Por primera vez en la historia una periodista recibió la disculpa pública del Estado mexicano, por la violación a su derecho a informar. Se cierra uno de los capítulos más ominosos para la libertad de expresión, pero también inicia una nueva etapa para que garantizar el respeto a la libertad para todos los periodistas de México
Textos y fotos: María Fernanda Ruiz
Pie de Página
Ciudad de México – La periodista Lydia Cacho Ribeiro acerca su Ipad al micrófono. Una voz aguardentosa se escucha. “¡Mi Gober Precioso!” Y enseguida la respuesta: “¡Mi héroe, chingao!”.
Son el empresario Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla Mario Marín. La conversación ocurrió en diciembre de 2005, horas después que un juez ordenó la prisión preventiva contra la periodista.
En la Secretaría de Gobernación, donde se realizó la ceremonia donde el Estado mexicano ofreció disculpas a la periodista, Lydia Cacho recordó el polémico diálogo antes de empezar su intervención ante el público.
Sigue la plática. “Ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”, dice el Gober Precioso. “Que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta”.
El mensaje fue una detención arbitraria en la casa de Cacho Ribeiro en Cancún, y su traslado por tierra hasta Puebla. En el camino sufrió tortura psicológica.
Fue el inicio de uno de los casos más polémicos contra la libertad de expresión en México, que este jueves 10 de enero cerró un capítulo.
La disculpa es la respuesta del gobierno ante un dictamen emitido el pasado 17 de julio por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el cual se reconocieron que estas violaciones estaban encaminadas a silenciar el trabajo periodístico de Lydia.
De acuerdo con Leopoldo Maldonado, subdirector de la organización Artículo 19 y uno de los responsables de llevar el caso de la periodista, aseguró que esta disculpa no debe ser tomada como el fin del caso, sino como un punto de partida para la defensa de la libertad de expresión en México.
“Para Lydia es un primer paso para la reparación y un acto simbólico que ayuda a resarcir. Es empezar a trabajar para que efectivamente todos los responsables estén sujetos a proceso y sean sancionados; para que se despenalicen los delitos contra el honor y para que se adopten medidas puntuales que protejan la libertad de expresión. Este es un banderazo de salida, no un banderazo de llegada.”
Entre aplausos calurosos y caras amigas Lydia habló de la batalla más grande que ha enfrentado: mantenerse viva a contracorriente de las acciones de altos mandos de gobierno y exigió que el Estado cumpla con todas las víctimas en su búsqueda por la justicia, no sólo con ella:
“Queremos a todos y cada uno de los autores intelectuales bajo juicio; queremos que nos demuestren que las valientes mujeres de Atenco recibirán justicia; que las madres y padres de las víctimas, de los niños, de la guardería ABC que han vivido bajo tratos inhumanos por parte del Estado reciban justicia. No, no lo pedimos, lo exigimos. Porque así lo hemos hecho desde hace décadas.
Durante el evento, el subsecretario de derechos humanos, población y migración Alejandro Encinas fue el encargado de leer el discurso de disculpa del Estado:
“Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia, por parte de la autoridad. Por la utilización de tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes”.
El subsecretario de Derechos Humanos también dijo que investigar los delitos en contra de la libertad de prensa es un compromiso que adquiere el Estado, al igual que el de la reparación integral de los daños que causan esos delitos y el de implementar medidas de no repetición para que ningún periodista pasé por lo mismo.
Sin embargo ninguna autoridad mencionó qué medidas tomarán o qué harán para lograrlo.
Ésta es la primera vez en la historia del país en la que el gobierno emite una disculpa pública a algún periodista por actos en su contra. México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión donde, según datos de la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha han asesinado 130 periodistas.
En 2004 Lydia Cacho publicó “Los demonios del Edén”, investigación que destapó una red prostitución y explotación infantil en la que funcionarios públicos estaban involucrados. Un año después fue detenida arbitrariamente y torturada por el gobierno del entonces gobernador de Puebla: Mario Marín, por “el delito de difamación y calumnia”, a partir de una denuncia del empresario Kamel Nacif.
Olga Sánchez recordó que en los sexenios anteriores el poder económico estaba encima del poder político y que a trece años el nuevo gobierno no lo hará; que el caso de Lydia recuerda “lo complicado que ha sido escribir alejados del periodismo mágico e irreal, el que pregona que las cosas van bien cuando no es así” y también habló de la importancia de la disculpa:
“Este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar. Nunca más en esta Secretaría de Gobernación la censura va a tener cabida.”
Cuando Sánchez Cordero fue ministra de la Suprema Corte de la Justicia, el caso de Cacho Ribeiro llegó a este tribunal. Sin embargo, no se admitió la violación a los derechos humanos de la periodista. El voto de la entonces ministra fue clave y votó en contra del reconocimiento del delito por “falta de pruebas” en la participación de Marín en la detención y tortura de Lydia Cacho.
En la disculpa pública también estuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el representante de gobierno ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente; el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), Jesús Peña Palacios y la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.
Por parte de ACNUR, Jesús Peña Palacios, pidió al Estado que se despenalicen los delitos de difamación y calumnia en todos los estados de la república y preguntó a los asistentes: “¿Cuántas personas sabríamos algo sobre las formas de explotación sexual de niños y niñas en Quintana Roo sin el excelente trabajo realizado por Lydia Cacho?”
Por su parte, Artículo 19 tiene claro qué se necesita para que en México deje ser un peligro la libertad de expresión: deben estar bien presentes en la agenda del gobierno los temas de prevención de la violencia, la regulación de publicidad oficial y el espionaje contra periodistas. Y sobre todo, que el gobierno pase de las palabras a los hechos.
“La disposición política la hay, ahí está, pero el problema es que se concrete. Lo dijo Encinas, están dispuestos y se encargarán de que no vuelva a suceder, pero necesitamos pasar a los hechos”, cuenta a Pie de Página Leopoldo Maldonado.
