Autoridades de Salud de Chihuahua, Sonora y Nuevo León incumplen la norma federal que permite abortar a las sobrevivientes de violación
Por Dánae Vílchez y Verónica Martínez
openDemocracy / La Verdad
Personal sanitario y órganos de justicia de estados fronterizos con Estados Unidos incumplen sistemáticamente la normativa federal que obliga a ofrecer servicios urgentes de aborto a víctimas de violación, revela una investigación de openDemocracy y La Verdad de Juárez.
Una normativa federal permite a mujeres y niñas abortar si son víctimas de violación. Pero los hospitales y la policía de estados del norte de México – donde hay un índice creciente de violencia sexual y una alta prevalencia de embarazos adolescentes – impiden que las embarazadas por abuso sexual decidan sobre su salud, afirman fuentes médicas y defensoras de derechos.
En 2022 dieron a luz en México más de 9 mil niñas de 14 años (la edad de consentimiento varía de un estado a otro, pero la menor es de 15 años) y se denunciaron más de 56 mil casos de abusos sexuales y violaciones. En 2022, se le negó el aborto a una niña de 13 años en el estado de Chihuahua. Otra niña de 13 años corrió la misma suerte en Sonora en 2016.
“Ellos [los médicos] siempre están buscando formas de impedir que se produzca [el aborto]; utilizan todos sus recursos para no garantizarlo”, dijo Karina de la Cruz, del grupo feminista Marea Verde en Nogales, la ciudad fronteriza más grande de Sonora.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por interrumpir sus embarazos. Y en septiembre de 2023, removió esa penalización del código penal federal, abriendo la puerta a que el sistema de salud federal comience a prestar servicios de aborto.
Sin embargo, por el momento, cada estado es responsable de aplicar sus propios cambios legales, y la velocidad de los mismos puede depender del clima político. Doce de los 32 estados del país han legalizado el aborto hasta las 12 semanas, incluidas las fronterizas Baja California y Coahuila, pero en los demás estados del norte el aborto está muy restringido.
En Chihuahua, Nuevo León y Sonora, el aborto sigue siendo delito castigado con cárcel, a pesar del fallo de la Suprema Corte: un año en Nuevo León, cinco en Chihuahua y seis en Sonora. Se contemplan excepciones en casos de violación y si la vida de la embarazada corre peligro, pero sólo Nuevo León considera otros riesgos para la salud. Chihuahua y Sonora responsabilizan a las pacientes de cualquier pérdida de embarazo, por lo que quienes sufren abortos espontáneos pueden ser acusadas de “conducta negligente” o “abortos culposos”, aunque en la práctica rara vez o nunca son enviadas a prisión.
Las defensoras de los derechos reproductivos afirman que las legislaturas de estos estados dan largas a la adopción de leyes locales que incorporen las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Las estadísticas oficiales muestran que la criminalización sigue siendo elevada.
Objeción de conciencia y aborto
La norma federal conocida como NOM–046 obliga a todos los hospitales y clínicas del sistema público y privado a prestar asistencia sanitaria a las víctimas de violencia doméstica, de género y sexual (incluidas niñas y adolescentes). La misma norma dice que los servicios de salud deben proporcionar anticoncepción de emergencia, conocida como “píldora del día después”, e interrupciones de embarazo si las pacientes así lo requieren. Pero el cumplimiento de esta norma es obstaculizado por convicciones religiosas y prejuicios del personal médico, según Nora Villa Baca, profesora de medicina legal y forense de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
El personal de salud puede negarse legalmente a realizar prácticas que entren en conflicto con sus opiniones morales o religiosas. En México se suele apelar a este mecanismo, la objeción de conciencia, para no practicar abortos. Es un proceso voluntario en el que el personal médico debe registrarse como objetor o no objetor, en el caso de que no ponga objeciones al procedimiento.
Sin embargo, según Villa Baca, es difícil encontrar personal en el sistema público de salud que declare abiertamente su disposición de realizar abortos, porque son señalados y estigmatizados por sus colegas. “Se les tacha de ‘asesinos de bebés’. Esto afecta a la persona que realiza el procedimiento”, dijo.
“Cuando se trabaja en la sanidad pública, las creencias religiosas personales no deberían influir en la atención a los pacientes”, añadió la médica. “El estado tiene la responsabilidad de ayudar a la mujer a recuperar su salud… Si hay violencia sexual, esto incluye las consecuencias que puede tener, como una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado”.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia limitó específicamente el uso de la objeción de conciencia en relación con el aborto. “La objeción de conciencia no es absoluta y no debe utilizarse para denegar derechos fundamentales, como el acceso al aborto a una persona que ha sido violada”, dijo el tribunal.
Según Alfonso Carrera, director médico de la Fundación MSI (afiliada a la red internacional MSI Reproductive Choices que ofrece servicios de salud reproductiva), el aborto para una víctima de violación es atención de urgencia, lo que impide a un objetor de conciencia negarse a realizar el procedimiento.
Las estadísticas sugieren que la realidad puede ser diferente en los centros de salud públicos de los estados del norte.
En Chihuahua, las autoridades no respondieron a nuestras reiteradas solicitudes de información sobre servicios de aborto y objetores de conciencia. Pero según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, entre enero de 2019 y marzo de 2020 sólo se realizaron 24 abortos, en pacientes de 11 a 32 años. A modo de comparación, el grupo de apoyo Aborto Seguro Chihuahua afirma que por día atiende un promedio de seis mujeres que buscan abortar.
En Sonora, autoridades estatales dijeron que no hay registros de objetores de conciencia que trabajen para el sistema de salud, mientras que 101 empleados de servicios de salud se declararon no objetores. A pesar de múltiples peticiones de openDemocracy, la secretaría de salud de ese estado se negó a revelar cuántas personas trabajan como personal médico. En los primeros cuatro meses de 2023, el estado informó de 55 “pérdidas de embarazos”: cuatro de ellas abortos practicados por violencia sexual y 51 atribuidas a “conducta negligente” (es decir, abortos espontáneos).
En Nuevo León, las autoridades sanitarias nos dijeron que 43 profesionales médicos están registrados como objetores y 25 como no objetores. En los primeros siete meses de 2023 se practicaron 12 abortos: 10 por violación, uno porque el embarazo ponía en riesgo la vida y otro porque implicaba riesgos para la salud.
Las autoridades sanitarias de Baja California dijeron que no había personal médico registrado como objetor de conciencia.
Poca formación, mucha burocracia
Fuentes médicas afirman que la desigualdad en el acceso a opciones reproductivas puede achacarse también a la reticencia de las autoridades federales a presionar a los estados para que apliquen la normativa vigente.
“Existe un marco legal y hay médicos que pueden realizar [abortos]. Pero no hay voluntad por parte de las autoridades”, declaró a openDemocracy César Ruiz, director de la clínica privada de salud reproductiva Medieg de Ciudad de México.
La falta de formación en perspectiva de género amplía la brecha entre la normativa y el acceso real a los servicios, según Ruiz. “El gobierno federal debería haber capacitado obligatoriamente a todo el personal médico sobre la NOM–046”, dijo. Pero agregó: “Si le preguntas a cualquier personal de salud qué es la NOM–046, no lo saben”.
Las autoridades estatales también ponen trabas a las mujeres que desean abortar. En Chihuahua, los hospitales exigen con frecuencia denuncia policial de la agresión sexual, a pesar de que la normativa federal no la pone como requisito, según la abogada Laura Dorado, activista por los derechos reproductivos y cofundadora de Aborto Seguro Chihuahua.
Dorado asegura que su grupo ha podido establecer “un buen canal de comunicación” con los profesionales de la salud para garantizar servicios de aborto, pero que “a menudo encontrarán una respuesta negativa” si la persona embarazada ha superado el plazo de 12 semanas. En el estado se han negado abortos después de las 12 semanas, incluso a menores de edad víctimas de violación, pese a que la NOM–046 no establece límite de tiempo para abortar.
Según Andrea Sánchez, de Aborto Seguro Sonora, en su estado no siempre se siguen los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual. “Cuando las mujeres buscan estos servicios, el personal médico a veces dice que el aborto es ilegal incluso en caso de violación”, dijo.
Un funcionario de la secretaría de salud de Sonora, que pidió no revelar su nombre, dijo que el proceso de derivación para llegar a un hospital público donde se practican abortos puede ser largo y burocrático. Cuando la paciente logra cumplir todos esos trámites, su gestación ya es de más de 12 semanas, fuera del plazo establecido en el estado para abortos legales.
El funcionario añadió: “El personal y las instalaciones que ofrecen servicios [de aborto] son limitados. Hay municipios que carecen de personal capacitado, o carecen de él en todos los turnos, aunque deberían estar disponibles en todo momento”.
En su respuesta a openDemocracy, la secretaría de salud de Sonora informó que había capacitado a 271 empleados en los lineamientos de la NOM–046 y que ofrecía servicios de aborto en el Hospital Público General de Hermosillo, la capital del estado. En el estado viven casi tres millones de personas.
Esta escasez de servicios se agrava aún más cuando los centros médicos privados no cumplen la norma sobre abortos de urgencia.
En Baja California, que es menos restrictiva al haber legalizado el aborto en 2022, las interrupciones del embarazo están disponibles en tres clínicas públicas, en Mexicali, Tijuana y Ensenada, según el grupo de derechos reproductivos GIRE. Pero a pesar del marco legal federal y estatal, la mayoría de los proveedores privados no prestarn servicios de aborto en casos de violación, según Carrera, de la Fundación MSI.
Carrera afirma que la clínica de su grupo en Tijuana, la segunda ciudad más grande de México con una población de más de dos millones de habitantes, es el único centro privado de Baja California que practica abortos.
Feministas contra la criminalización
Aunque la Suprema Corte de Justicia dictaminó en 2021 que criminalizar a las mujeres por abortar era inconstitucional, los gobiernos estatales siguen persiguiendo criminalmente estos casos. En todo el país se abrieron 819 causas penales en 2022, frente a 704 en 2021. En los primeros cinco meses de 2023, se abrieron 449 nuevos casos.
En Sonora, al menos seis mujeres están tras las rejas por haber abortado. En 2022 se iniciaron nueve procesos, y siete en lo que va de este año, según datos oficiales. En Nuevo León, en los primeros seis meses de 2023 se abrieron 71 nuevas causas penales por aborto, mientras que el año anterior hubo 144 investigaciones. En Chihuahua se abrieron 10 casos en 2022 y tres hasta junio de este año. Incluso en Baja California se abrieron 43 investigaciones en 2022 y otras 12 hasta junio de 2023.
En la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora, la activista Karina de la Cruz cuenta que una superviviente de violación a la que ayudó a abortar con medicamentos, tuvo complicaciones y debió acudir al hospital, donde se encontró con rechazo y persecución.
“Un ginecólogo la acosó para que confesara que había abortado. El médico la amenazó con denunciar su caso a la fiscalía”, dijo De la Cruz. “La chica estaba muy asustada, pero se mantuvo en su línea de decir: ‘No, yo no he hecho nada’, y al final la dejaron en paz”.
Los políticos conservadores son, en última instancia, la causa de esta continua criminalización, afirman activistas feministas que trabajan para ampliar las opciones reproductivas.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos – que en su primera aparición pública lució el pañuelo celeste del movimiento antiaborto –, y la mayoría de los legisladores del estado son conservadores. Según Mariela Castro, de Marea Verde Chihuahua, una iniciativa para legalizar el aborto hasta las 12 semanas sigue “congelada” en el Congreso. La gobernadora “dejó claro que habría una batalla sostenida contra la obtención de nuestros derechos”, afirmó Castro.
Pero Marea Verde y Aborto Seguro están contraatacando en los tribunales. Han presentado 70 solicitudes de autorización judicial de abortos, lo que significa que las mujeres que las presentan, aunque no estén embarazadas en el momento de la solicitud, podrán acogerse a la protección si en el futuro deciden abortar. Los tribunales locales han concedido varias; en marzo, una de ellas llegó al tribunal supremo.
Estas organizaciones, apoyadas por un grupo jurídico de derechos civiles llamado AbortistasMx, están preparando un amparo colectivo – una acción legal que permite a las personas desafiar a las autoridades que consideran que están violando sus derechos – para que las autoridades estatales y los hospitales apliquen plenamente la NOM–046. Hasta el momento han recabado alrededor de 312 firmas.
En Chihuahua, estos grupos han encabezado una campaña que incluye 13 demandas colectivas, siete de las cuales ya fueron concedidas, lo que significa que los tribunales estatales han aceptado la protección del derecho al aborto. Con 24 firmas emitidas por amparo colectivo, 168 personas están protegidas y 144 más están a la espera de las resoluciones de los tribunales.
Sin embargo, algunos estados están dando marcha atrás en el derecho al aborto.
Nuevo León modificó su Constitución en 2019 para proteger la vida desde la concepción, una medida que fue anulada en 2022 por la Suprema Corte, ya que los estados carecen de autoridad constitucional para definir la condición de persona y el inicio de la vida humana. Pero el gobernador del estado, Samuel García, volvió a instar al congreso a incluir esta definición en una nueva ronda de reformas constitucionales.
Las feministas que proporcionan píldoras abortivas en la capital del estado, Monterrey, no temen las restricciones locales a su trabajo, pues creen que la legislación federal como la NOM–046 acabará por protegerlas.
“No nos sentimos amenazadas por estas cuestiones legales”, dijo Vanessa Jiménez, del grupo feminista Necesito Abortar. “Esto es un derecho, y vamos a defender este derecho, y las mujeres necesitan [abrazar] el derecho a elegir sobre sus propios cuerpos”.
