Una jueza ordenó crear una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario. También instruyó abrir cuarteles del Ejército Mexicano para buscar indicios de las dos víctimas de desaparición forzada
Texto: Lydiette Carrión
Fotografía: Prometeo Lucero / Archivo
Pie de Página
En mayo de 2007, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario fueron detenidos por policías municipales en Oaxaca, luego desaparecidos, y quizá entregados al Ejército Mexicano. Doce años después, una jueza federal ordena abrir los cuarteles para buscarlos e interrogar a mandos civiles y militares. Este amparo abre un camino legal para otros casos similares en México.
María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) crear una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, presuntos líderes del Ejército Popular Revolucionario, que fueron detenidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. Aunado a ello, para buscar indicios de las dos víctimas de desaparición forzada, la jueza instruyó a abrir los cuarteles militares.
La desaparición forzada de Edmundo y Gabriel se dio en el contexto de una fuerte represión contra el movimiento magisterial y social en Oaxaca durante 2006. Actualmente, activistas e intelectuales que formaron parte de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, durante 2015 y 2016 anunciaron que llevarán ante el tribunal de la Haya los delitos que el Estado perpetró durante esa época; incluido entre ellos el caso de los eperristas.
Hace unas semanas, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert, informó que se pedirá a la Corte Penal Internacional que admita el caso, para ser investigado, ya que los estragos de la represión en Oaxaca se enmarcaron en un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado “para reprimir la protesta social que después de esos hechos se generalizó y se sigue aplicando en distintas partes del país”.
Desaparecer en un laberinto
Son pocos los casos de desaparición forzada que el Estado mexicano reconoce. Uno de ellos, y probablemente el primero que se tenga registrado en los años 2000, es el de Gabriel y Edmundo.
Durante los primeros días después de la desaparición, el Ejército Popular Revolucionario (que en aquel entonces tenía más actividad en el país) decidió esperar. Dar a conocer la identidad de un militante era una medida desesperada para los grupos armados. Pero conforme fueron pasando las semanas y no sabían de sus compañeros, decidieron hacer pública la denuncia a mediados de junio de ese mismo 2007; sin embargo, su llamado no tuvo eco ni en las autoridades ni en la opinión pública, por lo que, el 10 de julio siguiente realizó una serie de atentados contra ductos de Pemex en el centro del país.
Y en septiembre se adjudicó de nueva cuenta otros atentados.
En abril de 2008, se creó la Comisión de Mediación (Comed) entre el PDPR –EPR y el gobierno federal, a instancias del propio grupo armado.
Esta comisión estuvo conformada por intelectuales y activistas: el escritor Carlos Montemayor, los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa y Gilberto López y Rivas, el obispo emérito Samuel Ruiz, la activista Rosario Ibarra de Piedra, el investigador Enrique González Ruiz y el abogado Juan de Dios Hernández Monge. Y fue la propia Comed la que puso como condición para dialogar que el EPR mantuviera una tregua unilateral, que hasta la fecha ha mantenido.
En la prensa se filtró que los dos detenidos desaparecidos eran militantes de alto rango del EPR. Aquel 2007, la PGR inicio una averiguación previa, no por el delito de desaparición forzada (es decir, cometida por agentes del Estado), sino por privación ilegal de la libertad. E informó que contaba con indicios para considerar que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz estaban muertos; sin embargo, tanto los familiares como la Comed acusaron que la procuraduría no tenía investigación ni datos verídicos.
Para el 14 de agosto de 2008, la Comed presentó documentos relevantes con respecto a la desaparición de ambos luchadores sociales y aquel mismo día, el gobierno federal reconoció que se trataba de un delito de desaparición forzada.
Al año siguiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 7000/2009. Y ahí acreditó que, en la desaparición de los dos militantes intervinieron miembros de al menos cuatro instancias: El Ejército Mexicano (adscritos a la octava región castrense, en Ixcotel, Oaxaca); de la Dirección General de Seguridad Pública del estado (en aquel tiempo, Secretaría de Protección Ciudadana); de la entonces policía ministerial (hoy, policía de investigación); de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca.
De ahí que ya desde 2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación emitió su resolución 29/2014, que ordena realizar su búsqueda en instalaciones militares y realizar diversas diligencias para su localización, que han sido desacatadas.
Algunas de las diligencias para cumplimentar la sentencia, sin embargo, fueron realizadas cuatro años después, como documentó la prensa en aquel entonces.
Elementos de la Fiscalía General de la República se apersonaron en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones hasta 2018. No hallaron nada.
Este último amparo, considera la defensa, es inédito en el país. Ya que es el primero en su tipo frente a una desaparición forzada.
