A Carlos Efraín Jariz Cruz, conocido como Ramiro, lo asesinaron y desaparecieron policías municipales por lo que la comunidad rarámuri exige el pago de la indemnización, una disculpa pública y dos memoriales
Por Marco Antonio López / La Verdad
Ciudad Juárez- El Municipio de Juárez adeuda la indemnización por el homicidio de Carlos Efraín Jariz Cruz, un miembro de la comunidad rarámuri a manos de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal perpetrado desde el 5 de julio de 2015.
Los familiares de la víctima acudieron este lunes a la Presidencia para entregar un oficio al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, para exigir el pago de la reparación, una disculpa pública y la instalación de dos memoriales, uno en la colonia Tarahumara y el otro en el punto del Camino Real en el que fue abandonado el cadáver de Jariz Cruz, conocido como Ramiro.
Los familiares y su representación legal del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte fueron recibidos por el titular de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes quien mencionó que se comprometía a dar seguimiento al caso.
En octubre de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 65/2018 en la que estableció que hay elementos suficientes para probar las graves violaciones a los derechos humanos por lo que se le solicitó al Municipio pagar a la familia la indemnización compensatoria.
Sin embargo, el 9 de enero de 2019 el Municipio respondió que aceptaba la recomendación de manera parcial pero que se negaba a realizar el pago de la indemnización por considerar que le corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE).
Apenas el 22 de febrero de 2023 la CEAVE dictaminó que el Municipio tiene que hacerse responsable por el pago de la reparación del daño por las violaciones a los derechos humanos. Mientras que la Comisión Ejecutiva pagó la reparación del daño por el delito ya que los detenidos y sentenciados se declararon insolventes, de acuerdo con la abogada Maricela Vázquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
“El caso de Ramiro tiene dos reparaciones del daño, una por lo que hace al delito y otra por lo que hace a la violación de los derechos humanos porque eran agentes municipales los que cometieron el homicidio, los que lo torturaron y lo desaparecieron, estaban en patrulla oficial, con uniforme y en activo y el Municipio tiene que responder por una”, dijo la abogada.
Ramiro tenía 23 años, se dedicaba a la construcción
Cerca de las 7:30 de la mañana del domingo 5 de julio de 2015 los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José Cerecedo Mondragón y Héctor José Holguín Aragón arribaron a bordo de la patrulla 442 a la colonia Tarahumara, en el poniente de Ciudad Juárez.
En la banqueta del comedor infantil comunitario estaba acostado y dormido Carlos Efraín Jariz Cruz, un joven de 23 años dedicado a trabajar en la construcción y que era mejor conocido en la comunidad como Ramiro.
Ramiro tenía entonces una esposa y una hija de 6 años que se acababa de graduar del jardín de niños. Un día antes hicieron un festejo y por eso Ramiro estaba desvelado, dormido en la banqueta cuando pasó por ahí la unidad 442 de la Policía Municipal con los agentes José y Héctor, que se detuvieron a un costado de Ramiro.
Los agentes descendieron de su unidad y comenzaron a agredir a Ramiro, lo empezaron a patear aun mientras dormía, narraron testigos que intentaron persuadir a los oficiales para que lo dejaran, de acuerdo con la Recomendación 65/2018 de la CEDH.
Sin embargo, los oficiales se llevaron a Ramiro del lugar hacia un mirador del Camino Real conocido como La rosa de los vientos.
Ahí a Ramiro le rompieron la nariz, la boca, le rompieron las costillas quinta, sexta y séptima anteriores izquierdas y las costillas tercera, cuarta y quinta anteriores derechas, le patearon el hígado hasta que se reventó y le rompieron la arteria hepática izquierda, lo que desencadenó un choque hipovolémico que causó la muerte de Ramiro. Todavía en el brazo derecho, a la altura del codo, quedó la marca del neumático de la patrulla oficial que le pasó por encima al dejarlo.
Los oficiales no registraron su detención y no tuvieron la intención de presentarlo en barandilla, lo que se consideró como privación de la libertad y después desaparición forzada, cuando abandonaron el cadáver de Ramiro en las faldas de la Sierra de Juárez.
Alrededor de las 10:48 de la mañana una patrulla de la Policía Estatal encontró el cadáver a la orilla del Camino Real.
Los agentes José Cerecedo Mondragón y Héctor José Holguín Aragón fueron sentenciados el 1 de abril de 2017 a 23 años de cárcel.
Como parte de la recomendación de la CEDH el Municipio aseguró que se capacita constantemente a sus oficiales en temas de derechos humanos para evitar la repetición de homicidios como este por parte de los agentes.
Sin embargo, los miembros de la comunidad rarámuri exigen que se cumpla no sólo con eso sino también con la preparación integral del daño, lo que incluye la parte económica pero además una disculpa pública por parte del director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del presidente municipal. Así como la instalación de los memoriales o cruces en los puntos de desaparición y homicidio de Ramiro para que no se olvide lo que sucedió.
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