¿Cómo evitar que la urgencia por señalar culpables oculte las responsabilidades estructurales de empresas y autoridades en los tres niveles de gobierno, que perpetúan la vulnerabilidad laboral y la ausencia de garantías de seguridad para empleados y sus entornos de trabajo?.
Por Salvador Salazar Gutiérrez
El reciente accidente provocado por la volcadura de una pipa de gas en México, que derivó en una explosión de grandes proporciones, no solo generó víctimas y daños materiales, sino también un inmediato juicio mediático contra el conductor. Desde los primeros reportes, la cobertura noticiosa y los comentarios en redes sociales se orientaron a presentar al chofer como el principal responsable, aun cuando diversos testimonios señalaron que las causas estaban vinculadas a las condiciones mecánicas de la unidad y a la precariedad laboral en la que operan este tipo de trabajadores. La empresa propietaria de la pipa, ligada a un grupo empresarial con orígenes en Ciudad Juárez, si bien parece haber asumido la responsabilidad directa por la tragedia, se apresuró a aclarar públicamente que contaba con vigencia de seguros para cubrir a las víctimas con pólizas de daños a terceros, pero no fue clara si estos incluían al propio trabajador chofer de la unidad. Lo que quisiera enfatizar aquí es: mientras la corporación se protege bajo la lógica contractual del seguro, en el ámbito mediático y de escarmiento público posibilitado por las redes sociodigitales, el conductor se convierte en el rostro visible del desastre y en el destinatario inmediato de la condena social.
Este tipo de dinámicas encajan con lo que Armand Mattelart, sociólogo belga experto en estudios de comunicación y medios, ha descrito sobre la manera en que los medios de comunicación construyen marcos de interpretación que no solo informan, sino que orientan la manera en que la opinión pública procesa los acontecimientos. Como sostiene en Historia de la sociedad de la información, “los medios no se limitan a difundir datos: organizan el relato del mundo, delimitan lo que es visible y lo que es pensable” (Mattelart, 2007;45). En nuestro caso, podríamos plantear que el relato dominante privilegió la imagen del conductor como responsable directo, mientras la empresa —que controla las condiciones de trabajo, el mantenimiento de las unidades y la seguridad operativa— quedó prácticamente invisibilizada en la discusión pública. El juicio mediático operó con rapidez: antes de que se investigaran a fondo las causas del accidente, ya había un culpable señalado.
El juicio mediático funciona, como advierte Mattelart, como un dispositivo de poder que responde a la lógica de la premura. La urgencia de la opinión pública no espera a que los procesos judiciales determinen responsabilidades, sino que exige un veredicto inmediato que calma la ansiedad social frente a la tragedia. Se trata de un tribunal paralelo, organizado desde titulares, imágenes sensacionalistas y transmisiones en vivo, que convierte al individuo en chivo expiatorio y desplaza del foco las fallas estructurales: la precarización laboral, la falta de regulación estatal y la búsqueda de rentabilidad empresarial por encima de la seguridad.
En los últimos años, este fenómeno se ha intensificado con la expansión de la semioesfera digital, noción que Iuri Lotman, lingüista y semiólogo ruso, utiliza para describir el espacio donde circulan y se transforman los signos culturales. En el ecosistema contemporáneo de redes sociodigitales, la semioesfera no solo reproduce el juicio mediático, sino que lo amplifica y lo resignifica en tiempo real. El conductor de la pipa fue objeto de comentarios en Twitter/X, transmisiones de Facebook y videos virales en TikTok que reforzaban la narrativa de culpabilidad, muchas veces a partir de fragmentos descontextualizados, imágenes espectaculares de la explosión o rumores sobre supuestas negligencias personales. La viralización operó como un mecanismo de condena colectiva, en el que miles de usuarios participaron como fiscales y jueces, sin necesidad de pruebas ni procesos formales.
Para diversas perspectivas de los estudios de comunicación, la particularidad de esta semioesfera digital es que se vuelve un espacio que puede democratizar la vida colectiva. Sin embargo, la capacidad de intervenir en la construcción de narrativas, al mismo tiempo responde a la lógica algorítmica que privilegia contenidos emocionales e inmediatos: la indignación y el linchamiento mediático generan interacción y, por ende, mayor visibilidad. Lo que Mattelart señalaba sobre la información convertida en mercancía se actualiza aquí en clave digital: las plataformas capitalizan el escándalo y lo convierten en motor de circulación, mientras la opinión pública se experimenta como urgencia que no puede esperar la complejidad del análisis. Como escribe Mattelart “la comunicación ordena la visibilidad y define la jerarquía de los actores en la escena pública” (Mattelart, 2002;63). Hoy, esa escena está dominada por la viralidad y la lógica de la plataforma, que no hacen sino intensificar la exposición de individuos vulnerables en condiciones laborales precarias.
El caso del conductor de la pipa ilustra cómo el juicio mediático, lejos de ser un fenómeno del pasado ligado exclusivamente a la prensa o la televisión, se expande en la semioesfera sociodigital, donde la urgencia de la opinión pública se transforma en condena viral. Mientras la empresa se refugia en cláusulas de seguros y evita el escrutinio, el trabajador se convierte en símbolo del error y objeto de escarnio público. En este sentido, el juicio mediático no solo criminaliza al individuo, sino que también protege, por omisión o desplazamiento, a las estructuras económicas y políticas responsables. Comprender esta dinámica implica reconocer que el problema no es solo de representación mediática, sino de un ecosistema cultural y digital que organiza la manera en que atribuimos culpa, exigimos justicia y procesamos colectivamente el dolor social.
En este escenario, cabe preguntarse: ¿cómo evitar que la urgencia por señalar culpables oculte las responsabilidades estructurales de empresas y autoridades en los tres niveles de gobierno, que perpetúan la vulnerabilidad laboral y la ausencia de garantías de seguridad para empleados y sus entornos de trabajo?. Y, en la era de la viralidad propia de la redes sociodigitales, ¿cómo resistir la tentación del linchamiento mediático que se alimenta de lo eventual, para construir en cambio una opinión pública centrada en la exigencia de justicia y no solo en el escarmiento de culpables inmediatos?
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
