Amparo libera a dueño del Crematorio Plenitud y desata reclamos de justicia por las 386 víctimas
sábado, febrero 14, 2026
Con un amparo, un juez federal tiró la acusación que la Fiscalía de Chihuahua formuló contra José Luis A.C., propietario del Crematorio Plenitud donde se localizaron 386 cuerpos embalsamados, acumulados y en condiciones insalubres; familiares de los deudos y colectivos que los representan reclaman justicia y abandono de las autoridades estatales, piden a gobierno federal a traer el caso
“Como somos gente humilde que no tenemos ni un pinche peso y él está podrido en dinero, el gobierno lo está apoyando. ¿Por qué no nos apoyan a nosotros?”: madre de uno de los deudos
Por Blanca Elizabeth Carmona / La Verdad Juárez
En medio de reclamos de justicia de los deudos, un Tribunal de Control ordenó este viernes la libertad de José Luis A.C., propietario del Crematorio Plenitud, donde hace casi 8 meses se localizaron 386 cuerpos embalsamados, acumulados y en condiciones insalubres, mientras que a los familiares se les entregaron urnas con basura y escombro.
El 12 de febrero el juez federal Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó un amparo al empresario en contra de la vinculación a proceso que recibió hace siete meses, por la posible comisión de los delitos de ocultamiento de cuerpos que se les entregó para su incineración, así como por conservarlos de manera ilícita.
Para dar cumplimiento a ese amparo, la noche de este viernes se realizó una audiencia en Ciudad Judicial, a cargo del juez de Control Héctor Josué de Luna León, en la que se revocó el auto de vinculación que se había emitido el 4 de julio del 2025 contra José Luis y se ordenó dejarlo en libertad con base a la resolución del juez federal donde se estableció que en el crematorio se cometió una falta administrativa, no un delito.
El juzgador local dijo que, con base al amparo otorgado por un juez federal, el dueño del Crematorio Plenitud no ocultó, ni conservó de forma ilícita los cadáveres, y que por haber sido sometidos a un proceso de embalsamamiento se cumplió con la Ley General de Salud, aunque Luna León señaló que no se hizo la disposición final, es decir, las personas fallecidas no fueron inhumadas ni cremadas.
En la resolución del juez federal emitida a favor de José Luis, se establece que el haber incumplido con las medidas de conservación y con la cremación o inhumación es una falta administrativa que “no tiene relevancia para el Derecho Penal”, por lo que se ordenó su inmediata libertad.
Esta decisión judicial desató la inconformidad de familiares de víctimas del crematorio, así como de colectivos que luchan por la memoria y dignidad. Algunos de ellos acudieron hasta Ciudad Judicial la noche de este viernes para manifestar su molestia por la libertad otorgada a José Luis A.C., pero no se les permitió ingresar a la audiencia pública.
“Como somos gente humilde que no tenemos ni un pinche peso y él está podrido en dinero, el gobierno lo está apoyando. ¿Por qué no nos apoyan a nosotros?”, expresó visiblemente enojada la mamá de un hombre cuyo cuerpo tenía tres años en el crematorio al momento que las autoridades hicieron el hallazgo. La mujer pidió la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.
Los dos colectivos que agrupan a familiares de las víctimas del crematorio también manifestaron su reclamo e indignación por la libertad otorgada a José Luis A.C., En posicionamientos separados emitidos a la opinión pública y en los que se dirigían a la presidenta Claudia Sheinbaum, el Grupo Memoria, Dignidad y Justicia, así como Justicia para Nuestros Deudos aseguraron que han dejado en un estado de indefensión a las víctimas y sus familiares, en un total y absoluto abandono judicial.
“La comunidad no pide favores, exige justicia. La memoria de nuestros seres queridos no puede ser tratada como desecho. La responsabilidad del Estado es proteger la dignidad humana y garantizar que nunca más se repita una tragedia de esta magnitud”, expuso el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, en un documento donde además pidió la renuncia inmediata del Fiscal en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, “por su evidente falta de capacidad para garantizar justicia” y que las autoridades federales atraigan el caso.
A su vez, el Grupo Memoria, Dignidad y Justicia, señaló en su posicionamiento que “la justicia que se demora o que se pierde en tecnicismos de amparo, no es justicia. Es complicidad” y pidió la revisión del juez Rivas Martínez y la atracción del caso por la Fiscalía General de la República “ante la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades locales para sostener una acusación digna”.
La Fiscalía de Chihuahua no respondió a una solicitud de entrevista para conocer su postura ante la resolución del amparo que dejó sin efectos sus acusaciones contra el dueño del crematorio; a través de su vocería solo dio a conocer que darán entrevista de prensa este sábado. Hasta ahora la mayoría de los cuerpos hallados en el establecimiento permanecen sin identificar.
‘Irregularidades, no delitos’: juez federal
En la diligencia, que inició a las 7 de la tarde en la sala 1 de la “Ciudad Judicial”, no hubo argumentación de los agentes del Ministerio Público ni de los defensores. Solo se dio cumplimiento a la resolución del juez federal para dejar sin efecto la vinculación a proceso de julio del 2025.
El juez local dejó sin valor cada uno de los datos de prueba que presentó el Ministerio Público en la audiencia de formulación realizada el 30 de junio del año pasado, tras el hallazgo de los cuerpos ocultos en el crematorio, en junio del 2025.
En esa diligencia de formulación, los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía acusaron al hoy liberado de que al menos entre el 7 de marzo del 2022 al 27 de junio del 2025 en las instalaciones de Crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, de la colonia Las Granjas Polo Gamboa, el dueño del negocio y el único trabajador, Facundo Teófilo M.R. – quien murió encarcelado en octubre pasado por enfermedad pulmonar–, mantuvieron ocultos 383 cadáveres de personas, en estado de descomposición.
En aquella audiencia el Ministerio Público también acusó a ambos hombres de no haber realizado la cremación dentro el término legal y de no contar con los requisitos necesarios para la preservación de los cuerpos, ni con la documentación correspondiente que acreditara la legal permanencia de los cadáveres en el crematorio.
La representación social dijo que conservaron los cuerpos de manera ilícita durante ese periodo, y que habían rebasado en demasía el término legal de 48 horas para el procesamiento.
Los hechos fueron clasificados por el Ministerio Público como constitutivos del delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, previsto en el Artículo 202, fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua. Y también como el delito previsto en el artículo 462 fracción I de la Ley General de Salud, que no tiene un nombre.
“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, indica el artículo 202. En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.
La noche de este viernes, al dar cumplimiento al amparo otorgado por la justicia federal, el juez local, Héctor Josué de Luna León, aseguró que bajo ese ordenamiento ninguno de los dos delitos se configura en el caso del Crematorio Plenitud.
El resolutor afirmó que los cuerpos nunca se ocultaron, tan es así –afirmó– que el crematorio contaba con permiso de funcionamiento y la autorización de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS); también expuso que el establecimiento se ubicaba a las afueras de la ciudad debido al proceso de incineración de los cuerpos y que para esa actividad se requiere de privacidad.
El delito contemplado en la Ley Federal señala que “se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. La fracción I indica: “al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos”.
Sobre este ilícito, el juez afirmó que se debe hacer una interpretación general y teleológica, es decir conocer cuál es el sentido de una norma o ley, y consideró que este apartado busca evitar que los cuerpos, órganos y tejidos sean usados en trasplantes ilícitos.
El juez también recordó que los cuerpos estaban embalsamados y aunque no se dio la disposición final dentro de las primeras 48 horas, el hecho de que hubieran pasado por ese proceso en el plazo antes señalado, refirió, implica el cumplimiento de la ley federal.
Al mismo tiempo el juez reconoció que, es cuestionable que la cremación no se hacía a la brevedad, pero indicó que eso se consideró una falta administrativa, no un delito.
En el amparo indirecto 746/2025 resuelto por el juez federal, al que La Verdad Juárez tuvo acceso, se indica que la tardanza en cremar los cuerpos que recibían, es una omisión cuya consecuencia es meramente administrativa, tal como lo manifestó Luis Carlos Tarín Villamar, titular de COESPRIS en Chihuahua, quien ante el Ministerio Público declaró que en una visita realizada en marzo del 2022 encontraron 15 cuerpos acumulados y procedieron a imponer una suspensión temporal de actividades.
Al finalizar la audiencia judicial el juez ordenó levantar la medida cautelar de prisión preventiva y la inmediata libertad del dueño del Crematorio Plenitud, para ello, dijo, el personal del Cereso 3 de Ciudad Juárez debe dejarlo libre en cuanto reciba los oficios de ese Tribunal. Hasta el cierre de esta nota, José Luis no había salido del reclusorio.
Es una burla, dejan a víctimas en indefensión, reclaman deudos
Familiares de víctimas y colectivos que representan a los deudos del crematorio manifestaron su rechazo a la resolución judicial que ordenó la libertad a José Luis A.C., dueño del establecimiento.
“Es una burla para la sociedad que el juez Rivas Martínez considere que el hallazgo de 386 cadáveres abandonados en condiciones inhumanas y la entrega de cenizas falsas (basura y escombros) no constituyen un delito grave, sino meras “irregularidades administrativas”. Tratar a nuestros seres queridos como desperdicios y lucrar con el duelo más profundo no es un error de trámites; es una atrocidad que desgarra el tejido social” expuso en una carta dirigida a la opinión pública el Grupo Memoria, Dignidad y Justicia.
La reciente libertad del dueño del crematorio ha dejado en estado de indefensión a las víctimas y sus familias, aseguró a su vez Justicia para Nuestros Deudos en su posicionamiento público.
“¿Por qué no nos apoyan a nosotros?” reclamó enojada la madre de un hombre cuyo cuerpo se localizó en el crematorio tres años después de su fallecimiento, que la noche del viernes se acercó a Ciudad Judicial ante la noticia de la liberación del dueño del establecimiento.
“Es mi hijo y me puede, por eso estoy aquí, estoy suplicando que no lo dejen salir, si, que se haga justicia. ¿Por ser pobres no nos hacen caso?”, dijo.
Otro mujer, hija de un hombre fallecido el 9 de marzo del 2021 y localizado hasta junio del 2025 en el crematorio, consideró que José Luis A.C. no merece que lo dejen salir. Ella también llegó a Ciudad Judicial por la noticia de la liberación del acusado.
“Esa persona (José Luis A.C.) se merece lo peor. Yo no le deseo mal a nadie, ahí está Dios, pero que pague, que pague por lo que hicieron, ese señor no merece que lo dejen salir, la verdad. Mi papá merece justicia, queremos justicia, no es justo que ese señor vaya a salir libre, ¿cómo es posible? ¿por qué va a salir libre?”, afirmó.
“Los jueces lo tachan de un error administrativo. Un error administrativo es extraviar un papel, omitir un permiso, no ponerse a llenar urnas de basura, no apilar a seres humanos, aunque sean cuerpos, eran seres humanos, la madre de alguien, el padre de alguien, los hijos de alguien”, cuestionó la hija de una mujer cuyo cuerpo llevaba cinco años apilado en Crematorio Plenitud.
“Mi pregunta para todos esos jueces, para el fiscal, para la gobernadora, para la presidenta: si fueran sus padres, si fueran sus hijos que fueron devorados por los animales carroñeros, dirían que fue un error administrativo o solamente es porque somos ciudadanos comunes”, agregó.
