Los agentes enfrentan la mayor racha de agresiones y ejecuciones en su contra
Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario
Ciudad Juárez – Los más de cuatro mil elementos que integran las corporaciones de policías estatales en Chihuahua combaten el crimen entre carencias, falta de capacitación, quejas por malas condiciones laborales e incertidumbre sobre la permanencia de aumentos salariales.
En medio de esas circunstancias enfrentan además la mayor racha de asesinatos en su contra.
Información de la Fiscalía General del Estado (FGE) muestra que de 2017 a 2019 fueron asesinados 40 de sus elementos en el estado, más del 30 por ciento del total de 114 policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber desde 2010, el año más violento por la llamada guerra contra el narco.
Solamente en el año de 2018, detalla la Fiscalía, 23 policías fueron víctimas de homicidio mientras trabajaban, el número más alto desde 2011, cuando en un solo año 25 policías fueron asesinados.
A pesar del aumento en el asedio en contra de los uniformados, el gobierno estatal no ha generado mejores condiciones laborales, consideran algunos elementos policiacos.
Falta de capacitación, quejas por malas condiciones laborales e incertidumbre sobre la permanencia de aumentos salariales son algunas de las circunstancias que padecen en Chihuahua.
En junio de 2017, el gobernador firmó el “Acuerdo para el fortalecimiento policial y personal sustantivo”, en el que se comprometió a incrementar cuando menos en un 12 por ciento los salarios de los oficiales, suboficiales y policías –estos los de menor rango– de las corporaciones estatales: Comisión Estatal de Seguridad (CES), Investigación, Guardia y Custodia, Vial y de Audiencias Judiciales.
Pero esto no fue así, los ajustes se registraron en sus bonos o compensaciones no en sueldo nominal de los elementos.
En esas condiciones, el Estado se prepara para que cuatro de sus cinco corporaciones policiacas pasen de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la recientemente creada Secretaría de Seguridad Pública.
A través de Comunicación Social de la FGE se solicitó una entrevista para conocer la postura de la dependencia sobre los incrementos salariales y las condiciones de los policías, pero no se dio respuesta a la petición.
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Con más de una década dentro de la actividad policial, René –un agente que por seguridad pide el resguardo de su identidad– explica que debido a que los aumentos se integraron al sistema de compensaciones y no a su nómina, para él no se lograron las condiciones de seguridad laboral que buscaba el acuerdo.
“Lo que nos subieron fue en un bono de compensación que no está incorporado al salario normal, ese en cualquier momento lo pueden reducir nuevamente, no es una garantía de que se mantenga. Entonces al final en salario neto estamos a la par (iguales), nos pueden quitar el aumento como ya pasó con los mandos”, cuenta el suboficial de la CES.
Para Isabel Sánchez, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, los incrementos salariales no han sido suficientes para garantizar la permanencia de los policías ni las remuneraciones dignas necesarias para este sector.
“Vemos que en la policía estatal, los ministeriales aunque tienen un salario que ha ido aumentando…hay un alto nivel de deserción, cuando deberían permanecer al ser puestos clave en el combate a la delincuencia”, asegura Sánchez, quien relaciona el fenómeno a los niveles salariales.
“Es un alto riesgo el que corren los policías, sobre todo en el estado de Chihuahua y en particular en Juárez, por lo que deberían tener un sueldo digno, que sean salarios correspondientes al riesgo”, manifiesta.
Agentes consultados no solo exponen carencias y bajos salarios, en algunos casos denuncian también reducciones salariales. Nadie les explica porqué ocurre esa situación, aseguran.
La evolución del sistema de compensaciones muestra que, en efecto, ya se han registrado disminuciones al salario que reciben los elementos, particularmente los oficiales de la CES y de la Policía Vial.
De 2018 a 2019, los 28 oficiales que hay en la CES vieron disminuido su salario de 26 mil 321 a 23 mil 975 pesos, se muestra en datos oficiales de Hacienda estatal y la FGE.
Situación similar es la de los 445 oficiales que existen dentro de la Policía Vial, que ganaban 11 mil 249 pesos en 2017, 17 mil 730 pesos en 2018 y para 2019 tuvieron una baja salarial al percibir 15 mil 720 pesos.
“A los policías se les debe dar un sueldo digno y seguridad en el empleo porque son los que nos cuidan”, considera la coordinadora de la Mesa de Seguridad.
Cualquier cosa que les cause inseguridad es un factor de estrés más al que ya tienen por su labor es contraproducente, porque tienen que proveer sus servicios y preocuparse de si van a quitarles el aumento, agrega.
Aun con el incremento del 12 por ciento reportado por el gobierno del estado, los agentes estatales no lograron colarse a los mejores pagados del país.
En ese rango solo se colocan los policías de Baja California, Jalisco, Sonora y San Luis Potosí, con un monto de 21 mil 90 pesos mensuales, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el estudio, con corte más reciente a septiembre de 2019, se informa también que Chihuahua es una de las 21 entidades del país que no proporciona créditos para vivienda a sus policías preventivos.
“Los gobiernos estatales deben hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas para otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación”, explica el análisis, que forma parte del esquema de Modelo Óptimo de la Función Policial.
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Por las carencias e incumplimiento, la inconformidad brotó entre a tropa, así lo hicieron de manifiesto durante 2018 y 2019, periodo en el que incluso amagaran con paros de labores, como muestran notas periodísticas.
René recuerda que una de las principales quejas era que en los operativos foráneos no se contaban con las condiciones mínimas de seguridad e higiene en sus hospedajes.
“Siendo que estábamos destacamentados en alguna ciudad, nos movían de un momento a otro, se supone que por 15 días, ya estando en aquellos lugares no llegábamos a edificios que correspondieran a la Comisión sino a casas que habilitaban, donde no había ni dónde estar, dónde dormir, dónde comer y nos tenían hasta dos meses”, asegura el agente.
“Los de Recursos Humanos nos daban cierta cantidad de dinero, pero ni siquiera había dónde comprar”, recuerda el suboficial.
Gómez Farías, Zaragoza, Casas Grandes y Cuauhtémoc, fueron los destinos a los que primordialmente se enviaba a los elementos, precisa.
Otra de las críticas comunes entre la tropa, de acuerdo con agentes de la CES, es la falta de uniformes y condiciones de unidades oficiales.
“Esta administración está un poco deficiente… si una patrulla está siniestrada, pueden pasar años para que vuelva a funcionar y mejor nosotros mismos pagamos las reparaciones para salir a patrullar”, asegura Ricardo, otro de los agentes que expuso los rezagos que padecen.
Una parte del salario, coinciden los elementos, se va en la compra de uniformes de la marca 5.11 a los que se les ponen las estrellas y escudos de la corporación.
Por una camisola, señalan agentes consultados, se pueden pagar 60 dólares, más otros 60 para el pantalón. Por las botas, dependiendo de la calidad y el tipo (antiderrapantes, de protección industrial, para el frío, etcétera) se desembolsan mínimo 75 dólares.
A las carencias, se suma la falta de capacitación detectada por el diagnóstico del SESNSP.
Hasta septiembre del año pasado, ninguno de los mil 488 elementos que componen la corporación preventiva en el estado, la CES, había sido capacitado en el taller obligatorio de Función del Primer Respondiente, solo el 22 por ciento había cumplido con formación de Función Policial y un 25 por ciento con el taller de Investigación criminal conjunta, revela el documento.
Una de las razones que podrían explicar la falta de capacitación, de acuerdo con Isabel Sánchez, es el poco número de elementos de seguridad que hay para dar cobertura en el territorio estatal.
“Entendemos que son tan pocos agentes en el estado en comparación con los que deberían de estar que es difícil distraerlos. No se justifica, pero entendemos que es un problema”, señala.
Ciudad Juárez, explica la coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia, concentra el 60 por ciento de los delitos de todo el estado.
“Y pese a ello no tenemos de lejos el mismo porcentaje mismo de la policía estatal aquí y la razón que nos dan es la falta de elementos”, precisa.
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El riesgo que enfrentan los policías estatales, de acuerdo con testimonios, es asumido como parte del trabajo; pero impacta en su ánimo y actitud conocer de las dificultades que pasan los familiares de un compañero asesinado.
“Respecto a los compañeros caídos, nosotros conocemos a las familias, a las esposas de los compañeros, a los hijos, sabemos que no les quieren pagar, no les quieren cumplir lo que nos prometieron”, asegura René.
Cuando cae un compañero las familias se tienen que hacer cargo de sus gastos funerarios, y ya después el Gobierno del Estado paga, pero hasta después de meses, asegura.
También batallan para que se les empiece a pagar lo que les corresponde de pensión, dicen los entrevistados.
Para Sánchez, estas situaciones generan revictimización.
“En la Mesa se ha tratado de que se aceleren estos procedimientos porque es una revictimización a los sobrevivientes del policía caído. Entre más rápido y expedito sea el proceso se hace justicia a una persona”, acota.
En el acuerdo anunciado en 2017, el Ejecutivo se comprometió a que todos los policías estatales contarían con un seguro de vida por 255 mil pesos en caso de accidente y 127 mil por muerte natural; además de que se crearía el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de Policías Caídos en el Cumplimiento de su Deber (Fanvipol), un fideicomiso irrevocable.
Ojalá todo eso cumpla, dicen los agentes consultados, porque en vida combaten la inseguridad entre carencias e incumplimientos.
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