En medio de un debate sobre quien miente, si el presidente de México o el Gobierno de Chihuahua, hay un hecho irrefutable: ninguna de las dos autoridades fue capaz de detener a Noriel Portillo, alias “El Chueco”. Desde el gobierno de César Duarte, Noriel fue señalado por amenazas, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada. ¿Quienes fueron sus víctimas?
Por Patricia Mayorga / Raíchali
Fotografías por Raúl F. Pérez y Patricia Mayorga
El fiscal general de Chihuahua expresó que a su parecer, el presidente Andŕés Manuel López Obrador “tiene otros datos”, luego de que éste aseguró en la conferencia mañanera del pasado viernes 24, que el gobierno de Chihuahua ofreció al Gobierno Federal que si retiraban al Ejército de la comunidad Cerocahui en junio pasado, aparecieran los cuerpos de los padres jesuitas.
El 20 de junio de 2022, el jefe del grupo delictivo que opera en el municipio de Urique y zonas aledañas, José Noriel Portillo Gil alias El Chueco, tuvo un altercado con el guía de turismo Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, quien se encontraba en el hotel MIsión de Cerocahui (ubicado a un costado de la misión de Cerocahui, San Francisco Javier). El empresario intentó huir y se refugió en el templo, hasta donde llegó junto con El Chueco.
La versión de lo ocurrido dentro del templo la dio dos días después de los hechos, el provincial de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Moro Madrid, después de realizar la reconstrucción de los hechos con dos sacerdotes que estuvieron presentes y un diácono.
El sacerdote Joaquín Mora Salazar habrían intentado huir de El Chueco y se refugió en la sacristía, pero el criminal lo jaló del cabello para sacarlo. La sacristía estaba vencida como señal de lo ocurrido. Noriel Portillo le disparó a Mora y salió el padre Javier Campos Morales, conocido como el padre Gallo, quien intentó calmarlo, pero también disparó contra él.
“El tercero (sacerdote) está viendo todo y se queda helado. El agresor en un momento como que cae en la cuenta y pide perdón al padre y le dice que quiere confesarse. Hay un momento largo en el que conversa con el padre. Uno de los que sobrevive, reconoce que uno de los padres es sacado de la sacristía de los cabellos y lo lleva hasta el altar y ahí es donde sucede todo el resto. Estamos entendiendo que le quiere dar la absolución, el otro intenta huir. El agresor va por él y lo jala de los cabellos y le dispara. Muere en el altar, y el otro sacerdote también”, agregó el provincial en entrevista el año pasado, antes de localizar los cuerpos de los jesuitas.
El vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Espinosa, refirió, también previo a la localización de los cuerpos de los padres Gallo y Mora, que cuando el tercer sacerdote salió para intentar calmar a El Chueco, éste le preguntó: “¿Dios me va a perdonar, padre?”. El jesuita le respondió que sí “¿Usted me perdona, padre?, afirma de nuevo el sacerdote y le pide que no se lleve los cuerpos. Pero el agresor se llevó los dos cuerpos de los jesuitas y el del guía de turismo.
En el lugar se encontraban además del tercer sacerdote que intervino, un diácono jesuita y un visitador general de la Compañía, que viajó de Roma y se encontraba en el pueblo ese día. Los cuerpos aparecieron tres días después en un lugar turístico conocido como Pitorreal, del municipio de Bocoyna, cerca del pueblo de Creel.
Sobre ese episodio de tres días, entre el asesinato de los padres y Pedro Palma, su desaparición y localización, habló en la Mañanera el presidente de México:
“Fue muy lamentable lo que sucedió. Esto se originó porque hubo complicidades, porque hubo tolerancia de autoridades locales para con estos grupos que actuaban ahí, en Creel y en Urique, con completa impunidad. Se descubrió que este señor era patrocinador de un equipo de béisbol cuando comete el asesinato. Y los sacerdotes, uno de los fallecidos, de los sacerdotes asesinados, lo conocía porque le dice: ‘no hagas esto o no me hagas esto’. Y le llama por su apodo. Y aún así lo ejecuta. Entonces, era una gente ahí conocida”, detalló.
Y acusó al gobierno de Chihuahua:
“¿Qué hicimos? Pues desde el primer momento actuamos. Fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la Defensa. Se inició la búsqueda, nos mandaron a decir que si salía el Ejército, iban a entregar los cuerpos y dijimos: no. Y de repente, ya se había buscado y no estaban los cuerpos. Y de repente aparecieron los cuerpos por donde ya se había buscado. O sea que cambiaron de parecer porque la propuesta es: ya, entregamos los cuerpos y váyanse. Y dijimos: no”.
¿Quién les pidió que se retirara el Ejército?, le preguntaron en la conferencia de este viernes.
“Del gobierno de Chihuahua, del gobierno de Chihuahua. Hagan ustedes también ustedes su trabajo, ¿no son mirones profesionales, pues? ¿Y qué sucedió? Aparecieron los cuerpos y no salió el Ejército, se mantuvo y lo mismo la Guardia Nacional. (Al Chueco) lo ajusticiaron, a lo mejor pensando que con eso que ya se iba a terminar la búsqueda e iban ya a salir los elementos, que están ahí desde el primer día.
“¿Qué le digo a la gente de la sierra? Que va a seguir ahí, la protección”, afirmó.
En respuesta, Jáuregui Moreno refutó que el presidente está mal informado porque Chihuahua “jamás” solicitó el retiro del Ejército de Cerocahui, municipio de Urique.
Al contrario, dijo, el Ejército ha sido un aliado muy importante para buscar que se restablezca la paz en la región. “Yo creo que hay alguien que está mal informando al presidente o que no le está pasando los datos como deben de ser” y añadió que en colaboración con la Marina Armada de México, en abril de 2022 realizaron un operativo para capturar a El Chueco, quien ya estaba prófugo por otros delitos.
El funcionario estatal aseguró que en aquel operativo incautaron 67 armas largas y 13 cortas, 450 kilogramos de goma de opio y decomisaron semilla para cultivar, camionetas, que equivale aproximadamente a 50 o 60 millones de pesos.
“Fue una operación que se realizó en conjunto con la Marina y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con datos de inteligencia de ambas corporaciones, es decir, ya se le tenía en la mira”, agregó.
El fiscal coincidió con el presidente en que Noriel Portillo andaba por la región como “Juan por su casa” porque desde 2018 tenía orden de aprehensión por el homicidio del maestro norteamericano Patrick Braxton Andrew, ocurrido en octubre de ese mismo año. El cuerpo de la víctima fue ocultado también durante varios días y una vez que la presión por la exigencia de justicia y localización del norteamericano, lo localizaron.
El exgobernador Javier Corral Jurado declaró en su momento, que sus homicidas lo ocultaron y ellos mismos lo exhumaron para abandonarlo en una brecha cercana a la comunidad indígena de Guapalayna, del mismo municipio. El panista aseguró que no se detendrían hasta caputarlo, pero no lo logró.
El fiscal Jáuregui Moreno relató además que a El Chueco se le acusaba del homicidio de “un activista”, en referencia a Cruz Soto Caraveo, ocurrido el 20 de octubre de 2019. Él era el líder de un grupo víctima de desplazamiento forzada desde 2014, de la comunidad de Monterde, municipio de Guazapares, vecino de Urique. La comunidad desplazada se unió a las víctimas de desplazamiento forzado de la comunidad de El Manzano, del municipio de Uruachi, quienes se encuentran fuera de su tierra desde 2015. Esta última comunidad también ha señalado a Noriel Portillo como el jefe del causante de su desplazamiento y control de su territorio.
Cruz Soto fue privado de la libertad el 13 de septiembre de 2019 por hombres armados que lo interceptaron en Témoris, del municipio de Guazapares. El activista que se encontraba desplazado, regresó a su municipio el 12 de octubre para reunirse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano federal. Asistió a la reunión y al día siguiente, viajó con otras personas a la comunidad de Los Llanos, pero fueron interceptados por personas armadas que los privaron de la libertad.
También estuvo en calidad de desaparecido más de un mes. Las autoridades estatales informaron en ese lapso que realizaron operativos por tierra y aire para su localización y señalaron al cartel de Sinaloa, liderado en esa región por José Noriel Portillo. El cuerpo apareció en una brecha de la localidad La Lechuguilla en el municipio de Guazapares. Previamente, Cruz Soto recibió amenazas de grupos civiles armados.
Por ese caso, detuvieron y condenaron a 12 años de prisión a quien era director de Seguridad Pública Municipal de Guazapares, Paulino M.R y a Samuel Alejandro B.G, quienes fueron arrestados en Hermosillo, Sonora, en marzo de 2020. El exjefe policiaco fue acusado de entregar al Curz Soto al cartel que opera en la región. Y en julio del año pasado sentenciaron a 16 años 8 meses de prisión a Ismael Q. A por el delito de desaparición forzada, luego de que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Persona, que demostró su participación en la desaparición y homicidio de Cruz Soto, quien era parte del Colectivo de familias desplazadas forzadamente de la Sierra Tarahumara.
El Chueco fue señalado por víctimas de diferentes delitos de alto impacto como amenazas, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada, desde 2013. En el gobierno de César Duarte Jáquez obligaron a comunidades de indígenas completas a desplazarse silenciosamente, sin que se reconociera aún el problema de despojo y desplazamiento que ocurría en aquel tiempo. En 2019 también fue señalado como el culpable de la desaparición de tres hombres de Zacatecas que viajaron a la Sierra Tarahumara a vender colchas, edredones y cobijas, como lo hacían desde hace dos años. Las víctimas son: Javier Muñoz Pérez de 29 años, Juan Antonio Martínez Parra de 19 y Rubén Flores Cisneros de 17. La última vez que su familia supo de ellos fue cuando estaban en el municipio de Guazapares.
En el comunicado de la Fiscalía General del Estado, Jáuregui Moreno aseguró como lo afirmó Javier Corral en su momento, que cuando llegaron al gobierno realizaron la labor de inteligencia y se coordinaron con las fuerzas federales para realizar un operativo con los resultados que dio a conocer anteriormente.
“El fiscal reiteró que desde ese primer golpe y tras los lamentables acontecimientos de Cerocahui, gracias al Operativo Conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, no se volvió a registrar ni un solo acontecimiento delictivo encabezado por José Noriel Portillo Gil en la zona. A la fecha, han sido detenidos 34 miembros de la organización delictiva de El Chueco (…) reiteró además que los operativos conjuntos son permanentes e incluso, la Guardia Nacional tiene un destacamento permanente en la zona, el Ejército mantiene presencia importante y se sigue trabajando en permanente colaboración.
“Sinceramente, pues creo que el presidente está muy mal informado sobre la situación, ¿qué caso tendría, si dos meses antes andábamos ya sobre él, hicimos un operativo con la Marina, desmantelamos mucho de la infraestructura que El Chueco tenía, con un decomiso importantísimo, para luego después andar pidiendo que se fueran cuando el operativo lo realizamos juntos en abril, a mí me parece que el presidente tiene otros datos”, concluyó.
El 15 de febrero pasado asesinaron al presidente seccional de Bahuichivo, José Ofelio Cervantes R. sin que hasta ahora se conozca al o los culpables. Bahuichivo es uno de los centros de operación el José Noriel Portillo Gil, se encuentra a 17 kilómetros de Cerocahui. Y de acuerdo con pobladores de la región, en rancherías las rancherías aledañas de El Churo y Wicórachi han desaparecido a varios jóvenes, presuntamente para reclutarlos o para asesinarlos. La semana pasada les informaron a gente que reportó la ausencia de sus familiares, que había unos cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo) que podrian ser ellos.
Otras víctimas de El Chueco que también privó de la libertad el 20 de junio pasado, son los hermanos Paúl Osvaldo y Armando Berrelleza Rábago, quienes jugaban en un equipo local de béisbol llamado Venados. Unos días antes, el equipo de los hermanos le ganó el equipo Los Venados, que era patrocinado por Noriel Portillo. La mañana del 20 de junio, antes de asesinar a los jesuitas, acudió a la humilde casa de los jóvenes. De acuerdo con testigos que dieron su testimonio a las autoridades, le disparó a Paúl Osvaldo y se llevó a los dos. Antes de huir, incendió la casa de la familia.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.