En un diálogo con la comunidad universitaria, familias de personas víctimas de desaparición y organizaciones civiles que las han acompañado llamaron a las juventudes a sumarse y hacer conciencia en su comunidad sobre el impacto de la desaparición de personas
Texto y fotografías: Anabel Rojas / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez– Ana Cuéllar Figueroa tiene 13 años sin saber nada de su hija Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, quien salió de su casa el 7 de julio de 2011 para buscar un empleo y desde ese día no se supo más de ella.
Su historia la compartió este jueves en un conversatorio donde familias de personas víctimas de desaparición y organizaciones civiles que las han acompañado en su proceso abrieron un diálogo para exponer a la sociedad el trabajo que han realizado en la búsqueda de sus familiares, sus logros y desafíos, así como su resiliencia.
“Para mí es muy importante que se sepa que a 13 años todavía no tengo respuesta, todavía no sé (nada de ella), no hay una línea de investigación, no hay un rumbo donde pudiera encontrar a mi hija y el que se nos otorguen estos espacios… las familias somos las buscadoras de nuestros hijos”, comentó Ana, quien desde entonces ha caminado por las calles y paisajes semidesérticos de la ciudad en busca de Jessica.
Su vida cambió totalmente, asegura. Ahora no puede ni tener un trabajo formal, porque en ningún lado le permitirían ausentarse para buscar a su hija o para asistir a eventos de familias buscadoras. Por lo que ahora se dedica a vender cosas, en esta ocasión anda vendiendo moños y broches para el cabello.
A su lado está Daniel Alejandro Durán Calderón, del Colectivo Familias Unidad por la Verdad y la Justicia, quien compartió la experiencia de vivir con el dolor de las personas ausentes y como se arropan en lo colectivo. Él también busca a su hermano César Gonzalo Durán Calderón desde el 17 de julio del 2011.
Al tomar la palabra dijo que ante la problemática de las desapariciones de personas, como sociedad se debe trabajar por hacer memoria, para combatir la apuesta del gobierno al olvido. También hacer visible a los desaparecidos, darles voz y ser altavoz de las exigencias participando, y compartir el dolor y las fiestas, es decir, los logros.
“Compartir esos frutos que vamos logrando en el camino, cuando encontramos a las personas con vida o lamentablemente sin vida, pero también cuando vamos avanzando en la colectividad, cuando vamos avanzando, acompañando a otros a otras. Es difícil para mí tratar de encontrar las palabras específicas, pero compartir los frutos también se refiere, por ejemplo, a estos momentos a donde tenemos la voz y compartimos entre todos y todas el esfuerzo para cambiar nuestra sociedad”.
El Diálogo con familiares de personas desaparecidas y organizaciones se realizó este jueves 29 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y tuvo como sede las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y contó con la presencia de la comunidad estudiantil de la institución.
En el panel participaron Ivonne Mendoza Salazar, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la mujer A.C. (Cedimac); Carla Palacios Flores, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. (CDHPN); y Sara Villegas, abogada de la organización Servicio Jesuita a Refugiados en México.
Por parte de las familias compartieron sus testimonios la señora Ana Cuéllar Figueroa, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuellar, una adolescente desaparecida el 7 de junio de 2011; Alejandro Durán Calderón quien participa en el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, además, es hermano de César Gonzalo Durán, desaparecido el 19 de julio del mismo año; y Zoraida Rojas García, madre de Kevin Damián Rojas, desaparecido el 14 de mayo del 2022.
Con el acto de conmemoración se busca recordarles “a las familias y al Estado que hay personas que no están con nosotros”, comentó Alejandra Corona Carvajal coordinadora del Servicio Jesuita de Refugiados en Ciudad Juárez.
Señala que la invitación se hace a la sociedad en general, pero en especial a la comunidad estudiantil, ya que esperan que las generaciones más jóvenes se sensibilicen por el tema y “calar hondo en los universitarios”.
“Es necesario que se dé un relevo generacional la mayoría de las personas que han luchado por temas de acompañamiento a familiares de desaparecidos han entregado ya su vida, no y naturalmente este este trabajo es desgastante y muchas veces las nuevas generaciones no tienen conciencia, no como de que esto está sucediendo en nuestra ciudad y los impactos que implica en nuestra comunidad”, comentó Alejandra.
Los universitarios escucharon y en mensajes respondieron que no están solas y solos en esta búsqueda.
También expuso que hay una falta de información sobre el número de casos de personas en movilidad que se encuentran desaparecidas, y que un asunto del que no se habla es del desplazamiento forzado, en el que personas en movilidad interna dejan su lugar de origen para huir del crimen organizado u otras amenazas.
“No existen cifras oficiales en nuestro país ni un organismo que regule realmente las entradas irregulares, por lo tanto, ni siquiera tenemos datos de cuántos migrantes hoy están en nuestro país, mucho menos cuáles de ellos han sido desaparecidos y dentro de toda esta cifra negra, otro caso preocupante es que en la desaparición de personas migrantes no se contempla el desplazamiento interno”, aseveró.
Tal es el caso de la madre de Kevin Rojas, quien se encuentra desplazada luego de recibir amenazas por buscar a su hijo.
“Tuve que dejar mi tierra forzadamente porque … me amenazaron, que si yo seguía buscando, este, me iban a desaparecer a mi otro hijo chiquito que traigo de 14 años”, comentó la madre quien mostraba una fotografía de Kevin.
Carla Palacios Flores, abogada del CDHPN dijo que “fue un gran logro, el que se reconozca el derecho a ser buscado y el derecho de las familias de ser pues de ser partícipes en estos procesos de búsqueda de seres queridos, pero también del derecho a la verdad” y que además de defender y acompañar los casos de hombres desaparecidos, la labor de la organización también es velar “por un interés legítimo comunitario por que se sepa la verdad” sobre las desapariciones que ocurren en la ciudad.
Señaló que, aunque la cifra oficial es que hay más de 115 mil personas desaparecidas a nivel nacional, ese dato no refleja la problemática real, ya que se sabe es mayor, pues muchos de los casos no son denunciados por miedo a las amenazas, eso sin contar las víctimas desaparecidas en un contexto de movilidad.
Además, dijo que existe un rango de edad registrada en la que ocurren los casos de desaparición va de los 18 a los 34 años: “son personas activas laboralmente son personas jóvenes las que mayormente están desapareciendo”.
Las 1457 desapariciones forzadas en Ciudad Juárez
Silvia Méndez del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte comentó que Ciudad Juárez ocupa el puesto número uno en desapariciones forzadas con 1457 casos de los 4751 que ocurren en el estado de Chihuahua, seguido por la ciudad de Chihuahua con 800, Cuauhtémoc con 515 y Nuevo Casas Grandes con 238.
Asimismo, Sara Villegas, dijo que la mayoría de las personas desaparecidas en contexto de movilidad provienen de Honduras, Colombia, Venezuela y Nicaragua.
“No hay ningún sistema de búsqueda para personas migrantes”, señaló Villegas.
Las organizaciones reconocen que han tenido un crecimiento mutuo en el que las familias se capacitaron y aprendieron sobre aspectos necesarios para la búsqueda y reconocimiento, y las asociaciones crecieron para brindar el apoyo legal y psicológico, el Trabajo Social e incluso, muchas veces, el acompañamiento espiritual, todo según las necesidades de las familias de víctimas de desaparición forzada.
Entre los reclamos que coinciden los familiares que hablaron fue que muchas veces han tenido que lidiar con malos tratos e insensibilidades de la autoridad, porque al acudir a interponer la denuncia hacen insinuaciones de que “es que en algo andaba”, esos comentarios es algo que sucede desde los primeros casos que se denunciaron en los años 90. Es una deuda que las autoridades tienen con las víctimas.
Ivonne Mendoza Salazar, directora de Cedimac dijo que en aquellos años las autoridades no escuchan los reclamos de las familias, y que fue justamente el trabajo de estas familias, sobre todo de las madres de las víctimas de feminicidios y de mujeres desaparecidas que organismos internacionales voltearon a ver el reclamo.
“Empezaron a llegar a Ciudad Juárez organismos de la ONU y también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estuvo aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y cada una de estas instancias internacionales de defensa de derechos humanos hicieron recomendaciones al gobierno de México y en específico el gobierno de Chihuahua para que atendiera el caso era cómo era su obligación”, señaló Mendoza.
Comentó que, gracias a la denuncia de las madres de tres de las víctimas de feminicidio, cuyos cuerpos fueron localizados en el campo algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en el que condenó al Estado mexicano por las violaciones a los derechos de las víctimas y de sus familias.
Luego, la mamá de Paloma Escobar Ledesma, la señora Norma Ledesma, también se acercó al sistema interamericano y consiguió una de las exigencias: la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género.
Mendoza reclamó que “no ha habido cambios en legislación, no ha habido cambios en actitudes, no ha habido cambios en atención a casos, que haya sido sin el movimiento de familiares, son ellos los que han hecho estos cambios para bien, creemos y repito no estamos en el mejor de los momentos en el estado, hay más de 400 mujeres desaparecidas”.
Reconoció que los avances que se han tenido en el tema han sido gracias a los esfuerzos de las madres y familias buscadoras, sin embargo, dice que aún hay muchas mujeres desaparecidas, incluso hay casos desde los 90 sin ser resueltos.
