Corrupción

Multa INE al PRI por desvíos de César Duarte

Consejeros electorales prueban sanción por 36.5 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, así como dar vista a la Fepade y a la Auditoria Superior del Estado de Chihuahua

 

Gabriela Minjáres
La Verdad
Ciudad Juárez– El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el desvío de recursos públicos que hizo a su favor el Gobierno del Estado de Chihuahua en 2015, durante la administración de César Duarte Jáquez.
Por unanimidad, los consejeros electorales acordaron sancionar con 36.5 millones de pesos al PRI, así como dar vista a la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y a quien corresponda por las faltas o delitos que se puedan desprender por los hechos acreditados.
“Se tiene acreditado que existió una retención involuntaria, las compensaciones de los trabajadores por parte de la Secretaría, para fingir que se trataba de aportaciones voluntarias y se demostró que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua apartaba esos recursos para de forma mensual entregarlos al Partido Revolucionario Institucional”, sostuvo el consejero electoral Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización que tuvo a su cargo la resolución.
Explicó que se trata de una conducta grave especial porque el Partido no rechazó la aportación de un ente expresamente prohibido por la ley, en este caso la anterior administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, que a través de la Secretaría de Hacienda estatal y mediante un sistema de compensaciones, realizó descuentos a los trabajadores por un monto de 14 millones 617 mil 881 pesos.
Además, porque se hizo a través de recursos en efectivo que no pueden ser rastreados, con lo que existe un agravante y se impuso una sanción que corresponde al 250 por ciento del monto involucrado, lo que dio un total de 36.5 millones de pesos.
“Así que además de una afectación patrimonial a los trabajadores, que corresponderá sancionar a otra autoridad estamos ante un caso de desvío de recursos públicos que tenían otro fin”, subrayó el consejero durante la exposición del proyecto de sanción.
Agregó que con esta investigación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a partir de la revisión de los informes de anuales a los partidos políticos se espera dar un mensaje no sólo al PRI, sino a todos los sujetos obligados, de que realizan una fiscalización exhaustiva y se busca detectar cualquier irregularidad aun cuando se diseñen mecanismos complejos.
“Ningún trabajador público es empleado de fuerza política alguna, conquistar el gobierno no implica poner descuentos a los subordinados ni forzar adhesiones apartidista, los trabajadores de los gobiernos son servidores públicos, no base política ni militancia, ojalá que este sea uno de los últimos casos en los cuales se acredita que los recursos públicos se usan para un fin incorrecto para ser desviados en beneficio de algún instituto político”, reiteró.
Si bien el representante del PRI ante el INE, Morelos Jaime Canseco Gómez, consideró que no se acreditó que el dinero haya ingresado al partido, deslindó al instituto político del mecanismo a través del cual se hicieron los descuentos a los trabajadores y anticipó que también llevarían a cabo los procedimientos internos para sancionar las conductas.
“El PRI reprocha el mecanismo a través del cual se llevaron a cabo los descuentos a trabajadores a través del Gobierno del Estado de Chihuahua, nos distanciamos del pretendido ocultamiento, lamentamos y reprochamos el haber atentado contra la dignidad de los trabajadores y afirmamos que en la parte que corresponde a los procedimientos internos del PRI también llevaremos a cabo con esta resolución las tareas que nos compete en nuestro código de ética partidaria y código de justicia partidaria”, manifestó durante la sesión del Consejo General.
La investigación fue avalada por otros consejeros y representantes de partidos ante el INE, que reprobaron no sólo el desfalco al erario realizado por el Gobierno del Estado de Chihuahua durante el 2015, sino el descuento que se realizó a los trabajadores.
“Esto lo convierte en doblemente grave, es algo que no se puede tolerar”, destacó la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles.
Mientras que el consejero Benito Nacif Hernández agregó que la infracción no sólo tiene qué ver con la parte electoral, porque se pueden desprender otras faltas y hasta delitos, por lo que corresponderá entregar la información recabada en la investigación para que otras autoridades competentes actúen y eviten que este tipo de prácticas ocurran.

Cómo fue el modus operandi del gobierno de Duarte

El desvío de recursos a favor del PRI durante el 2015, cuando se celebraron elecciones federales intermedias para renovar la Cámara de Diputados, implicó un mecanismo complejo para ocultar el financiamiento irregular a favor del partido.
De acuerdo con lo expuesto por el consejero Ciro Murayama durante la sesión, el origen del caso es la revisión que hizo el INE en 2016 de los informes anuales de 2015, cuando detectaron elementos sobre posibles aportaciones ilícitas al PRI en Chihuahua y se ordenó realizar la investigación.
Explicó que la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización descubrió una compleja operación a través de un sistema de compensaciones, manejado desde la Secretaría de Hacienda estatal, en ese tiempo bajo el mando de Jaime Ramón Herrera Corral, a través del cual se realizaron descuentos a los trabajadores del estado sin que ellos estuvieran enterados.
Luego, agregó, se emitían cheques desde esa dependencia, mismos que eran endosados para posteriormente ser cobrados en efectivo.
Posteriormente, el dinero regresaba a la Secretaría de Hacienda para ser entregado al tesorero de finanzas del PRI en Chihuahua, quien firmaba de recibido.
Detalló que el Sistema Integral de Recursos Humanos y Protección al Gasto fue el mecanismo a través del que se ejecutaron los descuentos a los trabajadores, a los que se les daba de alta y se registraban en una pestaña identificada con el nombre de “prestaciones” y se aplicaba el concepto de descuentos a funcionarios.
“Era una especie de lotería de mala suerte, pues no a todos los trabajadores se les descontaban esos montos, iban cambiando mes a mes. El porcentaje de dichos descuentos era de 5 por ciento, si el trabajador percibía entre 9 y 12 mil pesos y si el ingreso era mayor al porcentaje subía a 10 por ciento”, dijo.
Murayama expuso que en los talones de pago de los trabajadores se imprimía una leyenda pero no se identificaba que se trataba de un descuento o se especificaba la cantidad, por lo que los servidores públicos tampoco tenían conocimiento del monto de la compensación, no la elegían, no la entregaban de forma voluntaria y mucho menos conocían que se trataba de recursos que después serían remitidos al PRI.
“Cada mes, después de quitar los recursos a los trabajadores sin su consentimiento, se libraba un cheque con todo el monto de lo retenido a nombre de la Secretaría, desde la cuenta con terminación 3970 de la propia Secretaría de Hacienda del estado. Se remitía el cheque al tesorero José Francisco Hernández Vega para que dos funcionarios firmaran el endoso del cheque y este fuera cobrado en Bancomer”, identificó.
Finalmente, el dinero en efectivo se depositaba a la cuenta con terminación 1167 a nombre del Servicio Panamericano de Protección SA de CV y, de los testimonios que les remitió la Fepade, se comprobó que de esa última cuenta se reintegraban en efectivo al funcionario de Hacienda estatal para su posterior entrega a Pedro Mauli Romero Chávez, quien entonces era secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua.
El INE dio a conocer que estos hechos están plenamente documentados con 12 recibos firmados por Romero Chávez, en los que se asienta que recibió de Hacienda aportaciones al partido, en total por 14.6 millones de pesos, dinero en efectivo que fue entregado por concepto de aportación del Ejecutivo al PRI entre los meses de enero a diciembre de 2015.
Ciro Murayama dijo que la Fepade realizó un dictamen de grafoscopía de los recibos, emitido por un perito con atribuciones, que determinó que las firmas tienen el mismo origen, es decir, Pedro Mauli Romero Chávez, entonces secretario de finanzas y administración del PRI, actualmente detenido y bajo proceso penal por el desvío de los recursos en Chihuahua.

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