Mientras el Gobierno de Guanajuato apapacha a empresarios vinícolas, sus empresas burlan la legislación laboral y violan los derechos de sus empleados
Por Yajaira Gasca Ramírez / Pop Lab
Guanajuato- Santísima Trinidad se anuncia como un desarrollo inmobiliario que se fusiona con un área de viñedos, un hotel boutique, restaurante y cancha de polo. Se trata de un lugar exclusivo ubicado en una comunidad en la carretera Dolores Hidalgo- San Miguel de Allende, que oculta un historial de injusticia y maltrato laboral.
Agotados de jornadas extenuantes de trabajo, descuentos injustificados y otras arbitrariedades, en septiembre pasado, trabajadores del viñedo decidieron conformar una organización sindical y su intención fue castigada con el despido.
De acuerdo con el testimonio de empleados de este lugar, durante la semana trabajaban jornadas de hasta 60 horas, con horarios establecidos sin previo aviso y descuentos a su porcentaje de propinas, para pagar a nuevos empleados, compensar pérdidas o por algún retardo ocurrido, generalmente por la inaccesibilidad del lugar.
De 15 trabajadores despedidos, 10 decidieron interponer una demanda por cese injustificado ante autoridades laborales, pero los tribunales los tienen en la incertidumbre porque se dicen incompetente debido a que la razón social de la empresa no corresponde a su actividad comercial.
El registro de los trabajadores corresponde a una empresa denominada Comercial Carrend S.A. de C.V., su actividad es supuestamente venta de motocicletas. Está irregularidad fiscal ha prolongado los procesos legales, además la empresa no ha respondido a las citas que ha enviado el Centro de Conciliación Laboral del Estado.
El presunto propietario del desarrollo inmobiliario, Erik Gallardo Escalera, es presidente de la sociedad comercial Carrend, según el acta del Registro Público de la Propiedad, en Guanajuato también es socio del Centro Cultural del Vino S.A. de C.V. y apoderado del viñedo San Lucas en San Miguel de Allende.
Gallardo Escalera, es miembro del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Guanajuato (COTUEG), como representante empresarial del sector enoturístico. En 2017, el gobierno le otorgó un apoyo por más de un millón de pesos, por parte del Gobierno del Estado para un proyecto de tecnificación de riego para el viñedo San Lucas.
Por si fuera poco, de manera reciente algunos de los empleados reportan que cerca de sus domicilios se han presentado hombres armados, pidiendo referencias de ellos. A cambio ofrecen hasta 2 mil pesos.
Soportan empleados horarios extenuantes para sostener a sus familias
María Silva y Pedro Pérez trabajaban juntos en el viñedo Santísima Trinidad. Él acumulaba tres años de antigüedad y ella tenía un año como empleada del lugar, los dos se quedaron sin empleo el 25 de septiembre.
A ambos les dijeron que la razón era una reestructuración en la empresa, aunque unos días antes fueron vistos en una reunión informativa con el sindicato Ricardo Flores Magón, a partir de ahí comenzaron las amenazas de una “limpieza profunda”.
Repentinamente, el matrimonio se quedó sin ingresos para sostener a sus dos hijos, sólo por intentar solicitar condiciones laborales justas a sus patrones.
María llegó a laborar jornadas de hasta 60 horas a la semana al igual que su esposo, pero al mismo tiempo que pasaban gran parte de su día en el trabajo, le comenzaron a hacer descuentos en el porcentaje de sus propinas y a cambiarle horarios sin previo aviso.
Dos meses después de que fue despedida sin justificación, ella no ha podido encontrar un nuevo empleo, su esposo recientemente encontró una opción de medio tiempo, pero que no es suficiente para el sostenimiento familiar.
Junto con ellos, 13 personas más fueron despedidas, todos después de la reunión con la organización sindical, que ya había solicitado la constancia de representatividad a las autoridades laborales. Todos coinciden en que los despidos fueron motivados por ejercer su derecho de asociación y libertad sindical.
De acuerdo con testimonio de los trabajadores, el viñedo se localiza en un rancho de más de 50 hectáreas en la carretera Dolores Hidalgo. Abrió en octubre de 2014; algunos de ellos fueron contratados desde entonces.
De acuerdo con información del Gobierno del Estado, Guanajuato ocupaba hasta 2021 el cuarto lugar de producción de vino a nivel nacional y era la segunda entidad del centro de México con más viñedos abiertos al público, con 31 negocios, de los cuales 19 prestan servicio público, cuatro de ellos con servicio de hospedaje y siete con desarrollo inmobiliario. El listado más actualizado, solicitado a través de una solicitud de acceso a la información pública, detalla que actualmente los viñedos en Guanajuato son 42.
En conjunto, estos viñedos producen trescientas mil botellas al año en seis municipios: Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende.
El primer trabajador despedido, Rafael Trejo Sánchez, laboró por dos años en el viñedo de la Santísima Trinidad, fue él quien organizó la reunión sindical y fue despedido un día después de que esta ocurriera. Sólo él tiene una demanda laboral ingresada y aceptada ante los tribunales, por su despido injustificado.
“Todo empezó en marzo, al muchacho que estaba antes de gerente se llamaba Carlos, lo bajaron a capital, empezaron a agarrar de las propinas porque quería sacar el sueldo para compensar de las propinas, nos empezaron a quitar propina”, recordó.
Esto pasó bajo la órdenes de Monserrat Cervantes Silva, quien fue nombrada como gerente y es esposa del chef Miguel Ángel Campos Tovar.
Rafael recordó que cuestionaron los descuentos de 25% que se hacían de las propias y pidieron que mejor esa deducción se hiciera del sueldo, pero no se escuchó y esto continuó.
“Después se vino el tema de las horas -trabajaban de jueves a domingo- después el patrón decidió abrir toda la semana con un poquito más de horas, no notificó ni preguntó, este es tu horario sí quieres, si no la puerta está muy grande. Nos empezaron a esconder propinas de otras áreas, nunca quitamos el dedo del renglón, pero nos daban los mínimos de propina y no había pago de horas extra”, mencionó.
Además comenzaron a hacerse descuentos por otras razones, como sanciones por retrasos cuando el negocio no tiene transporte de personal y se encuentra en una zona de difícil acceso, pues el rancho está ubicado en la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, en la comunidad Santa Clara.
“Se fueron juntando todas esas cosas, propinas, horarios, no nos querían pagar los festivos, de ahí se detonó esa situación, ya fue como que fastidio, se iban contra uno para que renunciáramos y no estuviéramos molestando, la gente en servicio no faltaba ni llegaba tarde, pero empezaron a atacarnos mucho. Nos gustaba el trabajo, nos iba bien, por eso decidimos buscar ayuda y fue una junta informativa con el sindicato, no pasó a más, estábamos en el proceso y nos cacharon unos empleados de confianza y al día siguiente fue cuando sucedió”. Ese día, les tomaron fotografías y los grabaron con sus celulares.
A Rafael lo corrieron el viernes 22 de septiembre, al resto de sus compañeros, 14 personas más corrieron la misma suerte el lunes 25 de septiembre, después de laborar medio día.
Los citan a “limpieza profunda”; los hostigan y despiden
Tras el despido de Rafael, en el viñedo comenzó a circular el rumor de que las personas que habían asistido a la reunión sindical serían despedidas. A todos ellos los citaron para trabajar el lunes en una “limpieza profunda, pero muy profunda”, les dijeron.
Al medio día, fueron llamadas mujeres y hombres para acudir a la oficina de recursos humanos y ahí un abogado de nombre Ali Patlán les dio a cada uno razones diferentes sobre su despido: reestructuración, recorte de personal o falta de recursos en la empresa.
María Dolores Silva Muñoz, una trabajadora con siete años de antigüedad se presentó en la oficina. A ella le ofrecieron una cantidad por seis años de trabajo, pues se negaron a reconocerle el primer año que brindó sus servicios, porque al principio no le dieron contrato ni prestaciones.
“Todo el personal que labora ahí está inconforme, pasaron abuso de distintos tipos y nunca hubo una cabeza a la cual pudiéramos dirigir, era humillante escuchar las frases de los encargados: ‘si no te parece búscate un trabajo de oficina’”, le decían. Dolores llegó a tener jornadas de hasta 62 horas de trabajo por semana.
“Nos manejaban distintos horarios y cambiaban el turno de un día para otro y realmente era desde el domingo que se tenía que enviar, lo hacían a propósito para desesperarnos y que renunciáramos”, sostuvo.
Ella y otros trabajadores han tenido problemas para presentar sus demandas laborales porque la empresa que aparece registrada no corresponde con la actividad del viñedo. Además, ella fue cambiada al menos tres veces a distintas razones sociales, lo que afecta su antigüedad en semanas cotizadas al Seguro Social.
Publi Carrend S.A. de C.V. de 2017 a 2021; Carrend S.A. de C.V. de 2021 a 2022 y Comercial Carrend S.A de C.V de 2022 hasta su despido en septiembre de 2023. Nunca fue notificada sobre estos cambios.
Cuando la despidieron asegura haber visto hombres armados que fueron citados en el lugar para amedrentar a los empleados, en caso de que no quisieran abandonar las instalaciones.
“Yo no entiendo cuál fue el pecado que uno cometió más que estar en una junta informativa. Uno empezó a escuchar comentarios de que los que estábamos en la reunión iban a salir”, recordó María Piedad Hernández, otra trabajadora del viñedo.
Piedad era una de las trabajadoras con más antigüedad, pues comenzó a laborar en el viñedo en 2014, un día después de su apertura en octubre de ese mismo año. Una persona que era familiar de ella, trabajaba con la dueña de la propiedad, quien le pidió recomendarle personal para el negocio.
Iba a cumplir nueve años en la empresa, pero en recursos humanos le ofrecieron una indemnización por seis años de servicio, pues supuestamente había ingresado en 2017. Al igual que con Dolores, se negaron a reconocer el servicio que prestó en años previos.
Durante el tiempo que laboró en el viñedo, Piedad sufrió además acoso sexual de parte de un compañero, situación que reportó a los encargados y nunca atendieron. Tras su despido presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
Cobijo gubernamental a industria de ultra lujo
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), actualmente la industria del vino en Guanajuato genera alrededor de más de mil 650 empleos y produce alrededor de un millón y medio de botellas.
Durante el arranque de un evento enológico en Dolores Hidalgo en julio de este año, Elías Torres Barrera, presidente de la Asociación de la Uva y Vino Guanajuato, aseguró que a la fecha en Guanajuato hay cerca de 500 hectáreas de uva plantadas.
Anualmente en Guanajuato, a través de la Secretaría de Turismo realiza un programa de vendimias en los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Comonfort, San Francisco del Rincón y San Felipe. No hay datos públicos sobre la inversión para estos eventos.
En 2020, considerando la importancia de la actividad para la producción de vino en el estado, se creó la Ley de Fomento a la Actividad Vitivinícola del Estado de Guanajuato, con la que se promovió la instalación de un Consejo Vitivinícola, un registro estatal de productores y el otorgamiento de un “Distintivo de Calidad Vino Guanajuatense”.
El viñedo Santísima Trinidad, ubicado en la comunidad de Santa Clara, en la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende, es uno de los negocios que ha participado repetidamente en las fiestas de las Vendimias Guanajuato, organizadas por la Secretaría de Turismo, al menos desde 2014.
Una noche en una habitación doble en el hotel boutique de este viñedo tiene un costo de 3 mil 900 pesos jueves, viernes y domingo; y de 4 mil 900 pesos el sábado y en días festivos. El costo mínimo de una cata de vinos es de 790 pesos, mientras que para acceder al restaurante se debe asegurar un consumo mínimo de 400 pesos y debe realizarse una reserva previa.
También hay un spa y actividades ecuestres, como torneos de polo, deporte del gusto del propietario de acuerdo con los trabajadores. Además hay un negocio inmobiliario que ofrece a la venta lotes de hasta una hectárea, bajo una administración que reporta producción de viñedos, olivos y lavanda a los propietarios, una vez al año.
En el sitio web de la empresa se catalogan como un complejo de ultra lujo, que es parte de un grupo de al menos cinco viñedos: Santísima Trinidad, San Lucas, San Francisco, Santa Catarina y Los Senderos. Al menos tres de ellos están ubicados en Guanajuato.
El propietario o socio de este lugar es Erik Gallardo Gallardo Escalera es integrante del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Guanajuato (COTUEG), el cual tomó protesta en 2021.
Existe evidencia de apoyos gubernamentales otorgados al empresario como productor y representante del viñedo San Lucas, otro complejo de ultra lujo, ubicado en la carretera Querétaro-San Miguel de Allende.
Este apoyo para la tecnificación de riego con agua subterránea fue otorgado por un millón 275 mil pesos en 2017, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, a cargo de Paulo Bañuelos Rosales.
A través de una solicitud de acceso a la información, Poplab también obtuvo evidencia de facturas por consumo del municipio de Dolores Hidalgo hasta por 50 mil pesos. En las facturas se confirma que la empresa factura con el nombre de Carrend S.A. de C.V. La Santísima Trinidad.
En la misma solicitud se cuestionó sobre el ingreso económico que representa para el Estado la industria del vino, pero Secretaría de Turismo-organo competente en este caso- respondió no contar con estos datos.
La representante del sindicato Ricardo Flores Magón, Irma Gómez Contreras, explicó que después de que se hicieron públicas las violaciones de los derechos de los trabajadores de la Santísima Trinidad han surgido denuncias de empleados de otros viñedos con la misma problemática, sobre todo en San Miguel de Allende.
Por ahora, sólo ha sido admitida la demanda de un trabajador despedido, pues el acta constitutiva de la empresa señala que su actividad está relacionada con venta de motocicletas. La autoridad laboral ha solicitado a la representación legal de la empresa para que aclare esta situación, pero según sus argumentos, podría declararse incompetente.
“Si el juez pide el acta constitutiva de la empresa y no coincide la actividad, es una subcontratación, hemos tenido esa incertidumbre, después de casi dos meses no sabemos sí el juez se va a declarar competente o no competente por el tema de la razón social de la empresa, no se han presentado ni siquiera a la demandas conciliatorias que ha enviado el Centro de Conciliación y Arbitraje”, detalló la representante sindical.
Irma Gómez aseguró que los trabajadores hicieron de conocimiento sobre los malos tratos al dueño del viñedo, quien ignoró sus quejas, al igual que lo hizo personal de recursos humanos y la gerencia.
Los demandantes buscan su reinstalación y analizan la posibilidad de recurrir al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida previsto en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, como ya ha ocurrido en otros conflictos laborales en la entidad.
Sin embargo, desde hace algunos días trabajadoras y trabajadores despedidos aseguran que han recibido noticias de vecinos y amigos de que hombres armados los buscan en distintos domicilios. En algunos casos han ofrecido hasta dos mil pesos a las personas para recibir información de dónde localizar a cada uno de ellos.
Esta situación se reportó apenas la semana pasada y se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, en este proceso los trabajadores también han sido acompañados por su representación sindical.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pop Lab que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
