En la audiencia de imputación de César Duarte Jáquez, la Fiscalía General de la República afirmó que el exgobernador de Chihuahua pagó hasta 10 mdp a María Eugenia Campos Galván, a quien señalan de ser parte del esquema de cohecho denominado la ‘nómina secreta’. Lo vinculan a proceso lavar 73.9 millones de pesos del erario estatal a empresas entre 2011 y 2014
Por Redacción de La Verdad Juárez
Actualización: 14 de diciembre a las 18:00 horas
En la audiencia de imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber sobornado con 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, la panista María Eugenia Campos Galván, y que dicha relación de complicidad habría influido para que la justicia estatal le concediera la libertad provisional en junio de 2024.
Así lo dio a conocer esta mañana el diario Reforma, en una nota del periodista Abel Barajas donde se detalla que el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, argumentó la existencia de un riesgo real de fuga del exmandatario priista debido a que presuntamente cuenta con una red de cómplices en Chihuahua, entre los que incluyó a la actual gobernadora.
Por lo tanto, la jueza María Jazmín Ambriz López dictó a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Este domingo, se le vinculó a proceso por por lavado de 73.9 millones de pesos, de un total de 96 millones 685 mil 254 pesos desviados del erario estatal a dos de sus empresas, entre 2011 y 2014.
“Un claro ejemplo de esta red a favor del justiciable es su afinidad y cercanía con la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien, por cierto, fuera parte del esquema de cohecho denominado la ‘nómina secreta’, en la que ella resultó vinculada a proceso en la causa penal 2821/2020, ya que el hoy justiciable la sobornó con 10 millones de pesos ¿así o más clara la complicidad existente entre el señor Duarte y la actual Gobernadora?”, expuso el Fiscal, cita la nota de Reforma.
“Esta innegable red creada por el justiciable durante sus años como Gobernador tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia. Esto ya se pudo ver con toda claridad de la manera tan expedita en la que fue liberado”.
En mayo de 2017, Grupo REFORMA informó que la Fiscalía de Chihuahua investigaban una “nómina secreta” con la que Duarte presuntamente desvió 360 millones de pesos en favor de líderes políticos y sociales. Por este asunto, la entonces candidata y actual gobernadora fue procesada por el delito de cohecho en abril del 2021. Sin embargo, el 7 de septiembre de 2021, a un día de su toma de protesta, un magistrado del Poder Judicial de Chihuahua la exoneró en el proceso judicial local.
El pasado 19 de noviembre, La Verdad Juárez publicó la investigación EL JUEGO DE LA JUSTICIA:
César Duarte y las complicidades que le aseguran su impunidad que aborda la presunta red de complicidades encabezada por el ahora exgobernador César Duarte Jáquez, y de cómo ha operado el aparato del Estado entre fallas en las investigaciones, omisiones deliberadas de las autoridades y verdades a medias, para garantizar en Chihuahua una impunidad transexenal al presunto desvío de miles de millones de pesos.
En su resolución de vinculación a proceso, la jueza federal María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, determinó este domimgo que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los datos de prueba suficientes para procesar al exgobernador de Chihuahua por el delito de lavado de dinero, de acuerdo con Reforma.
La FGR informó en un comunicado que los hechos, materia de investigación en contra de César “D”, como identifica al exmandatario de Chihuahua, son por su probable participación, en su calidad de servidor público, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.
De acuerdo con Reforma, la imputación por la que Duarte este domingo fue procesado, de junio de 2011 a noviembre de 2014, el Gobierno de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que Duarte era accionista mayoritario.
Del total transferido, cita el periódico, la FGR estima que 73.9 millones de pesos, el 76 por ciento de los recursos supuestamente desviados, Duarte trató de ocultarlos a través de 8 operaciones en el sistema financiero, dispersando el dinero en distintas personas físicas y morales. Una vez que el dinero llegaba a las empresas del exmandatario, se transfería a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, y Valles Baca Hermanos. También a otras propiedad del mismo Duarte, como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral.
Algunos de los depósitos, según la Fiscalía, fueron triangulados a su esposa Bertha Olga Gómez Fong, consigna el periodista de Reforma.
En la audiencia de este sábado, el Fiscal federal Granados también acusó que la Juez de control Hortensia García Rodríguez fue “premiada” con el nombramiento de Magistrada, luego de que en junio del 2024 le diera la libertad provisional a Duarte. García llegó a la magistratura a través de las urnas.
Reforma consigna que casi al final de la diligencia, el exgobernador Duarte tomó la palabra y se lanzó contra su sucesor y hoy senador Javier Corral, a quien relacionó con intereses del narcotráfico, pero la Juez María Jazmín Ambriz pidió a las partes que se abstuvieran de hacer acusaciones sin pruebas; después, le impuso a Duarte la prisión preventiva en el Altiplano.
En la diligencia, el exgobernador estuvo acompañado de un equipo de abogados conformado por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, del despacho de Ricardo Sánchez Reyes Retana, menciona el periódico.
