Emiten recomendación para que Contraloría Municipal establezca sanción al presidente municipal y se encargue de la reparación del daño
‘Es logro que me hayan dado la razón’, dice el comunicador al tiempo que advierte su desconfianza en obtener una sanción porque quien debe establecerla es una autoridad a cargo del propio alcalde
Rocío Gallegos
La Verdad
Ciudad Juárez– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua determinó que hay evidencias suficientes para acreditar la violación a la integridad personal, así como a la honra y a la reputación del periodista Héctor González, de Televisa local, por parte del presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez.
Así quedó asentado en la recomendación número 60/2018 emitida el 27 de septiembre y firmada por el presidente del organismo, José Luis Armendáriz González, que fue dirigida a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y al propio Cabada Alvídrez.
Paradójicamente, la CEDH pidió que sea la Contraloría del Gobierno Municipal de Juárez, dependencia a cargo del propio alcalde, quien establezca la sanción y establezca la reparación integral del daño a González.
Tras conocer la resolución, el periodista Héctor González dijo que considera un logro que “me hayan dado la razón, a pesar de que la autoridad local decía que no había razón en mi dicho”.
Sin embargo, advirtió que tiene pocas esperanzas de que ahora se emita una sanción para el presidente municipal, porque quien debe establecerla es una autoridad a cargo del propio Cabada.
“No tengo muchas esperanzas… naturalmente me hubiera gustado que fuera una autoridad distinta quien observara la sanción por la actuación del alcalde”, expresó González, quien pese a esta situación considera un triunfo que el organismo de derechos humanos respalde su dicho.
El pasado 2 de febrero González denunció que la noche del día anterior, en la ciudad de Chihuahua, Cabada Alvídrez lo amenazó en el estacionamiento de un restaurante.
A través de sus redes sociales el periodista difundió: “Públicamente y ante M.P. denuncio amenazas del alcalde de Ciudad Juárez Armando Cabada por mi trabajo periodístico y exijo al gobierno mexicano garantías para ejercer mi profesión, el derecho a la información más que mío es de todo México”.
Siete meses después, tras concluir sus investigaciones y conocer las versiones del quejoso, así como de la autoridad señalada, la CEDH determinó que el encuentro entre ambos sí existió y que el reclamo de Cabada a González constituye una agresión.
En la recomendación se menciona que, en el informe presentado al organismo, el alcalde primero niega que haya injuriado o amenazado al quejoso y líneas más abajo redacta: al escuchar de su parte en torno de burla un ‘buenas noches’, en su cara y de frente, le hice saber que era un mentiroso y difamador.
Las palabras que dijo haber empleado (mentiroso y difamador) si son ofensivas, contrario a lo que señala el alcalde, estableció la CEDH.
Consideró además que el actuar del presidente municipal trasgredió disposiciones nacionales e internacionales tales como: el artículo 16 de la Constitución, así como el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 5 de la Declaración de Derechos Humanos.
El reclamo que el funcionario dijo haberle hecho al periodista constituye una agresión, de acuerdo con la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde se establece que se considera una agresión y daño a la integridad física o psicológica, la amenaza, el hostigamiento o la intimidación, determinó el organismo.
Mencionó que Cabada como máxima autoridad en la localidad debe incluir la tolerancia y el respeto hacia los demás, debido a que, tratándose de personas involucradas con asuntos públicos, los límites de la crítica aceptable deben ser más amplios que en el caso de un particular.
En la declaración de principios sobre la libertad de expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y este contexto, la CEDH consideró que Cabada “incumplió con un deber de respeto y amabilidad en su conducta para con el quejoso”.
En la recomendación, también se emitieron disposiciones que debe seguir la Fiscalía General de Chihuahua, toda vez que al quejoso presuntamente se le retiró la vigilancia nocturna y se le disminuyó el número de elementos que lo custodia durante el día.
Por ello se pidió al fiscal César Peniche que reestablezca las medidas de protección decretadas en favor del quejoso, asegurando las condiciones necesarias para su vigencia y efectividad, las cuales no deberán ser modificadas hasta en tanto lo indique la evaluación de riesgo correspondiente.
González celebró que la CEDH haya concluido que se vulneraron sus derechos, sin embargo, reflexionó sobre la situación de periodistas agredidos por las autoridades y menciona que “realmente estamos indefensos, seguimos padeciendo de un gobierno represor, lamento profundamente que haya rezago en las quejas contra la autoridad, te victimizan, revictimizan y te vuelvan revictimizar”.
“Si yo no trabajara para una empresa de este tamaño ya me hubieran dado una arrastrada”, concluyó el periodista y conductor de noticias de Televisa en la ciudad.
La autoridad municipal tiene 15 días para externar su postura ante la recomendación de la CEDH.
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