Opinión

AMLO hace historia en la Frontera

Manuel Loera
Economista y Académico

I

Con independencia del panorama político, que desde luego es muy relevante, por ahora deseo llamar su atención sobre el panorama económico derivado del anuncio de la nueva política económica que el próximo gobierno de AMLO propone establecer en la franja fronteriza del norte de México a partir del 1° de enero de 2019.
Como fue dado a conocer el pasado domingo 22 de julio, en conferencia de prensa ofrecida por Marcelo Ebrard (propuesto por AMLO para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores) los fronterizos empezaremos a vivir y planear nuestra vida económica bajo un nuevo régimen de regulaciones que comprenderá: un salario mínimo duplicado, una tarifa de IVA homologada con ciudades vecinas oscilante entre 8.0% y 8.5%, una reducción al 20% del límite superior del impuesto sobre la renta y un recorrimiento de las aduanas 20 km adentro. Este anuncio tan adelantado habla de la magnitud de los cambios y de la gran importancia concedida al desarrollo fronterizo; pero también de la intensidad del compromiso que AMLO está contrayendo con las comunidades de la Frontera Norte.
No es para menos, si alguna región conoció un cambio radical en sus preferencias, éstas fueron las integradas por los electores del Norte de México y con ello contribuyeron, más allá de lo esperado, al triunfo de MORENA.

II

Pero acaso lo más importante sea conocer su significado histórico, sus novedades y con cierto detalle su probable impacto no sólo en el nivel de bienestar, sino además en el modo de vida de los pueblos y comunidades avecindados en esta zona del norte mexicano.
Muy brevemente, su trascendencia histórica puede apreciarse mejor si consideramos que de llegar a realizarse esta propuesta del gobierno morenista, es tan relevante que por su probable alcance puede equiparase, sobre todo en lo que hace al régimen comercial, con otros proyectos de liberalización que ocurrieron en la historia de las comunidades fronterizas a partir de su establecimiento en 1848. Entre ellos mencionaremos los que consideramos de mayor impacto, dejando a nuestros historiadores el detalle y la justa ponderación de estos eventos.
Al respecto, destacan: la implantación de la zona libre por el gobernador Santiago Vidaurri a partir de 1858. La cancelación posterior de este gran proyecto de desarrollo fronterizo que, en opinión de Ulises Irigoyen, sin duda el principal ideólogo de la liberalización comercial de la frontera, tuvo su último suspiro en 1905. El tercer evento representó una vuelta a una libertad comercial limitada y se puso en marcha con los decretos que autorizaron la zona libre en algunas regiones fronterizas del norte y sur mexicano, aprobados, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1939.
Finalmente, un gran proyecto de liberación comercial también limitado se estableció en 1971, con la puesta en marcha del Programa denominado “Artículo Gancho” que permitió mejorar la competitividad del comercio instalado del lado mexicano, frente a sus contrapartes norteamericanas; en un momento clave para el crecimiento de las ciudades fronterizas, caracterizado por la implantación y despegue de la industria maquiladora.
Aunque después vino el TLC (1994), para las ciudades fronterizas y nuestra región éste trajo mayor libertad comercial; pero también representó nuevos controles sobre la frontera y especialmente sobre la movilidad transfronteriza cotidiana, lo que en la práctica, para muchas familias fronterizas, lejos de propiciar una oportunidad para beneficiarse de la apertura, representó la emergencia de nuevas barreras que encarecieron las transacciones fronterizas.

III

No hay duda, este breve anuncio nos pone en la antesala de un nuevo régimen comercial, tan esperado por la comunidad de empresarios y consumidores fronterizos; tan prometido por todos los gobiernos, pero a la vez tan postergado, que hoy por fin tenemos a la vista.
Sin embargo, el impacto no solo toca los aspectos comerciales, también genera un régimen impositivo que en mucho favorecerá el desarrollo de nuevos negocios en todas las ramas de la actividad económica, porque la homologación del IVA mejorará la competitividad de nuestra oferta local de bienes y servicios; en cuanto a los topes máximos al impuesto sobre la renta, en ello se tiene otro estímulo para atraer nuevas inversiones y estimular la ampliación de las ya existentes.
El panorama es prometedor, las familias podrán beneficiarse por ahorros asociados a la homologación de los precios de la gasolina, la reducción del IVA; pero, más allá de esto, hay una medida especialmente trascendente que toca el corazón mismo de la vida económica fronteriza; nos referimos al proyecto de comenzar una política de recuperación salarial, que en el corto plazo, plantea duplicar la tasa de remuneración legal del mínimo; representando ello un giro radical en la política de contención salarial que ya tienen instalada en el país desde la crisis de 1982, treinta y siete años que no son pocos; porque ellos nos llevan a la idea de un ciclo de vida activo completo (estimado en 30 años) de no menos de 20 generaciones de trabajadores se desarrolló en un marco de salarios precarios, que hasta ahora no ha tocado fondo.
La noticia es formidable porque su alcance, como se comentó antes, toca prácticamente todos los ámbitos de la política económica de desarrollo regional. La amplitud del paquete de medidas pone las bases para establecer un nuevo modelo de desarrollo regional sin precedente, que puede traer a los ciudadanos de la frontera una nueva época de crecimiento económico, que desde luego precisa de otras acciones para su puesta en marcha. Como consecuencia de ello podemos tener un periodo de desarrollo y prosperidad incluyente que ponga límites a la pobreza y a la insultante desigualdad que caracteriza a las comunidades fronterizas.

IV

Pero podemos tener una mejor idea de los cambios que pueden acompañar a este nuevo modelo si advertimos que prácticamente, desde mediados de los sesenta, cuando justo se implantó la industria maquiladora, se fueron estableciendo políticas económicas y sociales que, lejos de aprovechar el potencial que representaba esta industria, terminaron dilapidándolo, causando, con ello, severos daños.
La primera de ellas tuvo que ver con una gestión muy sesgada de la estabilidad macroeconómica que durante un cuarto de siglo provocó una profunda inestabilidad cambiaria, la cual transcurrió entre 1976 y el año 2000, todo el impacto de la inflación y las devaluaciones sucesivas se pagaron con una política de rezago salarial que hizo añicos el salario real de los cientos de miles de obreros, que laboraban en la frontera; cuyo bienestar estaba atado al poder adquisitivo de los salarios y todo el paquete de prestaciones ligado al nivel de los mismos. Esta política ciega causo un desastre en la economía de las familias y por esa vía de todos los negocios y sistemas recaudatorios que dependían altamente de las remuneraciones salariales.
Pensando en el consumidor promedio, que como todo promedio mal representaba la realidad mexicana, quienes diseñaron y sostuvieron este modelo, muy próximo a la barbarie salarial, nunca tomaron en cuenta que, el impacto de las devaluaciones en los bolsillos de los trabajadores de la frontera era mucho mayor de lo estimado. Tampoco advirtieron que la proporción de familias fronterizas que dependía del salario mínimo legal era extraordinariamente superior al de otras regiones de México.
Lejos estuvieron de advertir que otro aspecto de la nueva cultura económica de las familias, había determinado que la participación laboral de sus miembros, independientemente de su edad, condición o sexo, fuera cada día más elevado. Por último, jamás tuvieron conciencia del daño que esta estrategia de control macroeconómico, soportada en los asalariados, terminaría por provocar una crisis fiscal de todos los gobiernos e instituciones dedicadas a proveer bienes y servicios públicos a los trabajadores.
En segundo término, a la ceguera se sumó la sordera que jamás atendió las tempranas advertencias, que estudiosos realizaran acerca de los probables efectos perversos en las comunidades de la frontera, de un desarrollo concentrado en la expansión de un solo segmento, el industrial.
Aunado a lo anterior, se sumó la ausencia de un diseño integral de políticas sociales y el escaso compromiso social que las empresas mostraron, insensibles ante los efectos colaterales de una expansión sin control, creando un ambiente propicio para que los trabajadores vivieran su creciente pobreza solos; ante un sistema de sostenimiento público mezquino, distante e indiferente.

V

Aquí solo me ocuparé de la indiferencia, en otra ocasión lo haré de la distancia y la mezquindad. Al respecto, las tempranas advertencias de las voces que clamaban que la expansión, centrada en un solo segmento, requería de apoyos gubernamentales y empresariales, suficientes para compensar los costos sociales, provocados por un nuevo modelo de desarrollo, armado desigualmente de pies a cabeza, nunca fueron escuchadas; por el contrario durante casi cuatro décadas (1982-2018) se construyó un régimen de trabajo injusto, que en un lado de la balanza aumentaba las exigencias laborales y en el otro aseguraba que los patrones disfrutaran de un largo periodo de declinación salarial, garantizado a cualquier precio.
Todo el proceso de gasto social fue limitado, tardío y, en la mayor parte de los casos nunca apareció, generando una expansión económica que nunca estuvo acompañada de un verdadero sistema de sostenimiento público que reparara y complementara el deterioro constante de los salarios que las familias obtenían en un mercado de trabajo formal extremadamente egoísta e insensible.
Por último, no podemos olvidar que la peor expresión de indiferencia hacia la situación de crisis permanente que ha vivido la frontera norte, la padecimos cuando, Vicente Fox, al poco tiempo de haber nombrado a Ernesto Rufo Appel, Comisionado para la Frontera Norte, sin mayor explicación canceló sus atribuciones, dejando en el aire el último intento de articular en un solo proyecto el desarrollo de la vida económica en la zona norte del país.
Por ello alcanza mayor relevancia este gran proyecto, que no sólo arranca con el propósito de hacer un gran plan para ponerle rumbo y dirección a nuestro futuro desarrollo, sino, justo con la enumeración de seis acciones de alto impacto económico que, de ser realizadas, darán nueva energía y un nuevo curso a nuestra vida económica.

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