‘Las madres van dejando la vida’: Diagnóstico expone riesgos y agresiones contra personas buscadoras
jueves, septiembre 18, 2025
El diagnóstico presentado por organizaciones y colectivos revela las violencias y el desgaste que enfrentan madres y familias que buscan a sus seres queridos: enfermedades, estigmatización, amenazas y agresiones, muchas veces provenientes de las mismas autoridades.
Por Miguel Silerio / Fotografías: Favia Lucero / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez— María Favela describió la desaparición de su hijo, Adrián Favela Márquez, ocurrida el 2 de octubre de 2012, como un camino largo y agotador, que se siente como “vivir una agonía diaria”.
Su experiencia de casi 13 años de búsqueda la expuso junto a familiares de víctimas de desaparición y organizaciones de la sociedad civil que presentaron este miércoles el Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México, elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a más de 90 colectivos en 25 estados de la República, así como en la frontera entre California y Baja California y en Centroamérica.
El documento expone quiénes integran los colectivos de búsqueda en el país, las actividades que realizan, las agresiones que enfrentan, los impactos en sus vidas y el actuar de los gobiernos, además de incluir recomendaciones al Estado mexicano para atender su seguridad.
La presentación estuvo a cargo de Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), que colabora con el movimiento nacional, y en esta ciudad contó con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), el Servicio Jesuita a Refugiados, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Observatorio de Violencia Social y de Género de la UACJ, Red Mesa de Mujeres y los colectivos Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, y Bordeamos por la Paz.
Carlos Ventura Callejas, integrante de Serapaz, explicó que se trata de un diagnóstico que articula las experiencias de los colectivos de personas buscadoras en todo el país: “Hoy, por desgracia, en México y en nuestra región el tema de la desaparición es una constante, una constante que nos sigue retando como país y como región a seguirnos organizando, principalmente a las familias, en acompañamiento con las organizaciones”, señaló.
Buscadoras enfrentan agresiones, discriminación, indiferencia y enfermedad
Durante la presentación del diagnóstico, María Favela compartió que las familias y personas buscadoras suelen ser estigmatizadas y criminalizadas por las autoridades, que con frecuencia vinculan a las víctimas con actividades delictivas: “¿en qué andaba su hijo? ¿a qué se dedicaba? ¿qué hacía? ¿por qué se lo llevaron?”.
Comentó que las investigaciones recaen en las propias familias, lo que además les genera problemas económicos, pues en muchos casos deben hacerse cargo de sus nietos y enfrentan discriminación laboral, ya que las tareas de búsqueda les impiden acceder a un empleo formal.
Además enfrentan un desgaste de su salud, dijo. En su caso, la desaparición de su hijo y su labor de búsqueda, le ha provocado problemas como diabetes, vitiligo y asma bronquial. Señaló que, aunque existen instancias médicas a las que son canalizadas, son insuficientes y se necesitan programas específicos para atender a las familias.
“Hemos identificado que todos estos impactos que vivimos pueden ser atendidos con trabajo colaborativo entre instituciones, voluntades políticas y acciones puntuales, se podrían prevenir (…) Son impactos que ya nos tocó vivir como familia, pero no queremos que las demás familias sigan sufriendo lo que nosotros sufrimos”, dijo.
Belem Hernández pidió disculpas cuando se le quebró la voz al hablar de su hermano, Jesús Salomé Hernández Guillén, desaparecido el 18 de abril de este año y localizado sin vida hace un par de semanas. Fueron cuatro meses de búsqueda que se sintieron eternos, relató.
Sobre el diagnóstico, opinó que describe claramente quiénes son las personas buscadoras: “mujeres, hombres, jóvenes, familias migrantes, de la población LGBT, personas con discapacidad, personas indígenas, por mencionar algunas”.
Dijo que se trata de personas comunes, como su madre, que disfrutaba cocinarle mole a Chuy, y que de un momento a otro tuvieron que dedicar su vida a la búsqueda de sus seres queridos, arriesgando su propia vida y capacitándose en temas complejos, como antropología forense y cadena de custodia.
Belem relató que en la búsqueda de su hermano tuvieron que pegar cédulas bajo el sol de la tarde, aunque en esos momentos, dijo, ni el calor ni la distancia importaban. Reconoció también la labor de las buscadoras que en todo el país participan en rastreos, exitienden su búsqueda a otras ciudades y exponen su integridad ante los riesgos del entorno y de “personas malintencionadas que quieren aprovecharse de nuestra situación”.
“Son muchas las acciones y muchos los riesgos que vivimos a diario. Los conocemos y, aun así, seguimos porque las buscadoras sabemos que tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia y a la reparación del daño”.
Ana Alanís, hermana de Jorge Alanís Roque, desaparecido en enero de 2016, señaló que las familias también se ven impactadas en su entorno social. “Nada vuelve a ser igual. Las dinámicas, los planes, las relaciones, todo se ve afectado cuando nos desaparecen a un integrante de la familia”.
La convivencia con vecinos, amigos y familiares, dijo, se transforma. Explicó que hay familias que se han dividido tras la desaparición de un ser querido y que muchas personas no logran comprender sus procesos: “amistades que por miedo ya no nos hablan, porque piensan que el desaparecido andaba en algo malo”.
“No se diga de la discriminación que podemos llegar a sufrir en el trabajo. A compañeras del colectivo les han negado el empleo por tener un hijo desaparecido. A muchas otras no les dan permisos para ir a las citas con las autoridades. Y si no vamos, si no estamos ahí presionando, sabemos que no habrá avances en las investigaciones”.
Ana explicó que, en su caso, decidió no buscar un empleo formal porque eso significaría dejar de buscar a su hermano. No tendría tiempo para acudir a la Fiscalía a exigir avances ni para participar en largos rastreos en el desierto. “Es más, no podría estar hoy aquí, contándoles todos los impactos que conlleva ser una buscadora”.
Recordó al señor Gerardo Baca, fallecido en 2021, quien durante ocho años buscó a su hijo Víctor Manuel hasta encontrarlo en el Servicio Médico Forense (Semefo). También mencionó a la señora Vicky Robles —buscadora fallecida en junio de este año, hermana de Juan de Dios Robles, desaparecido en 2019 al intentar cruzar la frontera— y a la señora Luz del Carmen Flores, fallecida en agosto del año pasado tras buscar durante 16 años a su hija, Luz Angélica Mena Flores.
Finalmente, dijo confiar en que el diagnóstico permita a las autoridades comprender que se requieren mejores programas y apoyos para las familias buscadoras.
“Estar aquí, en este espacio, me da un pequeño respiro. Saber que no estoy sola en este dolor y que hay personas que comprenden lo que significa esta ausencia, me ayuda a seguir de pie, aunque duela tanto”, expresó.
Por su parte, la señora Sagrario Hernández, madre de Alfonso Guadián Hernández, desaparecido en abril de 2023, calificó como “terrible” que, sin importar el estado o la ciudad, las violencias sean las mismas. Consideró que por ello los colectivos se convierten en espacios donde encuentran consuelo, ya que comparten el mismo dolor y entienden su sentir.
“Dentro de los colectivos hacemos amistades, nos cuidamos, compartimos los alimentos y los momentos alegres. Viajamos juntas, aprendemos juntas, nos abrazamos. Nosotras, las familias buscadoras, hacemos mucho, por eso consideramos que es urgente que la autoridad también haga su parte”.
Dijo que es necesario fortalecer la formación y sensibilización de los funcionarios que las atienden, para que sean empáticos y respetuosos. Señaló que han sido testigos de desacuerdos entre instancias que deberían trabajar de manera coordinada, lo cual entorpece las investigaciones. Agregó que es indispensable reconocer públicamente la labor de las buscadoras y que los gobiernos dejen de criminalizarlas.
“Y a la comunidad, nos gustaría hacerle una petición: que no se quede callada. Si ustedes cuentan con información sobre el paradero de nuestros hijos, hagan una denuncia anónima. Comprendemos que por temor o desconfianza no denuncian ante las autoridades, pero hay otras formas de denunciar”.
Al respecto, indicó que la página del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (cdhpasodelnorte.org) cuenta con una sección para denuncias anónimas.
‘¿En cuántas horas hallarían a un familiar de la gobernadora?’
En la presentación también participaron la titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Chihuahua, Ada Miriam Aguilera Mercado, y la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), Norma Ledezma Ortega.
Aguilera Mercado destacó que el diagnóstico expone la diversidad de personas que integran los colectivos de búsqueda y que por sus identidades y contextos —mujeres, infancias, personas indígenas, en contexto de movilidad e integrantes de la comunidad LGBT— enfrentan dobles vulneraciones. También reconoció la importancia de contar con un documento que recoge los testimonios de buscadoras y buscadores de todo el país, cuyas perspectivas deben ser mejor atendidas y comprendidas por las autoridades.
Por otra parte, señaló que en el mapa de riesgos por estado, Chihuahua no presenta una problemática en los rubros más graves, como el homicidio de personas buscadoras. “Me parece muy significativo que en Chihuahua no tengamos todavía, gracias a Dios, ese riesgo tan elevado como se menciona en otros estados, como Zacatecas, Jalisco, Sinaloa o Sonora. Creo que eso nos da un poco a nosotros, no para que nos relajemos, sino para que sigamos o pongamos mucha más atención para no llegar a esos niveles”, dijo.
También manifestó su preocupación porque el documento considere la búsqueda como una modalidad ciudadana, ya que colocar esa responsabilidad en las familias las expone a mayores riesgos. “Creo que ese no es el camino adecuado, porque es la responsabilidad, lo comentaba la compañera, es responsabilidad de las autoridades acompañarlos”.
Aguilera dijo que no recomendaría realizar búsquedas totalmente ciudadanas y expresó preocupación por los hallazgos de restos por parte de los colectivos, argumentando que podrían generar un resguardo inadecuado de las escenas del crimen y su posible contaminación, afectando las carpetas de investigación.
“Nos vemos limitados, también eso tenemos que reconocerlo. Nos falta mucho todavía, tenemos que buscar un fortalecimiento que se ha estado realizando, pero tenemos que privilegiar también la seguridad de quienes dan las búsquedas”, sostuvo.
Por su parte, la comisionada Norma Ledezma reconoció el trabajo y la motivación de las familias que continúan buscando a sus seres queridos. “Creo que es de reconocerse, de valorarse, de respetarse y de dignificarse por parte de todas las demás, particularmente de las autoridades y de toda la sociedad. Debemos reconocer esa dignidad y esa fuerza de las familias, en particular madres, hermanas, hijas”.
Ledezma resaltó el valor de recopilar las historias de los colectivos dentro del diagnóstico y habló sobre el desgaste, las afectaciones y los riesgos que enfrentan las familias buscadoras.
En respuesta, Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, señaló que, aunque no se tienen registros recientes de atentados contra madres buscadoras en el estado, ellas “van dejando la vida” durante los años de búsqueda. “Me viene a la memoria la señora Rita, mamá de Eric Valbuena, la señora Luz, mamá de Daniel Armando Guzmán, quienes no están aquí por su condición de salud”.
Añadió que evitar las búsquedas independientes dependerá de la actuación y los resultados de las autoridades.
Méndez recordó que las familias buscadoras en Juárez han sido víctimas de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, estigmatización, deslegitimación, criminalización e intimidación, y que con frecuencia esas mismas agresiones provienen de las autoridades, que incluso buscan entorpecer el acompañamiento que brinda la organización.
Durante la ronda de participaciones ciudadanas, el señor Guadalupe Hernández, pariente de Alfonso Guadián Hernández, señaló que al acudir al Ministerio Público los avances en las investigaciones provienen únicamente de las madres buscadoras. Solicitó involucramiento de las autoridades municipales en las labores de búsqueda y lanzó una pregunta directa a las autoridades presentes:
“Si, por decir, a la gobernadora o al procurador del estado se le perdiera un hijo o un familiar, me gustaría que me contestaran la pregunta: ¿en cuántas horas lo hallarían?”.
