En El Estado

El último policía del Valle

Junto a su hijo Jonathan, Joaquín Hernández Aldaba, comandante de la Policía Municipal de Guadalupe. En vida. / Foto: Luz del Carmen Sosa/ Cortesía

Lucy Sosa
Texto en Rompe el Silencio*

La llamada entró a mi teléfono celular poco después de las 8 de la mañana del martes 7 de julio del 2015. Me apresuré a responder con un “buenos días” y al otro lado de la línea escuché el ulular de las sirenas de una ambulancia. Mi corazón empezó a latir.
El miedo, inevitable, me despejó. “Date vuelta, aquí, date vuelta”, escuché que gritaba la voz conocida. —¡Bueno, bueno! —insistí yo, casi entrando en pánico. —Reportera nos están matando, nos emboscaron, le dieron a Joaquín, ya mataron a su hijo —gritaba con horror la persona al otro lado de la línea y se cortó la comunicación. Quedé paralizada. Tardé tres segundos en reaccionar.
Llamé a Lucio Soria, mi compañero fotógrafo, le expliqué lo que ocurría y quedamos de encontrarnos a la salida de Ciudad Juárez para trasladarnos juntos, como lo hemos hecho los últimos 9 años. Juntos, siempre juntos, por nuestra seguridad.

Peritos, policías y militares en la escena donde un comando armado emboscó y mató a Joaquín Hernández Aldaba, comandante de la Policía Municipal de Guadalupe, municipio ubicado a unos 60 kilómetros de Ciudad Juárez, Chihuahua/ Foto: Luz del Carmen Sosa/Cortesía

El ataque armado ocurría en el municipio de Guadalupe, al este de Ciudad Juárez y nosotros estábamos a poco más de 60 kilómetros de distancia. La agresión contra Joaquín Hernández Aldaba era un acto violento terrible. No sólo era el más reciente director de Policía, nombrado 14 días antes. Joaquín el único policía que quedaba vivo en esa comunidad fronteriza. Lucio y yo salimos de Juárez y tomamos la carretera Juárez-Porvenir en silencio, a la expectativa de lo que nos esperaba.
Nuestro jefe de información estaba enterado de la situación y estaba al pendiente en la redacción de las novedades que enviáramos por teléfono celular. Lucio recibió algunas llamadas de otros colegas y les advertía de lo que ocurría. Ellos se sumarían a la cobertura por seguridad nuestra y de ellos. Los minutos se me hicieron eternos mientras recorríamos la carretera Juárez-Porvenir hasta llegar a mi querido Valle.
El Valle de Juárez es una zona rural azotada por la violencia provocada por los cárteles de Juárez y Sinaloa, que desde el año 2007 pelean los kilómetros de frontera sin muro y muy poca agua del Río Bravo, que lo hacen el punto ideal para el cruce de drogas y personas de México a Estados Unidos, y de armas y fayuca a la inversa. Eso y la escasa presencia policiaca de lado mexicano, hacen de este lugar el paraíso de los narcos y la pesadilla de los pobladores, que en su mayoría tienen la doble nacionalidad y los niños suelen ir a la escuela cruzando por los puentes internacionales, a veces sin su pasaporte americano.

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Oración y alabanza por el descanso eterno del comandante Joaquín y su hijo Jonathan en el templo Iglesia de Dios, donde se ofreció el servicio religioso para despedir a padre e hijo asesinados. Foto: Luz del Carmen Sosa/Cortesía

El ataque armado contra el comandante de la Policía Municipal de Guadalupe no era la primera balacera que cubríamos en esa apartada región agrícola, reconocida por la calidad de su algodón, pero esta vez era diferente. Un integrante de la comunidad estaba en riesgo y había pedido a gritos nuestra presencia y yo tenía miedo por él, por nosotros, por todos. El Ejército Mexicano me había confirmado la agresión.
La 15 primera versión del hecho era la portada del Diario Digital y los soldados me avisaban que se desplazaban al lugar las ambulancias de la Cruz Roja de Ciudad Juárez. La Policía Municipal de Juárez instalaba retenes en la carretera Juárez-Porvenir, dentro del límite de Juárez con Guadalupe, para cerrar el paso a los agresores que yo retrataba, mientras Lucio conducía a prisa por la carretera recién ampliada y única vía de comunicación al Valle.
En otras coberturas, mientras Lucio conduce la camioneta del periódico, yo suelo mirar con atención las propiedades que encontramos al transitar entre los ejidos entre Juárez y el Valle. Siempre busco algún cambio entre las casonas abandonadas, quemadas o de fachadas perforadas por las balas, todo obra de los grupos delictivos que han sembrado el terror en la zona. Tengo la esperanza de ver que sus dueños regresaron y reparan las viviendas, pero eso no ha pasado.
Otras veces ocupo el trayecto contando las cruces de hierro forjado o de madera colocadas al pie del camino, en memoria de los residentes asesinados en esa carretera que comunica a Ciudad Juárez con los municipios fronterizos de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero.
El número de cruces aumenta año con año. Este viaje fue la excepción. Mientras tomaba fotos de los convoyes de carros policiacos también buscaba por las calles de los poblados a los agresores que podrían andar todavía cerca. Durante el trayecto recordé que dieciséis días atrás, el 21 de junio exactamente, Máximo Carrillo Limones, comandante de la policía de Guadalupe, fue privado de la libertad por un comando armado que lo sacó del campo de béisbol del pueblo; luego de asesinarlo, abandonaron su cuerpo en el kilómetro 87 de la carretera Juárez-Porvenir, cerca del Rancho la Paloma del municipio que protegía. Aún me estremece recordar las fotografías de ese hecho y la entrevista posterior que le hice a su familia en duelo.
A Max lo había saludado días antes de su muerte durante la cobertura de un homicidio ocurrido en Guadalupe y él me había proporcionado información importante sobre esos hechos violentos. Hasta bromeamos sobre el “premio gordo” que se sacó al aceptar el cargo público que nadie quería.

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Durante el proceso electoral local del 2013, el candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional, Gabriel Urteaga Núñez, ofreció como compromiso de campaña reinstalar la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe.

Gabriel Urteaga Núñez

Urteaga Núñez ganó e intentó cumplir su promesa, pero al menos una decena de vecinos rechazó ser policía. Max fue el único que aceptó la responsabilidad. Y lo hizo con gusto. Así me lo comentó el día que le dije que estaba loco por asumir ese cargo en una comunidad con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa, disputando el territorio fronterizo con el Cártel de Juárez. —Tenemos que poner el granito de arena— dijo como simple respuesta. La Dirección Municipal de Seguridad Pública de Guadalupe había sido desmantelada en el 2010. La comandante Irma Érika Gándara Archuleta fue privada de su libertad el 23 de diciembre de ese año, cuando un grupo criminal irrumpió en su casa y ella pasó a engrosar la larga lista de mujeres desaparecidas en El Valle.
Erika ingresó a la corporación como radioperadora en el 2009 y para el 2010 ascendió a comandante. Recuerdo que me contó que se había dado de baja de la corporación por una lesión en la columna, pero la inseguridad en el pueblo cerró fuentes de empleo y el trabajo era escaso. Entonces regresó a la corporación porque necesitaba el seguro médico, dijo a su familia casi justificándose. Pero la verdadera razón de su reincorporación fue su amor a la carrera policial hasta que alcanzó el máximo rango.
Irma Érika fue la primera mujer que dirigió la comandancia en ese municipio, aunque los sicarios pronto la dejaron sin elementos ante las amenazas y los “levantones”. Erika pronto se quedó sin los siete policías que tenía el pueblo de poco más de dos mil habitantes. Erika se aferró a la idea de darle seguridad al pueblo y el crimen organizado no perdonó la afrenta. Fue hasta el 12 de febrero de 2011 cuando apareció el cuerpo descompuesto de una mujer flotando en el canal de aguas negras en Ciudad Juárez, justo a la altura del kilómetro 60 de la carretera Juárez-Porvenir en el municipio de Praxedis, G. Guerrero.
Ocho meses después el Servicio Médico Forense recibió los resultados del perfil genético y oficialmente fue identificada como Erika Gándara la mujer desaparecida el 23 de diciembre de 2010. Hasta entonces su familia recibió su cadáver. La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo.
Con el asesinato de la comandante de 28 años ese 2010, la Policía Municipal quedaba desarticulada por primera vez en su historia y el pueblo sin seguridad pública, hasta que Max aceptó el cargo ofrecido por Urteaga Núñez en el 2015.
Luego del asesinato de Max el presidente municipal ofreció el puesto a Joaquín Hernández Aldaba, quien desempeñó la encomienda escasos 16 días hasta que fue acribillado junto a su hijo. Desde entonces Guadalupe se quedó sin Policía Municipal.

***

Bienvenido, dice letrero de entrada al municipio de Guadalupe, Distrito Bravo, en El Valle.

Lucio y yo mantuvimos el silencio cuando pasamos el letrero metálico que da la bienvenida a los visitantes a Guadalupe, pronto apareció frente a nosotros el cordón amarillo con letras negras con la leyenda “precaución” y que habían extendido varios metros advirtiendo la cercanía de la escena del crimen. Trepados en el enrejado observamos cuando los paramédicos sacaban el cuerpo del comandante Joaquín, luego a su hijo Jonathan Uriel Hernández, de 24 años.
Finalmente los paramédicos de la Cruz Roja Juárez atendieron al tercer tripulante de la patrulla, tipo pick up, que estaba herido. Entonces mi teléfono celular sonó otra vez y la misma voz que me había alertado sobre el crimen, explicaba, todavía alterada, cómo sucedió todo.
Me dijo que en la comandancia de policía habían recibido la llamada avisando de un accidente en la carretera. Joaquín se alistó para atender la emergencia y su hijo Jonathan, que estaba de visita, le preguntó si lo podía acompañar pues era paramédico. Joaquín le dijo que sí. También se sumó un civil que ese día acudió a pedir trabajo y había entregado su solicitud de empleo con sus documentos personales.
La patrulla con los tres tripulantes salió de prisa mientras los técnicos en urgencias médicas de Protección Civil los seguían a unos metros de distancia. “El comandante se adelantó, nosotros nos pasamos del entronque y cuando nos dimos la vuelta en U vimos cuando los rodeaban y los rafagueban desde varios vehículos. No tuvimos de otra más que regresar a la base, nosotros no llevamos armas, nada con qué defendernos”, decía en forma atropellada el paramédico, casi justificándose por haber salvado su vida. “Avisamos al Ejército y a la Fiscalía mientras nos dirigíamos a la Presidencia”, agregaba.
En el edificio histórico prácticamente todo el gabinete se ocultó.
Ese día las puertas del edificio municipal se cerraron un momento, pero el acceso de entrada a la comandancia de Policía se cerró en forma definitiva por orden del alcalde Urteaga Nuñez.
La Dirección de Policía permanece desmantelada hasta ahora.

***

El Valle es una comunidad que resiste a desaparecer. Aquí viven poco más de mil 500 personas, de los 9 mil y pico que el INEGI contabilizó en el Conteo de 2005. El decremento de la población a causa de la violencia ha sido impresionante para propios y extraños. Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero son la perla de corona para un país que primero fue punto de paso de la droga a Estados Unidos y de armas de fuego hacia México.
Kilómetros y kilómetros de una frontera sin muro, con escasa agua en su río y muy cercanos a la carretera Interestatal —10 que entrelaza a casi todos los estados de la unión americana— son el paraíso para los traficantes de droga. El Valle cuenta con enormes brechas adaptadas como pistas clandestinas, una sierra poco peligrosa que enlaza la frontera con la carretera Panamericana y evade los retenes militares y aduanas fronterizas. Por aire y tierra el trasiego de droga ha sido, por décadas, la principal actividad en esta zona rural reconocida internacionalmente por calidad de su algodón.
Recuerdo que la primera semana de octubre del 2010 se habían registrado algunos hechos violentos en el municipio de Praxedis G. Guerrero y llamé por teléfono a la comandancia de policía en busca de información. Me contestó una mujer con voz muy juvenil y pensé que era la secretaria, así que le pedí que me comunicara con el comandante. “Soy yo”, me aseguró la de voz de niña. Así conocí a Marisol Valles García que por teléfono me contaba que tenía 20 años, que aceptó el trabajo porque tenía un hijo que mantener y como estudiante de Criminología en Juárez se sentía capaz de desempeñar el cargo en el que estaba al frente de otras tres mujeres y unos cuantos hombres más. Yo le compartí la información a mi jefe, Martín Orquiz, y también mis temores pues la zona estaba en plena disputa mientras el gobierno estatal encabezado por César Duarte Jáquez poco hacía para combatir el crimen en esa región.
Tenía miedo por Marisol, quien no portaba arma de fuego, y había aceptado el cargo a pesar de que todos sus antecesores habían sido ejecutados. Nunca me imaginé el boom noticioso que generaría su nombramiento, al grado de ser incluida en la lista de las mujeres más influyentes de América y reconocida en España como la mujer más valiente del mundo.
Durante los cuatro meses que Marisol estuvo al frente de la corporación, la mayor parte del tiempo lo dedicó a la atención de los periodistas de las diversas partes del mundo que querían conocerla. Esa exposición mediática, que temí cuando la entrevisté por primera vez, finalmente terminó con su corta carrera policial, pues la atención que captó la “mujer más valiente del mundo” provocó las amenazas de muerte de los grupos delictivos en plena disputa por la plaza.
Marisol tuvo que huir a Estados Unidos, donde pidió asilo político. En mayo de este 2017 nos enteramos que su esposo había sido detenido y actualmente es sujeto a proceso penal en El Paso, Texas, por conspiración para importar mariguana, conspiración para poseer mariguana con la intención de distribuirla y conspiración por lavado de dinero.
Después del exilio de Marisol de Praxedis G. Guerrero, y el asesinato de Joaquín de Guadalupe, no hubo más Policía en el Valle. La seguridad de esos dos municipios ahora está a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Sin embargo, la pugna entre los dos cárteles continúa. Sabemos que las entrañas de esta tierra guardan cientos de historias que no alcanzan a salir a la luz pública por miedo de sus pobladores y porque somos pocos los reporteros que acudimos a esa zona considerada, por mucho tiempo, el epicentro de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Tras el atentado contra Joaquín, el entonces presidente municipal me concedió una entrevista sin lograr contener el llanto ante tantas muertes. No pude evitar compadecerlo. Sé lo que es perder al amigo, al compañero. La violencia que azotó a Ciudad Juárez a partir del 2007 trastocó casi todos los hogares fronterizos y también a la redacción del Diario de Juárez, donde trabajábamos Armando Rodríguez y yo.
“Choco”, como lo apodaron por su tez morena, fue asesinado dentro de su auto con su hija dentro. Esperaba a su otra hija para llevarlas al colegio cuando lo acribillaron vil y cobardemente un 13 de noviembre del 2008. Carajo, todavía lo lloro. A mí me tocó escribir de su muerte y la muerte de miles más.
A las 11 de la mañana de ese horrible 13 de noviembre decidí que tenía que salir a la calle y seguir haciendo el trabajo de reporteo, pese al dolor, pese al miedo, pese a todo. Y no solo fui yo, toda la redacción se sacudió las lágrimas y salimos a hacer nuestro trabajo.
Por eso estaba ahí en el Valle, esa mañana del verano del 2015. Por eso voy siempre que los ciudadanos me llaman para denunciar casas quemadas o la presencia de los grupos rondando las calles imponiendo toques de queda. Porque me piden ayuda para publicar las fotos de sus hijos, esposos o padres desaparecidos. Porque me mandan por WhatsApp la ubicación de las casas donde presumen que hay fosas clandestinas y la autoridad ignora esas denuncias anónimas.
Contar lo que ocurre en el Valle ha sido casi un compromiso personal y mi familia lo ha asumido, con sus propios miedos y preocupación, asimilan las veces que tengo que salir a esa zona, donde todo puede ocurrir, incluso que el Ejército Mexicano nos amenace. Eso nos ocurrió a mi compañero fotógrafo Mario Bañuelos y a mí cuando nos amagaron con desaparecernos. Pudo ser, estábamos a más de 80 kilómetros de distancia de Juárez.
En mayo del 2010 reporteábamos la desaparición de tres empleados municipales y Mario tomaba fotos de un grupo de militares a bordo de cuatro camionetas pick up color verde olivo, con los números 08855364, 08855353, 08855359 y 08855367, los cuales trabajaban en el operativo de rastreo de los desaparecidos.
El comandante a cargo se molestó y los soldados empuñaron las armas largas contra Mario, mientras forcejeaban para quitarle su cámara y borrar sus fotos. Yo intervine y casi a golpes y con gritos logré que soltaran a mi compañero y le regresaran el equipo fotográfico, no sin antes recibir la amenaza de que nos iban a desaparecer. Casi volábamos de regreso a Juárez, pero en el trayecto hicimos la nota informativa y anexamos las fotos al periódico digital. Si nos pasaba algo, al menos había una denuncia pública. El regreso fue tenso y cada cinco minutos nos llamaban de la redacción para saber que estábamos vivos. Esa agresión se denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no prosperó. Muchos meses después, ni siquiera recuerdo cuántos, a Mario y a mí nos llegó una carta que decía que los militares iban a tomar cursos de derechos humanos y la firmaba el General Salvador Cienfuegos Zepeda, hoy secretario de la Defensa Nacional.
El miedo a morir en una cobertura no era una paranoia mía. En septiembre del 2010, el día 16 para ser exacta, era asesinado mi compañero fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, de 21 años, y en el ataque resultó herido Carlos Sánchez, quien tenía poco menos de dos semanas en El Diario aprendiendo el oficio.
Ese horrible día, otra vez, Lucio y yo llegamos primero a la escena del crimen sin imaginar que eran nuestros compañeros quienes habían sido el blanco de un ataque a mano armada. Carlos, quien nos solía acompañar a Lucio y a mí en las coberturas, estaba ahí, sangrando, casi inconsciente, pero abrazando su cámara fotográfica que me entregó como su más preciado tesoro.
Siete años después, todos los crímenes que relato aquí siguen impunes.
Carlos continúa tomando fotos. Hace unas semanas fuimos juntos al poblado Las Varas, en Madera, Chihuahua, donde un enfrentamiento entre grupos delictivos dejó un saldo de 15 muertos. Una masacre.
Cuando íbamos en la carretera y tras encomendarnos a Dios, le pregunté a mi compañero: —¿Qué, Carlitos, tienes miedo? —Na, —fue toda su respuesta. Nosotros seguimos trabajando. También continúan trabajando en el Valle de Juárez aquellos que sobrevivieron al ataque del martes 7 de julio del 2015, el día que asesinaron al último policía del Valle.

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