Si bien existe puesta en marcha una política centralista de salud federal, es responsabilidad del gobierno estatal garantizar lo necesario para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas… sus confrontaciones están costando la vida y la salud de las mujeres y las niñas, urge que así lo entiendan
Por Mariela Castro Flores
Tw: @MarieLouSalomé
Si pudiéramos invocar a un consenso generalizado, este podría ser que la violencia de género es un grave problema que requiere todos los esfuerzos del estado para su prevención, atención y erradicación, incluídos sólidos compromisos institucionales como necesarios. Pues bien, en esa lógica no se puede dejar de comentar lo que de modo reciente se ha venido suscitando en la Secretaría de Salud referente a la materia.
El componente de Violencia de género y violencia sexual que depende del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva cuenta con objetivos y acciones como contribuir a la prevención y reducción de daños a la salud ocasionados por la violencia de género y sexual, el impulso de estrategias para promover el derecho a una vida libre de violencia, fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud para atender favoreciendo los mecanismos institucionales y de vinculación para la mejora de los servicios de prevención y atención, entre otras. Es de aplicación y operación nacional; sin embargo, por la reestructuración presupuestal del Ramo 12 –que es el ramo administrativo dedicado a operativizar los programas que integran a la Secretaría de Salud– y la confronta del gobierno estatal con el federal, se ha optado por la eliminación del programa en vez de buscarle alternativas para su subsistencia.
Lo que es muy grave. Lo es porque hasta mayo del año anterior, se operaba dicho programa en 15 municipios con un alcance que logró la atención de hasta 3 mil usuarias en los Servicios Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de Género, 179 en reeducación para hombres generadores de violencia de pareja, 163 en grupos de reflexión para víctimas, 128 adolescentes para la prevención de violencia en el noviazgo, 159 adolescentes atendidas en grupos para la prevención de la violencia de género y 277 víctimas de violencia sexual atendidas con tratamiento de profilaxis de VIH e infecciones de trasmisión sexual. Las presentes cifras corresponden a 2022; empero, cabe mencionar que descendieron drásticamente respecto a estos mismos rubros en comparación a lo registrado en 2020 y 2021.
Al momento y luego de los recortes presupuestales obligados, sólo se quedaron con 17 psicólogas/os para atender 4 municipios (Chihuahua, Juárez, Parral y Cuauhtémoc) dejando sin cobertura ni atención alguna al resto del estado; a pesar de que municipios como Guadalupe y Calvo cuentan con alerta de género. Mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia doméstica, sexual y de género leve o severa han quedado sin protección alguna.
Si bien la política de salud federal busca mejorar su efectividad en el país reorganizando sus instituciones en función del financiamiento, articulación y prestación de servicios a partir de sus instrumentos normativos y técnicos para hacer efectiva una cobertura universal centralizando todos los servicios, lo que implica ya un cúmulo de complejidades sumamente difíciles de solventar, lo cierto es que le ha dado al gobierno de Chihuahua y sus autoridades una serie de elementos perfectos para evadir su responsabilidad, ya que por cuestiones financieras e ideológicas en materia de salud sexual y reproductiva no había logrado –al momento– discurrirse del mandato jurídico que la normativa y reconocimiento de la progresividad de la legislación le mandata.
Es sabido que el programa de violencia además de prevenir y atender violencia doméstica y de género, respecto a lo sexual faculta procedimientos médicos de interrupción de embarazo bajo el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México y antes, acompañando casos con la NOM-046 que es la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y la atención; cuando la gestación se desprende de agresiones sexuales. Por otro lado, también dicho programa, tiene una sólida inclinación a promover los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes (NNA’s).
Entre el talante conservador de los gobiernos panistas y su agenda restrictiva en materia de salud sexual y reproductiva, a pesar de los avances que en lo federal se han conseguido, en la actual coyuntura ha encontrado un terreno fértil para eliminar el programa que en sus paradigmas, consideran solo favorece el acceso al aborto y le “roba” poder y control sobre las infancias a sus progenitores, lo que les obstaculizado a NNA’s a generar autonomía a partir del ejercicio de sus derechos y el libre desarrollo de la personalidad.
La presente administración ultraconservadora como es, se suma a la enorme negligencia de la federación, porque en palabras propias: “el organismo se encuentra analizando las diferentes fuentes de financiamiento y la viabilidad de reorganizarlas, para poder dar sustentabilidad a las acciones del programa”; en tanto trabaja para que sea la Dirección de Salud Mental y Adicciones quien atienda la violencia de género, doméstica y sexual, lo que demuestra que alternativas no están buscando y solo se está optando por la salida fácil ya que, dicha dirección carece de personal capacitado e infraestructura suficiente para generar cobertura y atender la problemática; lo que no garantiza en el peor de los escenarios, la prevención.
Lo más grave es la simulación. Los datos y la declaración fueron proveídas por la misma Secretaría de Salud vía el portal de transparencia y sus dichos no concuerdan con la realidad y peor aún, encuentran sustento en la narrativa engañosa y demagoga de la titular del ejecutivo estatal al afirmar en su primer informe de gobierno: “…como gobernadora pero sobre todo como mujer, estoy firmemente dedicada a cuidar la vida y la integridad de todas”, lo que en lo concreto demuestra la real política de su gobierno. Es de infausta memoria la escena de ella con un pañuelo celeste colgado en el cuello en su primer acto público.
Reitero por si no se entendió: si bien existe puesta en marcha una política centralista de salud que entorpece la distribución de los recursos, es responsabilidad del gobierno estatal garantizar lo necesario para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, en ello, es obligación y menester gestionar los acuerdos políticos necesarios que lleven a la suma de voluntades para lograr sostener programas como el de violencia que garanticen -en tanto, es la violencia de género un problema de salud pública- herramientas para que eventualmente se transforme la realidad social.
Sus confrontaciones están costando la vida y la salud integral de las mujeres y las niñas, urge que así lo entiendan.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
