En 2017, la entonces secretaria de Desarrollo Agrario, Rosario Robles, entregó 571 hectáreas de tierra del desierto de Sonora a la familia Baillères. Las tierras eran propiedad de ejidatarios del ejido El Bajío, quienes después de una batalla legal y un sinfín de agresiones, al fin lograron recuperar parte de su territorio
Texto y foto: Kau Sirenio / Pie de Página
Ciudad de México– Ejidatarios del ejido El Bajío, en Sonora, recuperaron 571 hectáreas que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, entregó en 2017 a la minera Penmont. Penmont es una minera filial de grupo Fresnillo PLC, propiedad de la familia Baillères.
Tras conocer la resolución del Tribunal Superior Agrario, el representante del ejido El Bajío, Javier Thomas González, dijo que la recuperación de la tierra que la SEDATU entregó de manera irregular a la minera Penmont no es gratuita, sino que es el resultado de una larga lucha de los ejidatarios del desierto de Sonora.
“Han secuestrado a nuestros compañeros para torturarlos. Nos han desplazados de nuestra tierra porque nos oponemos a la voracidad de la familia Baillères. Pero eso no es todo: mataron a cuatro de los principales activistas del ejido, sin que hasta ahora haya una investigación para dar con los responsables”.Jesús Thomas González, ejidatario de El Bajío.
En noviembre de 2014, el ejido El Bajío obtuvo 67 sentencias a su favor. En ellas, se ordena a la minera Penmont regresar las tierras a los ejidatarios en su estado natural, tal y como estaban antes de que la minera ocupara el territorio. Sin embargo, a 9 años de la resolución del tribunal, esto no ha ocurrido.
Políticos favorecen intereses de la minera
Después que obtuvieron las sentencias favorables a su causa, los ejidatarios volvieron al Tribunal Unitario Agrario numero 28 de Hermosillo, Sonora, para demandar la nulidad de un acta de asamblea ejidal de 2008. En esa asamblea, los ejidatarios José Concepción Cruz Pérez, Erasmo Cruz López y Luis Enrique Cruz Figueroa (conocidos como los Cruz) pretendían convertir la propiedad social del ejido a parcela ejidal.
La asamblea, acusan el resto de los ejidatarios de El Bajío, no fue legal, pues no hubo convocatoria y no llegaron la mayoría de los ejidatarios inscritos en el padrón.
Los Cruz están a favor de la minera, e inclusive, acusan el resto de los ejidatarios, recibieron un pago de la minera para hacer la sucesión de derechos. Por eso el acta de esa asamblea de 2008 era fundamental, pues de ser válida tendrían las condiciones para entregar la superficie que la minera Penmont venía explorando y explotando en el paraje identificado como Dipolos sin que mediara una concesión de por medio. Lo cual es ilegal.
El Tribunal, sin embargo, nulificó el acta, pero la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto a la presidencia puso un obstáculo más para los ejidatarios. La transición de poder político movió las piezas a favor de la familia Baillères, y permitió que desde la SEDATU se consiguiera todo el papelo para otorgar el titulo de propiedad a la minera Penmont.
Thomas González, ejidatario de El Bajío, explica:
“Estos tramites lo hicieron durante el periodo de Rosario Robles, y fue muy rápido todo. Para ello no hubo traba alguna, todo fue muy fácil. En cuestión de un año SEDATU entregó Dipolos a Penmont”.
El proceso fue silencioso, y consistió en primero convertir la superficie en disputa en propiedad de la nación, pero después, en una maniobra legal, el territorio pasó a ser parte de la minera Penmont. Los argumentos para justificar este cambio, recuerda Thomas, fueron muchos, por ejemplo, decir que esa superficie no estaba dentro de los límites del ejido, lo cual es falso, porque «la única colindancia de El Bajío es con el ejido El Norteño».
Thomas González recapitula, y pone el foco en el Registro Agrario Nacional, quienes durante años le han negado a los ejidatarios el acceso a los archivos, y han dilatado el trámite a sus peticiones. Sin embargo, añade, el trato es distinto con la minera Penmont y la familia Cruz, «ellos tienen trato preferencial», asegura.
Poderes amañados y crimen organizado: la estrategia de la minera
En 2014, el magistrado Manuel Loya Valverde resolvió las 67 sentencias a favor de El Bajío. Después, el magistrado fue removido de su cargo, y en el Tribunal Agrario desfilaron nueve magistrados más.
“A los que buscaban retomar nuestro caso los cambiaban a otro tribunal, esto debido a la presión política que la minera hace para que no se ejecute la sentencia. Cuando ven que los magistrados no resuelven a su favor, la minera empieza con presiones políticas y hasta con el crimen organizado para que hagan lo que ellos quieren”.Thomas González, ejidatario de El Bajío.
Además, Thomas González añade otro factor a la ecuación: los políticos que hoy operan a favor de la minera.
Un caso es el del senador José Narro Céspedes, quien ha promovido a Rubén Olivares Chávez y Hemel Quintero como asesores legales de los Cruz en el juicio de nulidad del acta.
Thomas detalla las implicaciones de esto:
“Para que se den una idea de cómo está tejido este aparato de justicia que está amañado con el poder económico, político y el crimen organizado: Hemel Quintero es sobrino de Rafael Caro Quintero (quien se encuentra prófugo de la justicia). De esto el senador Narro no ha dicho nada. Sin embargo, a través de su investidura, visita el Tribunal Superior Agrario para promover distintos juicios».
El 7 de junio de 2023, narra Thomas, estos asesores legales promovieron una excitativa de justicia para reabrir el expediente 188/2009, el cual ya fue juzgado, «pero quieren reabrirlo a base de presión. Por eso interpusieron una demanda en la Fiscalía General de la República en contra de la magistrada de Tribunal Unitario Agrario número 28, mientras a nosotros a cada rato nos amenazan”.
A casi diez años de que los ejidatarios obtuvieron las sentencias a favor, han pasado varias cosas que demuestran las tácticas y el poder de la minera en los órganos de justicia y el uso de grupos criminales para intimidar a los ejidatarios y a quien les de la razón.
El saldo de esta disputa: el magistrado que resolvió a favor de los campesinos no fue ratificado en su puesto; la detención de 12 ejidatarios por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano; el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
***
Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
