La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un plazo de 90 días al Congreso para eliminar criminalización a mujeres por ejercer derecho a interrumpir embarazo
Por Carmen Pizano / POPLab
Guanajuato- Finalmente, el PAN se vio forzado a ceder en su oposición a la despenalización del aborto, tras la admisión por la Suprema Corte de Justicia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de los artículos que criminalizan a las mujeres por ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo.
Susana Bermúdez Cano, una de las legisladoras panistas más férreas contra el derecho a decidir, admitió que el tema está definido por la Corte.
“Sí o sí ya está determinado por la Corte… no hay un tema de si yo lo quiero o no”, reconoció la legisladora panista, quien se ha confrontado con colectivas feministas cuando se ha discutido la despenalización del aborto en el Pleno y enviado a archivo en dos ocasiones.
El caso de Guanajuato llegó a la SCJN a través de un amparo promovido por GIRE, organización feminista, ante la justicia federal, luego del primer intento fallido por la despenalización del aborto en el Congreso local.
Aunque ya se había anunciado que la Corte tenía la solicitud de declaratoria general de inconstitucionalidad, fue hasta la sesión del 18 de diciembre, la última del periodo ordinario que terminó ese día, que en el apartado de asuntos generales se notificó al Pleno.
Es así que el Congreso de Guanajuato tiene 90 días para hacer las refomas al Código Penal, de lo contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararía inconstitucionales los artículos 159, 160, 162 y 163 de ese ordenamiento, sin tocar el 161, donde se habla de sancionar con hasta 8 años de prisión a quien provoque el aborto sin el consentimiento de la mujer.
El resto de los artículos que tendrían que modificar las y los diputados locales establecen sanciones para las mujeres y personal médico que practica abortos.
159: A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa.
160: A quien cause el aborto con el consentimiento de la mujer, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de diez a treinta días multa.
162: Si en el aborto a que se refieren los dos artículos anteriores, participare un médico, partero o enfermero, se le suspenderá además en el ejercicio de su profesión o actividad por un tiempo igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta.
163: No es punible el aborto cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
Tras la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, y la diputada María Eugenia García Oliveros, anunciaron que preparan las iniciativas que van a presentar en las próximas semanas para que sea discutida, por tercera ocasión en lo que va de la Legislatura, la reforma al Código Penal.
Tanto Movimiento Ciudadano como Morena han trabajado de la mano con organizaciones feministas que impulsan desde hace años la despenalización; incluso, la diputada García Oliveros aseguró que su equipo está en comunicación constante con colectivas como la Red de Acompañantas de León y GIRE para recoger las observaciones e inquietudes que tienen al acompañar a las mujeres que abortan en un entorno de criminalización.
El plazo de 90 días hábiles para que el Legislativo local haga las reformas corre a partir del 15 de febrero cuando inicia el periodo ordinario de sesiones; es decir, la fecha límite para concretar las modificaciones vence a finales de junio, unos días antes de que termine el periodo programado para el 30 de junio.
Apuesta por la reforma antes de la declaratoria
Antes de que la Corte declare inconstitucional los artículos del Código Penal que hacen referencia al aborto, la bancada del PAN en el Congreso local se abre a la reforma.
La diputada Susana Bermúdez Cano dijo que ante la intervención de la Corte es mejor que sea el propio Congreso el que haga las modificaciones al Código Penal, pues así se garantizaría que queden sanciones para quienes obliguen a las mujeres a abortar.
Sobre la resistencia que ha mostrado el PAN a despenalizar el aborto voluntario en Guanajuato, Susana Bermúdez aceptó que al tomar la Corte el caso no hay vuelta atrás.
“Yo creo que definitivamente se tiene que analizar una reforma porque no puede quedar inaplicable (los artículos sobre el aborto) por el tema que hemos discutido mucho y que creo que es el eje central: el tema de no permitir que ningún tercero obligue a una mujer a abortar, que no haya falsas informaciones, que exista esta garantía de investigación para sancionar a aquella persona que realice estos actos”.
En un juego de palabras para exponer que con la despenalización del aborto el PAN no cambia su postura de rechazo a la interrupción del embarazo, la diputada Susana Bermúdez insistió en que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que le indica al Congreso de Guanajuato qué artículos no son aplicables para sanciones.
“Ya no hay un tema de si yo lo quiero o no lo quiero, el tema es que ya está determinado por la Corte, entonces únicamente lo que están dando es el término perentorio para realizar una reforma para que se garantice la sanción penal a aquellas conductas que sí están permitidas tipificadas por el propio Código Penal”, dijo Susana Bermúdez.
Dijo que aunque todavía no han hablado como grupo parlamentario del tema, de manera personal apuesta por la reforma antes de que se inapliquen todos los artículos del Código Penal sobre el aborto.
En Guanajuato sí se criminaliza el aborto
“La criminalización no tiene que ver nada más con encarcelar a una persona, sino con el contexto de punibilidad que permite que eso sea latentemente una posibilidad para las mujeres”, explicó Nayely Tello de la Red de Acompañantas de León, una organización que durante más de seis años ha promovido el aborto legal, seguro y gratuito en Guanajuato.
La explicación de Nayely Tello se dio en el marco de la presentación del libro: “Si el estado te abandona, nosotras te acompañamos: lucha y resistencia por el derecho al aborto en Guanajuato”, en el que cuentan el proceso y los retos a los que se han enfrentado desde la sociedad civil en una lucha jurídica que parece ver su fin.
De acuerdo con datos proprocionados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, durante 2024 y 2025 se iniciaron 42 carpetas de investigación por aborto en la entidad.
A través de una respuesta de acceso a la información pública, la Fiscalía detalló que de las 42 carpetas, 14 se iniciaron a mujeres que tomaron la decisión de abortar, otras 10 carpetas se iniciaron a mujeres que abortaron después de haber sido víctimas de violación.
En dos casos se iniciaron investigaciones por el aborto causado por un tercero con el consentimiento de las mujeres.
16 de las carpetas se iniciaron por aborto provocado sin el consentimiento de las mujeres embarazadas.
En la respuesta de acceso a la información, la Fiscalía insiste en que actualmente no existen “madres que se encuentren detenidas por el consentimiento de su aborto”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en POPLab que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.
