El acceso de las mujeres al derecho de la propiedad de la tierra y la vivienda ha sido condicionado por prácticas sociales y culturales. Cuánto más complejo se torna el problema del mal logrado derecho a la vivienda cuando lo pensamos desde una mirada feminista
Por Celia Guerrero
Twitter: @celiawarrior
En el marco de la puerta de entrada a la casa que construyó mi bisabuelo está mi abuela, quien llegó ahí siendo aún una bebé, vivió su infancia, adolescencia y volvió por temporadas cuando adulta. En esa casita de paredes de adobe mi abuela creció y vio nacer a sus hermanos más pequeños, a varios de sus hijos y a decenas de sobrinos; en el pequeño patio interno jugamos cuatro generaciones de su familia. Ella está sentada frente al marco de la puerta porque hace tiempo mantenerse de pie le es difícil, ahora se cansa. Yo estoy detrás de ella, parada, la tomo de los hombros y la imagen es capturada en una fotografía que conservo como un tesoro.
Ese es el último de nuestros recuerdos en ese lugar, la casa que fue del bisabuelo. Hace unos años una de mis tías abuelas la vendió para adquirir recursos que le permitieran sobrevivir durante su vejez; ahora que seguir siendo trabajadora del hogar, como lo fue durante casi toda su vida, escapa de sus posibilidades materiales.
Posiblemente —y menciono la imprecisión porque no lo sé de cierto y esos son detalles que en familias como la mía no se hablan— esa tía abuela fue la última de sus hermanas y hermanos en vivir en esa casa porque fue la única que no se casó ni tuvo hijos. Todos los demás en algún momento se mudaron, murieron y el patrimonio quedó en manos de esa tía abuela. Años más adelante la vendió y ahora ella vive en un lugar rentado.
No sé desde exactamente cuándo y por qué esa casita fría, descuidada y, la verdad, fea, comenzó a importarme. Pero ahora tengo sueños vívidos del ambiente en su interior, he escrito cuentos a partir de mis recuerdos de niña en ella y todavía, cuando vamos de visita al pueblo y pasamos frente a su fachada, me descubro pensando con tristeza en eso que presiento como un gran valor perdido.
Patrimonio es una palabra que solemos usar para referirnos a los bienes, usualmente inmuebles. Yo dije, hace no mucho, cuando hablaba de mi anhelo por vivir en una casa propia algún día: “No quiero llegar a vieja sin un patrimonio”. Así salió de mi boca y solo después reflexioné en cada uno de sus significados inadvertidos.
Patrimonio proviene del latín patrimōnium, cuyo significado se refiere a los bienes de familia, la herencia. Palabra compuesta por las raíces pater (padre, jefe de familia) y -monium (sufijo que designa actos o situaciones rituales, jurídicas), dice la etimología, hace referencia a la “titularidad jurídica de un jefe de familia”.
En mi familia, como en la mayoría, el patrimonio —si existe— sigue estando en manos de los “jefes de familia”. En mi familia, como en otras, las mujeres de la generación de mi abuela perdieron su patrimonio —si alguna vez lo tuvieron— en su vejez porque su condición de mujeres las orilló a ello.
La estadística oficial dice que las mujeres son propietarias del 35 por ciento de las viviendas en México. Y si hablamos de la propiedad de la tierra, en ningún estado de la República llegan a tener el 40 por ciento o más. Ciudad de México, Baja California y Guerrero son las entidades en donde la proporción es mayor, mientras la menor proporción de mujeres propietarias de la tierra está en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, de acuerdo con datos del Registro Agrario.
El acceso de las mujeres al derecho de la propiedad de la tierra, desde 1910 y con la reforma agraria resultado del movimiento revolucionario, ha sido “paulatino y en ocasiones limitado o condicionado por prácticas sociales y culturales”, dice el Instituto Nacional de las Mujeres. Pero esto es algo que nosotras ya sabíamos, la estadística solo lo confirma. Y esto no solo en el caso de la tierra, también de los inmuebles, de la vivienda.
La vivienda adecuada y asequible es un derecho humano, pero existen factores que nos siguen impidiendo ejercer ese derecho “sobre todo a las mujeres”, apuntó Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de la organización Prodesc, en un texto que aborda el reciente escándalo de Airbnb y el derecho a la vivienda en CDMX. Ancheita rescata un dato interesante que, justo, evidencia la desigualdad sexual en este tema: 45 por ciento de las mujeres con “jefatura” del hogar pagan alquiler, frente al 34 por ciento de los hombres en esa misma condición.
Pienso de nuevo en la casita del bisabuelo, hoy perdida; en mi uso descuidado del término patrimonio para referirme a una casa propia; en la utopía compartida entre amigas de comprar un terreno juntas donde construirnos —no solo cuartos— casas propias en donde podamos envejecer. Pienso en cuánto más complejo se torna el problema del mal logrado derecho a la vivienda cuando lo pensamos desde una mirada feminista.
