Sin apoyo económico ni político para establecer acuerdos con la FGR, el Comité para el Impulso a la Justicia se quedó sin integrantes en julio de 2023. Después de que la Coordinación General de Investigaciones también fuera desmantelada, los casos del periodo han sido trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos
Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos
En la Fiscalía General de la República (FGR) hay 245 averiguaciones previas de personas desaparecidas durante la guerra sucia, pero durante meses solo dos agentes del Ministerio Público fueron asignados a su investigación. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar prioridad a estos casos, el comité que debía resolver procesos estancados desde hace 50 años fracasó, junto con la promesa de justicia.
Durante los últimos tres años, las instancias encargadas de investigar los expedientes de desaparición forzada y otros delitos relacionados con la guerra sucia fueron dinamitadas: la Coordinación General de Investigaciones (CGI) de la FGR se desintegró gradualmente hasta finalmente desaparecer, mientras que el Comité para el Impulso a la Justicia (CIJ) se disolvió ante la falta de voluntad política para establecer acuerdos.
Esta es la historia de un fracaso, relatado por las voces de excomisionados y familiares de víctimas. Una vez más, como ocurrió desde el gobierno de Vicente Fox con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), el compromiso de justicia se heredará al siguiente sexenio.
“Todo esto sigue siendo un paliativo, es decir, por supuesto que para mí es importante que el Estado asuma su responsabilidad frente a la desaparición de mi mamá, que haya un reconocimiento de que no eran unos delincuentes. Pero mientras no me digan a mí y a todos los demás dónde están sus papás, sus hermanos, sus hijos, el Estado va a seguir fallando”, señaló la abogada Alejandra Cartagena López, hija de Leticia Galarza Campos, detenida-desaparecida por la Brigada Blanca en 1978.
Desde hace 50 años, el gobierno mexicano tiene una deuda con las víctimas de la guerra sucia. El Ejército ha destruido, alterado o negado expedientes, se han ocultado nombres de perpetradores, existe un subregistro de víctimas y, según un diagnóstico elaborado en 2023 por la abogada Ángela Buitrago, excomisionada de la CIJ y actual ministra de Justicia de Colombia, la impunidad ha sido un “fenómeno recurrente”.
Tras el cierre en 2006 de la Femospp, creada para investigar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en los regímenes priistas de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo (1964-1982), las investigaciones de 532 casos de personas desaparecidas documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —que, además de quedar inconclusas, jamás llegaron a juicio— pasaron a la CGI de la FGR. Posteriormente, algunos casos fueron desestimados o radicados en fiscalías estatales.
Según el análisis de la abogada colombiana, a finales de 2022 estaban en trámite 245 averiguaciones previas iniciadas por la Femospp, de las que 234 son por desaparición forzada y cinco por delitos diversos.
De 250 investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos durante la “guerra sucia” —radicadas en la CGI y registradas por Buitrago en su informe—, a principios de 2024 había únicamente trece averiguaciones previas judicializadas, en las que no se procesó a perpetradores. El mismo número que en 2021; ningún avance en tres años.
En los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la guerra sucia, un periodo caracterizado por la violencia del Estado como forma de represión política, fue un tema relegado o ignorado. Este sexenio iba a ser distinto. Hubo dos compromisos: crear un nuevo mecanismo, y lograr que se hiciera justicia. Pero a partir de 2021, los diez agentes adscritos a la CGI disminuyeron hasta quedar solo dos en octubre de 2022 y finalmente desaparecer el área de la FGR en enero de este año.
Seis meses después, la dependencia informó que había iniciado la reclasificación de delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, para que fueran investigados como desaparición forzada. Precisó que 244 expedientes han sido radicados en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) para su integración.
“Fue uno de los compromisos [con las familias], que las carpetas se van a reclasificar al tipo penal que correspondía, evidentemente no solo es el tema de desaparición, podemos estar hablando incluso de tortura; incluso, hay que decirlo, la tortura sexual que vivieron las compañeras. Hay que identificar todos los delitos que se cometieron, porque puede ser que estén algunos, pero no todos, y que no estén de manera correcta”, explicó Cartagena López.
Nadie comunicó la decisión de radicar las investigaciones en la FEMDH a familiares de víctimas o colectivos. “No tengo información [sobre] desde cuándo están operando tal cual como unidad”, afirmó Fabián Sánchez Matus, excomisionado de la CIJ y quien lleva los casos de 41 víctimas de la guerra sucia originarias de Atoyac de Álvarez; la FGR, dijo, se lo notificó en junio.
En la sesión ordinaria de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh), realizada el 15 de agosto, Abel Galván Gallardo, fiscal especial en jefe del Equipo Especial de Investigación y Litigación en Materia de Derechos Humanos, informó que en febrero se fortaleció esta área, que pasó de tres MP a ocho, y cuenta también con cinco auxiliares y nueve policías para investigar los crímenes del periodo. A la reunión acudió Sara Irene Herrerías, titular de la FEMDH, lo que causó sorpresa a familiares de víctimas como Cartagena López.
“Nunca tuvimos contacto con la fiscalía [FGR] hasta esta última reunión en la que estuvo la fiscal de Derechos Humanos, Sara Irene, […] a pesar de que en las reuniones se le pedía al presidente [López Obrador] que en la próxima reunión estuviera [el fiscal general Alejandro] Gertz Manero, jamás estuvo presente nadie”, dijo la abogada y activista contra la desaparición política.
Cambio de prioridades
La eliminación de la CGI significó un retroceso, pues los MP que tenían formación en el sistema de víctimas (atención, asistencia, acompañamiento e investigación) y experiencia en los llamados “delitos del pasado” —según familiares de víctimas y excomisionados— fueron enviados a investigar casos más políticos o de mayor prioridad para este sexenio.
“Lo peor es que se han llevado a quienes tienen una formación derecho-humanista, profesionalizados en el sistema de víctimas; eso es lo más interesante, que se los llevan a piratería u otros casos, cuestiones que se mueven y que producen números. Están debilitando acá [la coordinación] y se están llevando un montón de MP al caso Colosio, por ejemplo, que lo están reabriendo”, señaló un familiar que pidió omitir su nombre para evitar represalias.
Carlos Pérez Vázquez, excomisionado del CIJ, relató que familiares de víctimas de la guerra sucia que tienen una averiguación previa abierta en la FGR fueron los primeros en percatarse del recorte de MP en el área, sin que se les diera ninguna explicación.
“De alguna manera, vaciaron la unidad encargada, [quitaron a] los agentes, lo cual hacía prácticamente imposible que cuatro o dos ministerios públicos se hicieran cargo de 300 averiguaciones previas que están empantanadas desde hace 25 o 50 años; no suena muy prometedor. Nos vamos encontrando con torpezas burocráticas, con indecisiones o malas decisiones burocráticas que a quien afectan al final es a las víctimas en su reclamo”, señaló el abogado.
A inicios de este sexenio, la CGI estaba integrada por diez ministerios públicos encargados de revisar 250 averiguaciones previas de delitos cometidos durante la guerra sucia, como desaparición forzada, tortura y homicidio. Solo uno de los agentes tenía experiencia en casos del pasado y dos habían trabajado en el sistema de víctimas.
“Uno no tenía ni idea de lo que estaban investigando; no sabía, por ejemplo, qué era la DFS, y la mayoría de los delitos de desaparición están clasificados como privación ilegal de la libertad, es decir, un delito común que no corresponde a una problemática y a una política de Estado. Se empieza a desmantelar en 2021 y quedan dos agentes del Ministerio Público que, evidentemente, no tenían mucha claridad de la situación”, explicó Cartagena López.
Al desconocimiento sobre el periodo, se sumó la falta de recursos. Debido a que carecían de las herramientas técnicas y documentales necesarias, los procesos no fueron analizados por circuitos o lógicas temporales y espaciales, sino por casos particulares, y la escasez de presupuesto dificultó realizar diligencias fuera de la Ciudad de México, pese a que se identificaron víctimas procedentes de 27 estados del país.
El “desdén” de la FGR
En paralelo al desmantelamiento de la coordinación de la FGR, en diciembre de 2021 se instaló el CIJ, uno de los cinco instrumentos de la Coveh, creada con el objetivo de cumplir el compromiso de López Obrador de abrir los archivos, combatir la impunidad y terminar con “una etapa de sufrimiento, de represión”. Su presidente era el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
El CIJ debía trabajar junto con la FGR para realizar un diagnóstico de los casos abiertos, implementar una estrategia para hacer avanzar los procesos jurídicos, e impulsar la creación de una fiscalía especializada. Sus integrantes eran Ángela Buitrago, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus.
Pero el comité fracasó, debido también a la falta de recursos y, en gran medida, al “desdén” de Gertz Manero, que nunca aceptó reunirse con familiares de víctimas ni sobrevivientes, eliminó la CGI e incumplió el decreto presidencial de la Coveh, advirtió Pérez Vázquez.
“Él [Gertz Manero] fue clave justamente para que no avanzara este tema, el mecanismo de impulso a la justicia; por supuesto que el fiscal fue un gran obstáculo, no se tuvo acceso a toda la información necesaria ni la voluntad para realmente crear una unidad [en la FGR] que trabajara de manera conjunta con la comisión”, dijo Cartagena López, quien participa en los trabajos de la Coveh como parte de los colectivos de familiares de víctimas.
Los tres comisionados, junto con familiares de víctimas, recordó Pérez Vázquez, pidieron en enero de 2022 un encuentro con el fiscal general para firmar un convenio de colaboración que les permitiera acceder a los fondos documentales de la CGI —carpetas de investigación y archivos fotográficos— y garantizar la coadyuvancia. Esto nunca sucedió.
“A pesar de que se trata de un decreto presidencial, nunca tuvimos un acercamiento con la fiscalía [FGR], jamás, y esto sí representa un daño para el desarrollo de las investigaciones que llevan hasta 50 años pendientes de resolverse. El hecho de no avanzar en la agenda que establece el decreto presidencial implica necesariamente un desdén de parte del Estado encarnado en sus funcionarios, que también tienen su parte de responsabilidad”, agregó el abogado.
La obstaculización de la labor del CIJ derivó en su disolución. Pérez Vázquez y Sánchez Matus renunciaron en mayo de 2023 debido a la falta de recursos económicos para su operación, la inexistencia de un convenio que formalizara su trabajo ante la FGR y las fiscalías locales, la disfuncionalidad de la comisión debido al incumplimiento de acuerdos para su operación y, en consecuencia, la imposibilidad de consumar su mandato.
“Sin el apoyo económico y político de las instituciones gubernamentales, tenemos la certeza de que, conforme al tiempo restante del mandato de la comisión, no es posible cumplir a plenitud las expectativas de justicia de los sobrevivientes y familiares”, afirmaron en la carta de renuncia.
Los expertos señalaron el incumplimiento de López Obrador, quien prometió “recursos sin límite” para “indagar, investigar, conocer la verdad de lo sucedido”. Pero, incluso de haber tenido los recursos necesarios para operar, la obstrucción por parte de la FGR hubiera impedido cumplir el mandato, advirtieron.
“[La FGR] nunca participó, nunca se incorporó, nunca hubo coordinación y eso obstaculizó. El camino fue nuevamente truncado, tanto por diseño como por falta de voluntad real de las instituciones involucradas”, dijo Sánchez Matus.
En julio de 2023, Buitrago dio por concluida su estancia en México como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y, tras entregar un diagnóstico, salió del CIJ. El comité quedó acéfalo.
Nunca se conformó otro equipo, las tareas del CIJ quedaron a cargo del sucesor de Encinas en la Segob, Arturo Medina, funcionario cercano a AMLO, quien también está al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“El comité se quedó sin integrantes y, aunque se prometió que se contrataría a más gente, nunca sucedió. El equipo de Medina deberá presentar el resultado de los trabajos del CIJ; ellos lo asumieron, pero no hicieron realmente nada”, señaló una fuente cercana al comité.
El informe de Buitrago
Antes de separarse del CIJ, Buitrago entregó el documento “Diagnóstico, análisis y propuesta de creación de Unidad Especial para la Litigación y el Juzgamiento”, en el que informa los resultados del trabajo que se realizó entre diciembre de 2021 y julio de 2023.
En el documento de 113 páginas, publicado en el volumen 6 de Fue el Estado (1965-1990), el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Coveh, la abogada señala que, tras revisar 514 “registros de hechos denunciados”, radicados en la CGI, sobre víctimas que fueron desaparecidas, torturadas o ejecutadas durante la guerra sucia, advierte que las investigaciones se realizaron de manera individual, no grupal, lo que impide establecer patrones; no se mencionan todas las personas o instituciones que realizaron las detenciones, y existen fallas en la sistematización de los datos, lo que impide contar con los elementos necesarios para la indagación.
“No hay matrices por fechas que permitan aglutinar fenómenos, que permitan determinar qué métodos se utilizaron, cómo operaban, o qué estados pueden ser los más violentos. Así mismo tampoco se captura en la información la determinación de patrones o modos de operar”, consigna el documento.
Para Cartagena López, el informe de Buitrago permite dimensionar la magnitud de la violencia criminal del Estado, a la vez que ofrece nuevas pistas.
“Nos muestra qué encontró y qué no, eso también es muy importante, pues lo que no se encontró nos dice mucho. Ella [Buitrago] veía en las carpetas de investigación, primero, que no había un plan de investigación, pero tampoco había un análisis de contexto que permitiera identificar los patrones, las prácticas sistemáticas del Estado. Evidentemente, esperamos un informe que nos pueda dar más pistas para continuar, que este sea un pilar que nos permita seguir avanzando”.
En el informe, la abogada colombiana hace énfasis en una política de impunidad “inexplicable” sostenida por una deficiente investigación, el no ejercicio de la acción penal, y “un manto de arbitrariedad” que, desde diversos sectores —gubernamentales, políticos y empresariales—, ha favorecido a personas e instituciones y, en consecuencia, afectado a familias y víctimas. “La violencia contra las víctimas directas o familiares sigue sucediendo. La justicia sigue negando el acceso a conocer qué paso, y a reparar el daño que se causó por la opacidad e impunidad”.
El análisis de las averiguaciones previas iniciadas por la Femospp permitió identificar a víctimas de la guerra sucia procedentes de 27 estados, lo que demuestra que existió una “política generalizada” de represión. El mayor número, 289 personas, son de Guerrero.
Entre las víctimas de desaparición incluidas en las averiguaciones figuran Alicia de los Ríos y Jesús Piedra Ibarra, integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre; el músico y cantautor Rosendo Radilla Pacheco, y miembros del Partido de los Pobres de Atoyac de Álvarez, como Gorgonio Santiago Alvarado y Marcelo Serafín Juárez.
Pero la cantidad de víctimas podría aumentar, se indica en el documento, pues se pudo “verificar” que no están contempladas en las averiguaciones todas las personas afectadas, pues existen denuncias con múltiples nombres que no son objeto de indagación. Incluye como ejemplo a desaparecidos políticos de Chihuahua y Jalisco que carecen de una averiguación abierta.
“Por esa razón, tenemos que entender que en el momento en que se tomen todos los nombres de las personas que se encuentran dentro de cada una de las averiguaciones como víctimas, va a superarse el subregistro y una investigación pasará a ser lo más completa posible”, subraya el informe.
A lo anterior se suma que existen hechos que nunca fueron denunciados por temor a represalias y, por tanto, los delitos no están judicializados.
Buitrago advierte también vacíos en la información: en 133 averiguaciones no se incluye la edad de la víctima y en 315 se omite su ocupación. Las principales hipótesis de la desaparición son pertenencia a un movimiento armado o haber cometido un delito, y el 8% de las víctimas son mujeres.
Respecto a los grupos “objetivo” para la eliminación, la lectura de los documentos permitió identificar 28 organizaciones, como el Comité del 68, la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido de los Pobres, la Brigada Emiliano Zapata, los Comandos Lacandones, el Comité y el Frente Estudiantil Revolucionario, la Liga Comunista Espartaco, el Movimiento de Acción Revolucionaria, y el Núcleo Guerrillero de Chihuahua.
La abogada colombiana integra en un apartado las instancias creadas desde 2002 para investigar la represión, como la Femospp —de la que formaron parte los programas Jurídico Ministerial A, B y C— y la Comisión de la Verdad de Guerrero. “La creación de unidades especiales y su desintegración por cambios en políticas de gestión del ente acusador, genera un gran daño en la investigación y el avance de las averiguaciones”, afirma. “La deconstrucción de estas unidades favorece la impunidad”.
Buitrago —quien presentó el documento a la Asamblea de Colectivos de Familiares y Sobrevivientes de la Guerra Sucia— propone la creación de una Unidad Especial para la Litigación y el Juzgamiento de los hechos de la guerra sucia. Una instancia autónoma que debería ser formalizada a través de un acuerdo de la FGR y que requiere de personal calificado e interdisciplinario que “pueda construir la investigación desde un marco contextual y pueda relacionar los fenómenos propios de esta clase de investigaciones: crímenes atroces”.
Esto implica contar, agrega, con personas que tengan formación en materias como el derecho internacional, los derechos humanos y el sistema acusatorio. Sugiere, además, que esté integrada por doce fiscales, cada uno con dos asistentes y una persona que maneje herramientas de análisis criminal.
El informe incluye también diez recomendaciones, como crear un mecanismo que garantice la permanencia transexenal de la unidad especial; que se investiguen todos los casos y los que no han sido denunciados se sigan de oficio; que se tomen medidas inmediatas y urgentes para judicializar a todos los responsables identificados que todavía estén vivos; que se asuma la responsabilidad del Estado; que se agrupen las investigaciones de acuerdo con métodos, patrones y planes, y que se creen mecanismos de reparación de manera urgente con la participación de las víctimas.
Fiscalía de papel
Entre las responsabilidades del Comité de Impulso a la Justicia, según el plan aprobado por colectivos y sobrevivientes, se plantea la creación de una fiscalía especial que elabore planes de investigación integrales y atraiga las trece averiguaciones previas judicializadas por la Femospp, además de las 245 que están en trámite. Dicha unidad tendría la facultad de otorgar beneficios por colaboración eficaz a personas investigadas o testigos anónimos que proporcionen información sobre los perpetradores.
Debido a la falta de acuerdos con la FGR, los comisionados no lograron avanzar en este tema. Pese a ello, en junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, en el que ya no aparece la Coordinación General de Investigaciones, pero sí una Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, creada para atender “averiguaciones previas y procesos penales relacionados con los homicidios de José Francisco Ruiz Massieu, Juan Jesús Posadas Ocampo” y “asuntos que por su importancia y trascendencia le hayan sido asignados”, la cual formaba parte de la estructura de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc).
“Esta fiscalía nunca operó, o al menos no nos enteramos o no fue nada público; se creó en papel con esa publicación del Diario Oficial, y ahí quedó. Si fuera muy estricto, eso tendría que haber pasado siempre en conversación con los colectivos y tampoco ocurrió, nunca se informó a las familias sobre el tema”, señaló Sánchez Matus.
Seis meses más tarde, se publicó en el DOF el Acuerdo de Expedición del Manual de Organización de la Fecoc, en el que la fiscalía ya no figura.
Para el excomisionado Pérez Vázquez, esta situación muestra que el período de la guerra sucia incomoda dentro de la FGR y que la falta de acuerdos entre Gertz Manero y López Obrador ha impedido avanzar en el cumplimiento del decreto presidencial.
“Atendiendo a esta petición del presidente, la FGR va a crear una fiscalía especial, llámese como se llame, pero en el tiempo en el que nosotros estuvimos [en el CIJ] nunca nos enteramos de que la FGR hiciera llegar un comunicado de esta naturaleza. Desde ahí, uno puede leer que hay un problema de coordinación interinstitucional entre la FGR y el Ejecutivo federal, y otra vez [vemos] estos tropezones de parte de la burocracia que obstruyen el curso correcto del asunto; si después, además de eso, eliminaron del mismo documento la [nueva] fiscalía, pues eso, supongo, obedece a una decisión al interior de la FGR”, agregó.
Este medio solicitó al área de comunicación social de la FGR una entrevista con la fiscal de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, pero al cierre de este reportaje no se había obtenido respuesta.
La premura para trasladar los casos a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, tras la desintegración del CIJ y de la Coordinación General de Investigaciones, deja dudas en familiares de víctimas y excomisionados respecto a qué será posible lograr en el escaso tiempo que falta para que la Coveh concluya su mandato, el 30 de septiembre.
Para Sánchez Matus, “se perdió una oportunidad”, puesto que “se tenía todo y finalmente no se logró lo que se buscaba y el objetivo no llegó”.
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