“La propuesta de una reforma a la Ley de Aguas no ha hecho más que caldear los ánimos de un campesinado ya de por sí molesto, por la discrepancia sostenida con algunas políticas públicas emanadas del gobierno en turno”
Por Hernán Ochoa Tovar
Alguna vez, el doctor Yerko Castro Neira, antropólogo chileno avecindado en México, decía que Chile era de los países más neoliberales del planeta. Esto porque, de acuerdo a su testimonio, la nación austral había privatizado todos los bienes que había podido durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), destacando las escuelas, los ríos y los sanatorios. Tomando esta anécdota como punto de arranque del presente artículo, quiero reflexionar acerca del devenir de los recursos hidráulicos en la conformación del México moderno.
Si bien, grandes proyectos surgieron desde el estado porfiriano -cuando algunas de las grandes presas de México fueron construidas, destacadamente la Chuvíscar, al oeste de la ciudad-, fue a partir de la posrevolución, cuando muchos de los mismos tuvieron asidero. Las nuevas represas así como los distritos de riego fueron creatura del Nacionalismo Revolucionario, al tiempo que el agua de la nación (Aboites, dixit) tenía un lugar muy importante en la agenda política, pues, desde el gobierno del Gral. Elías Calles (1924-1928) se conformó la hoy extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) misma que tenía por mandato lo tocante a la gobernanza del agua a lo largo y ancho del territorio nacional.
Sin embargo, el tiempo pasó y, paradójicamente, los grandes proyectos hidráulicos fueron pasando a segundo término. Durante la década de 1970, en el gobierno de José López Portillo (1976-1982) la otrora importante SRH desapareció del radar y terminó subordinando sus siglas a la legendaria Secretaría de Agricultura, la cual pasó a ser SARH. Empero, mientras las actividades agropecuarias tuvieron una importancia relativa para los gobiernos sucedáneos -tristemente cada vez menor, pues del sector obrero del PRI, se pasó a un lugar muy relegado del Plan Nacional de Desarrollo-, el agua pasó a acomodarse en el segundo nivel de la democracia nacional. Mientras otras instancias adquirían una importancia mayor y recibían el estatus de secretarías de estado (el CONACULTA deviniendo en Secretaría de Cultura; o las antiguas policías, subordinadas a la también desaparecida PGR, haciendo una metamorfosis en la Secretaría de Seguridad; incluso el propio CONACYT, elevado a Secretaría en el curso del presente sexenio) la materia hidráulica fue relegada. Paradójicamente, esto sucedía cuando el agua ya no era un recurso abundante -como en los tiempos en los cuales James Watt inventó la máquina de vapor- sino un bien escaso que había que cuidar como la vida, y había que trazar lineamientos estatales para lograr esa visión a corto y mediano plazo.
Desgraciadamente eso no ha sucedido. Y si bien, en México no se ha dado una privatización total, como si hubo acontecido en el caso chileno, sí se han sucedido hechos lamentables. Como podemos ver, la cuestión hidráulica no ha sido prioridad para los gobiernos de los últimos sexenios. Si el callismo y el cardenismo la vieron como una prioridad toral dentro de los planes del estado posrevolucionario, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) el soslayo pareció ser la constante. Y aunque durante las administraciones del doctor Ernesto Zedillo y de Vicente Fox hubo políticas importantes en torno a la agenda medioambiental, pues ambos mandatarios han sido de los pocos que han nominado expertos en la materia para dirigir estas áreas (destacadamente Víctor Lichtinger y Julia Carabias), el agua no terminó ser prioridad.
Curiosamente, durante la época en la cual el medio ambiente empezaba a volverse relevante para el estado -por lo menos en el papel y en el discurso- el agua no ocupó el mismo status en la jerarquía, siendo enviada al cabús dentro del rosario de las prioridades nacionales.
También es importante destacar que, en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto (al inicio) y Andrés Manuel López Obrador sí se nombraron expertos en la materia como cabezas de la CONAGUA. Sin embargo, quizás pudieron más las inercias de décadas y los intereses creados, que el avance tenido en la materia fue poco. De hecho, la triada de personajes que tuvieron a su cargo la dependencia durante el curso de las últimas gestiones, poseen un historial polémico: José Luis Luege fue el que lo hizo mejor, pues, desde su expertise como ingeniero, conocía la problemática y se dedicó a administrar. David Korenfeld no empezó mal -venía de la Secretaría de Aguas del Estado de México-, pero los escándalos en torno a su desempeño lo acabaron terminando del cargo. Y Blanca Cisneros, la profesional hidráulica nominada a principios del gobierno de AMLO, no sólo administró mal la dependencia, sino que puso dinamita en áreas que se sostenían por alfileres y ocasionó una rebelión por el agua en el estado de Chihuahua, que terminó costándole al oficialismo la gubernatura del estado. En tanto, Germán Martínez Santoyo, un experto que venía del Sistema de Aguas del Distrito Federal en la época de AMLO como Jefe de Gobierno, terminó administrando los problemas y teniendo un perfil mucho más bajo de lo posible.
Por el contrario, y de manera increíble, la doctora Claudia Sheinbaum, una persona que se jacta de tener formación académica y medioambiental en su currículum, no nombró a un experto en la materia para dirigir la CONAGUA, ¡sino a un político perteneciente a su círculo cercano¡ Quizás Efraín Morales sea un buen operador y estratega, pero está dejando entrever que no es experto en temáticas hidráulicas y medioambientales, pues, la propuesta de una reforma a la Ley de Aguas no ha hecho más que caldear los ánimos de un campesinado ya de por sí molesto, por la discrepancia sostenida con algunas políticas públicas emanadas del gobierno en turno. Y aunque la propuesta de la Agencia Nacional del Agua suena interesante, habría que ver el ideario con el cual se planea su surgimiento.
Y, como suele pasar, lo que es un problema de corte técnico -pues se basa en la cuestión de las concesiones, y la base jurídica para otorgarlas o reformarlas- se está tornando en un complejo problema político. En su afán de ver los árboles pero no el bosque, el oficialismo está mirando a los productores indignados con los mismos binoculares que mira a la oposición y a sus adversarios. Empero, el problema es más complejo de lo que parece y considero que, antes de repartir adjetivos y sambenitos, convendría que se hiciera un parlamento abierto con los productores de diverso calado (grandes y medianos), así como de los grandes usuarios de los recursos acuícolas de la república. Esta problemática, la cual no es de hoy -trasciende a la frontera de la 4T- debe resolverse con diálogo; más técnica y menos retórica. Porque el agua es un derecho fundamental y, al verse despojados de la misma, la indignación de diversos sectores (ya no sólo el agrícola) pudiese cundir y alcanzar mayores magnitudes.
Pareciera historia de ficción, y sin embargo, la historia universal está ahí como testigo. En el año 2003 se produjo en Bolivia la tristemente célebre Guerra del Agua. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada no quiso escuchar a los agricultores e indígenas bolivianos, y privatizó el agua de aquel país andino. El resultado fue que se produjo una rebelión de grandes proporciones, misma que terminó con dos gobiernos: el de Sánchez de Losada, y el de su sucesor, el historiador Carlos Mesa (quien no pudo frenar la inconformidad popular). Resulta lo suficientemente claro argüir que, en la Bolivia del 2003 y el México de 2025 hay condiciones distintas; social y económicamente hablando. Sin embargo, de algo podemos estar ciertos: una ley impopular y mal manejada, puede provocar un estruendo social. Por ende, recomiendo que el oficialismo siga dialogando y verdaderamente escuche a todos los actores, en lugar de querer practicar una política vertical y centralista. Para la reflexión. Al tiempo.
PD. Una excepción interesante es la de Clara Brugada, quien, como Jefa de Gobierno, estableció la Secretaría de Aguas de la CDMX, visualizando la importancia del vital líquido en la conformación -social y de los ecosistemas- de la capital del país. Para la reflexión.
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Hernán Ochoa Tovar. Académico y analista político. Antropólogo y doctor en Pedagogía Crítica. Ha sido docente en la ENAH Chihuahua, el Centro de Investigación y Docencia, y en el Centro Montessori de Estudios Superiores, desempeñándose actualmente en la Escuela Normal Superior José E. Medrano (ENSECH) en Chihuahua capital. Sus temas de interés son la historia contemporánea, la coyuntura política y el devenir educativo.
