“… lo que se debería explorar sería una auditoría más estricta a los recursos, así como cancelar los registros de aquellos partidos que incurran en prácticas ilegales o cuestionables. Finalmente, los plurinominales son todo un tema. Estoy de acuerdo en que no los quiten, pero sí los regulen con el objeto de que garanticen la pluralidad”
Por Hernán Ochoa Tovar
En los últimos días se ha hablado con ahínco del proyecto de Reforma Electoral que está construyendo el gobierno federal, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Debido a la polarizada coyuntura, las oposiciones han dicho que se trata de una especie de Ley Maduro, arguyendo que el oficialismo quiere agandallarse a todos los poderes, incluyendo, por supuesto el electoral. Sin embargo, la coalición gubernamental arguye -no de manera homogénea, pues hay discrepancias del PT y del Verde- que se trata de una enmienda para hacer de México un país más democrático. A continuación daré mis primeras impresiones, pues, como acertadamente se ha dicho, aún no existe un borrador definitivo que pudiera darnos pautas para llevar a cabo una discusión concienzuda.
En primera instancia, y siento decirlo, este proyecto de ley comenzó a gestionarse equivocadamente. Mientras la antiquísima Ley LOPPE, cocinada a la mitad del sexenio de José López Portillo, se dio por la interlocución de don Jesús Reyes Heroles, a la sazón Secretario de Gobernación, así como de don Arnoldo Martínez Verdugo, sempiterno líder del Partido Comunista Mexicano, y bajo cuyo paraguas se dio la legalización de las izquierdas en México -que pudieron tener representación luego de casi cuarenta años de proscripción-. En tanto, las de la década de 1990, que fueron pivote para la real democratización del país (el adagio de Mario Vargas Llosa de la dictadura perfecta en México, hasta la década de 1980, era dramáticamente cierto) empujadas, en parte, por el grupo San Ángel -reuniones de intelectuales de diversas ideologías para conseguir la democratización del país- y escuchadas por la representación congresual. Hasta ahora, ésta había sido la tendencia: procurar el consenso entre el gobierno en turno y las oposiciones, para así lograr reformas más incluyentes e imparciales.
Sin embargo, en esta ocasión se rompió el viejo precepto. Cuando la doctora Sheinbaum comenzó a deslizar la necesidad de realizar una reforma electoral, encargó la coordinación de la misma a Pablo Gómez (vía la comisión presidencial para la reforma electoral), viejo lobo de mar venido de los estertores del 68, quien salió del gobierno federal luego de un paso mediocre por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). Quizá lo que se buscó con Gómez -viejo símbolo de la lucha izquierdista- fue darse una especie de retirada honrosa luego de su gris desempeño en la Secretaría de Hacienda. Empero, a juicio del escribiente, pareciera como si hubieran dejado la Iglesia en manos de Lutero, para hacer referencia de un conocido refrán. Esto, porque Gómez, más que un experto es un militante; y en lugar de pensar en tecnicismos y fórmulas electorales, ha salido a defender su proyecto de creación como si fuera un connotado integrante del desaparecido politburó soviético.
Para empezar, algunas de sus frases iniciales han pecado de desafortunadas. Tan sólo el esgrimir que cree en la “independencia” mas no en la “autonomía” es darle el tiro de gracia a tres décadas de organismos democráticos mismos que han estado en constante perfeccionamiento, el cual, en algún momento llegó a ser reconocido por el mismísimo Dante Caputo (excanciller de la Argentina en tiempos de Raúl Alfonsín, y representante de la OEA hace aproximadamente un par de décadas). Esto da la impresión de dos cosas: o Gómez fue muy iluso para explicar su eufemismo, o de verdad se propone destrozar los guardarraíles de la democracia. Esto porque, su expresión puede conducirnos a dos escenarios igual de peligrosos: volver a la extinta Comisión Federal Electoral de la década de 1980; o bien emular al cuestionable y corrupto modelo que Daniel Ortega ha echado a andar en tierras nicaragüenses. Digo esto porque la extinta Comisión Electoral tenía representantes de todos los partidos, pero era presidida por el Secretario de Gobernación, a la sazón un alto funcionario priista. La creación del IFE generó una victoria cultural, pues rompía la correa de transmisión que históricamente había unido al poder electoral con el ejecutivo. Más aún, le inyectó algo al organismo que no siempre tuvo la burocracia tricolor: eficacia, eficiencia, así como daltonismo analítico. Esto es, analizaban los proyectos por su consistencia y no por la militancia partidaria. Tan sólo pensar en darle el tiro de gracia a este edificio conceptual, que tardó generaciones en ser elaborado, implicaría un retroceso de casi cuatro décadas. Y si Rosa Icela Rodríguez fuese la presidenta del organismo en cuestión, podríamos pensar de todo, menos que el proceso sería imparcial, pues, hasta ahora, ella ha actuado más con base en su militancia que por su profesionalismo político. En fin, si Gómez está pensando en reeditar dicho escenario, creo que sería catastrófico para el devenir de la República Mexicana.
Seguidamente, quien hizo una retrógrada reforma electoral y administrativa fue el dictador nicaragüense Daniel Ortega. Si ya a mediados del siglo XX, el finado Anastasio Somoza ponía a sus chalanes a que contaran los votos; Ortega ha colonizado el organismo electoral de aquella nación con partidarios del sandinismo (es decir, realizó lo mismo que Somoza, pero de manera más elaborada). En el mismo tenor, Ortega abiertamente destrozó la división de poderes, cosa que ni el viejo PRI se atrevió a hacer siquiera en sus mocedades. Mientras en el andamiaje de la Presidencia Imperial el Congreso y la Corte se subordinaban al Ejecutivo, lo hacían por hábito y por costumbre. Sin embargo, Ortega envió un proyecto de reforma a la asamblea nacional nicaragüense (controlada por alfiles suyos) donde el supremo poder lo tendrá el ejecutivo y los otros tres (legislativo, judicial y electoral) deberán subordinarse y trabajar en coordinación (sic) para lograr consolidar un proyecto nacional. Lo que el viejo nacionalismo revolucionario hacía por afanes consuetudinarios, Ortega tuvo el cinismo de ponerlo en la mismísima Constitución, haciendo de diputados y jueces en meros colaboradores de los copresidentes, pues tanto Ortega como Rosario Murillo presiden la nación centroamericana y poseen potestades compartidas. Si Pablo Gómez se inspiró en el lamentable derrotero de Ortega -quien pasó de líder revolucionario a tirano bananero-, quisiera decirle que sus conjeturas son terribles. Debería releer a Montesquieu, en lugar de tomar a Laclau como intelectual de cabecera, a mi juicio.
Por lo anterior, concuerdo con el doctor Monreal, actual coordinador del oficialismo en la Cámara de Diputados, en el sentido de que la autonomía del INE no debe perderse. Si, a la usanza obradorista, quisieran cambiarle el nombre -alguna vez el ex Presidente López Obrador propuso INEC: Instituto Nacional de Elecciones y Consultas- eso sería irrelevante, pues sería un cambio meramente cosmético. Sin embargo, si quisieran alterar el mecanismo de funcionamiento, eso sí sería delicado. No me preocuparía si contemplaran reducir el número de consejeros -la Corte está funcionando bien, al parecer, con menos ministros-, pero concuerdo en el hecho de que se debe retornar al consenso en lugar de querer imponer todo por mayoriteos descarados, pues si la oposición no acepta las reglas del juego, el árbitro no tendrá la legitimidad que debería tener, y eso podría contribuir al debilitamiento de nuestro quehacer democrático.
Respecto a la reducción del financiamiento a los partidos, no me preocupa demasiado. Si bien, es cierto que se debe privilegiar el estipendio público por sobre el privado, creo que debemos llegar al justo medio aristotélico. En Estados Unidos las chequeras deciden el devenir de los procesos electorales, mientras, en México, la reducción tajante de la financiación pública, podría contribuir a la entrada de dinero cuestionable a la hora de realizar los comicios. Por lo tanto, lo que se debería explorar sería una auditoría más estricta a los recursos, así como cancelar los registros de aquellos partidos que incurran en prácticas ilegales o cuestionables.
Finalmente, los plurinominales son todo un tema. Estoy de acuerdo en que no los quiten, pero sí los regulen con el objeto de que garanticen la pluralidad, pero posean una mayor legitimidad ciudadana. Esto porque no pocos de los legisladores de representación proporcional pasaron de ser cuotas legítimas a castas parasitarias que viven del acomodo en cada elección. Creo que sí es menester que aquello se regule.
Finalmente, pienso que sí se deberían de realizar elecciones primarias en los partidos. Hasta ahora, eso es la gran asignatura pendiente. Hasta donde tengo conocimiento, el oficialismo nunca las ha realizado; y la oposición llegó a implementarlas de manera efímera, pero las descartó en aras de la unidad. Considero que es necesario que las reediten. Las y los políticos, de cualquier índole, deben tener el beneplácito de la decisión popular, y no ser beneficiarios de decisiones cupulares legitimadas en los comicios. En fin, este proyecto deja mucho para la reflexión y el análisis. Gracias por su lectura.
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Hernán Ochoa Tovar. Académico y analista político. Antropólogo y doctor en Pedagogía Crítica. Ha sido docente en la ENAH Chihuahua, el Centro de Investigación y Docencia, y en el Centro Montessori de Estudios Superiores, desempeñándose actualmente en la Escuela Normal Superior José E. Medrano (ENSECH) en Chihuahua capital. Sus temas de interés son la historia contemporánea, la coyuntura política y el devenir educativo.
