La empresa brasileña ofreció su cooperación directa al menos en dos ocasiones, pero las autoridades mexicanas rehusaron la oferta. Otras naciones sí aceptaron y sus pesquisas han llegado más lejos.
Por Andrea Cárdenas
Quinto Elemento Lab
Ciudad de México –Han pasado 32 meses desde que los directivos de Odebrecht confesaron haber dado sobornos y realizado prácticas corruptas en México y otras naciones de Latinoamérica. La compañía brasileña ha enviado al menos dos cartas a los fiscales mexicanos para agilizar la investigación y llevar a los presuntos inculpados ante los tribunales, pero México se ha negado a recibir la cooperación de la empresa, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.
A diferencia de México, desde diciembre de 2016 ocho naciones sí aceptaron la ayuda directa de Odebrecht, lo que les ha permitido avanzar con más velocidad en la integración de los casos, las detenciones y los encarcelamientos. En México, hasta ahora solo hay un funcionario públicamente señalado: el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien está prófugo de la justicia, y no existe hasta hoy ninguna persona procesada por la trama de corrupción desencadenada por el conglomerado brasileño.
Desde que salió a la luz el escándalo de los sobornos, Odebrecht ha negociado acuerdos con los países donde es investigada a cambio de reducir las sanciones y continuar sus operaciones comerciales. Además de pagar una multa por el daño causado, la empresa debe confesar sus delitos y entregar pruebas y evidencias. Cuando eso sucede, las autoridades que aceptan la colaboración de la compañía se comprometen a no presentar cargos por las conductas confesadas que ya tuvieron castigo o que están bajo investigación en Brasil.
En documentos que no habían sido publicados hasta hoy, la compañía ofreció su “disposición y voluntad” para esclarecer “cualquier posible hecho ilícito” relacionado con México. Las cartas fueron entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) el 10 de febrero de 2017, y luego a la nueva Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de febrero de 2019.
Un portavoz de la FGR declinó comentar acerca de la propuesta de cooperación presentada por Odebrecht y la Fiscalía tampoco respondió a un cuestionario con 21 preguntas que se le hizo llegar desde mayo. Sin embargo, uno de los abogados de Odebrecht confirmó a Quinto Elemento Lab que la FGR no ha emitido ninguna respuesta a la oferta de ayuda.
Firmar un acuerdo de cooperación con la empresa puede ser la llave que abra de golpe la ‘caja de Pandora’: el acceso a la información que hay en Drousys, la plataforma creada por Odebrecht para que sus empleados pudieran comunicarse en sigilo y esconder los pagos a políticos bajo nombres y códigos secretos.
En el lujoso corporativo de Odebrecht, un rascacielos de cristal ubicado en el barrio de Butanta, al oeste de Sao Paulo, donde también tenía su sede el departamento de los sobornos, se resguardan los archivos de Drousys, un sistema diseñado para mover dinero sin dejar registro en los libros contables de la empresa.
Uno de los abogados de Odebrecht que habló a condición de no ser identificado, explicó que los fiscales de países que firmaron el acuerdo les hacen llegar los pedidos de información para que peritos forenses ajenos a Odebrecht realicen las búsquedas en la base de datos y en poco tiempo se entregan los documentos solicitados, sin la intermediación del Ministerio Público de Brasil.
En Drousys, hoy bajo resguardo del Ministerio Público brasileño, se resguarda una gran cantidad de información que da cuenta del historial de los pagos ilegales, los registros de las transacciones, los estados de cuenta de las empresas offshore, los emails y los contratos con las empresas donde la compañía tenía operaciones.
La principal ventaja que obtienen los fiscales de las naciones que sí tienen un acuerdo de cooperación con la compañía es que en cuestión de días tienen acceso a la información almacenada en los servidores del Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht que palomeaba y gestionaba los pagos indebidos a funcionarios de América Latina.
“Cuando necesitamos hacer consultas, como parte de los acuerdos firmados, hacemos una solicitud a una firma externa de compliance que tiene autorización para hacer pesquisas y ubicar documentos que sirvan para corroborar los relatos”, detalló otro de los ejecutivos de la constructora en Brasil.
Para que México pueda tener acceso a esa información existen solo dos caminos: pedirla directamente a la empresa tras la firma de un acuerdo de colaboración, o solicitarla vía la FGR a la secretaría de Cooperación Internacional de Brasil para que desde Brasilia se envíe el pedido a la empresa.
Hasta ahora México ha elegido el segundo camino: entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, las autoridades enviaron 12 pedidos a Brasil para solicitar información y declaraciones de testigos como parte de sus pesquisas sobre Odebrecht. Aún no tienen respuesta para cuatro de esos pedidos, según respondió en junio pasado la Coordinación de Asuntos Internacionales de la FGR.
Esa docena de solicitudes, sin embargo, refleja que México ha sido uno de los países más inactivos en el envío de peticiones a Brasil. Desde que inició la investigación Lava Jato, los fiscales de Perú enviaron 174 pedidos, los de Suiza mandaron 121 solicitudes y las autoridades estadounidenses hicieron llegar 54 peticiones, de acuerdo con un informe de la secretaría de Cooperación Internacional brasileña al que tuvo acceso Quinto Elemento Lab.
Ayuda ‘fast track’, pero condicionada
Colaborar con la justicia y entregar información a las naciones donde se cometieron delitos es una de las condiciones que le impusieron las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, cuando en 2016 acusaron a Odebrecht de operar un sistema secreto por medio del cual distribuyó sobornos a políticos y funcionarios de América Latina y África.
Además, la oferta de Odebrecht para colaborar con autoridades locales tiene un precio: en el primer oficio enviado a la PGR, la constructora dejó claro que a cambio de su ayuda y de la información ofrecida a México, debían comprometerse a no procesar penalmente a sus trabajadores o exempleados que hubieran dado información sobre los sobornos y que ya fueron incriminados en Brasil.
La firma también pidió evitar medidas cautelares en contra de sus empresas filiales en México, no alterar la continuidad de sus contratos vigentes y solicitó el derecho de participar en futuros procesos de contratación. México no accedió a esas peticiones, y tiene en marcha procesos de sanción, multas y recisión de contratos contra Odebrecht.
Otros países que sí aceptaron esas condiciones han conseguido el encarcelamiento de expresidentes y funcionarios de alto perfil. “Con la colaboración y comunicación directa entre las autoridades y la empresa, el resultado de la investigación es más rápido y eficiente”, aseguró el abogado de Odebrecht que pidió no ser identificado.
En Panamá, los fiscales imputaron a más de 80 personas a partir de la información aportada por la compañía, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli. En Ecuador, las autoridades procesaron al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel, mientras que el expresidente Rafael Correa es investigado por delincuencia organizada junto con otros siete excolaboradores. En Brasil, el exmandatario Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, y en Perú, la investigación alcanzó a cuatro expresidentes.
“Si no tenemos la colaboración de la empresa que ha hecho los pagos sería bastante difícil, demoraría demasiado y no tendríamos una ruta clara de lo que ha ocurrido”, dijo en entrevista con Quinto Elemento Lab uno de los fiscales que investiga el caso Odebrecht en Perú, José Domingo Pérez.
La información que entregó la compañía hizo posible que los fiscales hicieran cargos contra los últimos cuatro gobernantes peruanos: Alejandro Toledo, Alán García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. García se suicidó en abril pasado, cuando iba a ser detenido por la policía en Lima, y Toledo fue arrestado en julio pasado en Estados Unidos.
Como parte de los compromisos firmados, la empresa está obligada a presentar a sus colaboradores y exfuncionarios ante las autoridades peruanas para que rindan sus testimonios y a pagar una reparación de 182 millones de dólares por los sobornos realizados. A cambio, la empresa reinició sus actividades comerciales y ahora se le permite participar nuevamente en licitaciones públicas.
Tras la firma del acuerdo, el jefe del equipo especial de la Fiscalía de Perú para el caso Odebrecht, Rafael Vela, dijo que sin la colaboración de la compañía no habría manera de acceder a ninguna prueba, ya que la Justicia de Brasil protege a sus delatores, como es el caso de los exejecutivos de Odebrecht. “Si no firmamos un acuerdo de colaboración con Odebrecht no tendremos acceso a ninguna prueba en Brasil”, explicó Vela a la prensa en febrero pasado.
Aunque las autoridades de países como México, donde han rechazado la colaboración de la empresa, pueden acceder a información a través del Ministerio Público de Brasil, al igual que lo hizo Perú en los años previos al convenio con la empresa, se trata de “un camino más lento y no puedo asegurar el resultado porque va a depender de cada caso o país”, dijo el fiscal Domingo Pérez.
El fiscal peruano explicó que hace dos años enviaron peticiones a las autoridades brasileñas que apenas se han concretado, “hay información desde el 2017 que en algunos casos recién está llegando… cuando se ha requerido por el tema de la cooperación internacional ha demandado algunos meses”.
La justicia peruana optó por este mecanismo de colaboración con la empresa para poder tener acceso a información más precisa que les permita descifrar un caso tan complejo de corrupción trasnacional: “necesitábamos mayor información y no solamente lo que la autoridad brasileña había logrado preguntar o recabar”, afirmó Domingo Pérez.
Si bien la ayuda directa de Odebrecht ha permitido a varios países avanzar más rápido en las indagaciones, también es cierto que se han encontrado pagos que la compañía ocultó a los fiscales de la región.
Una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), reveló en junio pasado que los desembolsos a cambio de contratos eran más grandes que lo admitido por Odebrecht.
De acuerdo con la investigación de ICIJ, basada en la filtración de documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas, los nuevos pagos descubiertos involucran a encumbrados personajes y proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados en las investigaciones oficiales, lo que ha despertado dudas sobre la honestidad de las confesiones de Odebrecht. Por ejemplo, se reveló que hubo sobornos por más de 34 millones de dólares en Venezuela para ampliar el metro en Caracas, y pagos ocultos por más de 3 millones de dólares para construir un gasoducto en Perú.
Las lentas respuestas para México
Mientras las naciones que firmaron convenios directos con Odebrecht han agilizado el curso de sus investigaciones, en México apenas se ha señalado a un personaje: Emilio Lozoya, quien tiene dos órdenes de aprehensión libradas el 28 de mayo y el 4 de julio pasados. El exdirector de Pemex, que es buscado por la Interpol, ha negado cualquier conducta ilícita.
El primer ofrecimiento de ayuda por parte de Odebrecht fue enviado en febrero de 2017 al entonces subprocurador de la PGR Alberto Elías, pero no se firmó ningún convenio. La Procuraduría entonces dependía del Ejecutivo, que era encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Finalizado el gobierno peñista y con una nueva Fiscalía en funciones que sustituyó a la antigua PGR, Odebrecht volvió a contactar a las autoridades mexicanas en febrero de este año. La constructora brasileña envió al Fiscal General Alejandro Gertz Manero un escrito en el que ofreció su colaboración en la investigación.
La empresa “reitera su disposición y petición ante el Fiscal General para colaborar, y seguir colaborando, de forma plena, legítima, legal y coordinada con las autoridades competentes, con la finalidad de formalizar una solución alterna e integral a la situación jurídica”, según la carta que no fue respondida y a la que tuvo acceso Quinto Elemento Lab.
Desde que Gertz tomó posesión en enero pasado como nuevo fiscal, anunció que una de sus prioridades era retomar los grandes casos que dejó sin resolver el gobierno anterior, entre ellos el de Odebrecht, pero la FGR solo ha enviado este año cinco peticiones para recabar declaraciones e información bancaria a EU, Canadá, Liechtenstein, Perú y Suiza (ver recuadro).
Este año han sido respondidas algunas solicitudes que llevaban más de un año de retraso: en marzo pasado un fiscal mexicano acudió a la sede del Ministerio Público Federal en Sao Paulo para interrogar a cinco excolaboradores del área de Odebrecht que diseñó y operó el sistema Drousys.
Estos interrogatorios ocurrieron 16 meses después de que fueran solicitados por las autoridades mexicanas, en noviembre de 2017. Las diligencias se retrasaron por cuestiones burocráticas, ya que México debe firmar primero un “término de compromiso” en el que se compromete a no utilizar las pruebas obtenidas contra los colaboradores del Ministerio Público de Brasil, en el ámbito penal, civil o administrativo.
Uno de los fiscales del caso Lava Jato, con sede en el municipio de Guarulhos en Brasil, explicó a Quinto Elemento Lab que las autoridades mexicanas se demoraron meses en firmar los “términos de compromiso” para garantizar que los delatores no serían incriminados. “Los colaboradores suelen hablar si tienen la garantía de que no serán procesados en México y esa parte demandó muchos meses”, dijo en una conversación telefónica.
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Pesquisas mexicanas dentro y fuera del país
Sin recibir apoyo directo de la empresa para encontrar información relevante, México ha realizado en los últimos años diversas acciones dentro y fuera del país para intentar desentrañar la trama de corrupción de Odebrecht, aunque no todos sus movimientos han sido exitosos.
En sus pesquisas internacionales, los fiscales mexicanos enviaron una docena de solicitudes de información a Brasil y otras 28 a países como Alemania, EU y Suiza, a los que pidió datos bancarios y de empresas.
La Fiscalía identificó que en Suiza está la cuenta bancaria de Tochos Holding Limited, que tiene como beneficiarios a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana. Según la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, que difundió La Silla Rota, desde esa cuenta salieron los recursos para pagar su residencia en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares en la Ciudad de México y las transferencias con las que su esposa adquirió una mansión en las playas de Ixtapa.
Desde que inició la investigación en enero de 2017 y hasta que concluyó la administración de Enrique Peña Nieto a fines de 2018, la PGR envió 35 solicitudes de asistencia jurídica a 17 naciones. La nueva FGR ha enviado este año cinco peticiones a Canadá, Liechtenstein, EU, Perú y Suiza.
No todas las solicitudes han sido respondidas y algunas llevan más de un año de retraso, como las enviadas al Ministerio Federal de Justicia de Alemania o a los fiscales de Venezuela, y Antigua y Barbuda.
Dentro de México, el gobierno castigó a la empresa con multas que superan los mil 600 millones de pesos, la Función Pública abrió procesos que le impiden participar en contrataciones públicas y le cancelaron trabajos que tenía vigentes en las refinerías de Tula y Salamanca.
En un hecho sin precedentes, la empresa acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a presentar una queja por la violación a sus derechos humanos. En su alegato, la constructora brasileña acusa al gobierno de México de orquestar una estrategia en su contra para no investigar los casos de corrupción de sus funcionarios, “impidiendo a la compañía el libre ejercicio de sus actividades comerciales”.
Odebrecht sostiene que ninguna de las sanciones que le han impuesto guarda relación con el entramado de corrupción y responsabiliza a doce funcionarios de la administración pasada de inhibir la investigación de los hechos de corrupción.
La CNDH resolvió que la cancelación de los contratos se está litigando en los tribunales, por lo que las instancias judiciales deben resolver esos diferendos jurídicos. “La Comisión carece de competencia para conocer de asuntos jurisdiccionales”, concluyó en junio pasado.
En un escenario inédito, Odebrecht solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer su caso y no descarta llevarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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La Verdad reproduce esta investigación periodística con autorización de Quinto Elemento Lab
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