o explosión de gas”.
Se estima que el rescate tardará bastantes días. Y ante esto, Auerbach llama a no desinformar y denunciar lo que en realidad está pasando:
“Como dicen con el crimen organizado: sigue el dinero. En este caso, hay que seguir el carbón. Los responsables son la CFE que siguen comprando a estas empresas, aunque lo nieguen”, concluye la activista.
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