Andrés Villarreal
Ríodoce
Culiacán, Sinaloa –Cuando Ovidio Guzmán salió con las manos en alto sin soltar su cachucha negra como las que usaba su padre el Chapo, aquel 17 de octubre de 2019, rodeado de militares apuntándole, el rendido no era él sino el gobierno entero. Son las 14:30 en Culiacán. A partir de ese momento, la Operación federal dependía de que el detenido pidiera a su hermano Iván Archivaldo que detuviera todo. Lo hizo pero no aceptó. Y apretó. Jaló gatillos, reclutó más pistoleros. Encapsuló a los captores y ahogó la operación hasta que abortaron.
Los sucesos de Culiacán con las columnas de humo en todos los puntos cardinales, los militares en retirada, el gobierno local arrinconado, y miles de ciudadanos refugiados en comercios o enclaustrados en sus casas, marcaron un antes y un después en el gobierno de López Obrador y la política de pacificación.
El Operativo Fallido —como se tituló en el mundo entero— para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán, revelaba inconsistencias en la estrategia, yerros, inexperiencia.
Un año atrás, el 14 de octubre de 2018, Andrés Manuel López Obrador expuso el esperado Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. En los meses previos se organizaron unos atropellados foros que dejaron fuera zonas del país, y muchos terminaron en reclamos. Su propio análisis es implacable:
“A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, los miles de millones de dólares invertidos…y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la `guerra contra las drogas´, el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”, dice el documento.
Refiere también las consecuencias de las “políticas de persecución”, como capturas, muertes de capos o decomisos, que derivan “en la descomposición creciente de las corporaciones públicas involucradas y de dependencias de los tres niveles de gobierno, y en una imparable erosión en la confianza y la credibilidad de las instituciones ante la sociedad”.
A pesar de todo lo dicho, de la insistencia en la política que se resume en una frase afortunada en campaña, la de abrazos no balazos, pero desafortunada en el poder. Aun así se armó la operación en Culiacán para capturar al hijo del Chapo, y fallaron.
Contar la historia
Lo peor estaba por venir. En los días siguientes al también llamado jueves negro de Culiacán, la crisis de seguridad había pasado del país entero al gabinete de López Obrador. De ahí se fue en caída libre: El Presidente defendiendo que evitó una masacre y las críticas en el sentido de que su gobierno se rindió.
Se comprometieron a contar la historia, minuto a minuto. Lo hicieron medio mes después.
El Presidente dijo: “Estamos hablando de casi el inicio de una guerra… ya no hay guerra… Es una nueva estrategia… un nuevo paradigma”.
Alfonso Durazo dijo: “Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad… ninguna organización delictiva […] es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos”.
El general Luis Crescencio Sandoval asumió responsabilidades: “El éxito de la operación se fundó en una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto a través de una ruta terrestre que ya la observamos; sin embargo, la rápida reacción de los delincuentes, las agresiones hacia el personal militar y sus familias, la intención del grupo criminal de causar daños en la población, el riesgo de pérdida de vidas al generalizarse las agresiones, la falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente y sin culminar obviamente el proceso de detención”.
Cuando el gabinete de seguridad de AMLO integró los detalles en la línea del tiempo por la Operación Ovidio, desde abril de 2018 cuando emiten en Estados Unidos la orden contra el hijo del Chapo y el 17 de octubre pasado, la carga ya era pesada sobre la situación de violencia en México: 18 estados del país tenían más asesinatos que en el mismo periodo del año anterior, la sumatoria de homicidios mantenía tendencia al alza para superar los cometidos en 2018 y convertirse en el año más violento de la historia reciente de México. Hasta el mes de octubre de este año ya se habían cometido el 98 por ciento de los asesinatos del 2018, y aún falta sumarles los meses de noviembre y diciembre, con lo que cerraría 2019 con uno 35 mil o 36 mil homicidios.
Sinaloa, en cambio, la tierra donde armaron la operación, estaba entre las 14 entidades con una reducción en los crímenes en 2019. Sinaloa concluyó el mes de octubre con 742 asesinatos, contra 934 del mismo periodo del año anterior. Pasó al lugar 15, a la mitad de la tabla en la estadística nacional, inédito para un estado que históricamente está entre los primeros diez por el número total de homicidios (2016 lugar 5; 2017 sitio 8; 2018 en el 11). Más allá de la aritmética, los números solo establecen el asentamiento de una pax narca, en la tierra donde surgieron los cabecillas principales del narcotráfico de las últimas cuatro décadas.
Con estos resultados, se dijo por el gabinete de seguridad de Sinaloa, autoridades de otros países visitaban el estado para conocer las estrategias que se seguían para reducir el número de asesinatos. Así se justificó la visita de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, que estuvo en Sinaloa en visita oficial a mediados de septiembre. Un mes antes, casi exacto, de la Operación Ovidio.
La DEA, narcotour en Sinaloa
La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos —DEA por sus siglas en inglés— llegó con el mayor sigilo a Sinaloa.
Debió ser en la primera quincena de septiembre. El día 16 el semanario Ríodoce publicaba la primicia. La razón de que el mismo director de la DEA, Uttam Dhillon estuviera en Culiacán, junto con el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, John S.
Creamer, la explicó el Subsecretario de Seguridad Estatal, Carlos Hernández Leyva: “Se quiere proyectar todas aquellas actividades que en materia de Seguridad Pública se han logrado, cómo se ha logrado la incidencia delictiva, cómo va todo el proceso de recuperación y destrucción de los laboratorios clandestinos que se han ubicado en el Estado…[y]…Poder platicar sobre unos temas que hay en relación con la capacitación del personal, algunos acuerdos que se están llegando para quitar el warning que tiene el Estado”, dijo aquel día.
También se les mencionó como un logro la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas y fentanilo.
Solo que la historia no estaba completa. Se racionó. Los indiscretos visitantes habían contado todo en sus respectivos lugares de origen, subieron fotos a sus redes sociales y hablaron con la prensa de su viaje al vientre de la bestia —así titularon a Sinaloa. La visita no solo fue al complejo de seguridad de Culiacán, donde escucharon una presentación, el tour incluía una visita en sitio, a plena sierra madre.
Y hablaron hasta por los codos: “He visto y hecho muchas cosas importantes en todo el mundo y ver eso… te deja con una impresión y renueva tu lucha. Es asombroso”, dijo Clay Morris, Agente Especial Asistente a Cargo de la Administración de Control de Drogas en Birmingham.
“Fue peligroso. Tuvimos que usar aplicaciones encriptadas en nuestros teléfonos para comunicarnos, incluso porque sabíamos que los cárteles sabían que estábamos en la ciudad. La gente sabía que estábamos en la ciudad y sabían por qué estábamos allí y no les gustó”, dijo el fiscal federal para el distrito norte de Alabama, Jay E. Town.
Tenía razón el Fiscal americano, sí se sabía de su visita. En la última edición de octubre, Ríodoce publicó cómo se divulgó el mensaje al interior de la organización, ‘Llegaron los de la DEA’, el mensaje que alertó al Cártel de Sinaloa en junio: “Un boletín criminal empezó a circular en las redes del Cártel de Sinaloa; era un mensaje de voz alertando sobre la llegada de más de 150 elementos de la DEA al aeropuerto de Culiacán, que habrían aterrizado en aviones del ejército y de la Armada de México, supuestamente para investigar la producción de fentanilo”.
Recomponer el Plan
La DEA y los funcionarios de justicia de los Estados Unidos llegaron y se fueron, pero el país quedó revuelto. La decisión de confrontar o rendirse polarizó de nuevo a la población, los apoyos y rechazos son casi a una mitad exacta.
Mientras, México tiene un Plan Nacional de Paz y Seguridad, que rige la actual estrategia en el país, donde dice que las acciones directas contra los cabecillas principales del narco, “se traducen en un recrudecimiento de la violencia, en violaciones a los derechos humanos y, a la postre, en procesos de fragmentación de las organizaciones criminales que multiplican la inseguridad y los padecimientos de las poblaciones”.
Y aun así, se decidió proseguir con la operación. Al final de aquella tarde de fuego y truenos en Culiacán, el jueves 17 de octubre, todavía le permitieron a Ovidio Guzmán que se volviera a poner la cachucha negra. No perdió el porte. Ni un rasguño. Ni un empujón.
