Los críticos de la nueva reforma judicial señalan que afecta la conformación del Poder Judicial en Chihuahua debido a que desdeña la paridad de género y privilegia los criterios políticos por encima de la formación y méritos de quienes aspiren a las magistraturas
Por Itzel Ramírez / La Verdad Juárez
La mayoría conformada por PRI y PAN avaló ayer una nueva reforma judicial que deja de lado la paridad de género en la designación de magistraturas y deja al Consejo de la Judicatura la potestad de determinar la cómo se evaluarán quienes aspiren a ocupar las magistraturas vacantes o de nueva creación.
El dictamen fue aprobado gracias a los dos votos adicionales a la mayoría prianista, uno por Movimiento Ciudadano y uno más de Morena otorgado por la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas.
Jael Argüelles, legisladora de Morena, consideró al igual que la de 2022, esta nueva reforma afecta la conformación del Poder Judicial al privilegiar los criterios políticos por encima de la formación y méritos de quienes aspiren a las magistraturas.
“El PAN y el PRI, en 2022 aprobaron una reforma a la constitución local que puso en riesgo la división de poderes y la independencia judicial en la entidad (…) para constituir la reforma judicial del dedazo. Dedazo para mi amigo el arribista, dedazo para mi compadre al que le puedo comprar la voluntad con un favor político, dedazo para la excolaboradora de la nómina secreta de Duarte”, acusó Argüelles.
Uno de los elementos más criticados de la reforma es que no se privilegia la paridad de género en la conformación del pleno del Tribunal Superior de Justicia, compuesto por las magistradas y magistrados del Judicial.
“Lamento que mujeres profesionistas del derecho no logren alcanzar la titularidad de un órgano jurisdiccional. Resulta evidente que la paridad de género en la administración de justicia pasa a segundo término para el PRI y el PAN, y las mujeres profesionistas deben seguir sacrificándose para que los políticos continúen privilegiando intereses personales”, lanzó Argüelles.
Actualmente, dijo el legislador Cuauhtémoc Estrada, el pleno del TSJ está compuesto por 22 magistrados y apenas ocho magistradas.
Estrada, coordinador de la bancada de Morena, presentó una reserva para que el dictamen incluyera un artículo transitorio que privilegiara la elección de mujeres en las magistraturas hasta lograr la paridad.
El diputado también presentó una reserva para que las personas con discapacidad y de pueblos originarios fueran consideradas en la formación de ternas de magistraturas y otra más para que se extendiera a siete años el periodo en el que no puedan dedicarse al litigio quienes ocuparon alguna magistratura.
Las tres reservas fueron rechazadas por PAN y PRI.
Las reservas aprobadas fueron las propuestas por el legislador Francisco Sánchez, de MC, quien propuso que cuando el Congreso rechace alguna terna, el Ejecutivo presente una nueva terna pero conformada con personas distintas a la anterior y que los nombramientos de magistraturas provisionales sean por una sola ocasión y por un máximo de hasta 24 meses.
Los cambios contemplados en esta reforma incluyen la nueva composición de la Comisión Especial encargada del proceso de designación de magistraturas, que pasa de tres a cinco integrantes: tres del Poder Judicial (dos magistrados y quien presida el Consejo de la Judicatura), uno del Poder Legislativo y uno del Poder Ejecutivo.
La eliminación de las prerrogativas del Consejo de la Judicatura en lo que respecta a la determinación de creación y eliminación de salas y del presupuesto de egresos, cambiar la residencia de las salas y juzgados de primera instancia y menores, para que esas funciones sean asumidas por el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Se establece en dos años el periodo de prohibición para que las personas titulares de las magistraturas y de las consejerías de la Judicatura no actúen como litigantes tras la conclusión de su encargo, independientemente de cuánto dure su haber de retiro.
También se plantea que será el Consejo de la Judicatura el que califique el concurso de méritos para ocupar las magistraturas vacantes o creadas y que será ese jurado el que evalúe (aunque no se especifica el método) los perfiles que posteriormente se enviarán a la Comisión Especial que seleccionará a quienes ocupen las plazas correspondientes.
Dicha Comisión Especial cambiará su conformación para pasar de tres a cinco integrantes, con tres del Poder Judicial (incluida su presidenta), una persona del Ejecutivo y una del Legislativo. Será la comisión la encargada de enviar al Congreso la terna de aspirantes, que se formará por quienes hubieran obtenido las calificaciones más altas.
La reforma mantiene el esquema de que para una vacante se propongan a personas integrantes del Poder Judicial y, en la siguiente sean únicamente personas externas, conocidas como “oxigenadores”.
Ya aprobado por el Congreso, el dictamen será enviado para su votación a cada uno de los 67 municipios del Estado.
