Veremos que sucede. Pero creo que, por el bien de la república –la corrupción es un cáncer que ha impactado al estado por siglos– el éxito de esta dependencia debe alcanzarse. Ojalá que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no sea otro ensayo fallido con buenas intenciones
Por Hernán Ochoa Tovar
Desde hace ya algunos años, existe una tendencia a cambiar los nombres de las dependencias con el fin de perseguir propósitos loables, mismos que no siempre llegan a cristalizarse. Ejemplo de esto es, cuando la extinta Policía Judicial, cuya fama en el imaginario popular era terrible, fue desaparecida y en su lugar se creó la Agencia Federal de Investigaciones, la cual –por lo menos en el spot– pretendía emular a lo que hacían en el primer mundo el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como Scotland Yard. De igual manera, secretarías como la de Comercio han cambiado de nombre en un cúmulo de ocasiones; siendo un caso semejante el de Agricultura y la del Bienestar.
Y, curiosamente, una de las dependencias de estado más reciente, la Secretaría de la Función Pública –cuyos antecedentes se remiten a la década de 1980, durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988)– volverá a cambiar de nombre en la presente administración, proponiendo la doctora Sheinbaum que sea renominada como “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”. La pregunta que queda a hacernos será la siguiente ¿realmente existirá un cambio de fondo, o sólo será una modificación cosmética, como ha sucedido a lo largo de casi cuarenta años? Veamos.
Durante sus primeros años de existencia, la SCF (Secretaría de la Contraloría de la Federación), misma que se transformó en SECODAM (Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) durante el sexenio de Ernesto Zedillo, tuvo misiones relevantes, pero un actuar discreto que casi no concitó la atención. Máxime, cuando el último titular del zedillismo, Arsenio Farrell Cubillas, era uno de los dinosaurios del sistema, quien, paradójicamente, había sido nominado para estar en vigilia y revisar el actuar del gobierno, lo cual resultaba paradójico y, al parecer, no se vio tan funcional. Posteriormente, durante la gestión de Vicente Fox (2000-2006) tuvo un actuar curioso, mismo que podría ser descrito, como en el dicho popular de mucho ruido y pocas nueces. Esto porque, aunque el titular de la secretaría en mención (el ex gobernador Francisco Barrio) afirmó que haría caer a los “peces gordos” del viejo régimen, y hasta llegó a ser nombrado como el “Zar Anticorrupción” del Foxismo por algunos medios de comunicación, lo cierto es que, aunque se persiguieron buenas intenciones, ninguno de los dinosaurios del tricolor fue llevado ante la justicia (el finado expresidente, Luis Echevería Álvarez sí, pero por acusaciones relativas a la represión y a la guerra sucia, mas no por causales administrativos, huelga aclarar). Y aunque el gobierno de Vicente Fox intentó proyectar una nueva cultura del trabajo y la honestidad en la estructura gubernamental, sucedió lo mismo. Pesaron más las intenciones que los resultados finalmente entregados a los mexicanos. Empero, en ese sexenio sucedió un cambio cosmético: la sucedánea SECODAM se transformó en Secretaría de la Función Pública, nombre que conserva hasta el día de hoy, tornándose en un legado de la transición democrática.
Luego, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) la mencionada institución pasó sin pena ni gloria. Si Francisco Barrio fue un secretario mediático; Germán Martínez Cázares no lo fue –dimitió para buscar la dirigencia del PAN– y sus sucesores, aún menos. Aunque, en efecto, hubo algunas detenciones de funcionarios de tercer nivel, sobre todo, la lucha contra la corrupción parecía estancada. Tanto, que, durante el 2009, en el contexto de la crisis económica, el expresidente propuso desaparecer tres secretarías, siendo uno de las mencionadas la de la Función Pública. Sin embargo, su iniciativa no prosperó, pues, al no contar con mayoría en el Congreso, la oposición congeló la propuesta y la dependencia continuó existiendo prácticamente hasta el final del sexenio mencionado.
Aun así, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) pasó algo aún más surreal, digno de una novela de realismo mágico. Si Calderón propuso desaparecer la secretaría de estado en cuestión, Peña Nieto no lo hizo de manera tan tajante, sino que la congeló al proponer que sus funciones pasaran al naciente Sistema Nacional Anticorrupción (que al parecer fue un niño muerto). Todo iba bien y su coartada parecía haber sido comprada por la opinión pública, hasta que le cayó encima el tema de la Casa Blanca y de los conflictos de interés. Peña Nieto se vio obligado a darle oxígeno a la dependencia en mención, nombrando a un polémico Virgilio Andrade como su titular. Al final, su resurrección fue paradójica, pues la encomienda que le dieron Andrade, dio los resultados que el gobierno hubiera querido (como solía pasar con los designios del viejo PRI en múltiples ocasiones, huelga aclarar).
Bajo esta tesitura, la llegada de AMLO a la Presidencia sí implicó ciertos cambios, aunque no todos alcanzaron la profundidad deseada. Es cierto que López Obrador le dio dientes a la Función Pública respecto a sus antecesores. Pero el estado de las cosas siguió casi intacto respecto a los sexenios precedentes. Y a pesar de que sus titulares tuvieron buenas intenciones, creo que quien realizó una mejor labor fue Roberto Salcedo Aquino, pues Irma Eréndira Sandoval, si bien conocía de la materia, contaminó su actuar con su talante y su retórica política. Aun así, Salcedo Aquino tuvo claroscuros: si bien es cierto que abrió indagatorias contra los defraudadores de la extinta SEGALMEX, pocos de los funcionarios de primer nivel fueron llevados a comparecer, y las indagatorias recayeron en los subordinados.
Otra cuestión que habría que revisar es el radio de acción de la Secretaría. Desde el sexenio pasado, se determinó que todos los funcionarios debían de declarar sus bienes, y no sólo los de alto nivel o quienes ocupen cargos cupulares. Ello ha llevado a situaciones paradójicas como que intendentes -de las diversas dependencias- profesores y oficiales de policía deban de declarar salarios y propiedades. Hasta ahora la actividad se ha realizado con relativo éxito. Habría que ver si es necesario extender tanto el escrutinio, o que la labor de la secretaría se concentre en objetivos prioritarios.
Por lo anterior, habría que ver si la propuesta de la doctora Sheinbaum es una continuación o una ruptura con el pasado. Máxime, cuando en la dependencia naciente, el gobierno actual busca concentrar las funciones del INAI ¿Logrará Raquel Buenrostro extirpar la corrupción del estado mexicano? Podría ser. Si como Jefa del SAT pudo hacer pagar impuestos a los grandes contribuyentes, esperaría que su desempeño en la naciente dependencia fuera notable.
Veremos que sucede. Pero creo que, por el bien de la república –la corrupción es un cáncer que ha impactado al estado por siglos– el éxito de esta empresa debe alcanzarse. Ojalá que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cristalice sus metas y no sea otro ensayo fallido con buenas intenciones. Hago votos porque así sea.
