La UACJ tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro a su comunidad: denunciar acoso y hostigamiento sexual no implica quedar sola, ni ser cuestionada, ni pagar costos académicos o laborales. Implica activar una respuesta institucional seria, humana y responsable. Sólo así será posible construir universidades verdaderamente libres de violencia, donde estudiar y trabajar no sea un acto de resistencia, sino un derecho plenamente garantizado
Por Salvador Salazar Gutiérrez
La reciente denuncia pública de una estudiante de la Maestría en Diseño y Desarrollo del Producto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) contra un profesor por acoso y hostigamiento sexual, nos debe interpelar a la comunidad universitaria en su conjunto. No sólo por la gravedad del señalamiento, sino porque coloca en el centro una pregunta clave: ¿cómo debemos responder como universidad pública, cuando una estudiante decide denunciar una violencia que históricamente ha sido silenciada y negada?. La respuesta no puede reducirse a un pronunciamiento, ni a una reacción defensiva. Debe traducirse en acciones claras, institucionales y sostenidas que fortalezcan la confianza, eviten la revictimización y garanticen el derecho a todas y todos de estudiar y trabajar en espacios seguros.
Sabemos que denunciar no es un gesto sencillo. En el ámbito universitario, implica enfrentar relaciones de poder profundamente asimétricas: evaluaciones académicas, jerarquías laborales, redes de prestigio así como de complicidad. Por ello, la denuncia de una estudiante no debe leerse como un acto de confrontación contra la universidad, sino como un ejercicio de valentía cívica que busca activar los mecanismos institucionales diseñados precisamente para estos casos. Reconocer esa valentía es el primer paso; el segundo, y más importante, es que la universidad responda de manera responsable, empática y eficaz.
La UACJ cuenta con instrumentos formales para atender estas situaciones. La creación de la Unidad de Género y la existencia de un Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual representan avances institucionales relevantes. Estos mecanismos no surgen de la nada, son resultado de luchas colectivas de profesoras, exigencias estudiantiles y transformaciones normativas que buscan erradicar la violencia de género en los espacios educativos. Sin embargo, su legitimidad no depende sólo de su existencia, sino de su aplicación concreta, su divulgación permanente y de la experiencia que viven las personas que acuden a ellos.
Por medio de una solicitud de información por transparencia a la Unidad de Género, se permite dimensionar el problema y, al mismo tiempo, subrayar la importancia de fortalecer la actuación institucional. Desde la creación de la Unidad de Género en noviembre del 2023, se cuenta con un registro de 35 quejas por hostigamiento sexual (17 casos) o acoso sexual (18 casos). De ellas, 26 fueron generadas por estudiantes, 2 por académicas y 7 por trabajadoras administrativas. Estos datos no hablan de una universidad “fallida”, pero sí de una realidad que no puede minimizarse ni tratarse como excepcional. La violencia existe y ha sido denunciada; ahora corresponde responder de manera responsable y solidaria ante las denunciantes.
En este contexto, la actuación de la universidad frente al caso reciente es una oportunidad para reafirmar su compromiso con una cultura institucional basada en el cuidado y el respeto. La separación laboral de la persona señalada, activar rutas de atención y manifestar disposición a colaborar con las instancias correspondientes son pasos necesarios, pero no suficientes. El verdadero desafío es garantizar que el proceso no se convierta en una segunda forma de violencia para quien denuncia. La revictimización no siempre es explícita. A veces se expresa en trámites interminables, en la exigencia de repetir una y otra vez el relato, en la duda sistemática sobre la palabra de la denunciante, en la filtración de información o en la ausencia de medidas que protejan su trayectoria académica. Frente a ello, una universidad que se asume como espacio formativo debe apostar por procedimientos claros, tiempos razonables y acompañamientos reales. Proteger a la persona denunciante no significa cancelar el debido proceso, sino garantizar que éste se desarrolle con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Fortalecer la actuación universitaria implica, además, asumir que la Unidad de Género no puede cargar sola con toda la responsabilidad. Su función de atención, orientación y acompañamiento debe estar respaldada por las autoridades competentes, por las instancias administrativas y por una voluntad política clara de no tolerar ninguna forma de violencia sexual. La Unidad de Género no emite resoluciones finales, sino que éstas recaen en otras autoridades, por lo que se vuelve indispensable que esas autoridades actúen con la misma sensibilidad y compromiso, evitando vacíos que desgasten a las denunciantes.
Este caso también invita a pensar en clave preventiva. Las cifras muestran que las denuncias existen. Por ello, es urgente reforzar la formación en género, ética y relaciones de poder dentro de la universidad, especialmente entre quienes ocupan cargos docentes y administrativos. Prevenir no es sólo capacitar, es transformar prácticas cotidianas, revisar dinámicas de aula, cuestionar normalizaciones y construir entornos donde el respeto no dependa del valor individual de quien se atreve a hablar. Pasar del señalamiento a la acción significa entender que cada denuncia es una llamada a mejorar. La universidad se fortalece cuando escucha, cuando corrige y cuando aprende de sus propias fallas. Respaldar a quien denuncia no debilita a la institución; por el contrario, la legitima como un espacio comprometido con la justicia, la dignidad y la formación integral.
Hoy, la UACJ tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro a su comunidad: denunciar acoso y hostigamiento sexual no implica quedar sola, ni ser cuestionada, ni pagar costos académicos o laborales. Implica activar una respuesta institucional seria, humana y responsable. Sólo así será posible construir universidades verdaderamente libres de violencia, donde estudiar y trabajar no sea un acto de resistencia, sino un derecho plenamente garantizado.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
