El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que incorpora medidas para fomentar el acceso al trabajo de personas con discapacidad en la administración pública del estado
Por Itzel Ramírez / La Verdad
Al menos un cinco por ciento de las contrataciones de la plantilla laboral del Estado de Chihuahua deberán corresponder a personas con discapacidad, debido a una reforma aprobada este miércoles por el Congreso del Estado.
La modificación tuvo origen en una iniciativa de Morena presentada en junio del año pasado para modificar el Código Administrativo estatal que ahora deberá tener un enfoque incluyente para las contrataciones del personal.
“En la contratación de personas trabajadoras o empleadas al servicio del Estado, se deberá tener un enfoque profesional e incluyente. El Estado procurará la contratación de al menos cinco personas con discapacidad, por cada cien personas servidoras públicas, que reúnan el perfil requerido para trabajar o para desempeñarse”, establece el nuevo artículo 76 BIS del código, una reforma que entrará en vigor una vez se publique en el Periódico Oficial del Estado.
La propuesta original de Morena fijaba en dos por ciento la cuota de inclusión laboral, sin embargo, de los seis eventos organizados por el Congreso para la consulta con personas con discapacidad se concluyó la necesidad de ampliar el porcentaje.
“Una vez terminada la consulta en cuestión, se puede concluir que las personas asistentes (a los eventos) en su totalidad consideran que establecer un porcentaje como mínimo es un comienzo sano, sin embargo, difieren de la intención de la parte iniciadora en cuanto al porcentaje por lo que propone se realice la reforma de conformidad con la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua”, explicó el dictamen.
La Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua en su artículo 13, fracción XIV, establece que el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos deberán “procurar la contratación de cinco personas con discapacidad, por cada cien servidores públicos existentes, que reúnan el perfil requerido para trabajar o para desempeñarse”.
La Comisión de Trabajo y Previsión Socia, encargada del dictamen, atendió esta petición, por lo que el porcentaje se estableció en cinco por ciento.
En el dictamen, la comisión explicó que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad, un documento de 2011 elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, las personas con discapacidad tienen una mayor probabilidad de estar desempleadas y, cuando trabajan, generalmente perciben salarios menores a los de las personas sin discapacidad; que presentan tasas más altas de pobreza, lo que a su vez complica el acceso a atención médica o costos asociados a su condición.
“Debido a estos gastos más elevados, es probable que las personas con discapacidad y sus familias sean más pobres que las personas sin discapacidad con unos ingresos similares”, observó el dictamen.
Además, las personas con discapacidad, según el informe, tienen mayor dependencia y una participación limitada en la vida comunitaria, situaciones que aumentan a medida que envejecen sus familiares.
Por ello, continuó el dictamen, se requiere que haya normas que aseguren la inclusión de las personas con discapacidad.
“Como administración pública se deber ser ejemplo de la inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad para la obtención de un empleo digno y de un salario justo”, argumentó la iniciativa, cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad.
Para el análisis de la propuesta, y en aras de asegurar la consulta de las personas con discapacidad en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de los foros se creó un micrositio para la difusión de la iniciativa, se proporcionó transporte adaptado para quienes lo solicitaron, además de que se transmitieron los eventos a través de redes sociales del Congreso y se contó con interpretación en Lengua de Señas Mexicana, según la comisión.
Algunas de las organizaciones de y para personas con discapacidad que participaron en la consulta fueron Red Integración, Discapacidad y Desarrollo AC, Fundación Unidos por el Autismo, Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales AC, CERCC AC, Fundación Integra AC, Centro de Estudios para Invidentes AC, Centro Familiar para la Integración y Crecimiento AC, Fundación del Empresariado Chihuahuense AC, Amigos con Discapacidad Primer Paso AC, además de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.
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