La primera elección de jueces, magistrados y ministros en México está programada para el primero de junio de 2025. Esto representa un cambio radical porque los juzgadores dejarán de ser designados; se prevé que en Ciudad Juárez la contienda será por 11 cargos y en la ciudad de Chihuahua, por 12.
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez – Al tiempo que el Instituto Nacional Electoral (INE) avanza con los trabajos para llevar a cabo la elección de personas juzgadoras en el país, la incertidumbre aumenta entre jueces y magistrados en el estado de Chihuahua por el proceso inédito en el que al menos 22 cargos serán electos.
La primera elección de personas juzgadoras en México está programada para el primero de junio de 2025. Esto representa un cambio radical porque los jueces y magistrados dejarán de ser designados.
Los juzgadores en la entidad han advertido que el proceso –que se lleva a cabo en medio de un paro de labores en el Poder Judicial y de impugnaciones– puede ser caótico, debido a que no hay leyes reglamentarias, y se corre el riesgo, aseguran, de politizar la elección de jueces y magistrados, lo que consideran tiene un fuerte impacto en la impartición de la justicia.
“Nosotros siempre dijimos que no negamos a que debe haber una reforma, incluso si la misma sociedad quiere elegirlos por voto popular, bueno pues entonces déjele la facultad al Poder Judicial de filtrar los candidatos y dentro de los mejores candidatos usted ya elige al que quiera”, indicó la magistrada del Segundo Tribunal Colegiado y coordinadora de los magistrados de Ciudad Juárez, María Guadalupe Contreras Jurado.
Sin embargo, en el decreto de la reforma se plantea que el INE debe organizar este proceso electoral, que inició el pasado lunes 23 de septiembre, y especifica que los tres Poderes de la Unión serán quienes postulen las candidaturas a los miles de cargos a renovar. El decreto excluye a los partidos políticos como actores de este proceso.
Los cargos en juego en Ciudad Juárez y Chihuahua
En el Décimo Séptimo Circuito Judicial, al que están integrados Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, podrán participar casi 200 candidatos por los cargos judiciales en este primer proceso de elección de juzgadores, se desprende de los datos del Poder Judicial y la reforma recién aprobada.
Esa cantidad se desprende de esta información:
En esta frontera tienen jurisdicción el Primer y Segundo Tribunal Colegiado de Décimo Séptimo Circuito, así como el Tribunal Colegiado de Apelación, cada uno conformado por tres magistrados. Además, funciona el Centro de Justicia Penal Federal que cuenta con seis jueces de Distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio.
También está en funciones el Tercer Tribunal Laboral Federal a cargo de un juez de Distrito; y cinco jueces de Distrito que atienden lo relativo a los amparos y a los procesos penales radicados antes de la reforma penal que dio “vida” al sistema penal acusatorio.
Por lo que en Ciudad Juárez al menos existen 21 cargos judiciales, entre magistraturas y juzgados, y de acuerdo con la reforma al Poder Judicial de la Federación, el 50 por ciento de lo que compone un circuito judicial deberá ser sometido al voto popular, por lo que se espera que sean por lo menos 10 cargos los que entren a la elección, de acuerdo con datos oficiales.
En la ciudad de Chihuahua funcionan cinco tribunales colegiados, conformados por tres magistrados y un Tribunal Colegiado de Apelación integrado por tres magistrados. También un Centro de Justicia con cuatro jueces federales; y dos juzgados laborales. En total 24 escaños y 12 podrían entrar a la elección.
Para contender por un juzgado podrán participar hasta seis candidatos y para las magistraturas hasta 10 aspirantes, de acuerdo con lo establecido para el proceso.
Considerando ese número máximo de aspirantes y la cantidad de cargos a elegirse, de acuerdo con la reforma, se estima que por Juárez pueden sumar hasta 86 candidatos. En tanto que en la ciudad de Chihuahua podrá registrarse hasta 114 candidatos. Un máximo de 90 personas podrán contender para ocupar nueve de las 18 magistraturas existentes y 24 para pelear por cuatro de los siete juzgados.
A nivel nacional, tan solo en 2025 habrá 10 mil 815 candidaturas para elegir a mil 481 personas juzgadoras.
Pero ninguno de los aspirantes deberá utilizar financiamiento público ni privado para promocionarse.
¿Se politiza la justicia?
Para Ernesto Cornejo Ángeles, juez de Distrito Especializado del Sistema Penal Acusatorio y coordinador de jueces, el Congreso de Unión abdicó, o no quiso, utilizar la facultad que tiene para legislar sobre el proceso de elección judicial y le dejó ese encargo al Instituto Nacional Electoral para que a través de acuerdos defina esa elección.
“Eso va a ser, yo pienso, y lo digo con respeto, va a ser caótico”, expresó.
Pero no solo el proceso y la falta de reglas claras es cuestionado por juzgadores de Chihuahua, también sobre los perfiles de los candidatos y la falta de experiencia de trabajar en un órgano jurisdiccional.
“Dependiendo de los nuevos perfiles que ingresan al Poder Judicial, no sé si sean los más capaces o los más idóneos, sin experiencia, ¿cuánto tiempo le va a llevar al nuevo magistrado aprender?”, indicó la magistrada del Segundo Tribunal Colegiado y coordinadora de los magistrados de Ciudad Juárez, María Guadalupe Contreras Jurado.
“En el caso de jueces no se pide más que licenciatura en Derecho y un promedio mínimo de 8, cartas de recomendación. Entonces imagine la cantidad de personas que podrían postularse, pues miles, por eso es que dicen que van a recurrir a la insaculación que es un eufemismo para la tómbola, sorteos, concursos, rifas”, mencionó a su vez Cornejo Ángeles.
Ambos juzgadores coincidieron en señalar que la reforma al Poder Judicial de la Federación implica una politización de la justicia y la validación de cualquier ley afín a Morena.
“Si van a ser personas que tengan que responder o tener acercamientos previos con entidades como congresos o, aunque esté prohibido con partidos políticos pues seguramente responderán o se deberán a ese tipo de actividades. Entonces yo conjeturaría que sería una politización de la justicia”, apuntó el juez Cornejo Ángeles.
Los recursos económicos, o presupuesto, que se deben destinar a las elecciones, también es un pendiente en la reforma judicial y los juzgadores consideran que partir de los transitorios de la reforma constitucional no será suficiente. Además, observaron que hay lagunas legales, lo que en conjunto podría impedir una elección ordenada.
Los operadores judiciales señalaron que esta reforma anula la carrera judicial y ellos son ahora los directamente afectados en términos de su proyecto de vida. Pero, consideraron que al estar en juego la independencia judicial son los ciudadanos los más perjudicados pues no habrá un mecanismo que sirva de control ante los posibles abusos de la autoridad.
“Si usted acaba con la inamovilidad de los juzgadores, acaba con la división de poderes, acaba con el Estado Derecho, acaba con una democracia y eso pone en juego los derechos de todas las personas porque el Poder Judicial de la Federación hablando para diferenciarnos de las autoridades locales, no juzga personas, juzga autoridades”, considera Cornejo Ángeles
Ante los cambios que se prevén con la reforma y la elección de jueces y magistrados, se contempla que algunos de los funcionarios judiciales interpongan juicios de amparo, tramiten su retiro, sigan protestando y luchen por sus derechos.
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