Con AMLO los programas sociales se multiplicaron como los panes y pasaron a beneficiar a las poblaciones más desfavorecidas. Ello es plausible, pues han pasado a favorecer a los más necesitados, como, efectivamente, lo ha demostrado el INEGI, pero la estrategia tiene huecos
Por Hernán Ochoa Tovar
Esta semana, el INEGI brindó información que corrobora que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se redujo la pobreza de manera sustancial. Esto, luego de devaneos constantes durante las últimas administraciones, pues durante la de Enrique Peña Nieto disminuyó, pero tuvo un cierto repunte durante la de su predecesor, Felipe Calderón. Las cifras brindadas por la autoridad nacional encargada de la estadística y los censos, han llevado al debate la veracidad del enunciado, habiendo posturas encontradas entre el oficialismo y la oposición. Para los primeros, han sido los programas sociales una herramienta adecuada y efectiva para el combate a la pobreza; mientras los segundos resaltan su carácter coyuntural o electorero ¿Será que efectivamente hubo un avance durante la gestión obradorista? Veamos.
Un logro indudable de los gobiernos posrevolucionarios fue el de la reducción de la pobreza y el incremento de la clase media. Mientras en el Porfiriato (1877-1910) había una polarización inmisericorde, que tenía un impacto social y económico (pues una élite blanca tenía el grueso de los privilegios gubernamentales y el dominio de las empresas), en la posrevolución se redujo. Aunque la desigualdad que existía desde el Virreinato siguió existiendo –es de esas asignaturas pendientes que afectan, de manera transversal, a la Historia de México–, se pudo ver un mejoramiento en las condiciones de vida de la clase obrera –que vivía en condiciones paupérrimas durante el gobierno de Porfirio Díaz–, así como un crecimiento importante de la clase media.
Podemos decir que, el célebre Milagro Mexicano sí tuvo un impacto social, pues, a través de la educación, diversos sectores pudieron tener un mejor nivel de vida que sus ancestros inmediatos. Empero, cuando el Milagro se empezó a agotar, las maravillas de la redistribución del pastel también comenzaron a dejar de ser efectivas. El poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias, que había crecido durante el Desarrollo Estabilizador, tendió a estancarse y a disminuir. Esto porque, durante el advenimiento del neoliberalismo hubo muchas luces y sombras. Económica y políticamente hablando, ha sido de los lapsos más estables en la Historia de México; sin embargo, el crecimiento fue raquítico, y, si bien la riqueza se acrecentó (pues nuestro país pasó a ser parte de las 20 economías más grandes del orbe), la misma no se redistribuyó como se debería. Y la desigualdad, un problema perenne que aqueja a nuestra historiografía, se siguió presentando como si fuera un fenómeno para seculae secúlorum.
Sin embargo, no todo fue negativo la era mencionada. A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), los programas sociales se llegaron a implementar con gran ímpetu, por parte de las vocerías y las estructuras gubernamentales. Tuvieron cierta efectividad en coyunturas específicas; pero algunos de sus críticos los tildaron de electoreros. Lo cierto es que el PRONASOL parecía tener un diseño tendiente a empoderar a las poblaciones vulnerables a través de la realización de trabajos determinados y pago por proyectos. Quizás lo que aquí falló fue que no se pudo defender de su talante electorero, así como de la consustancial corrupción que ha atravesado gobiernos de distinto signo, con especial énfasis en el salinismo.
Luego, estas medidas destacaron por su temporalidad y por su poca planificación a largo plazo. Del Progresa de Ernesto Zedillo a Prospera de Enrique Peña Nieto, pasando por Oportunidades, de Felipe Calderón, todos los presidentes, de Salinas a la doctora Sheinbaum, han tratado de personalizar la lucha contra la pobreza, como si fuese un esfuerzo sexenal y no una prioridad de estado.
Dicho enunciado fue comprendido a carta cabal por Andrés Manuel López Obrador, quien pareció tener en la lucha contra la pobreza una importante cruzada. Si, para quienes le antecedieron en el cargo, dicha batalla formaba parte del universo gubernamental, para el de AMLO fue algo así como la actividad número 1 de la lista.
Los programas sociales se multiplicaron como los panes y pasaron a beneficiar a las poblaciones más desfavorecidas. Ello es plausible, pues han pasado a favorecer a los más necesitados, como, efectivamente, lo ha demostrado el INEGI. Empero, creo que, como todo, la estrategia tiene huecos. Para echarla a andar, AMLO hizo recortes importantes al organigrama gubernamental, mismos que, en algunos casos, sí tuvieron afectación para el buen desempeño de sus actividades. Aunado a ello, el comienzo de los programas del bienestar implicó una ruptura con los esfuerzos del pasado. Esto porque, si en el gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó combatir la pobreza y se dieron resultados relevantes -con todo y claroscuros-, la administración de AMLO desestimó esos esfuerzos. Contradiciendo la máxima de la administración pública y privada la cual esgrime que si algo funciona lo mantengas, el gobierno obradorista no sólo no lo hizo, sino que lo modificó de manera tangencial. Prueba de ello es que, habiendo estadísticas preexistentes de grupos vulnerables, mismas que estaban en poder de la SEDESOL (hoy Secretaría de Bienestar), el ex Presidente prefirió comenzar de cero, mandando a nóveles empleados de la propia dependencia –los consabidos servidores de la nación–a llevar a cabo un censo para notificar el número real de pobres existentes en la República Mexicana. A juicio del escribiente, un esfuerzo doble que se realizó sin sentido, solamente por el ímpetu reivindicante inicial.
En el mismo tenor, debo decir que estoy de acuerdo en la aplicación de estos programas sociales. Sin embargo, creo que deberían ser más específicos y tener una ruta crítica o un plan de acción definido. Creo que dichos programas deben ser paliativos que ayuden a las personas a mejorar su condición actual, y no transferencias eternas que mantengan a la población en el mismo decil de manera eterna. Y, considero que ahí hay una gran área de oportunidad. En efecto, la transferencia de recursos ha mejorado la condición de vida de las mayorías. Sin embargo, hace falta conectarla más con planes de inversión y de arribo de capitales, para promover el empleo bien remunerado. Y aunque dicho esfuerzo sí parece estarse realizando en el presente gobierno –de la doctora Sheinbaum–, en el pasado reciente no existió esta ligazón entre arribo de inversiones y desarrollo humano. Dio la impresión de que el ex mandatario interpretó la ecuación de manera diametralmente opuesta y no se atrevió a completarla (quizás por atavismos ideológicos).
Finalmente, creo que el gobierno federal debe definir si quiere distribuir los programas sociales, o si por el contrario, le apuesta a construir un estado del bienestar, pues, aunque se parezcan, no son lo mismo. Para costear un estado del bienestar como el que poseen las democracias europeas, se requeriría realizar una reforma fiscal. Esto, para que el pastel gubernamental alcance para todos. No obstante, el gobierno anterior se negó a hacerla –aunque tuvo avances en pago de altas contribuciones vencidas– y el actual ha seguido una ruta semejante. Y si efectivamente se busca mantener esta estructura, creo que hay que dar un golpe de timón, como lo plantearía Thomas Piketty.
Aun así, si el gobierno desea abocarse únicamente a los programas sociales –enunciado que veo incompleto– deberían concretarlos a las poblaciones vulnerables tal y como lo hicieron los gobiernos anteriores, pero mejorando su estrategia para combatir la desigualdad. Aún falta poner los puntos sobre las íes. Considero que la propuesta emanada del gobierno obradorista fue interesante y dio buenos resultados, por lo menos a corto plazo. Pero no sabemos si será sostenible a futuro. Lo dejo a la reflexión. Al tiempo.
