Este primer año de presidencia de Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la misoginia no es un residuo cultural del pasado, sino un mecanismo activo de disputa por el poder económico y político. Reconocerlo es fundamental para fortalecer la democracia. La crítica debe existir, pero no puede basarse en estereotipos que degradan no solo a una persona, sino a todas las mujeres que participan en la esfera pública
Por Salvador Salazar Gutiérrez
A un año del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el país enfrenta no solo los desafíos estructurales propios de la gestión pública, sino también una ofensiva discursiva marcada por el machismo y la misoginia provenientes de múltiples sectores políticos y mediáticos. El fenómeno no es casual ni marginal, me queda claro que forma parte de una estrategia calculada para erosionar su figura y tratar de incidir en la agenda pública, utilizando el género como arma de ataque y como mecanismo de posicionamiento en un escenario político cada vez más polarizado. La presencia de una mujer al frente del Estado mexicano ha desatado tensiones profundas en una cultura política históricamente atravesada por el patriarcado.
Durante este primer año, la crítica legítima —siempre necesaria en una democracia— ha quedado muchas veces opacada por agresiones dirigidas no a las políticas públicas, sino a la condición de mujer de la presidenta. Diversos actores políticos, incluso dentro del mismo partido oficialista, han encontrado en la misoginia una ruta rápida, efectiva y altamente mediática para ganar visibilidad. En lugar de discutir cifras, decisiones de gobierno o prioridades económicas, recurren a ataques que pretenden minar su autoridad apelando a estereotipos de género: que es “débil”, “manipulable”, “subordinada”, “sumisa”, “incapaz de decidir por sí misma”, “emocional”, “carente de fuerza” o incluso “ilegítima” por no corresponder con un ideal masculino del poder, incluso utilizando palabras ofensivas como fue el caso de un líder transportista hace unos días ante la toma de la aduana en Ciudad Juárez por agricultores. El objetivo es motivar o instalar la sospecha de que la presidencia ejercida por una mujer es, por definición, inferior o condescendiente.
Este tipo de discursos se ha intensificado con cada decisión relevante tomada por la presidenta. Ante reformas estructurales, nombramientos o posicionamientos diplomáticos, sectores de la oposición —y también ciertos grupos que se autodefinen como progresistas pero reproducen el mismo machismo estructural—, optan por descalificarla desde el género. No es casualidad que en momentos de alta tensión política, cuando se disputa el rumbo del país y se define quién controla el relato público, reaparezcan insultos que buscan infantilizar o ridiculizar a la mandataria. La misoginia funciona como un dispositivo doble, por un lado, buscan erosionar su imagen y, al mismo tiempo, les permite a estos actores diferenciarse simbólicamente, erigirse como voces “críticas” que “se atreven a decir lo que otros callan”, aun cuando lo que dicen reproduce violencias profundamente normalizadas.
Un año de gobierno ha bastado para constatar que el machismo puede operar como una estrategia de comunicación. En redes sociales, se viralizan contenidos misóginos que no solo buscan agredir a la presidenta, sino captar atención, generar polémica y atraer seguidores mediante la indignación o el desprecio. La velocidad con la que estas narrativas circulan refleja que, para ciertos grupos, la misoginia sigue siendo rentable políticamente. Funciona como un lenguaje compartido, un código de reconocimiento entre quienes rechazan la presencia de una mujer en el más alto cargo del país y quienes ven en esa resistencia una oportunidad para fortalecerse como oposición.
La violencia simbólica se vuelve todavía más evidente cuando se observa que muchas de las críticas dirigidas a Sheinbaum, rara vez se aplicaron con la misma fuerza a sus antecesores masculinos. Sus decisiones son juzgadas en clave de género, como si cada acción gubernamental fuera una prueba para demostrar que una mujer puede o no gobernar. Este doble estándar alimenta un clima de permanente escrutinio donde la presidenta no puede equivocarse sin que se active la narrativa de una supuesta “incapacidad femenina”, mientras que los errores de los presidentes hombres se interpretaron históricamente como parte del riesgo del liderazgo político.
A lo largo de este año, también se ha visto cómo ciertos medios amplifican estas narrativas misóginas bajo el disfraz de crítica o sátira. Al presentar ataques de género como opinión legítima o humor político, normalizan la violencia simbólica y contribuyen a su circulación masiva. Esta dinámica tiene efectos concretos: desplaza el debate público de los temas sustantivos —seguridad, economía, educación, políticas sociales— hacia discusiones estériles centradas en la figura de la presidenta como mujer. La misoginia, entonces, no solo es un ataque personal, sino una estrategia para despolitizar y trivializar la agenda nacional.
No perdamos de vista que este discurso tiene un impacto en la percepción social del liderazgo femenino. Al insistir en que la presidenta gobierna “mal por ser mujer”, se envía un mensaje de que el acceso de las mujeres a posiciones de poder sigue condicionado por una cultura que las castiga, las ridiculiza y las cuestiona de maneras que no aplica a los hombres. Se reinstala así la idea de que el poder es un territorio masculino, y que quienes lo desafían, deben enfrentar una violencia añadida como costo simbólico.
Este primer año de presidencia ha dejado claro que la misoginia no es un residuo cultural del pasado, sino un mecanismo activo de disputa por el poder económico y político. Reconocerlo es fundamental para fortalecer la democracia. La crítica debe existir, pero no puede basarse en estereotipos que degradan no solo a una persona, sino a todas las mujeres que participan en la esfera pública. Resistir la misoginia implica rechazar su normalización, exigir que la oposición y los medios debatan con argumentos y no con prejuicios, y comprender que la violencia simbólica contra la presidenta es también una forma de violencia política de género que impacta al país entero. La presidenta no solo enfrenta los retos de gobernar; enfrenta el peso de una historia que durante siglos negó el poder a las mujeres. Y mientras diversos sectores intentan capitalizar políticamente esa resistencia machista, la ciudadanía tiene la responsabilidad de no permitir que la misoginia se convierta en una herramienta válida de intervención pública. Solo así será posible construir un país donde la igualdad de género no sea una promesa, sino una práctica cotidiana en la vida política.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
